El gobierno federal y los estados no aclararon el destino
de 103 mil 377 millones de pesos de la cuenta pública 2016, los cuales
se buscará recuperar, informaron ayer las comisiones de Presupuesto y
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La falla más recurrente fue el uso del presupuesto en rubros no
autorizados, incumplimiento de la política del gasto y de los objetivos
de programas federales, así como en los ramos generales 23 y 33.
Por eso, no hubo elementos para aprobar la cuenta de ese año, explicó en conferencia de prensa Mario Rodríguez Carrillo, del partidos Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Ante ese panorama y por acuerdo del pleno, ambas comisiones
integraron un grupo de trabajo para proponer mecanismos de rendición de
cuentas y combate a la corrupción, de manera conjunta con la ASF y, en
consecuencia, el reintegro de ese recurso.
La Comisión de Vigilancia definió que el objetivo del grupo será
llegar hasta las últimas consecuencias, revisar la información, el estatus de las observaciones (de la ASF) y darle seguimiento a las acciones... si hay responsables de corrupción, ejercer acciones legales en su contra.
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, presidente de la
Comisión de Presupuesto, indicó que la decisión parte de que no tenía
sentido conocer sobre las irregularidades en los reportes de la ASF,
y después no pase prácticamente nada.
Refirió que se busca que no sólo se solventen las observaciones, sino
recuperar los fondos y, al mismo tiempo, que los funcionarios encaren
procesos penales. “Esta es una muestra de que no habrá ni perdón ni
olvido, quien la haya hecho la tendrá que pagar“.
Ramírez Cuéllar indicó que cuando la Cámara de Diputados rechazó la
cuenta pública de 2016 –el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto–
no sólo se ejerció una
condena política legislativa al manejo económico del ex presidente, sino también se dio un mensaje de procurar que se cas-tiguen los actos de corrupción.
El desvío de cualquier peso es delito y como tal debe ser castigado sin ningún miramiento. No habrá impunidad, afirmó.
Agregó que así se encuentran fraudes como la triangulación de
recursos a empresas fantasma a través de universidades públicas desde la
Secretaría de Desarrollo Social; anomalías en Agricultura y
Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, así como en los
gobiernos del estado de México, Chiapas, Coahuila y Morelos e incluso en
la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios.
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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