Dulce Olvera
La Auditoría Superior de la Federación revisó los resultados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. De 2016 a 2017 el endeudamiento estatal bajó 3.8 por ciento, pero en el caso de Guerrero y Yucatán su deuda aumentó 82 y 42 por ciento, respectivamente. El órgano fiscalizador advirtió que los principales riesgos a la sostenibilidad de las finanzas públicas locales fueron la alta dependencia a transferencias del Gobierno federal y las bajas recaudación tributaria e inversión pública.
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios, en 2017 la deuda pública de Guerrero aumentó 82.2 por ciento y la de Yucatán 42.9 por ciento frente a 2016, destacó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017.
El priista Héctor Astudillo Flores gobierna Guerrero desde octubre de
2015 y el priista Rolando Zapata Bello gestionó Yucatán de 2012 a 2018.
En el periodo referido la deuda pública local ascendió a 580 mil 644
mil 700 pesos, una disminución de 3.8 por ciento real (12 mil 52
millones). Aunque 24 estados disminuyeron su saldo deudor, siete lo
aumentaron y Tlaxcala no generó este tipo de obligaciones.
En opinión de la ASF, “la Ley de Disciplina Financiera contribuyó a la disminución gradual de la deuda pública locales, pero su cumplimiento es parcial en lo relativo al principio de sostenibilidad, reglas de responsabilidad hacendaria y revelación de información financiera, por lo que es necesario que los gobiernos locales generen acciones encaminadas a cumplir con las disposiciones establecidas para coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas“.
De 2008 a 2017, la deuda pública subnacional subió
de 203 mil 70 millones 200 mil pesos a 580 mil 644 millones 700 mil
pesos, un incremento de 96.2 por ciento con una Tasa Media de
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 7.8 por ciento en ese periodo, “como
resultado de que no se aplicaron medidas efectivas de consolidación
fiscal, sobre todo de ajuste al gasto”.
Destacaron Coahuila, 33.8 por ciento; Zacatecas, 27.6 por ciento;
Morelos, 26.4 por ciento; Tamaulipas, 21.7 por ciento; Quintana Roo, 21
por ciento; y Chihuahua, 20.7 por ciento, con las mayores tasas en ese
lapso.
Como resultado de la crisis financiera internacional de 2008, la
economía mexicana se desaceleró y afectó directamente las finanzas
públicas de las entidades federativas con menores ingresos propios y participaciones federales,
que en 2009 bajaron 14.3 por ciento real respecto de 2008, debido a la
contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.7 por ciento.
La caída del PIB y su efecto en los ingresos por participaciones fue
compensada parcialmente con las reservas financieras del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, por lo que,
para mantener su nivel de gasto, éstas recurrieron al endeudamiento.
El marco normativo que regulaba el endeudamiento de las entidades
federativas y los municipios, así como otras disposiciones en la
materia, se caracterizaba por su heterogeneidad en los límites de deuda
pública, discrecionalidad en la contratación de financiamientos y no
permitía un registro integrado de las obligaciones financieras en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que afectaba la
transparencia y rendición cuentas.
Ante ello, se promulgó la Ley de Disciplina Financiera para definir
los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para
el manejo sostenible de las finanzas públicas locales, el uso
responsable del endeudamiento para financiar el desarrollo y manejar con
eficiencia los recursos públicos locales, incluyendo un Sistema de
Alertas para evaluar el nivel de endeudamiento de los entes públicos y
atribuciones a la ASF para su fiscalización.
De los resultados del análisis de la posición fiscal de las entidades
federativas, realizado por la ASF, en 17 entidades no fue sostenible:
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
Los principales riesgos a la sostenibilidad de las finanzas públicas
identificados fueron la alta dependencia presupuestaria, debido a que el
86.9 por ciento de los ingresos provienen de transferencias federales;
baja recaudación tributaria (los ingresos propios equivalieron a 25 por
ciento); y reducida inversión pública realizada con recursos de libre
disposición.
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