Lydia Cacho Plan B
13 de octubre de 2008
En Nuevo León saben que también las jueces y el DIF se venden para defender a los agresores y pederastas “Karina” (nombre ficticio para su protección) y sus dos hijos son golpeados por su esposo Javier. Está armado y jura que si ella pide el divorcio los mata a ellos primero y luego la asesinará a ella.
Javier Cano Sánchez, dueño del Bar Tívoli en Monterrey acababa de confesar a su esposa que él está enamorado de otro hombre, con quien mantiene una relación. La mujer huyó. Había escuchado en la radio sobre Alternativas Pacíficas, asociación civil fundada hace 12 años con un modelo de atención gratuito, reconocido por la ONU. Cuenta con un centro de atención a víctimas y dos refugios de alta seguridad donde las mujeres y sus hijas viven, mientras llevan a cabo procesos jurídicos, sicológicos y de salud; donde reconstruyen sus vidas. Fue fundada y dirigida durante años por Alicia Leal, y dio pie a la creación de la Red Nacional de Refugios.
Miles de personas han salvado su vida gracias a este y otros refugios similares en México. “Karina” confiaba en que su vida sería resguardada. Advirtió a la trabajadora social que su esposo tiene influencias en el gobierno del estado, que es capaz de cualquier cosa.
Las abogadas le aseguraron que en los 12 años del refugio jamás una mujer había corrido peligro bajo su protección. Lo que no le dijo a la usuaria, es que quienes sí corren peligro todos los días son las trabajadoras sociales, las abogadas y la directora que las protegen.
Normalmente las amenazas vienen de los esposos o de un judicial pagado que se presentan en las oficinas a reclamar que les devuelvan a su mujer e hijos. Pero hasta ahora no habían registrado agresiones directas de parte del Poder Judicial. Por lo menos hasta hace una semana, cuando la jueza Novena de lo Familiar en Monterrey, Luz María Guerrero Delgado, hizo el trabajo sucio a favor de Javier Cano, el esposo de “Karina”.
La magistrada llegó a las oficinas de Alternativas Pacíficas, entró acompañada de policías armados y de agentes ministeriales, encerró a la directora en una oficina y la amenazó para que les llevara al refugio en donde estaban “Karina” y sus hijos.
La directora insistió en el peligro que corrían los niños y la mujer con el agresor. Pero la jueza la obligó a desplazarse a Refugio, sin orden de aprehensión, para poder franquear la puerta y arrebatar a los niños de su madre. Uno de ellos había denunciado a su padre por abuso sexual hace un año; al DIF no le importó.
Nunca mostraron documentos que dieran cuenta de la legalidad del operativo, ignoraron el amparo que protegía a las víctimas. Los refugios fueron reconocidos como parte del Sistema Nacional de Salud Pública el sexenio pasado.
Alternativas ha recibido una veintena de reconocimientos por su labor en defensa y protección de las mujeres. Ahora los pequeños y su madre están fuera de Refugio, y serán forzados por el DIF a ver a su agresor, quien las tiene amenazadas de muerte.
Las mujeres de Nuevo León saben que también las jueces y el DIF se venden para defender a los agresores y pederastas. Algo se está pudriendo en el sistema de justicia penal mexicano. Que la jueza sea investigada es lo menos que podemos exigir, que la mujer, sus hijos, y su abogado sigan con vida es lo mejor que podemos
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