Análisis 2012-2018
Hay serias deficiencias en captación y administración de ese recurso
Las deficiencias en la cobertura del servicio de agua
potable, alcantarillado y saneamiento ocasionan que 41.8 por ciento del
caudal de aguas residuales no se limpie, indica la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) en la evaluación de esa política pública realizada
entre 2012 y 2018, y advierte que si esto no se corrige se incrementarán
los conflictos sociales por el abasto del líquido y quienes carecen del
servicio gastarán más para contar con ella.
En la tercera entrega de la cuenta pública 2017, la ASF hizo este
análisis a partir de 2012, porque ese año se estableció en la
Constitución el derecho humano al agua. Con base en los hallazgos de la
evaluación, determinó que existen avances en la cobertura del servicio
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pero también enlistó
deficiencias.
Entre las fallas refiere que comienzan desde los instrumentos que
regulan la política, la falta de un instrumento normativo sólido e
incluyente que sea aplicable a nivel nacional y que establezca la
participación y responsabilidad de los actores involucrados y de la
ciudadanía, hasta el hecho de que en la cobertura del servicio se
requieren mecanismos de control y supervisión que permitan el eficaz
cumplimiento de los objetivos.
El texto indica que también se requiere controlar los mecanismos de
financiamiento y de las capacidades técnicas, administrativas y
financieras de los organismos operadores. Agrega que hay debilidades en
la gestión del servicio de agua potable, en particular la captación de
los recursos hídricos y su posterior administración, en los mecanismos y
la cobertura de potabilización y almacenamiento del agua extraída, al
igual que en la ampliación de la infraestructura de la red pública que
afecta el abasto, temporalidad y calidad del líquido distribuido.
El análisis indica que
el conjunto de estas debilidades impidió al Estado estructurar una política coherente y coordinada que garantizara el derecho de la población al abastecimiento de agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Advierte que de no corregirse estas deficiencias que impiden
garantizar el derecho constitucional de la población a contar con agua
potable y al saneamiento, se limitará la superación de la pobreza en las
localidades que carecen de dichos servicios y serán más propensa a
contraer enfermedades infecciosas y parasitarias. También crecerán los
conflictos sociales por el líquido y la población sin servicio verá
afectada su economía al hacer gastos extraordinarios para abastecerse
por otros medios.
De la misma manera está el riesgo de que se eleve el grado de
explotación y contaminación de los recursos hídricos, lo que afectaría
la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, con una amenaza de
disminuir las reservas de este recurso para las futuras generaciones.
La ASF concluye que
el diseño de la política de agua potable no es consistente ni pertinente para atender de forma integral la problemática y garantizar que el líquido esté disponible en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para toda la población.
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
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