La redacción
MÉXICO, D.F., 11 de mayo (apro).- Expertos de la Organización de Naciones Unidas (
ONU) expusieron hoy su “grave preocupación” por la llamada ley antiinmigrante (SB 1070) promulgada en Arizona, Estados Unidos, porque, en su opinión, afecta a inmigrantes, minorías y a grupos indígenas “que potencialmente los podría someter a un trato discriminatorio”.
Integrado por el relator especial sobre derechos de los inmigrantes, Jorge Bustamante, y el relator especial de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, Githu Muigai, el grupo de expertos instó a los gobiernos de Arizona y de Estados Unidos a “garantizar que la ley de inmigración esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos”.
Además, exhortaron al gobierno de Barack Obama a no diseñar, ni realizar ningún mecanismo para controlar la migración sin considerar los derechos de las personas a estar libres de discriminación y de tener acceso a su patrimonio cultural.
“Todas las medidas deben ser adoptadas para promover la tolerancia máxima y aprecio por la diversidad étnica y cultural en el sistema educativo”, subrayaron los defensores de los derechos humanos de la ONU.
Para los expertos, la ley Arizona es “un modelo perturbador de la actividad legislativa hostil hacia las minorías étnicas e inmigrantes ha sido establecido con la adopción de una ley antiinmigrantes que quizá permita acciones de la policía en las que se ponga como blanco a individuos la cual toma como base el aspecto étnico”.
De igual forma, manifestaron su preocupación por las “normas vagas y lenguaje peligroso de la ley antiinmigrantes que plantea serias dudas sobre la compatibilidad de la ley con los tratados internacionales de derechos humanos de los que Estados Unidos es parte”.
Los defensores de derechos humanos criticaron el hecho de que la ley de Arizona permite que los agentes del orden determinen el estatus migratorio de una persona a partir de una “sospecha razonable” de que están en el país de manera ilegal.
Los expertos en migración, minorías y pueblos indígenas, racismo y derechos culturales y a la educación advirtieron que además esta ley permite arrestar a una persona sin una orden judicial si el oficial tiene alguna razón para creer que la persona es un extranjero ilegal.
“Además convierte en un delito el hecho de que una persona esté ilegalmente en el país, penalizado con seis meses de cárcel y dicta que las personas indocumentadas son culpables de traspasar el territorio estadunidense”, subrayaron.
“Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación”, dijeron.
“Las normas internacionales exigen que la detención se utilizará tan sólo como medida excepcional, justificada, estrictamente personal y proporcional en cada caso concreto, y que será sujeta a revisión judicial”.
La ley Arizona “específicamente apunta a los trabajadores que van por el día convirtiendo en un crimen el hecho de que los indocumentados soliciten trabajo y para cualquier persona contratar o tratar de contratar a un inmigrante indocumentado”, lamentaron.
“La ley puede conducir a detener y someter a interrogatorio a las personas principalmente con base en sus características étnicas”, observaron los expertos independiente de la ONU.
“En Arizona, las personas que parecen ser de origen mexicano, latinoamericano, o de origen indígena se encuentran especialmente en riesgo de ser blanco en virtud de la ley”, advirtieron.
Asimismo, los defensores reprobaron el hecho de que es una ley “que suprime programas escolares prohibiendo enseñar la historia y cultura de las minorías”, cuando toda persona tiene derecho a tener acceso a su historia cultural y a su lenguaje.
Más aún, “Los estados tienen la obligación no sólo de erradicar la discriminación racial, sino además tiene la obligación de promover un ambiente económico y político que conduzca al respeto de la diversidad étnica y cultural”, concluyeron los expertos de la ONU, entre quienes figuran también el relator especial de la situación de derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas, James Anaya; la experta independiente en derechos culturales, Farida Shaheed; el relator especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muños Villalobos; y el experto independiente en asuntos de minorías, Gay McDougall.
El Universal
CHIHUAHUA Martes 11 de mayo de 2010 .
Durante la VII Reunión Anual Binacional, los gobernadores de Nuevo México y Chihuahua manifiestan su rechazo y preocupación a la reciente aprobación de la ley
Los gobernadores de Nuevo México y Chihuahua, Bill Richardson y José Reyes Baeza, fustigaron la reciente aprobación de la polémica Ley SB1070 en Arizona, que fue el punto central de la VII Reunión Anual Binacional entre ambas entidades celebrada en esta capital.
Los mandatarios manifestaron su enérgico rechazo y su preocupación a esa disposición.
"Estoy profundamente preocupado con el impacto de la Ley SB1070 y estoy pugnando por una reforma migratoria integral", dijo el gobernador de Nuevo México.
Se refirió a una reforma migratoria que incluya medidas de seguridad en la franja fronteriza, la ejecución de las leyes laborales de los Estados Unidos y un proceso estricto pero justo para legalizar a los aproximadamente 12 millones de trabajadores indocumentados en su país.
A su vez, el gobernador de Chihuahua reiteró su rechazo a "esta ley que criminaliza la inmigración que establece penas de cárcel y multas administrativas a quienes no acrediten su estancia legal pues no es la mejor manera de responder a un fenómeno que es consecuencia de la globalización de la economía y que resulta violatoria de los derechos humanos al autorizar detenciones con base en el perfil racial".
Richardson dijo que el tema de la migración es el punto principal de atención en la agenda bilateral México-Estados Unidos.
"Estoy sumamente preocupado por el impacto que la Ley SB1070 puede causar y estoy impulsando una reforma migratoria integral", comentó a su llegada a la ciudad de Chihuahua.
Dirigiéndose a la comisión, el gobernador de Nuevo México hizo también un llamado a llevar a cabo una reforma migratoria integral, incluyendo medidas de seguridad en la franja fronteriza, ejecución de las leyes laborales de los Estados Unidos y un proceso estricto pero justo para legalizar a los aproximadamente 12 millones de trabajadores indocumentados que actualmente residen en los Estados Unidos.
Los gobernadores de Nuevo México y Chihuahua emitieron un comunicado conjunto de la VII Reunión Anual Bilateral de la Comisión Nuevo México-Chihuahua, donde destacaron los avances obtenidos por este organismo binacional.
Se precisó que la comisión ha trabajado en conjunto para enfrentar retos importantes de la región fronteriza compartida, entre otros, coordinar simulacros y entrenamientos binacionales en respuesta a la pandemia de la influenza AH1N1, así como los riesgos a la seguridad fronteriza y la promoción del comercio trasfronterizo.
En materia de seguridad, se estableció una mesa de trabajo con el fin de abordar asuntos de este rubro, que incluyen ejercicios de entrenamiento conjunto, el intercambio de unidades de radio para el constante intercambio de información entre las corporaciones policíacas y un programa de intercambio de información para la búsqueda y captura de criminales que utilizaban la frontera para evadir la justicia. ..
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