Más del 22 por
ciento del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores –más 1 mil 27
millones de pesos– fueron ejercidos de manera irregular durante 2017.
Falta de transparencia, pago de trabajo no realizado, sobreprecio de
bienes adquiridos y cancelaciones no reintegradas a la Tesorería de la
Federación, documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su
tercera entrega de los resultados de la fiscalización de 2017.
Poco menos del 99 por ciento de este
monto, 1 mil 14 millones 89 mil pesos, corresponde a gastos no
transparentados; es decir, erogaciones de las que no se pudo comprobar
cuál fue el destino final de los recursos, ya que “sólo se proporcionó
el auxiliar contable de los importes y descripción de los recursos que
fueron transferidos a los Grupos Parlamentarios y Senadores sin Grupo”,
se detalla en el Informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017.
Dado que se trata de dinero público
destinado al Senado únicamente para realizar trabajos legislativos, la
ASF recomendó agilizar las acciones necesarias para transparentar el
ejercicio de este dinero.
Una cuenta con “presupuesto” vencido
Al ser cuestionada por la ASF sobre la
existencia de la cuenta “3252”, la Cámara de Senadores explicó que
correspondía a las “omisiones e inexactitudes en los registros
contables”, tales como cancelación de seguros, ajustes en redondeo de
gastos, cancelación de pasivos y registro de ingresos, referentes a años
anteriores.
Este dinero, sin más trámite, pasó a
formar parte del presupuesto ampliado del Senado para 2017. Esta acción
–que involucró nada menos que 10 millones 294 mil 100 pesos– fue
completamente irregular ya que los recursos que generaron dichas
cancelaciones debieron reintegrarse a la Tesorería de Federación “por
corresponder a ejercicios de años anteriores y cuyo presupuesto de
egresos ya no estaba vigente”.
Por este motivo la ASF emitió la
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la
Contraloría Interna de la Cámara de Senadores investigue e inicie el
procedimiento administrativo correspondiente contra los funcionarios
responsables.
Por precios duplicados, 2 millones de más
Algunas empresas contratadas por el
Senado añadieron más del 50 por ciento al valor de los productos, según
evidencia el informe citado anteriormente. Sólo en 2017, la cámara alta
del Poder Legislativo pagó bienes con 2 millones 396 mil 100 pesos de
sobreprecio.
Del total de este recargo, casi el 90
por ciento –2 millones 133 mil 200 pesos– tiene su origen en una
“confabulación” entre dos empresas para lograr la adjudicación de un
contrato mediante el que se adquirieron 165 tabletas electrónicas para
los escaños del Salón de Sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
La ASF descubrió que durante 2017
existió un “convenio de intercambio de bienes” entre ambas empresas para
lograr beneficiarse de los contratos con el Senado. Mientras una se
encargaba de adquirir las tabletas la otra se encargaba de desarrollar
un software. Dado que ambas participaron en el mismo proceso de
adjudicación, incurrieron en un arreglo prohibido por la normativa.
Incluso, el proveedor que resultó
adjudicado vendió en 4 millones 185 mil 300 pesos los bienes que obtuvo
de la otra empresa por un valor de 2 millones 52 mil 100 pesos. Es
decir, la Cámara de Senadores pagó más del doble al tener que cubrir la
diferencia de 2 millones 133 mil 200 pesos.
El resto del sobreprecio registrado fue
descubierto a partir de dos visitas realizadas por la ASF a dos empresas
comercializadoras. Éstas compraron bienes por 229 mil 600 pesos y 21
mil pesos, mismos que posteriormente vendieron a la Cámara de Senadores
en 453 mil 500 pesos y 60 mil pesos, respectivamente: entre ambas
aumentaron el precio de los productos en 51. 2 por ciento, cobrando 262
mil 900 pesos de más.
La responsabilidad no corresponde
únicamente a las empresas. De hecho, las sanciones deben aplicarse sobre
aquellos funcionarios que participaron en la adjudicación y permitieron
tan evidente sobreprecio, mismo que representa un perjuicio a la
Hacienda Pública Federal.
Al respecto la ASF también emitió la
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que se
investigue y se proceda tal como lo ameriten las irregularidades de los
servidores públicos que en su gestión “llevaron a cabo los
procedimientos de adjudicación para la adquisición de diversos bienes
sin buscar las mejores condiciones para el Estado”.
Les pagan pero no trabajan
El último monto usado sin apego a la
normatividad suma un total de 707 mil 700 pesos. Aunque del total de
irregularidades apenas representa el 0.07 por ciento, se destaca por
estar relacionado con pagos de apoyo “en labores legislativas” durante
sesiones que no se llevaron a cabo o a senadoras y senadores que no
asistieron.
En este sentido, la ASF recomienda que
se fortalezcan los mecanismos de supervisión para que este apoyo se
entregue con base en los días en los que realmente los legisladores van a
las sesiones.
Además, los pagos improcedentes deberán
ser recuperados y reintegrados a la Tesorería de la Federación. De esta
manera los recursos pueden ser usados, por ejemplo, para pagar a
funcionarios que sí realizan sus tareas asignadas.
Marcial Yangali
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