Fabrizio Mejía Madrid
Durante el sexenio de Vicente Fox fue todo un tema ser viuda. Josefina Vázquez Mota, entonces la Secretaria de Desarrollo Social, había escrito en 1999 su obra cumbre, Dios mío, házme viuda, por favor. Manual de auto-ayuda, el ensayo de Vázquez Mota contiene esta joya de sabiduría al final: “Yo quiero ser una vividora de la vida. Yo quiero dejar de sobrevivir y atreverme a supervivir. Yo quiero construir mil estrellas en el infinito y tener el valor de ir a alcanzarlas”. Lo de la vividora y la supervivencia, en el sentido que la usa Josefina Vázquez Mota, como vivir por encima de los demás, se haría realidad en la historia de Amparo Casar en ese mismo sexenio de La Pareja Presidencial. La jefa de asesores del entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel, enviudó de pronto un 7 de octubre de 2004. Su esposo, jefe de asesores en la administración de Petróleos Mexicanos se aventó de piso 12 de la Torre A de Pemex. Hoy Amparo Casar dirige Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Lo que vino después está relatado en el expediente que el viernes de la semana pasada se dio a conocer a la opinión pública como parte de un informe del director de Pemex sobre la recuperación de la empresa estatal. El expediente que leemos es de la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa que, a su vez, responde una solicitud de información del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de Pemex del 20 de marzo de 2024. Es decir, es la propia empresa estatal la que pide la información internamente para saber por qué si el alto directivo de Pemex se suicidó, su viuda lleva veinte años cobrando una pensión millonaria que nos ha costado a los contribuyentes 31 millones de pesos, más un seguro por otros 17 millones. Estos millones, son más millones que en 2004: son 73 millones a precios actuales. La solicitud sigue un procedimiento de responsabilidad administrativa porque si esa pensión no la merecía doña Amparo, la gente dentro y fuera de Pemex que decidió que sí y la pagó, a pesar del dictamen de suicidio, entró en un acto de corrupción para defraudar al Estado mexicano.
Marco Murillo Soberanis, (QEPD) entonces gerente corporativo, y Octavio Aguilar Valenzuela, director corporativo de administración, y hermano del vocero de Fox, Rubén Aguilar, recordado hasta hoy por su frase: “Lo que realmente quiso decir el Presidente”, los dos autorizaron este fraude. Murillo Soberanis lo clasificó como confidencial de acuerdo a la fracción III del Artículo 18 de la Ley de Transparencia de ese entonces. Mi querido amigo, el abogado Federico Anaya, me hizo notar un error aquí: no existe la fracción III de ese artículo 18 vigente en 2004 de la Ley del 2002. Es decir, la orden de que el asunto quedara en la confidencia de las complicidades fue hecho a toda prisa. Tanto así que citan una fracción que no existe. Federico Anaya también me señaló la página 203 del expediente en que se establece qué día Pemex ordenaba dejarle de pagar esa pensión a Amparo Casar: 31 de diciembre de 2999, es decir, cuando doña Amparo cumpliera mil 044 años de edad. En el año nuevo para entrar al Tercer Milenio, habrían pasado unas 35 generaciones de hijos, nietos, bisnietos, trasbisnietos, rebisanietos, trasanietos, tresanietos, trinietos, trastataranietos, cuadrinietos, tetranietos, choznos, pentanietos, bischoznos, hexanietos, hermanitos, octanietos, eneanietos, nonanietos, decanietos, choznoznos. En el Año Nuevo del Tercer Milenio, a lo mejor ni siquiera Pemex iba a existir, pero ahí estaría, todavía la pensión para doña Amparo y sus descendientes. No puedo sino especular qué tipo de relación insaciable tienen los altos funcionarios con sus pensiones y seguros de vida que hacen al Estado endeudarse durante 995 años y pagar 120 mil millones de pesos a 35 generaciones de deudos. Porque eso es lo que está de fondo en ese plazo de casi mil años. La avidez, la voracidad y la codicia. Porque, ¿de qué otra forma podría llamarse a cobrar durante 20 años una pensión de cientos de miles de pesos mensuales sin tener derecho a ella?
La escena del suicidio es, en sí misma interesante como historia mínima de la corrupción. La cuenta Ana Lilia Pérez en su libro Camisas Azules, manos negras (2010). En varios capítulos la periodista reportea el caso de la empresa Oceanografía, beneficiaria del cabildeo de los hermanos Bribiesca Sahagún dentro del Gabinete de Fox. Los hijos de Martha Sahagún se llevaban contratos millonarios de Pemex para una empresa naciente en el rubro del transporte marítimo de petróleo y grúas para plataformas marinas. Los contratos se conseguían con llamadas por teléfono de la mismísima Pareja Presidencial o de otro personero, Eduardo Rosas Monroy, quien, después de ser gerente de la editorial española Santillana, había ido a parar en el Gobierno de Fox como secretario particular de Raúl Muñoz Leos, director de Pemex. Hay que recordar que, desde Salinas de Gortari, esa editorial se llevaba la impresión de las decenas de millones de Libros de Texto Gratuito. La presión de los Sahagún era tal, que el Gabinete se había dividido entre los que apoyaban a Oceanografía y los que no, entre ellos, Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda.
Relata Ana Lilia Pérez: “Por esos días la subsidiaria debía adjudicar un contrato por 154 millones de dólares para la contratación de un barco grúa que daría servicio a las plataformas petroleras en la sonda de Campeche. En la licitación participaban siete empresas, entre ellas Oceanografía, propiedad de Amado Yánez Osuna, y Servicios Marítimos de Campeche, del empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú. Sólo que la propuesta de la primera no resultaba competitiva desde el punto de vista técnico y económico y, no obstante que no cumplía los requisitos suficientes, se mantenía con vida en el proceso merced a las presiones que ejercía el director general del corporativo:
—Durante más de tres meses Raúl me ha dicho que por orden de la señora Marta el contrato se le debe entregar a esa naviera —agregó el funcionario.
—¿Se lo dice él personalmente?
—Me llama por teléfono hasta tres veces al día para pedírmelo.
—¿Y usted va a ceder?
—Estamos checándolo con el Órgano Interno de Control, pero nos traen presionados. Pasado mañana se debe discutir el resultado de la licitación y Raúl dice que hay que dárselo a Oceanografía, que la misma presión que tengo yo la tiene él.
Además de no cumplir con las especificaciones técnicas, Oceanografía cotizaba un precio superior en 6% al del resto de las navieras que participaron en la licitación. No obstante, por órdenes de Marta Sahagún, le otorgarían el contrato por 168 millones de dólares, 14 millones más de lo que tenía presupuestado la subsidiaria”.
Ana Lilia reproduce ese intercambio de la mañana del 7 de octubre de 2004. Hacia el mediodía se comunica con ella Jorge Javier Ramos Negrete, el contralor de Pemex y se da entre los dos esta conversación por teléfono:
“—Las cosas están muy tensas —susurró en el teléfono.
—¿Por lo del contrato?
—Por eso y porque hace menos de una hora se suicidó aquí un funcionario —agregó el contador público oriundo de Chihuahua y amigo personal de Francisco Barrio.
—¿En la torre ejecutiva?
—Exacto.
—¿Quién era?
—Carlos Márquez. Trabajaba con Octavio Aguilar y se aventó del piso 44. A todos nos tienen encerrados. —¿Estaba solo?
—Ayer hubo reunión de consejo, se discutieron varios contratos. Tenía muchas presiones. La ventana de su oficina da a la calle. Dicen que se aventó, sólo se aventó”.
Ese era el marido de Amparo Casar, Carlos Márquez Padilla, a la que había conocido en el primer CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, cuando Trinidad Martínez Tarragó se llevó a los egresados de la Universidad Anáhuac para fundar la institución. Casar fue la única de ese grupo que sobrevivió la llegada Carlos Bazdresch Parada, impuesto en el CIDE como emisario de Ernesto Zedillo, cuando era Secretario de Educación Pública de Salinas de Gortari. Fue cuando el CIDE se convirtió en un centro de divulgación del neoliberalismo.
Pero nos quedamos en que se avienta al vacío en el contexto de la peor corrupción de Pemex en el foxismo. En las siguientes horas llegan a la torre de Pemex el hermano del muerto, Fernando Márquez Padilla García, y sus cuñados Juan Rebolledo Gout y José Ignacio Casar Pérez, hermano de María Amparo Casar. Al día siguiente, el 8 de octubre de 2004, ya el perito de la Procuraduría del DF da indicios de que se trató de un suicidio, pero no dará su dictamen final hasta febrero de 2005, cuatro meses después. En el interín, y de acuerdo al dicho del Presidente López Obrador que era el jefe de Gobierno del DF, Amparo Casar se hace acompañar del director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, para convencer a Bernardo Bátiz, entonces Procurador de la capital, de que no señalen el suicidio, sino “traumatismos” para poder cobrar el seguro de vida de 17 millones que, mediante una aseguradora, paga también Pemex, y la pensión millonaria por 995 años. No lo consiguen. Entonces, alguien más presiona al propio Pemex para que actúe antes siquiera de que los peritajes concluyan de qué forma murió. Carlos Márquz Padilla fallece el 7 de octubre y el 29 ya Amparo Casar recibe el primer pago de su pensión. El 19 de noviembre, un mes 10 días después, recibe el pago del seguro por 17 millones. Todo pareciera obra de una enorme presión política, habida cuenta de que ella es funcionaria de la Secretaría de Gobernación. Si tomamos en cuenta que Pemex estaba siendo presionado para saquearlo, incluso desde Los Pinos, es fácil entender también esta coerción. Una pregunta es por qué siguieron con esa farsa durante veinte años más.
El dato es que al día siguiente de que el director de Pemex dio esa información a la opinión pública en la “mañanera” y se publicó íntegro y sin testar el expediente de las indagaciones a la solicitud de información, empieza una retahíla de comentaristas, casi todos ligados a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X. González, al propio CIDE, y al Instituto de la Transparencia, con el objetivo de convertir el asunto de la defraudación a Pemex por parte de Amparo Casar en un tema de privacidad de sus datos personales. Así lo dicen el desplegado que firmaron, entre otros, Lorenzo Córdoba, exconsejero del INE, y Julia Carabias, la Secretaria de Medio Ambiente de Zedillo que concesionó la destrucción de la selva de Quintana Roo con el contrato a Calica: “Su difusión infringe la secrecía en el manejo de datos personales. Lo que muestra la publicación de ese expediente es una conducta enfermiza, con un abuso de poder inusitado, por parte del Presidente de la República”.
Pero los abajo firmantes, que incluyen a López-Dóriga, Fernando Gómez-Mont, y Beatriz Pagés, además de a Enrique Krauze, no leyeron el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia vigente, que dice: “ No podrá invocarse el carácter de reservado a la información que esté relacionada con actos de corrupción”. Y el 115 de la misma Ley: “Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario”.
Así que invocar la privacidad ante un hecho de corrupción que comenzó en 2004 y terminó hasta marzo de 2024, no se puede porque doña Amparo era funcionaria pública cuando lo cometió con recursos públicos de una empresa del Estado mexicano. Los abajo firmantes —y a nadie le sorprende ya— ni siquiera tocan el tema de la transparencia o de la lucha contra la corrupción en un organismo que ellos mismos, desde Mexicanos contra la Corrupción, han calificado de opaco y deshonesto. La propia Amparo Casar que ha calificado las pensiones para adultos mayores que otorga el Gobierno de la 4T como “clientelismo”, no es capaz de hablar de su propia, inmerecida, pensión de un millón 560 mil pesos al año. Tal parece que la transparencia es para los enemigos y la discreción para los amigos. Así lo dijo el propio Instituto de la Transparencia: “Incumple el deber de confidencialidad y está violentando la Ley en varios sentidos. Esto debería de obedecer a una denuncia de las personas afectadas, pero también el Inai de iniciar una investigación de oficio de manera inmediata. Paralelamente se pueden ambas, pero el Inai, de oficio, debe de actuar”.
El propio INAI tiene un caso parecido al de Carlos Márquez Padilla. Se trata del Comisionado Carlos Bonnin Erales que se aventó de un quinto piso del INAI la mañana del 26 de noviembre de 2018, pero que el propio Instituto trató de encubrir como “infarto”. De igual manera, el INAI ha tapado los gastos institucionales de sus comisionados en un table-dance y en cantinas.
Más importante al destape de este acto de corrupción de quien se persigna ante todos con sus investigaciones de corrupción que casi siempre son puras inferencias, cuando no, simples deseos de golpear políticamente a López Obrador, es el papel que ha jugado Amparo Casar en los últimos meses. Todos recordamos, por ejemplo, el ataque al Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desde las páginas del New York Times. La fuente del ataque era Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya para no hablar de cuando la propia Amparo Casar aseguró que López Obrador iba a usar la pandemia para saltarse las elecciones intermedias de 2021. Elecciones que sus partidos, el PRIAN, perdieron miserablemente.
Es todavía temprano para saber qué ocurrirá con Amparo Casar y su organización. Por lo pronto, están convocando a otra de sus marchas ciudadanas. Esta será tan ciudadana que la oradora principal será doña Xóchitl Gálvez.
Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.
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