-.-La
conocí junto con otras mujeres. Y es que su nombre no iba solo. Suele
suceder. En la Historia, esa que se escribe con mayúsculas, el nombre de
algún hombre llena páginas enteras. En cambio, los nombres de las
mujeres van unidos en hilera, como perlas unidas en un collar; y eso,
cuando logramos desenterrarlos.
Y desenterrar es la palabra
precisa. Porque la Historia ha sido contada sin nuestras aportaciones;
al punto que tenemos verdades a medias y muchas mentiras.
Yo me
topé con Elena Torres Cuellar a la vuelta de un párrafo sobre el
sufragismo en México. Pero fue gracias a la investigación de Leticia
Bonifaz (Mujeres en la diplomacia. Pioneras en México y el mundo,
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2024) que pude asomarme a la
grandeza de esa mujer que vivió entre los siglos XIX y XX, que además de
ser una destacada sufragista, fue la creadora del esquema de desayunos
escolares en México y de las misiones culturales en zonas rurales
(logros atribuido a señores de la época).
Su labor motivó que
fuera invitada a formar parte de la comisión internacional fundadora de
la UNESCO (1946) entre un grupo de idealistas dispuestos a sostener la
esperanza entre los escombros que había dejado la Segunda Guerra
Mundial.
Algunas anécdotas dan idea de las adversidades que
enfrentó Elena, porque señores cuyos nombres figuran en letras grandes
en la Historia -como José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet-
obstaculizaron su trabajo y casi borraron sus aportaciones.
En una
ocasión, un alto funcionario al que enviaron a implementar las misiones
culturales rurales, le dijo a Elena: “Vasconcelos me mandó con una
parodia de esos circos que usted se inventó”. Y ella contestó: “Ustedes
organizan circos, yo estoy trabajando con pocos recursos y muy duramente
con los campesinos Zapatistas”.
Los fragmentos de las memorias de
Elena Torres, que comparte Leticia Bonifaz, muestran a una mujer
sencilla, comprometida con sus ideales y con una ironía tan amable como
filosa.
Cuando Julián Huxley, director de la Comisión Preparatoria
de la UNESCO llegó a México a buscarla, un funcionario le comentó que
en la Secretaría de Educación no la conocían, a lo que ella respondió:
“Es natural que no me conozca ese funcionario, porque a Educación nos
mandaron, para los puestos altos, a una persona procedente de la Luna y a
otra de Marte”.
A Torres Bodet casi le dio el ataque cuando supo
que invitaron a Elena a formar parte de la comisión que crearía la
UNESCO. Dijo que no era la indicada, que era una mujer vieja que ni los
museos de Europa conocía (cosa importantísima en un continente devastado
por la guerra).
Por ello, al ser entrevistado, el señor Huxley
dijo con sutileza británica: “Cumplí con el propósito que me trajo a
México. Consulté con la señorita Elena Torres, quien saldrá en breve
para Londres a ayudarnos un poco y a visitar museos”.
Poco después
Torres Bodet fue director general de la UNESCO. Y, casualmente, casi no
quedó rastro del trabajo de Elena Torres ahí.
Pero ya la hemos
recuperado porque, como otras feministas, Leticia Bonifaz se ha empeñado
en reconstruir, con paciencia de artesana, nuestras historias en la
Historia, para terminar con las medias verdades o las descaradas
mentiras.
.-Ciudad
de México.- Una nueva agresión contra una defensora del medio ambiente
se registró la noche del pasado 04 de junio, esta vez, Estela Hernández
Jiménez, otomí integrante del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán y
del Congreso Nacional Indígena (CNI), fue víctima de tortura sexual
mientras era detenida por elementos de la Policía Estatal de Querétaro
(POES) en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
La historia de
represión contra personas defensoras ambientales en esta zona se remonta
al pasado 10 de junio del 2022 cuando la comunidad se movilizó en
defensa del agua y contra la privatización del este recurso en el
estado. La agresión contra Estela Hernández, Sergio Chávez, Jesús
Torres, Leonardo García, Martín Álvarez y dos personas se enmarca en el
llamado a la próxima asamblea comunitaria el próximo 14 de junio en el
Pozo del Barrio Cuarto.
Hay que recordar que el 22 de febrero del
2017, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade,
ofreció una disculpa pública a las indígenas Alberta Alcántara Juan,
Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, acusadas
falsamente en 2006 de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia
Federal de Investigación (AFI).
Ante defensores de Derechos
Humanos, funcionarios y gente de la comunidad de Santiago Mexquititlán,
en Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, el funcionario
reconoció que en el pasado la PGR violó el principio de presunción de
inocencia e hizo mal su trabajo por lo que era hora de reparar el daño
moral causado por un delito indebidamente imputado.
Las tres
indígenas, ataviadas con vestimenta tradicional, con su cabello trenzado
y adornado con listones de colores, se pusieron de pie frente al
auditorio para escuchar las palabras que llevaban esperando casi once
años; “reconozco plenamente su inocencia”, frase que Cervantes Andrade
dirigió y que fue replicada por una traductora.
Jacinta obtuvo su
libertad en 2009, Alberta y Teresa, en 2010. En el caso de Jacinta,
presentó su petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010.
Pero dos años después, la PGR determinó que sus elementos habían
actuado de manera regular, por lo que le negó la reparación.
En
el caso de Alberta y Teresa, al año de salir libres (2011) también
decidieron exigir la reparación del daño al Estado Mexicano, por lo que
presentaron dos peticiones de responsabilidad patrimonial, primero ante
la PGR, la cual un año más tarde resolvió el proceso administrativo en
el mismo sentido que con Jacinta y, por tanto, les negó la reparación.
Ante
ello, el Centro Pro interpuso los juicios de nulidad correspondientes
ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de
las sentencias emitidas por PGR. El Tribunal determinó, en dos
sentencias por separado, que los servidores públicos de la PGR actuaron
de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales a
Alberta y Teresa, por lo que ordenó la indemnización y el reconocimiento
de su inocencia en una disculpa pública.
En el caso de Jacinta,
el fallo fue en el mismo sentido y en mayo de 2016 ordenó la reparación
del daño, el reconocimiento de inocencia y la disculpa pública.
Para
el abogado del Prodh, Santiago Aguirre, quien ha seguido de cerca los
tres procesos, esta sentencia del Tribunal y el acto de disculpa pública
son significativos porque representan, sobre todo, un triunfo de las
tres mujeres que fueron encarceladas injustamente por delitos que no
cometieron y porque en materia judicial se obliga a la PGR a reconocer
su responsabilidad y a ofrecerles una disculpa pública.
Hasta que
la dignidad se haga costumbre” fue la frase que emitió Estela Hernández,
hija de Jacinta Marcial y lo hizo durante el acto de disculpa pública.
Durante su discurso denunció la situación que vivió su mamá y toda su
familia ante la injusticia vivida.
Este caso no es aislado, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desarrolló en 2022 el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México,
el cual fue generado como parte de un resolutivo emitido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia emitida el 28
de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres
sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador
Atenco, estado de México:
…en un plazo de dos años, elabore
un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento
de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, que incluya la
asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el
territorio nacional, y establezca plazos anuales para la presentación de
informes. En particular, el Estado deberá incluir dentro de las
funciones del mecanismo la realización de un diagnóstico del fenómeno de
la tortura sexual a mujeres en el país y formular propuestas de
políticas públicas de manera periódica.
En este diagnóstico se
informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia,
incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea
en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio
público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y
precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos
de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra
mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un
instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas
penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
Los hechos
De acuerdo con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida,
Estela fue detenida, torturada física y sexualmente alrededor de las 8
p.m. del pasado 4 de junio. La agresión se cometió cuando la defensora
asistió al DIF de Amealco para exigir que se esclareciera la detención
arbitraria de tres jóvenes en una redada quienes fueron golpeados,
torturados e incomunicados.
Sin embargo, elementos de la Policía
Estatal de Querétaro (POES) arremetieron contra ella y su esposo. Según
narró la defensora, en un video grabado por su hermana Sara Hernández, y
la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, al momento de su detención
le pusieron un brazo en el cuello, la jalaron de los cabellos y le
botaron un botón de su blusa exponiendo du cuerpo.
Posteriormente
fue metida en una unidad de la policía junto con más mujeres y hombres
para trasladarla a un Ministerio Público, más tarde, la ingresaron en un
cuarto donde ejercieron violencia física y sexual contra ella. Al
salir, refirió sentir intenso dolor de cabeza, dolor de la cintura,
adormecimiento del lado izquierdo de su cuerpo, dolor abdominal, dolor
en el pie izquierdo, cojeo y dificultad para caminar.
Estela comentó que también cometieron violencia verbal cuando le repetían: “pinches indios eso es lo que quieren…ya te tenemos ganas, nos tienes hartos”.
Apuntando a una violencia por su condición como defensora del agua,
territorio y de los Derechos Humanos, así como por su condición de
mujer, ser de un pueblo originario, y por la condición de la comunidad
históricamente vulnerada de pocos recursos económicos pero grandes en
territorio, agua y cerro, señaló la organización.
«Denunciamos
el brutal ataque criminal a nuestra compañera Estela Hernández que
documentaba la redada ilegal y racista ejecutada en Santiago
Mexquititlán por parte de elementos de la Policía Estatal de Querétaro
(POES), continuando con las políticas de limpieza social y racial
incrementando la criminalización de los pueblos que simplemente han
decidido seguir existiendo, Esta acción arbitraria y grave, sumamente
violenta se impuso en las calles de nuestros barrios» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
La defensora Estela Hernández Jiménez, integrante del CNI y del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, #Querétaro, fue detenida hace unos momentos por la @POESQro. Su hermana Sara Hernández, integrante del #EZLN, acusa que a Estela la agredieron física y sexualmente 👇🏾 pic.twitter.com/I9mTdPejmY
Según
reportó la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, alrededor de las 6
p.m. del 4 de junio, elementos de la Policía Estatal de Querétaro, a
bordo de las patrullas con número 4941, placas ER 391A y 06020,
ingresaron al pueblo de Santiago Mexquititlán y detuvieron a dos jóvenes
que se encontraban caminando o salían de sus domicilios.
Esto
ocurrió «como si fueran levantones», pues se violó el debido proceso al
no contar con un traductor, ni una orden de aprehensión. Asimismo, de
manera violenta arrestaron a cinco hombres: dos en Barrio, unos en
Donica y otros en Barrio sexto (este último ubicado a 30 metros del
domicilio de Estela).
«Este
tipo de policías han reiterado su entrenamiento por policías
colombianas y certificación en Houston Texas del que presume Mauricio
Kuri para su plan orden (es decir plan criminal y racista) actual
gobernador de Querétaro: estas estrategias de guerra, tortura y
sometimiento a poblaciones históricamente vulneradas, con crímenes de
estado y graves violaciones a Derechos Humanos es para infundir terror
en la población y robarnos el futuro de nuestros jóvenes pues atentan
contra ellos, es para doblegarnos a vender nuestra agua y entregarles
nuestra tierra» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
La
organización denunció que este tipo de detenciones es una práctica
común de la POES en todo el estado que ya se ha cometido varias veces
contra mujeres, por ejemplo, la tortura cometida a mujeres de la
comunidad de Escolásticas en donde les quitaron de $900 pesos a $15,000
pesos por delitos fabricados o cuando se han realizado ejecuciones a
jóvenes por agresiones con fuerza.
Estela fue testigo del momento
de la detención de uno de sus vecinos y de otros jóvenes detenidos
minutos antes, por lo que no dudo en ponerse en acción cuando los
habitantes de la comunidad le solicitaron su ayuda por sus conocimientos
y acompañamiento como defensora. Asistió al DIF de Amealco, lugar a
donde fueron llevados los detenidos, y junto a su esposo solicitaron
informes sobre la razón de las detenciones, después de haberlas
documentado.
Sin embargo, fueron detenidos e incomunicados. En ese
lapso de tiempo, en el que no sabían nada sobre el estado de salud de
Estela, familiares de las personas que se llevaron presas y de
integrantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida fueron
encapsulados por policías estatales de Pedro Escobedo y miembros del
ejército, quienes comenzaron a intimidarlos con sus armas.
Finalmente,
entre las 10:40 p.m. y las 11 p.m dejaron en libertad al resto de
hombres quienes habían sido detenidos en primer lugar sin haber firmado
ninguna documentación y sin permitir la comunicación con sus familias.
No obstante, Estela fue liberada hasta la madrugada y la llevaron al
ISSSTE para la certificación médica de las agresiones.
«Sabemos
que somos dignos y rebeldes y que por eso el estado no nos perdona la
disculpa pública a Jacinta Francisco, que no nos perdona no dejar que
nos arrebaten nuestro tianguis, que no nos perdonan evidenciar la
destrucción intencionada de nuestro templo, que no nos perdonan
evidenciar la violación sistemática del estado a la clase trabajadora de
la secretaria de salud, que no nos perdona evidenciar las violaciones
sistemáticas que el estado realiza a la base trabajadora de USEBEQ, pero
aún más no nos perdonan no pedirle permiso ni perdón al estado de
existir» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Violencia contra mujeres defensoras
La
criminalización contra las personas defensoras de la tierra o del
territorio no es un hecho aislado, se trata de una práctica que atenda
contra sus derechos a salvaguardar la vida de la naturaleza, el agua,
los ríos, las montañas, los bosques, la semillas y la diversidad de
especies animales.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos (Im-defensoras) apunta que la mayoría de
quienes defienden la tierra son mujeres indígenas, garífunas o
afrodescendientes que viven en zonas rurales, por lo que les ha tocado
trabajar la tierra a la par de que históricamente fueron excluidas de
poder ser prioritarias de estas y de tomar decisiones sobre los
territorios ante las políticas coloniales que han terminado por eliminar
las cosmovisiones de varios pueblos originarios.
Sin embargo, su
lucha es perseguida por intereses económicos que busca la apropiación de
tierras y territorios obligándolas a vivir distintas violencias. Datos
de Im-Defensoras señalan que entre 2012 y 2024 se contabilizaron 9 mil
629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la
tierra en Mesoamérica, siendo que 35 mujeres fueron asesinadas.
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Im-defensoras)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Im-defensoras)
También
apuntaron que México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra
mujeres representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente, pero en
Honduras tuvo un alza de 62%. En ese mismo periodo, se documentaron 738
agresiones vinculadas acciones de defensa de los derechos de los pueblos
indígenas, afrodescendientes y otros grupos etnias.
En 2023, el informe de Global Witness informó
que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países
del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el
medio ambiente.
En adherencia, en Centroamérica el 80.2% de los
conflictos socioambientales están relacionados con minerales y
materiales de construcción, uso de la tierra para actividades de
agricultura, pesquería, ganadería y forestería; la gestión del agua, el
combustible fósil y el cambio climático, según mencionó el Estado de la
Región.
.-Ciudad
de México.- Después de dos días de espera, los resultados de la primera
elección judicial señalaron a Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín
Esquivel, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinoza,
Arístides Guerrero y Sara Herrerías como los nueve integrantes de la
nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, se
debe poner en perspectiva su compromiso con las mujeres.
La labor
de la SCJN juega un papel importante no solo dentro del Poder Ejecutivo,
sino en la defensa de los derechos de las mujeres. Debido al incremento
de la violencia, en el que al menos 1 de cada 3 mujeres experimentan un
contexto generalizado de violencia, la creación de instrumentos
jurídicos para erradicarlo se ha constituido como una respuesta
efectiva.
Si bien se han creado leyes desde el Poder Legislativo
tanto a nivel federal y local en las cuales se ha reconocido y
visibilizado la realidad que las mujeres afrontan en varias áreas de su
vida para que sean atendidas de manera específica, la historia de miles
de ellas que enfrentan violencia e impunidad señala que no han sido
suficientes, poniendo en relevancia la necesidad del trabajo de órganos
jurisdiccionales.
La SCJN es uno de ellos, ya que con ayuda de sus
sentencias y fallos se pueden colocar parámetros y medidas que
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Por
ejemplo, cuando se declaró inconstitucional criminalizar la interrupción
legal del embarazo, la sentencia Mariana Lima para investigar las
muertes violentas de mujeres como feminicidios, e incluso el reciente
fallo para reconocer a los padres de Fátima Virina como víctimas
indirectas de su feminicidio.
Hasta el corte de las 11:00 horas del 4 de junio de 2025 y el 99.82% de boletas computadas, los Cómputos Distritales Judiciales 2025 muestran los siguientes resultados:
Hugo Aguilar Ortiz con 6 millones 079 mil 665 votos
Lenia Batres con 5 millones 744 mil 942 votos
Yasmín Esquivel con 5 millones 195 mil 391votos
Loretta Ortiz con 4 millones 918 mil 585 votos
Estela Ríos con 4 millones 614 mil 561 votos
Giovani Figueroa con 3 millones 600 mil 520 votos
Irving Espinoza con 3 millones 473 mil 275 votos
Arístides Guerrero con 3 millones 471 mil 636 votos
Para
sorpresa de la ciudadanía, Hugo Aguilar Ortiz se coronó como el
presidente de la Suprema Corte al obtener el mayor número de votos
dentro de las candidatas y candidatos. Pese a que el pasado 3 de junio,
la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que Lenia Batres podría
quedarse con la presidencia de este órgano.
Hugo Aguilar es
mixteco originario del Municipio de San Miguel el Grande, en Oaxaca. Es
licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en
la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca y cuanta con una
maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad.
Comenzó
trabajando como auxiliar en la Delegación de la Procuraduría para la
Defensa del Indígena en la ciudad de Tlaxiaco (1989-1990). En sus
últimos cargos se desempeñó como Coordinador General de Derechos
Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el
que se encargó de coordinar trabajos de consulta de proyectos urbanos
como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe
Ángeles.
Sin embargo, pese a defender legalmente a diferentes
comunidades indígenas respecto a sus derechos humanos, el ministro tiene
una deuda pendiente con las mujeres indígenas de Oaxaca, sobre todo con
las mujeres mixes cuyas fotografías fueron compartidas con
connotaciones sexuales en un grupo de WhatsApp llamado Sierra XXX en el
que participaron funcionarios del INPI.
El caso fue denunciado por
la defensora Sandra Domínguez en 2020 y cuando viajó a la Ciudad de
México para hablar Krhistian Mahatma Hernández, del equipo legal del
instituto, logró la destitución de Rolando Vázquez, encargado de plazas
del INPI, aunque en realidad, la defensora esperaba que con su denuncia
se lograra la limpieza del personal de la organización involucrados con
el chat sexual, acción que nunca ocurrió.
Si
bien Hugo Aguilar no tuvo una incidencia directa en la difusión de las
fotografías de las mujeres mixes y tampoco le competía hacer algo al
respecto cuando la defensora denunció a los funcionarios, sí pudo
pronunciarse al respecto para romper el pacto patriarcal; sin embargo,
su involucramiento con personas señaladas de cometer violencia continúa.
Desde
los inicios de su carrera, e incluso antes de trabajar para el Estado,
Hugo Aguilar ha mantenido una relación cercana con Adelfo Regino Montes,
cuyo hermano Francisco, fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento
laboral. Adriana Hernández, promotora comunitaria indígena del INPI,
fue quien lo denunció en 2023, aunque la historia de violencia comenzó
en 2020 cuando recibió un mensaje con insinuaciones sexuales.
Desde
ese momento la violencia escaló hasta el punto de excluirla de
proyectos cuando, durante pandemia, Adriana Hernández se negó a
propuestas sexuales. Francisco optó por pedirle a sus compañeros que no
compartieran información con ella y finalmente la reubicaron en otra
oficina donde debía sacar copias y escanear documentos.
El caso de Adriana Hernández fue tomado por la organización Consorcio Oaxaca
junto con el de Aracely Cruz Jiménez, víctima de violencia de género
por parte de Donato Vargas, también involucrado en los señalamientos del
grupo de WhatsApp Sierra XXX y otro personaje ligado a Hugo Aguilar.
Por
lo que, la falta de respuesta ante la denuncia de violencia digital
contra mujeres mixes y el mantener relación con un hombre que ha sido
señalado de proteger a su hermano, acusado de acoso sexual, pone en
relieve que el futuro presidente de la SCJN ha estado involucrado en
estructuras de poder que han facilitado la violencia contra las mujeres.
Hasta el cierre editorial de esta nota informativa, el ministro Hugo Aguilar no dio respuesta a Cimacnoticias para emitir información sobre los señalamientos en su contra.
.-Ciudad
de México.- El 1 de junio se llevó a cabo la primera elección judicial
en la historia de nuestro país en el que solo participaron entre el
12.57% y el 13.32% del padrón electoral, según informó el Instituto
Nacional Electoral (INE). Esto abre la oportunidad de considerar que
algunas mujeres quienes han sido víctimas de alguna violencia decidieron
anular o formar parte de las filas del abstencionismo como un acto de
resistencia.
Para las mujeres el abstenerse de votar fue una
decisión difícil tomando en cuenta que sus derechos políticos en México
no fueron concedidos fácilmente, sino conquistados a lo largo de décadas
de lucha, por lo que, su poca participación en esta comisión señala no
solo su desconocimiento, sino el descontento de esta elección.
«Cambio mi voto por una sentencia firme, ejemplar e irrevocable para el asesino de Serymar»,
escribió en una de sus boletas Sandra Soto, hermana de Serymar y
víctima indirecta su feminicidio. Desde hace 8 años comenzó una lucha en
Coahuila por traer justicia al caso adentrándose a conocer al Poder
Judicial.
Por ello, cuando se propuso crear una Reforma Judicial
para elegir por voto popular a las futuras trabajadores y trabajadores
de este poder, a Sandra Soto no le pareció la idea, principalmente
porque nadie consultó a los familiares o víctimas de algún delito de
violencia, quienes arrastran la ineficiencia del sistema que no les da
justicia.
«Yo creo que como nosotros que somos víctimas de un
delito de violencia en nuestro país, pues tenemos toda la experiencia
como para poder asesorar u orientar a quienes imparten la justicia, para
poder aceptar las respectivas modificaciones», explicó Sandra Soto a Cimacnoticias y agregó que dicha reforma no se tradujo a una ayuda a las víctimas que lo necesitan.
Por
varios meses desde que se aprobó la reforma, Sandra Soto y parte de
mujeres de los colectivos al que pertenece, Fundación Serymar
«Reconstruyendo Vidas» y Madres que Luchan A.C., levantaron la voz e
hicieron hincapié en la necesidad de reformas orientadas a sentencias
firmes e irrevocables, a eliminar las lagunas en las leyes que permiten
que feminicidas y asesinos salgan ilesos de la justicia, penas más
altas, eliminar la corrupción de los servidores públicos y la
incompetencia de las autoridades; así mismo, se pusieron de acuerdo para
denunciar las candidaturas señalados por ser agresoras o agresores.
«Imagínate
si con gente que tiene la capacidad, el conocimiento y el
profesionalismo en materia de derecho, tenemos todas estas deficiencias,
pues imagínate con cualquier persona que no tiene nada así. Entonces,
nosotros nos pareció como que (anular el voto) no iba a ser funcional, pero pues de todas maneras no fuimos escuchadas» explicó Sandra Soto.
Ella
junto a los familiares de Serymar, se pusieron de acuerdo para «hacer
lo mismo», es decir, mostrar su inconformidad y los verdaderos problemas
que envuelven al Poder Judicial. Por ello, también escribieron «justicia para ser igual», «justicia para todas», «no más asesinos en la calle» y textos alusivos a las sentencias firmes e revocables en casos de feminicidio.
Cortesía de Sandra Soto
«A
nosotros no nos importa quién esté en la silla, no es una cuestión
personal con él. Es una existencia de justicia y no la hemos tenido, al
menos desde que pues yo llegué a este camino, (…) Porque pues el asesino
se sigue defendiendo y sigue reclamando su derecho a la libertad y a un
proyecto de vida. Y a mi hermana nadie le regresa esa vida, ¿no? Y a
nosotros no nos vuelven a regresar la vida que nosotros que tenemos, que
pues quedamos fracturados» -Sandra Soto
Sandra Soto también
apuntó que prevé «total impunidad» con los resultados de la elección
judicial, pues al desconocer las leyes o tener servidores públicos
«viciados» dejará a las familias y víctimas de violencia en un estado de
desprotección.
La abstinencia de votos de la ciudadanía
«Fue la misma población quien demandó una reforma para acabar con la corrupción de este órgano»,
señaló Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de
Gobernación haciendo referencia a la elección judicial. También afirmó
que, la afluencia «cumplió con las expectativas» y que la
elección generó interés en la ciudadanía; sin embargo, la cifra de
abstención, la cual se posicionó entre 87.43% y el 86.68%, señala lo
contrario.
Asimismo, afirmó que la ciudadanía «se interesó, se puso a estudiar, hizo todo un ejercicio de revisión y con conocimiento y conciencia emitió sus sufragios»
siendo que, la mayoría de los votantes asistieron a las urnas sin
conocer a las personas candidatas, sin tener acceso a la tecnología para
informarse de fuentes oficiales y no oficiales, y con un
desconocimiento sobre la forma de votar al enfrentarse a un nuevo diseño
de boletas.
Aunque la secretaria de gobernación hizo hincapié que
el interés de la ciudadanía fue mayor que cuando se votó por enjuiciar a
los expresidentes, el cual tuvo una participación del 7%, las
elecciones judiciales no fueron exitosas siendo que se votaron por 881
cargos del poder judicial federal y mil 801 del poder local, en el que
aproximadamente el 13% decidió el futuro del país.
Ahora, la ciudadanía conocerá los resultados en los siguientes días: en lunes. los cargos de ministras y ministros; el miércoles, los de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; el jueves, los de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el viernes, los de magistraturas de Salas Regionales; el domingo, los de magistraturas de Circuito; y el martes 10 de junio, los de juezas y jueces de Distrito.
.-Ciudad
de México.- El día de ayer, 2 de junio de 2025, la fotoperiodista María
del Sol Cruz Jarquín fue recordada con un memorial de luces y flores en
La Monumenta, ubicada en Fuente de las Ocho Regiones, Oaxaca. Mujeres
de la organización Consorcio Oaxaca, periodistas y familiares se
congregaron para acompañar a su madre Soledad Jarquín Édgar quien en
siete años no ha parado de buscar justicia por su hija.
«Siete
años, ochenta y cuatro meses, dos mil quinientos cincuenta y cinco días
del 2 de junio del 2018. De nueva cuenta estamos aquí como lo hemos
hecho cada año para exigir justicia para María del Sol (…) un tiempo
suspendido para quienes seguimos la vida sin ella” mencionó la periodista Soledad Jarquín Édgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, abriendo así la conferencia.
Soledad
continuó recordando a su hija, hizo un recorrido por el deseo de María
del Sol para ser fotógrafa y alcanzar su sueño. Agregó que, desde su
partida, se ha mirado las fotografías colocadas en la pared, escuchado
una grabación de su voz o viendo un video en el que aparece, imaginando
qué habría hecho en siete años, qué estaría planeando para celebrar su
cumpleaños número 35, «gozando cada instante de la vida, celebrando cada despertar, algo que ya no pasó», agregó.
En
total, Soledad se ha acercado a 20 funcionarios públicos del gobierno
de Oaxaca como del gobierno federal, quienes le han prometido atender su
reclamo y ayudar en su búsqueda de justicia por el feminicidio de su
hija, María del Sol; sin embargo, sus promesas no se tradujeron en
acciones creando así desconfianza hacia un gobierno que le dio la
espalda.
«Hablamos
con las y los funcionarios de todos los niveles de gobierno con algún
interés en la justicia y la verdad (…) enfrentamos la indiferencia, las
omisiones, las burlas, los obstáculos, con resiliencia para no
quebrantar nuestras vidas y seguir adelante», apuntó Soledad.
A
siete años del feminicidio de su hija acumularon cuatro expedientes
(homicidio calificado, robo agravado, delito electoral y feminicidio) y
otras dos carpetas, una por corrupción y desvio de recursos por la vía
de la justicia administrativa, y una segunda por un procedimiento
especial sancionador que llegó a los tribunales del poder judicial local
y federal.
Sin embargo, dos de las carpetas fueron sobre seguidas «porque no había más posibilidades de investigación». Asimismo, acusó que no tuvieron ninguna respuesta y que las autoridades solo se han dedicado a «guardar silencios y ocultada información para favorecer a los feminicidas».
El feminicidio de María del Sol
El
2 de junio de 2018, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, de 27
años, fue víctima de violencia feminicida mientras se encontraba
cubriendo las elecciones electorales en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,
junto a Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata concejal del
Ayuntamiento por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza.
En ese
momento de su vida, María del Sol laboraba como fotógrafa y jefa de
Comunicación Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del
gobierno del estado de Oaxaca. Aquel día, fue enviada en contra de su
voluntad a uno de los municipios más riesgosos de la entidad federativa
para cubrir las actividades de campaña del candidato Hageo Montero
López, hermano del titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas,
Francisco Javier Montero López.
La investigación ha estado llena
de irregularidades, pues en septiembre de 2018 se detuvo a Jehú N. pero
salió libre unas semanas después cuando el juez no encontró elementos
para vincularlo a proceso. En 2019, José Eduardo N. fue detenido y en el
primer aniversario de su feminicidio lo vincularon a proceso como
participante, pero a partir de entonces la continuación de los juicios
fue lenta y lleno de obstáculos.
Al inicio de la investigación no
se consideró indagar el caso con perspectiva de género, desobedeciendo
la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) cuando determinó que se deben investigar todas las muertes
violentas de mujeres como feminicidios y juzgar con perspectiva de
género.
«La
definición de justicia siempre es diferente para las víctimas, lo
victimarios y para el propio sistema. La prueba de lo que digo son los
dos mil quinientos cincuenta y cinco días sin encontrar la puerta para
llegar a ella, pero la vergüenza no es nuestra, no es de nosotras las
madres, la vergüenza no es de nuestras familias, no es de nuestras
hijas, la vergüenza es para el Estado mexicano que ha sido incapaz de
cumplir con su tarea» -Soledad Jarquín Édgar
Caso omiso de Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum y Salomón Jara
Desde
el feminicidio, quien se dedicó a buscar justicia fue su madre Soledad
Jarquín Édgar, quien también es periodista, defensora, feminista y
editora de Las Caracolas. Por ello, el 24 de noviembre de 2020
acudió desde Oaxaca a la mañanera en Palacio Nacional de la Ciudad de
México para buscar ayuda del entonces presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Después de varios intentos para que fuera escuchada,
Soledad finalmente pudo entregarle una carta firmada por 18 mil
familiares de víctimas de feminicidio como parte de una campaña
impulsada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
llamada «Nos Van a Ver Juntas». En dicho documento se solicitaba una
acción presidencial para erradicar este delito en Oaxaca.
El
expresidente refirió su solicitud con la entonces secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien asistió a una reunión una
vez que salió de Palacio Nacional. Soledad solicitó que la funcionaria
hablara directamente con el titular de la Fiscalía General de la
República, Alejandro Gertz, con la finalidad de que la carpeta de su
hija y otros casos atraídos por la FGR, pero solo encontró promesas
vacías.
Dos
años después, el 1 de diciembre de 2022, Soledad intentó hablar con
Claudia Sheinbaum Pardo cuando se encontraba como jefa de Gobierno al
estar señalada como futura candidata para la presidencia en los comicios
de 2024. En la toma de protesta del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara
Cruz, se acercó y le comentó sobre los nules avances en lo pactado con
Olga Sánchez Cordero, en cambio, recibió como respuesta un «esas atenciones no existen en este país».
Salomón
Jara también ha sido un personaje omiso en el feminicidio de María del
Sol y del resto de mujeres en Oaxaca. Tan solo de enero hasta abril de
2025 se contabilizaron 6 feminicidios en la entidad, pero la lista fue
de 20 casos en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo.
Como
señala Consorcio Oaxaca, el gobierno de Salomón Jara se ha dedicado a
dar amenazas bajo un grupo criminal de delincuencia organizada, por
ejemplo, en medio de la campaña “Hasta que la Justicia Llegue”
emprendida por la organización que ha dado acompañamiento jurídico y
mediático al caso, integrantes han sido amenazadas de muerte.
Visibilizar por otras vías
En
2022 acudió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exhibir
el actuar del Estado mexicano durante el Debate Interactivo con Reem
Alsalem, relatora especial sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU.
Ahí mencionó que el feminicidio de María del Sol reflejaba las diversas
violencias que enfrentan las mujeres en su país, en particular en
contextos indígenas como Juchitán.
La
defensora Soledad apuntó que tal como lo ha constatado la Relatora
Especial en su informe, los casos de violencia de violencia contra
mujeres, particularmente en contextos indígenas, enfrentan importantes
obstáculos para acceder a la justicia debido a la discriminación, los
prejuicios y la revictimización. Hizo hincapié al apuntar que, el
feminicidio y el no acceso a la justicia deben ser considerados como una
forma de tortura contra las víctimas.
Asimismo, Soledad presentó
el caso de su hija ante la sede de la Oficina de la Alta Comisionada
para los derechos humanos y del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en ingles) para
denunciar al Estado mexicano. «La soledad no será mi silencio», mencionó la periodista hoy durante la conferencia y agregó que continúa esperando la resolución de la CEDAW.
Fotografía: Gobierno de México.-“Por
el reconocimiento, respeto y protección de las parteras tradicionales
en México”, fue la proclama que el 7 de mayo del 2025 en el marco del
día de la partera (5 de mayo), el movimiento Nich Ichim constituido por
parteras de diversas regiones de Chiapas emitieran un pronunciamiento en
el que expresaron su rechazo a la Norma Oficial Mexicana NORMA Oficial
Mexicana NOM-020-SSA-2025.
Para establecimientos de salud y el
reconocimiento de la partería, en la atención integral materna y
neonatal. En ese documento, hicieron énfasis en la defensa de su derecho
a ejercer sin imposiciones externas, denunciaron la ausencia de
consulta previa y alertaron sobre los riesgos de subordinación al
sistema institucional de salud.
Esto a pesar de que la sección 7
de la Norma publicada intentó responder a algunas de estas
preocupaciones, incorporando un lenguaje de respeto e interculturalidad.
Sin embargo, al analizar ambos documentos en conjunto, es evidente que
persisten tensiones de fondo que no pueden reducirse a diferencias
formales.
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la
defensa de la autonomía de la partería tradicional como parte de los
sistemas de salud propios de los pueblos indígenas. Las parteras señalan
que sus prácticas, conocimientos y formas de transmisión no deben ser
reguladas por el sistema de salud institucional, pues ello representa
una forma de colonialismo sanitario.
La sección 7.1.2 de la norma
reconoce, al menos en lo formal, que la partería tradicional forma parte
de la medicina tradicional mexicana y debe ser valorada como un
elemento de identidad cultural. Incluso se establece que la relación
entre el personal de salud y las parteras debe ser horizontal, sin
subordinación. No obstante, la estructura general de la norma continúa
centrando al sistema institucional como eje articulador, lo que puede
traducirse, en la práctica, en una subordinación indirecta. Así, aunque
en el lenguaje hay coincidencia, la crítica de fondo sobre la falta de
equidad epistémica y de reconocimiento pleno a los sistemas de salud
indígena no queda resuelta.
Otro punto especialmente sensible es
el relacionado con el registro de parteras. Las firmantes del
pronunciamiento denuncian que el registro obligatorio implica una forma
de control estatal y puede usarse para excluir, vigilar o condicionar el
ejercicio de las parteras. En respuesta, la norma publicada define en
el artículo 7.1.5.2 al Registro Nacional de Partería (ReNaPa) como
voluntario, solo para quienes sean reconocidas por sus comunidades y
acepten inscribirse.
Además, se aclara que su función es facilitar
la atención en emergencias y la dotación de certificados de nacimiento.
Sin embargo, en contextos donde el acceso a apoyos, coordinación o
reconocimiento estatal puede estar condicionado a ese registro, el temor
de las parteras puede ser legítimo. Aunque la norma no impone el
registro, no garantiza que no existan presiones institucionales para
inscribirse, por lo que la preocupación expresada en el pronunciamiento
sigue siendo válida.
La falta de consulta previa, libre e
informada es otro eje del pronunciamiento. Las parteras denuncian que el
anteproyecto de norma se elaboró sin mecanismos legítimos de diálogo
con las comunidades afectadas, violando derechos reconocidos en el
Convenio 169 de la OIT. La sección 7 de la norma no incluye ningún
mecanismo de consulta ni da cuenta de procesos de deliberación
comunitaria. Por tanto, aquí hay una contradicción directa entre la
norma y el reclamo de las parteras, lo que deja sin atender un derecho
colectivo fundamental.
En cuanto a la discriminación,
hostigamiento y violencia estructural, el pronunciamiento recoge
testimonios y experiencias que denuncian prácticas sistemáticas de
exclusión y vigilancia por parte de las instituciones de salud. La norma
publicada incorpora una serie de acciones para erradicar estas
prácticas, incluyendo la capacitación del personal institucional en
interculturalidad, derechos humanos y diálogo respetuoso (7.1.5.1).
También
se establece el compromiso de recibir sin demora a mujeres referidas
por parteras tradicionales y garantizar condiciones de respeto
(7.1.5.3). Aquí hay un esfuerzo por responder formalmente a las
denuncias, pero la desconfianza de las parteras tiene fundamento en una
historia larga de maltrato institucional. En este sentido, el
cumplimiento efectivo de esas medidas es clave para que no queden en el
papel.
Un tema delicado que también aparece en el pronunciamiento
es el derecho de las mujeres a decidir sobre su parto y sobre quién las
atiende, así como el derecho de los recién nacidos a obtener identidad
sin barreras administrativas. Las parteras afirman que las regulaciones
propuestas ponen en riesgo ambos derechos. La norma, por su parte,
establece que las constancias elaboradas por parteras podrán ser
utilizadas para obtener certificados de nacimiento oficiales, si así lo
solicitan las familias (7.1.7). Este es un punto en el que hay una
respuesta directa a la demanda, pero su implementación efectiva
dependerá de que no existan obstáculos burocráticos ni decisiones
arbitrarias en los registros civiles.
Las parteras exigen un
reconocimiento de sus saberes ancestrales, no como un complemento del
sistema institucional, sino como parte de un entramado propio, legítimo y
vigente. La Norma, aunque habla del respeto a los saberes bioculturales
y de un intercambio intercultural, sigue colocando al Sistema Nacional
de Salud como el rector del vínculo.
Por ello, las parteras tienen
razón al señalar que hay una apropiación institucional del discurso sin
una transformación estructural de fondo.
.-Ciudad
de México.- El pasado 28 de mayo, el gobierno del estado de México
presentó un protocolo para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía
sobre la violencia de género que viven las mujeres en el transporte
público para convertir estos espacios en lugares seguros y libres de
acoso y hostigamiento.
El secretario de movilidad del Estado de
México, Daniel Sibaja González, reconoció que la entidad vive altos
índices de acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público y que
dicha violencia se ha normalizado de tal manera que muchas mujeres se
abstienen de denunciar por la desconfianza que hay en las instituciones o
por el desconocimiento sobre sus derechos.
Por ello apuntó que el
protocolo establece una ruta de actuación entre los casos de acoso
sexual con un enfoque integral que incluye derechos humanos, perspectiva
de género, interculturalidad e interseccionalidad. Asimismo, que se
sustenta bajo un marco y dialogo permanente con las mujeres
transportistas, así como con la Ley de Movilidad del Estado de México,
la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia y el
Código Estatal.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) realizada en junio del 2024, el 68.3 % de
las mujeres expresaron sentirse inseguras en el transporte público,
mientras que el 55.5 % de los hombres sintió esa preocupación.
Asimismo,
datos de la secretaria de las Mujeres del Estado de México, Mónica
Chávez Durán, muestran que el 96% de las mujeres fueron víctimas de
algún acto den violencia en el transporte público al menos una vez a lo
largo de su vida. Entre ellas se destacan agresiones verbales, miradas
con morbo, piropos y chiflidos, sacar fotografías sin consentimiento,
tocamientos, roces, incitar o perseguir.
También mencionó que, a
nivel estatal, la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señala al
Estado de México como la segunda entidad donde prevalece la violencia
comunitaria, solo después de la Ciudad de México. Es decir, que 6 de
cada 10 mujeres sufrió alguna forma de violencia en el ámbito
comunitario, siendo el autobús o el microbús el lugar con mayor
prevalencia.
El estado de México es una entidad violenta para las
mujeres. Tan solo observar las estadísticas de feminicidio, el número de
desapariciones o las dos Alertas de Violencia de Género contra las
Mujeres, de las cuales no se han podido combatir en varios años
reafirman que existe una deuda pendiente del gobierno mexiquense con las
mujeres.
Mónica Chávez Durán afirmó que este panorama de
violencia ha impactado el desarrollo y bienestar, buscando diferentes
métodos para afrontar la inseguridad como viajara acompañadas, no salir a
ciertas zonas y horas específicas, cambiar constantemente de ruta,
utilizar espacios exclusivos o usar el transporte público lo menos
posible.
Por ello, entre un esfuerzo interinstitucional en el que
participó la Secretaría de Mujeres, el gobierno del Estado de México,
así como instituciones estatales, organismos autónomos y agencias
internacionales se elaboró un protocolo que implementa políticas para
convertir el transporte público en un espacio seguro y libre de
violencia de género.
Medidas contra la violencia de género en el transporte público del Edomex
Este
consta en primer lugar de una campaña llamada «Nos movemos seguras» que
consta de un informativo y consignas como «No es piropo, es acoso» o
«No es un roce, es acoso» que tienen como objetivo hacer un cambio
cultural para dejar de normalizar el acoso y otras expresiones de
violencia, especialmente en personas agresoras: «El acoso sexual es un delito. La prevención es fundamental para evitarlo», comentó la secretaria de las Mujeres del Estado de México.
La
campaña, «Nos movemos seguras» se visualizará en todas las pantallas y
unidades móviles de las líneas que conforman el sistema de transporte
masivo, teleférico y transporte colectivo para que las mujeres puedan
identificar cualquier tipo de comportamiento. Además, este informativo
estará en los mexipuertos: Cuatro Caminos, Ciudad Azteca, La Paz e
Indios Verdes.
En conjunto se brindará orientación y atención a
las mujeres usuarias del transporte que lo requieran, informándolas
sobre sus derechos, los servicios a los que pueden acceder en caso de
ser víctimas de violencia.
Esta política estará acompañada de un
protocolo de actuación para atender casos de acoso en el transporte
público colectivo del estado de México. Se trata de una «respuesta inmediata, eficiente y coordinada que coloca las mujeres víctimas en el centro de atención» que tiene un enfoque interseccional e intercultural y que incluye la participación de usuarias, conductoras y autoridades.
Según
explicó la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, si una mujer es víctima
de acoso, puede acudir al operador, llamar al 911 o pedir apoyo a las
personas a su alrededor. No obstante, el operador tiene la obligación de
detener la unidad en un lugar seguro, informar al centro de control y
registrar los datos del agresor. En respuesta, las autoridades
coordinadas a través del C-5 se movilizan rápidamente para atender a la
víctima y asegurar que pueda acceder a la justicia.
Por otro lado,
se estarán tomando medidas preventivas como asignación de asientos
especiales para mujeres. También se pretende sensibilizar y educar sobre
qué es el acoso, cómo reconocerlo, cómo denunciarlo y cuáles son las
sanciones, así como estrategias de capacitación para la igualdad a
operadores y personal administrativo y un programa de recuperación de
espacios con perspectiva de género llamado «Caminemos seguras y mujeres
constructoras de paz».
La secretaria de las Mujeres del Gobierno
de México, Citlali Hernández Mora, afirmó que, pese a que es doloroso
reconocer que la mayoría de las mujeres ha vivido algún tipo de
violencia en su vida, el protocolo es un mensaje para que las mujeres
puedan convivir de manera libre y segura en espacios como el transporte
público.
Finalmente explicó que, en colaboración con los gobiernos
estatales del Estado de México, se están construyendo 37 Centros Libres
en donde se ofrecerán atención psicológica, atención jurídica, espacios
para actividades y talleres para el desarrollo de la autonomía de las
mujeres. Estos estarán colocados en 37 municipios, aunque la apuesta es
construir más.
Mientras los padres y
madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen sin recibir
respuestas concretas sobre el paradero de sus hijos, un tribunal
colegiado absolvió del caso al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca,
uno de los presuntos involucrados, al considerar que no hay pruebas suficientes
para vincularlo con los delitos de delincuencia organizada y secuestro
agravado. Esta decisión política, más que jurídica, fue otro duro golpe
para las familias que apenas unos días antes sostuvieron una reunión con
el gobierno federal.
Desde hace más de 20 años han sido documentados los ataques al
estudiantado de las escuelas normales del país, mismas que los
diferentes gobiernos han querido desaparecer del mapa por su origen
combativo y su profunda formación política. Asesinatos, detenciones y
desapariciones son una constante para los futuros maestros de las
escuelas rurales de México.
En este contexto, esta semana los estudiantes de la Escuela Rural
Normal Mactumactzá, Chiapas, llegaron a la Ciudad de México para
protestar por la muerte de su compañero Jesús Alaín Vázquez, quien,
aseguran, falleció tras recibir el disparo de un proyectil que lo hizo
caer de la camioneta en la que se trasladaba junto a otros 10
normalistas, durante una manifestación frente a las instalaciones de la
Normal.
Hace cuatro años los mismos normalistas fueron atacados en un
operativo en el que la policía detuvo a 95 estudiantes. Y ahora, justo
en el contexto del aniversario de este ataque, se dio la movilización en
la que, de acuerdo al Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Alaín
Vázquez cayó desvanecido de la góndola de una camioneta. La fiscalía del
estado insiste en que murió como consecuencia de la caída, mientras sus
compañeros advierten que fue el impacto de un proyectil lo que lo tiró.
La negligencia de la fiscalía estatal fue muy grave, pues tardó nada
menos que tres días en ir a recoger las evidencias al lugar de los
hechos, como los casquillos que demostrarían si la policía disparó.
Los actuales y los futuros maestros no la tienen fácil en este país
que desprecia a quienes tienen en su mano la educación de la infancia.
No sorprende a nadie,
porque en buena parte del mundo el aparato judicial está al servicio de
los grandes intereses económicos: la Corte Suprema de Estados Unidos
desechó, por unanimidad, una de las dos demandas que el gobierno
mexicano presentó en contra de ocho corporativos gringos que
descaradamente venden armas a los cárteles de la droga. Para los togados
de allá la ecuación es sencilla: esas empresas sólo hacen negocios,
México pone los muertos y el vecino del norte se lava las manos.
Queda claro que, más allá del discurso meloso que en ocasiones
utiliza el gobierno estadunidense (cuando le conviene, desde luego)
sobre la vecindad con México y los piropos que de vez en vez Donald
Trump lanza a la presidenta Sheinbaum, que la Casa Blanca y todo su
aparato gubernamental no están dispuestos a participar en la solución de
los problemas bilaterales (venta ilegal de armas, tráfico de drogas,
etcétera), porque según su imperial decisión debe ser el vecino del sur
quien obligadamente mantenga limpia la frontera, asuma los costos y
pague las consecuencias, mientras allá las autoridades no mueven
un dedo y simplemente voltean para otro lado, siempre en defensa de su
sacrosanta industria armamentística. No fuera el asunto al revés, porque
ya estarían los marines cruzando la línea divisoria.
Tras conocerse el fallo de la corte Suprema de Estados Unidos, de
dientes para afuera Ronald Johnson (ex coronel, ex agente de la CIA y
actual embajador en México) afirmó que el gobierno de Trump tiene voluntad
en la cooperación en la lucha contra el tráfico ilegal de armas;
trabajamos con la presidenta Sheinbaum y su equipo para frenarlo hacia
el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia; juntos
hacemos a nuestros países más fuertes y seguros; confiamos en que esta
relación seguirá generando resultados positivos para las dos naciones. Y listo: a otra cosa, mientras el flujo ilegal de armas para los cárteles goza de cabal impunidad.
Los togados gringos aseguran ( La Jornada, David Brooks y
Jim Cason) que “la demanda de México no alega de manera plausible que
los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas
ilegales de armas de fuego a los traficantes mexicanos, escribió la
autora del fallo, la jueza liberal Elena Kagan (en 2010 Barack Obama la
nominó al puesto; antes fue procuradora general de Estados Unidos, y
previamente fue abogada adjunta de la Casa Blanca con Bill Clinton en la
Oficina Oval).
La Suprema Corte reconoce que México enfrenta un problema
severo de violencia de armas de fuego, pero tenemos pocas dudas de que,
como afirma la demanda, algunas ventas de este tipo sí se hacen, y los
fabricantes saben que eso sucede. A su vez, los fabricantes de armas argumentaron
que no pueden ser culpados penalmente, ya que una ley federal de 2006
protege a los armeros de demandas por personas dañadas por sus productos
y el tribunal aceptó ese razonamiento (ídem).
Al desechar la citada demanda queda al descubierto, por si a estas
alturas alguien lo dudara, la complicidad de los togados gringos con sus
corporativos, y en torno a esto la presidenta Sheinbaum recordó que el
Departamento de Justicia ha reconocido que 75 por ciento de las armas
incautadas en México provienen ilegalmente del país vecino.
Está pendiente otra demanda en contra de expendedoras y distribuidoras de armas, radicada en Tucson, Arizona. La
intención de mi gobierno es insistir y, al mismo tiempo, continuar
trabajando con el gobierno de Estados Unidos; hay receptividad de que se
trata no solo de que no haya paso de estupefacientes desde México, sino
de armas desde Estados Unidos.
Además, dijo, “tenemos un registro muy detallado de cada arma
incautada en territorio mexicano, su número de serie, de dónde viene ( made in USA) y en qué actividad delictiva participó”. Pero la Corte asegura que no hay relación. ¿En serio? Eso se llama complicidad.
Las rebanadas del pastel
Quienes hoy ácidamente cuestionan la elección judicial
son los mismos que no hace mucho defendieron impúdicamente el fraude
electoral (haiga sido como haiga sido), la ilegal compra de votos
(tarjetas Monex y conexos), el pase de charola entre los oligarcas para
financiar candidatos (1993, en casa de Antonio Ortiz Mena) y demás
trapacerías del sistema. Pero hoy se desgañitan y retuercen porque, dicen, la elección judicial fue un engaño y el número de votos ridículo. Y lo gritan quienes en 2006 protegieron y avalaron el descarado atraco de Felipe Calderón y la tesis de que un solo voto hace la diferencia y debe respetarse. Ayer aplaudieron, hoy lloran. Obscenos.
El fiasco del reciente
encuentro de negociadores rusos y ucranios en Estambul que Moscú y Kiev
presentan como muestra de que están comprometidos con la búsqueda de un
arreglo político que despeje el camino hacia la paz, confirma que ambos
quieren imponer una derrota humillante a su enemigo y, por más que
digan que van ganando la guerra para tranquilizar a su parroquia, por
ahora ninguno puede imponer al otro el destino que le tiene reservado:
la capitulación incondicional.
Los memorandos que llevaron a la ciudad turca, oportunamente
filtrados a la prensa en su versión íntegra, sólo contienen exigencias
inasumibles para la otra parte y no ofrecen ninguna concesión para
tratar de encontrar fórmulas de compromiso que acerquen un alto el
fuego. Al margen de la razón que puedan tener o no rusos y ucranios en
cada punto concreto de su hoja de ruta para negociar, queda claro que,
planteados en conjunto y como ultimátum, hacen inviable alcanzar un
acuerdo de paz.
Porque, después de 1200 días que se cumplen hoy, de muertes,
mutilaciones, desplazamientos forzados y devastación innecesarios, ni
Moscú ni Kiev pueden terminar la guerra bajo sus condiciones, a menos
que el Kremlin recurra a su arsenal nuclear, una opción posible pero
improbable por el alto costo que tendría para el presidente Vladimir
Putin dar la orden de exterminar cientos de miles de vidas con un solo
misil.
Convertido Estambul en sitio para el canje de prisioneros de
guerra como único resultado de las negociaciones, hasta ahora 2 mil 200
por bando, Moscú y Kiev apuestan por una guerra de desgaste –el primero,
tratará de conquistar más territorio ucranio, y el segundo buscará
resistir hasta que Rusia no tenga recursos suficientes para financiar su
campaña militar–, y cada vez será más intenso el intercambio de golpes
con misiles y drones en la retaguardia de ambos.
¿Cuánto durará este conflicto bélico? Hasta que se produzcan una
debacle militar ucrania, con la ruptura de sus líneas de defensa en
varios sectores del frente a la vez que permita cercar Kiev o Járkov, o
un cambio de liderazgo en el Kremlin en caso de que Ucrania no se
desplome, la economía rusa colapse y crezca el malestar en la sociedad
al tener que reclutar soldados por obligación y no por dinero.
El final de esta guerra depende de qué suceda primero.
El jueves se confirmó que el
gobierno de Benjamin Netanyahu está entregando armas a organizaciones
criminales y a grupos rivales de Hamas a fin de que hagan el trabajo
sucio de Israel en la aniquilación de los militantes elegidos
democráticamente para encargarse de la administración de la franja de
Gaza. La medida ha sido criticada dentro de Israel por representantes de
todo el espectro ideológico, desde el rival de Netanyahu en la extrema
derecha Avigdor Liberman hasta el izquierdista Yair Golan, pasando por
Yair Lapid, sionista liberal que en el pasado formó parte de una
coalición con el Likud del actual primer ministro.
Liberman, ex ministro de Defensa, denunció que se está armando a
grupos extremistas a los que considera equivalentes al Estado Islámico
(ISIS, por sus siglas en inglés) y señaló lo obvio: nadie puede
garantizar que los dispositivos repartidos por Netanyahu no sean usados
contra Israel. Lapid señaló que la acción, autorizada sin la aprobación
del gabinete de seguridad, es la continuación de las maquinaciones del
líder fascista para radicalizar a las facciones palestinas: desde 2018
hizo transferencias de dinero a Hamas a fin de fortalecerlo frente a
Fatah, heredera de Yasser Arafat que gobierna en el menguante territorio
de Cisjordania, y ahora apoya a bandas más radicales que Hamas en su
intento de desplazarlo del poder, todo improvisado, sin planificación estratégica y con el consiguiente desenlace de nuevos desastres. Golan apuntó a otros hechos evidentes: en
lugar de lograr un acuerdo, de arreglar con el eje sunita moderado y de
traer de vuelta a los rehenes y de garantizar la seguridad a los
ciudadanos israelíes, está creando una nueva bomba de tiempo en Gaza.
Las declaraciones anteriores encajan con hechos como el
asesinato sistemático de los liderazgos moderados de Hamas, quienes no
tenían relación alguna con ataques como el del 7 de octubre con que
Netanyahu justifica el genocidio contra el pueblo palestino. En
conjunto, la actuación del criminal de guerra que guía los destinos de
Israel muestra que nunca ha tenido preocupación alguna por las vidas de
sus conciudadanos ni por la seguridad nacional y por garantizar la
viabilidad a largo plazo de su país, sino que se mueve de acuerdo con
sus intereses y urgencias personales. Está claro que su prioridad reside
en prolongar la guerra a toda costa con tal de postergar la rendición
de cuentas por las múltiples acusaciones de corrupción que pesan en su
contra, y que con tal de alcanzar sus objetivos, está dispuesto a
exterminar hasta al último palestino, pero también a poner en riesgo al
pueblo israelí en cuyo nombre perpetra los mayores crímenes del siglo
XXI.
Por otra parte, es ineludible señalar que el reparto de armas entre
facciones rivales de un mismo pueblo sojuzgado constituye una estrategia
típica de las potencias coloniales racistas, para cuyos dirigentes los
sometidos no son seres humanos. La respuesta de Occidente a la barbarie
desatada por su aliado ha ido de las condenas vacías o el silencio de
Europa a la agresiva defensa de los genocidas emprendida por Washington,
que ha iniciado una persecución implacable contra los cuatro jueces de
la Corte Penal Internacional (CPI) que han tenido el valor de investigar
los crímenes de guerra de Israel.
El reciente fallo de la Corte
Suprema de Estados Unidos es completamente arbitrario y contrario al
Derecho Internacional Humanitario (DIH). El Departamento de Justicia de
ese país ya declaró que tres cuartas partes de las armas incautadas en
México a miembros del crimen organizado provienen de armerías
estadunidenses. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no existían
pruebas concluyentes que vincularan a los cárteles de nuestro país con
los fabricantes de armas. Empero, en los artículos 35 y 36 del Protocolo Adicional I a los
Convenios de Ginebra se establecen las limitaciones que tiene el empleo
de armas y se exige que los países realicen un examen jurídico de
cualquier arma. No obstante, la Corte Suprema en ningún momento
consideró que muchas de estas armas tienen una enorme capacidad
destructiva ni tampoco se ha hecho el análisis correspondiente, pero es
mucho peor, porque las armas que emplean los criminales tienen usos
contra civiles violando con ello los artículos 48, 51 en sus puntos uno,
dos, tres y cuatro (apartado a) y 52 del mismo. Finalmente, la Corte Suprema ignoró la Cláusula Martens, la cual se
introdujo por primera vez en el preámbulo de la Convención de La Haya en
1899 después de los debates en las Conferencias de Paz de La Haya. Lo
más importante de esta cláusula es que, ante la ausencia de
regulaciones, tanto la población civil como los beligerantes serán
protegidos por principios de humanidad y la conciencia pública. No
olvidemos que en México libramos una verdadera batalla desde el sexenio
del ex presidente Felipe Calderón.
Axel Abraham Pensamiento Mendoza
Injustificable, el uso de la violencia de la CNTE
El propósito no justifica la violencia, por más sentido o genuino que este sea, y quien o quiénes la intentan minimizar o encubrir con discursos sobre luchas de clases o efecto de la polarización entre las partes que negocian, simplemente están a favor de ella como argumento para imponer al otro ese propósito. De mi parte, estoy en desacuerdo con la CNTE, sobre el uso de la violencia para manifestar sus demandas y contradicciones en contra del gobierno actual, el cual privilegia el diálogo y la negociación, para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, pero, sobre todo, a la educación en México.
Raymundo Colín Chávez
El SME aclara y se deslinda de acusaciones
A propósito de la nota publicada en La Jornada, “Disidentes del SME denuncian a Martín Esparza…” aclaramos lo siguiente:
1. Nos deslindamos de la larga lista de calumnias de Mario Benítez Chávez, Braulio García, Miriam Estrada, entre otros, con las que dieron contenido a su nota. Falsas acusaciones que ahora tendrán que explicar en tribunales para responder a nuestra demanda por daño moral.
2. A la opinión pública, les informamos que estos sujetos son parte de la corriente política que colaboró con Felipe Calderón en la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009 cuando con tácticas semejantes a las que ahora instrumentan, solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Javier Lozano en nuestro proceso electoral de medio comité central. Hoy a gritos piden lo mismo con su pretensión de judicializar a la dirigencia del SME.
3. La guerra sucia de grupos de liquidados de 2009, actualmente al margen de nuestro sindicato, tiene como propósito enrarecer, desacreditar y deslegitimar nuestro proceso electoral democrático en curso llamando al gobierno a violentar nuestra autonomía y libertad sindical. En 2009 les dio resultados con los neoliberales, ahora vivimos tiempos distintos.
Finalmente, el SME continúa luchando por la reinserción laboral de sus agremiados en el sector eléctrico y brindando solidaridad a la clase trabajadora de México y el mundo.
Martín Esparza Flores, secretario general, y José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior
Invitaciones
Transformación y coyuntura: el momento de la 4T
Brújula Metropolitana invita al conversatorio-debate Transformación y coyuntura: el momento de la 4T. La cita es hoy a las 17 horas, en Misantla 11, colonia Roma Sur (Central Campesina Cardenista), a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec. CDMX.Entrada libre. Informes: 55-5275-6418, brujulametropolitana@yahoo.com
Laura Nava y Fabián Zavala
Firmes ante el genocidio perpetrado por Israel
Desde el principio del vigésimo tercer año de este nuevo siglo y justo hasta el día de hoy, hemos asistido a uno de los episodios más cruentos y abominables que humanidad alguna haya testificado en tiempo real a lo largo de su existencia, como lo es la matanza perpetrada por el ejército sionista de Israel contra el pueblo de Palestina.Pedimos al actual gobierno, para bien de la humanidad, que tome una posición más firme ante este nuevo holocausto.Te esperamos este domingo en nuestro plantón en el Ángel de la Independencia de las 12 a las 14 horas.
Alberto Escalante, Arturo Robledo, Francisco Rosas, Rogelio Rueda, Javier Bautista, Pablo Moctezuma, Norma Mendoza, Ignacio Hernández, María Elena Chávez, Guillermina Torres Columba Jiménez, Josefina Mena y Gilberto García
Opinióndel periódico La Jornada sábado 7 de junio 2025
Sin el apoyo de otros
gremios, con su demanda principal, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) abrió con resonancia nacional un
debate indispensable: revisar la neoliberal reforma
Calderón-Beltrones-Issste de 2007 y la Ley-Zedillo-IMSS de 1997 frente a
un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que no paga pensiones dignas
(Afore). Para intentar mantenerlo en pie, las administraciones López
Obrador/Sheinbaum y sus mayorías parlamentarias aprobaron ajustes-parche
que destinan crecientes subsidios fiscales vía una pensión mínima (IMSS
2020) y el Fondo de Pensiones para el Bienestar (IMSS/Issste 2024),
pero que no atienden el fondo de la principal demanda levantada por la
CNTE: ¡pensiones dignas para todos!, ¡ni vacaciones adicionales ni
letras de oro en muros legislativos!
En el plexo central de la seguridad social que demanda la CNTE están
los jóvenes y sus pensiones dignas. Toda la técnica y norma jurídica al
servicio de este rediseño ubica como su eje a los trabajadores con
derecho a pensiones que garanticen ingresos dignos en el retiro, justo
lo contrario que hizo la tecnocracia al servicio del Prian al imponer la
privatización del IMSS buscando presuntamente incrementar la tasa de ahorro interno, la inversión productiva nacional, la generación de empleo,
para así disminuir pasivos pensionarios y su costo fiscal (Zedillo-IMSS
1997), abriendo simultáneamente el lucrativo mercado financiero privado
de Afore más aseguradoras especializadas en pensiones y 10 años después
repitiendo la irresponsable aventura en la reforma espejo al Issste de 2007.
Hasta ahora, las administraciones López Obrador y Sheinbaum han
perdido la oportunidad de poner toda la técnica y norma jurídica a la
altura del potente reclamo social que exige intervenir en el asunto
público. Los dos ajustes-parches AMLO: IMSS (2020), en especial el
cuestionado, financieramente inestable y de pobre manufactura y diseño,
Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB 2024: IMSS/Issste), mantienen
sólo de palabra la promesa incumplida de ambos para corregir de raíz el profundo agravio pensionario neoliberal.
Ciertamente, el FPB no es un régimen que garantiza pensiones justas, incluso mejor que regresar al régimen de 2007,
como afirmó la presidenta Sheinbaum (conferencia matutina, 26/5/25). Es
un fondo capitalizable, constituido con recursos de retiro y vivienda
de trabajadores con cuentas inactivas en el SAR, más otros recursos
públicos inciertos e inestables. Su decreto ( DOF,1/5/24) advierte que su fin principal es procurar que los trabajadores alcancen una pensión igual o menor a 16 mil 777.68 pesos (actualizable a la inflación), reciban un complemento
para que su pensión sea igual a su último salario, hasta por ese monto.
El decreto devela su limitado alcance: los recursos para complementar
las pensiones estarán sujetos a la suficiencia financiera del patrimonio del fondo.
Además, este parche beneficia con poco a muy pocos en el corto plazo,
pero en el mediano y largo conllevará una creciente presión fiscal.
Un desafinado coro de voces del secretario Mario Delgado (siempre con
acordeón); Martí Batres, director del Issste, y Luisa María Alcalde,
desde Morena, confirma el profundo desconocimiento gubernamental sobre
el asunto público que, con sus inexactas, confusas e imprecisas
exposiciones no tapan la realidad: que el FPB 2024 no es la solución.
Es, más bien, un nuevo problema: más dinero bueno al malo. Pero peor
aún, ese desafinado coro pretende cerrar, con un parche, la seria
discusión del asunto para todo el sexenio y ¡a lo que sigue! Una vil
ilusión.
¡No! El FPB no paga pensionespara el Bienestar, como se insiste sin precisión desde Palacio Nacional: complementa
las bajas pensiones mínimas garantizadas, así como las escasas y muy
pobres rentas vitalicias derivadas del sistema Afore, con un tope máximo
que en nada dignifica el retiro ni garantiza pensiones justas. El FPB representa un creciente subsidio público que apuntala el sistema privado Afore: no es mixto ni mucho menos solidario.
Afirmar lo contrario es propaganda. Rediseñar las pensiones
neoliberales entraña complejidad técnica, jurídica, presupuestal y
financiera. ¡Claro! Pero para eso está la nueva administración Sheinbaum
con la enorme diferencia, respecto al neoliberalismo, de que su
oportunidad histórica puede poner toda la técnica y norma jurídica en
beneficio real de los trabajadores con mejores pensiones, trabajos y
salarios.
La CNTE refrendó que su movimiento es por la razón y el derecho. Ello
ilumina el urgente rediseño de las pensiones de los trabajadores al
servicio del Estado. Después de cerrar el diálogo con ellos, sólo por
motivos presupuestales, la presidenta Sheinbaum podrá exhibir programas
sociales, acciones de vivienda y trenes, pero nunca pensiones justas,
sino parches: ciertamente, un muy severo pendiente sexenal. Al menos
que opte por encabezar ese urgente rediseño contando además ahora con
una SCJN que, por primera vez, impartirá verdadera justicia social.
Es una equivocación del
gobierno de Claudia Sheinbaum asumir que ha triunfado porque la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retira
del Zócalo. La coordinadora mantiene su fuerza intacta y la rebelión se
ha extendido por todo el país. Hoy está en manifestaciones contra la Ley
del Issste en Hermosillo, Zacatecas, Mérida, Ciudad Juárez, San Luis
Potosí, Valladolid, Fresnillo y en los estados de Jalisco, Morelos,
Durango, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Además, gana fuerza porque, como
dice su documento de partida, con su movimiento ha desenmascarado que la 4T no está del lado de los trabajadores.
Esta pequeña frase representa un mundo, un cambio de rumbo en la
apreciación de un gobierno, cuyo efecto no es notorio de inmediato, pero
es el comienzo de un paulatino y callado deterioro y, lo más
importante, desde dentro, en el corazón del proceso educativo de una
enorme masa de estudiantes y familias.
Con más de 30 millones de estudiantes y casi 2 millones de
profesores, su valor es estratégico. Después de la Revolución de 1910,
ha sido en la educación en la que se han generado muy importantes
movimientos y, por eso, también las más fuertes y sangrientas
represiones, a fuerza de repetirse, le han dado un tono antigobiernista.
Además del 68 y el 10 de junio, el encarcelamiento y juicio contra más
de mil estudiantes de la UNAM en 2000, los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa en 2014 y, como un goteo constante, el asesinato de
estudiantes cada año e incluso en este 2025.
Los profesores que ahora regresan a sus estados, parafraseando a
Adolfo Gilly, no son los mismos que llegaron al Zócalo en 2016 y en mayo
pasado. Los primeros pudieron estar, durante meses, rodeados de
policías militarizados, y los segundos marcaron su presencia con fuertes
y masivas manifestaciones durante casi un mes: coparon terminales del
aeropuerto, cercaron con sus tiendas y plásticos el Palacio y, también,
mostraron su enojo profundo ante una ley injusta e indignante. Y el
gobierno se ausentó no sólo de las calles, sino también de la mesa de
negociación al declarar que no había nada más que discutir. Y se
ausentó, además, porque sabía que lo peor sería reprimir. Y por ausente,
perdió.
Es también una equivocación de las autoridades universitarias asumir
que con dureza es posible prevenir el impacto que tiene en los
estudiantes y trabajadores la presencia políticamente beligerante del
magisterio. Lo ocurrido hace unos días en la UAM Xochimilco lo ilustra
bien. De manera sorpresiva y aludiendo irregularidades tan graves
como que se publicaran más ejemplares que los aprobados (!), las
autoridades rectoría-División de Ciencias Sociales y Humanidades
obligaron a renunciar a un trabajador (Miguel Ángel Hinojosa), quien
durante 27 años y con sólo dos personas más venía publicando un promedio
de 40 libros cada año (más que ninguna otra división de la UAM).
Con esto, las autoridades ”recuperaron” el control de un área que es
importantísima, pues de ahí depende la publicación del trabajo de
cientos de académicos. Pero el tono simbólicamente tan violento de esta recuperación
(como si esa área se hubiera vuelto independiente) ha generado enojo y
preocupación entre las y los profesores no sólo por el trato indigno a
un compañero trabajador, egresado de la carrera de comunicación de la
UAM, sino porque ha traído incertidumbre e incluso temor de represalias
entre las y los docentes que han firmado cartas de apoyo y sin resultado
se han entrevistado con dichas autoridades.
La incertidumbre y el temor se potencian aún más si se tiene en
cuenta que en un documento que discretamente se distribuye entre
trabajadores se hace un recuento de los despidos y abusos en esa
división en los últimos meses. Algo que se interpreta –no sin razón–
como un esfuerzo por acomodar fichas ante el proceso de elección de
rector general (julio) y el de la unidad Xochimilco (noviembre). Una
coyuntura que como nunca muestra la bancarrota que han sufrido las
posibles candidatas a esos puestos (rectoras de Azcapotzalco e
Iztapalapa) debido a su agresivo trato a estudiantes que mediante paros
protestan por medidas unilaterales. Y las autoridades de Xochimilco que,
con una excepción, habían asumido un notable tono conciliador, ahora se
suman a la campaña hostil contra trabajadores y están generando un
clima tan inhóspito que será muy costoso para la UAM, para su trabajo
académico y su imagen ante la sociedad.
Perdido el rumbo y el carácter de faro reflexivo y de amplios
horizontes de la universidad pública y autónoma, ahora queda la lucha
encarnizada por el poder, con la agravante de que la designación de
rector la hacen nueve personas y en secreto. Así, sin pretenderlo
realmente, el movimiento magisterial ha contribuido, además de mostrar
la pobreza de los pequeños grandes intereses gubernamentales (no
perturbar al capital), también los de las autoridades de las
instituciones (ganar puestos).
Una sociedad que
convive con grados inauditos de violencia cotidianamente, corre el
riesgo de dejar de percibirla. En marzo pasado, mientras parte de la
sociedad mexicana vivía el shock de los hallazgos de Teuchitlán, y en algunos medios de comunicación y redes sociales se discutía si era más grave un campo de exterminio que un campo de concentración,
o políticos de uno y otro signo utilizaban la tragedia para golpearse
entre ellos, en Oaxaca el horror encontraba otras formas de expresarse.
La noche del domingo 2 de marzo de 2025, los cuerpos de nueve jóvenes
reportados como desaparecidos fueron encontrados a la altura del
municipio poblano de San José Miahuatlán, muy próximo a Oaxaca. Los
jóvenes, que habían ido a Zipolite y Huatulco, fueron encontrados con
huellas de tortura y otros horrores inefables. Las denuncias e
investigaciones que siguieron derivaron en la detención de policías y
otros funcionarios por su presunta participación en el crimen. Hasta el
día de hoy, no se han aclarado los hechos.
Algo anda mal en Oaxaca, insisten desde hace tiempo pueblos y
organizaciones. Algunas de ellas identifican el incremento de las
violencias con el inicio del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, lo que en los hechos se traduce también en la disputa por
nuevas rutas y mercados para las economías criminales. De acuerdo con el
monitoreo que realiza la organización Educa–Oaxaca, Todos sus nombres, Todas sus luchas,
entre diciembre de 2022 y agosto de 2024, al menos 18 personas
defensoras del territorio fueron asesinadas en el estado, todas ellas
pertenecientes algún pueblo originario. A esto hay que sumar otros
nombres de personas asesinadas, como el de Wilfrido Atanasio, Victoriano
Quirino y Abraham Chirino, integrantes de la Unión de Comunidades
Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), ejecutados en febrero de
2025.
Ucizoni es una de las organizaciones más emblemáticas de la región,
que se ha mantenido independiente y movilizada frente a la imposición
del Corredor del Istmo, ya sea cuando era impulsado por gobiernos del
PRI, del PAN, y también ahora con la autodenominada Cuarta
Transformación. En 2023, Ucizoni ya había vivido la represión por parte
de la Guardia Nacional, la policía estatal y miembros de la Secretaria
de Marina, cuando estos últimos desalojaron el Campamento Tierra y
Libertad, integrado por campesinos mixes afectados por las obras del
ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Apenas en abril pasado,
organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales denunciaron la
persistente criminalización en contra de 24 personas indígenas ayuujk y
binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio
de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa, todas ellas
relacionadas con acciones de protesta por las afectaciones de las obras
de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico. En Oaxaca, las
personas defensoras del territorio corren el riesgo de ser
criminalizadas o incluso, perder la vida.
Las violencias que se han intensificado en Oaxaca también tienen un
matiz de género. De acuerdo con la organización Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y Equidad, desde el 1º de diciembre de 2022, en lo
que va del gobierno de Salomón Jara, 915 mujeres tienen reporte de
ausencia, mientras se alcanzan 241 feminicidos en el mismo periodo.
Destacan los casos de Sandra Domínguez, desaparecida junto a su pareja
desde el 4 de octubre de 2024, y quienes fueron encontrados sin vida en
abril de 2025. Sandra, de origen mixe, había denunciado una red de
pornografía que alcanzaba a personas que laboran en distintas
dependencias de gobierno. Igualmente está el caso de Claudia Uruchurtu,
quien había denunciado casos de corrupción en el municipio de Nochixtlán
entre 2019 y 2021. Claudia Uruchurtu escribió cartas al entonces
presidente López Obrador, a quien era la secretaria de Gobernación en
ese tiempo, Olga Sánchez Cordero, y también al entonces gobernador del
estado, Alejandro Murat. Nadie atendió sus denuncias. El 26 de marzo de
2021 Claudia fue víctima de desaparición forzada.
Algo anda mal en Oaxaca, insisten desde hace tiempo pueblos y
organizaciones. Como en otros puntos del país, las economías criminales
se van expandiendo con grandes corporaciones criminales que suman a sus
filas a pequeñas y medianas bandas locales. El huachicol, el
tráfico de drogas, la extorsión, los feminicidios, el tráfico de
personas migrantes, la desaparición de personas, las ejecuciones por
encargo y otros negocios más, son parte de la realidad cotidiana. La
penetración a estructuras de gobierno es inevitable: así garantizan su
operatividad. El problema se agrava porque esas violencias criminales se
entrelazan con otras violencias de Estado y ponen en mayor riesgo a
toda la sociedad, pero particularmente a quienes defienden el territorio
y los derechos humanos.
Loco mayor diplomado, titulado y togado en los mejores manicomios del mundo y de Sonora, con título registrado.
Alejandro Suárez Ibarra (Hermosillo, Sonora 1924-Ciudad de México 2002), El Loco Suárez,
es uno de muchos personajes de la izquierda del siglo XX que, por
decisión propia, permanecieron al margen de la historia oficial, lo que
le permitió moverse en distintos niveles de la lucha social, hilando en
su camino historias de múltiples movimientos sociales trascendentes para
la historia mexicana.
De ascendencia yaqui, sobrino nieto de Adolfo de la Huerta, con
herencia militar de padres y abuelos; secretario particular del líder
campesino Jacinto López, la izquierda enarbolada por Alejandro se
alimentó de largas experiencias en luchas campesinas, organización
popular, militancia revolucionaria, lo indígena y lo militar, con la
impronta rebelde del ser sonorense.
Los sonorenses sufrieron proezas militares de los mayores
despojadores de México. Hubo una corriente histórica, después de que los
gringos nos arrancaron la mitad del territorio, que creía ilusoriamente
que podían despojar a México de más superficie de su territorio. Pero
el rechazo a estos aventureros fue de los sonorenses, por eso el
sonorense es así. Mi generación tiene una natural tendencia a lo
militar, de ahí la fama de atrevidos y locos que tenemos. Somos gente
muy temeraria.
Vivió de los 10 a los 13 años en las Islas Marías, donde su padre,
Emilio Suárez, se mudó con la familia para trabajar como maestro
electricista; sus primeros contactos con delincuentes y presos políticos
marcaron su memoria. Su padre murió en las Islas Marías, en una
epidemia de meningitis cerebral.
De joven, escritor popular o evangelista en la plaza de Santo Domingo; la flecha le decían al escribano veloz y eficiente; escritor mordaz e imaginativo de teatro guiñol y radio con Don Ferruco u Omar Jasso, El Mocosón. Sus cuentos y relatos de aquella Ciudad de México; su novela autobiográfica El Chiriafas, relato poetizado sobre un periquillo sarniento
del siglo XX, perdido entre gran parte de su obra cuando Alejandro es
secuestrado por la Brigada Blanca a principios de los años 70.
Volver a comenzar con el ideal que no muere. No me importa que me
roben de nuevo mi archivo, o me amenacen otra vez de muerte; no
importa, volveré a unir los hilos rotos para engarzar nuevos planes.
Se consideraba escritor sin libros, publicando en la prensa,
con frecuencia bajo seudónimo, escritos que revelan su conocimiento
profundo de las luchas por la tierra en Sonora, redactando cartas,
comunicados y oficios de Jacinto López, hombre de masas de Lombardo
Toledano; en las guerrillas de inspiración magisterial en Chihuahua y
Guerrero; coordinando tareas con Álvaro Ríos, Arturo Gámiz y los Gaytán;
riendo y conspirando durante largas noches con Lucio Cabañas; militando
en la UGOCM y en la CCI original, surgida del Partido Popular y el
Partido Comunista. La de Alejandro, es una historia ligada a las
demandas indígenas, obreras, campesinas, pero también al descontento
juvenil, magisterial, ferrocarrilero, de colonos urbanos en lucha por un
espacio para vivir.
Un particular hombre de letras, poeta que cantó a los guerrilleros y a
la naturaleza con lenguaje sencillo y profundo, como en su poema
desconocido Lucio Árbol:
En el paisaje se confunde el guerrillero /El techo de su casa es
la bóveda celeste / Y las piedras pulidas son sus sillas / En la
cercanía sonora del arroyo.
Trabajé en radio, en cine; fui mecanógrafo de Juan de la Cabada, de José Revueltas. Colaboré en la revista Cine verdad ; en Tele revista de los cómicos porque a mi me gustó mucho la comicidad.
Su incursión en el periodismo de izquierda durante su labor con
Jacinto López le abrió a Alejandro las puertas de organizaciones
periodísticas internacionales, como la Organización Internacional de
Periodistas, que tuvo un importante papel político entre los años 40 y
50. En las luchas por el suelo urbano en Héroes de Padierna, redactaba
también notas y reportajes.
Jacinto me llevó con Alejandro Carrillo Marcor y con el segundo director de El Popular . Ahí me inicié en el Partido Popular. Anduve en El Nacional y La Afición ; en lo de Héroes de Padierna hice varios reportajes en Por Esto . No cobrábamos, pero me ofrecieron plana, y luego Sucesos para todos , ahí escribí en cuatro edicioncitas, sobre los obreros agrícolas, y Teatro indígena en Chiapas; un teatro que fundó la Conasupo. [0382].
Varias deudas tenemos con luchadores como Alejandro, como el rescatar
sus textos y reconstruir su pensamiento libertario, para la comprensión
histórica de la izquierda, de las luchas actuales por el territorio y
la justicia y también, al conocimiento de sujetos que ejercieron su
militancia desde la honestidad.
Yo no necesito apabullar a nadie. Basta con la mirada. El que más
dice que es un cabrón, no es nada. Sólo las madres lo conocen
verdaderamente a uno. Vete a saber de dónde vendré.
¡Bravo Lula en tu condenasin matices al genocidiode Netanyahu contrael pueblo palestino!
Como proponía en mí entrega
anterior, las nuevas relaciones internacionales –y en esto me acerco a
la teoría realista de Mearsheimer– no se basan en reglas donde todos
ganan, o donde uno gana y los demás pierden, sino donde todos pierden y
la lógica es calcular quién pierde más.
Para avanzar en esa dirección en esta entrega reflexiono sobre el
nuevo tipo de capitalismo de Estado. Las notas que siguen condensan las
ideas contenidas en Ilias Alami y Adam Dixon, The Spectre of State Capitalism, Oxford University Press, 2024; y en una entrevista que dio Ilias Alami a la publicación Le Grand Continent, mayo 23 de 2025.
Propiedad estatal. Desde 2000 se asiste a un fuerte retorno. Los
fondos soberanos son sin duda lo más visible. Estos fondos de inversión
propiedad de los Estados se han convertido en actores importantes en los
mercados financieros mundiales. Se estima que hay un total de 179, casi
siete veces más que hace 20 años. Los activos que controlan han pasado
de menos de un billón de dólares en 2000 a más de 12.4 billones en 2024.
Empresas. Las empresas estatales también han experimentado un cierto
renacimiento. Han ganado influencia en la economía mundial, en sectores
tan diversos como el transporte, la ingeniería, la construcción, la
minería, la agroquímica, los servicios públicos, las telecomunicaciones,
la industria, los semiconductores, la metalúrgica y la industria
aeroespacial. A menudo se caracterizan por estructuras de propiedad
híbridas, que combinan accionistas privados y propiedad estatal parcial.
El Fondo Monetario Internacional estima que las empresas estatales
representan hoy en día 20 por ciento de las 2000 empresas más grandes
del mundo, es decir, el doble que hace 20 años. Por último, se ha
producido una proliferación de fondos estatales de capital de riesgo,
bancos públicos y bancos de desarrollo, tanto en los países ricos como
en los del sur. Según una estimación reciente, en la actualidad existen
más de 900 bancos públicos en todo el mundo, que controlan más de 49
billones de dólares en activos.
Los impulsos. Hay múltiples razones por las cuales se da este
crecimiento vertiginoso del nuevo capitalismo de Estado. Para Alami hay
cinco razones básicas, entre ellas la carrera por el liderazgo
tecnológico y la competencia por atraer capital internacional. En este
ámbito debe señalarse que tanto en los países ricos como en los del sur
la creación de territorios competitivos y su inserción en esta nueva configuración geográfica del capitalismo mundial se ha convertido en una prioridad estratégica.
Sobrecapacidad. Hay un tercer tipo de factores relacionados con el
exceso de capacidad industrial crónico y la desaceleración del
crecimiento económico mundial, especialmente después de 2010. Se ha
generado un fenómeno de sobreproducción industrial y hay dificultades
para absorber lo producido en una amplia gama de sectores, que van desde
la extracción hasta la industria pesada, pasando por la industria
manufacturera y los paneles solares.
La geopolítica. Las transformaciones de la estructura geográfica de
la economía mundial han dado lugar a una nueva multipolaridad del poder y
de la actividad económica. Este contexto ha sido propicio para el
desarrollo de formas virulentas de nacionalismo económico, que articulan
el interés económico con la seguridad nacional y adoptan una retórica
donde los competidores económicos son amenazas para la soberanía de la
nación. Este renovado nacionalismo económico no duda en movilizar la
propiedad estatal para establecer un control político sobre sectores
estratégicos. Tampoco duda en aplicar medidas de sanciones comerciales.
En mi siguiente entrega reviso las guerras que se están dando en el
mundo, aquellas promovidas por la estrategia de aranceles del presidente
Donald Trump y las guerras calientes en Ucrania, Palestina y Sudán,
sólo por mencionar algunas, en el contexto del nuevo capitalismo de
Estado.
-.-La
conocí junto con otras mujeres. Y es que su nombre no iba solo. Suele
suceder. En la Historia, esa que se escribe con mayúsculas, el nombre de
algún hombre llena páginas enteras. En cambio, los nombres de las
mujeres van unidos en hilera, como perlas unidas en un collar; y eso,
cuando logramos desenterrarlos.
