Urgen liberación inmediata de indígena presa por abortar

Sin pruebas de su culpabilidad, Virginia lleva 3 años encarcelada

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 9 abr 12 (CIMAC).- Por falta de pruebas para mantenerla en reclusión, organizaciones civiles exigieron a las autoridades federales y del estado de Guerrero la liberación inmediata de Virginia, indígena náhuatl presa desde hace más de tres años acusada de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo.

Verónica Cruz, directora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que postergar “todavía más” el acceso a la justicia para la originaria del municipio de Huamuxtitlan, motiva la posibilidad de que eventualmente su caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La activista, cuya organización lleva el caso de Virginia junto con la clínica jurídica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que no hay elementos para que la indígena náhuatl esté en la cárcel, pero su liberación “se está complicando” por el “retraso” en el proceso judicial emprendido por las autoridades locales y federales en su contra.

Virginia lleva tres años encarcelada sin recibir sentencia. Fue detenida en febrero de 2009 y ha afrontado un juicio violatorio de sus Derechos Humanos (DH), como por ejemplo la falta de un traductor o un abogado que hable en su lengua.

En enero pasado, luego de que un juez federal ordenó la reposición del proceso, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huamuxtitlan le volvió a dictar auto de formal prisión a la indígena, a pesar de que no había pruebas para su encarcelamiento, ya que al producto no se le realizó la necropsia para verificar la causa de su muerte.

PROCESO ANÓMALO

Verónica Cruz recalcó que el caso no tiene sostén jurídico pues el único elemento con el que se ha mantenido presa a Virginia es el testimonio “manipulado” de uno de sus hijos (que en ese entonces tenía cuatro años de edad), según el cual la indígena privó de la vida al producto.

Las organizaciones civiles solicitaron al juzgado federal su intervención para que la guerrerense sea liberada. Hasta el momento ni los jueces federal y local han dado respuesta.

La postergación en la impartición de justicia para Virginia, además de sumarse a la violación de sus DH, “da más motivos para que la SCJN atraiga el caso, es una posibilidad”, destacó la directora de Las Libres.

La activista recordó que a finales del mes pasado la SCJN atrajo el caso de la indígena náhuatl Adriana, quien fue sentenciada a 22 años de prisión acusada también por homicidio en razón de parentesco, luego de que las autoridades del municipio guerrerense de Ayutla de los Libres “legitimó” las acusaciones de esa comunidad, que en asamblea determinó que ella era culpable, sin realizar la investigación correspondiente

“Podría pasar lo mismo que en el caso de Adriana; el caso de Virginia por estar ya en un juzgado federal puede ser atraído por la Corte. A nosotras nos parece una posibilidad porque atrajo el de Adriana y son casos muy similares”, destacó Cruz.

Refirió que la principal coincidencia consiste en que en ninguno de los casos hay un peritaje científico probatorio de que las indígenas estuvieran en periodo de gestación de término, de que los productos nacieran vivos, y de que ellas los hayan privado de la vida, por lo que “no se cumplen los requisitos para que se pruebe el delito”, insistió.

Verónica Cruz apuntó que la “apuesta” de las organizaciones en este momento se centra en que el juez de Huamuxtitlan resuelva de inmediato la liberación de Virginia.

La activista concluyó que el encarcelamiento de las dos mujeres se debe a la triple discriminación que padecen las habitantes de Guerrero, por ser de sexo femenino, pobres y de un grupo étnico, para quienes pareciera que la justicia se retrasa también de forma triple, lamentó.

Acteal: impunidad y perspectivas de esclarecimiento

Editorial La Jornada
A 14 años de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, donde un grupo paramilitar afín al Partido Revolucionario Institucional asesinó a 45 indígenas tzotziles integrantes de la asociación civil Las Abejas –mayoritariamente mujeres y niños–, el saldo más visible y a la vez el más ominoso de ese hecho es la persistente impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus deudos.

Hasta la fecha, más de 120 inculpados han desfilado ante la justicia, pero no se ha incluido a ningún alto servidor público por la autoría intelectual de ese crimen, ni se ha realizado el deslinde de responsabilidades penales en que pudieron haber incurrido funcionarios como el ex presidente Ernesto Zedillo, los ex titulares de la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet, y de la Procuraduría General de la República, Jorge Madrazo, y el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, entre otros. Por lo referente a los autores materiales, hace dos años se produjo un lamentable retroceso con la absolución y liberación, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una treintena de involucrados en la matanza, por supuestas irregularidades procesales. Y el correlato de todo ello ha sido la persistencia de una campaña, emprendida por membretes académicos y mediáticos cercanos al poder político de entonces y de ahora, que busca inocular en la opinión pública la versión de que la matanza de Acteal se debió a pugnas por cuestiones religiosas y de límites territoriales entre grupos indígenas de la región.

Por fortuna, frente a estos empeños por apelar a la desmemoria y a la dislocación de la realidad persisten intentos por lograr el esclarecimiento de esos crímenes y por sancionar a sus autores intelectuales y materiales, que en años y meses recientes han alcanzado perspectivas de viabilidad. El más destacado es la demanda interpuesta en 2005 por Las Abejas y el Centro Fray Bartolomé de las Casas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, la cual fue admitida el año pasado por esa instancia continental a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno mexicano.

La otra cara de la moneda está representada por una demanda civil, interpuesta en un tribunal de distrito en el estado de Connecticut, en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, e impulsada a instancias de un despacho de abogados en representación de familiares de las víctimas de Acteal. Más allá de las críticas que ha suscitado esta última denuncia –por el carácter anónimo de quienes la presentan, por el hecho de que se circunscribe al ámbito civil y de que busca la reparación económica del daño, y hasta por los supuestos intereses políticos que pudieran estar detrás de ella–, es ineludible destacar dos aspectos claves que se desprenden de ella: su condición de precedente en el señalamiento de responsabilidades de ex mandatarios por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que está sustentada en el informe elaborado por la fiscalía especializada de Chiapas para la investigación del caso Acteal, difundido en octubre pasado, en el que se asientan responsabilidades penales del propio Ernesto Zedillo y varios de sus colaboradores, incluidos los funcionarios mencionados. Se documenta que el ex presidente tuvo información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hizo, y se presentan pruebas de que la masacre fue resultado de una política de contrainsurgencia diseñada y puesta en marcha por el gobierno zedillista, que incluía el uso de grupos paramilitares.

Así pues, la aparición pública del referido informe tira por tierra la falsa hipótesis de la masacre como resultado de confrontaciones entre grupos indígenas.

En un escenario en que las esperanzas de esclarecimiento y justicia para Acteal parecen circunscritas al recurso de los instrumentos de justicia internacional –sobre todo a raíz del citada exculpación por la SCJN–, los procesos en la CIDH y, en menor medida, en el tribunal de Connecticut, podrían ser un primer paso para esclarecer la matanza de hace 14 años y lograr sanciones conforme a derecho para sus responsables intelectuales y materiales. El Estado mexicano tendría que comprender que cada día que pasa sin verdadera justicia para las víctimas de Acteal es una prórroga que derrumba los presuntos afanes legalistas del grupo en el poder y su supuesto compromiso con el estado de derecho.