mexicano, que lo critican de manera cada vez más abierta, busca ahora cobijo –y consejo– en la ultraderecha y las trasnacionales de España y Europa.1. La Casa Blanca ha ido tomando, ahora con rapidez, distancias del gobierno de Felipe Calderón en los últimos días, y tras el anuncio que hizo el presidente estadunidense Barack Obama de su Estrategia Nacional de Control de Drogas el martes 11, la escalada de declaraciones adversas al gobierno calderonista no se hizo esperar, iniciándola el embajador Carlos Pascual, quien ese mismo día, y a sólo una semana del viaje del panista a Washington, declaró nada menos que la inseg
uridad en México preocupa a los inversionistas
.
2. La derecha mexicana reaccionó a su vez muy pronto ante el anuncio del cambio de estrategia de Estados Unidos, aun antes que el gobierno calderonista, y así, por ejemplo, la empresa Televisa organizó un debate el mismo miércoles 12 por la noche para discutir lo que estaba pasando y en especial para plantear ladinamente la cuestión de si lo que estaba lesionando a la economía nacional y dañando la imagen de México eran las políticas oficiales de lucha contra el narcotráfico o la imagen que los medios estaban dando de la situación.
3. Los funcionarios de la administración de Obama, como se halla documentado, no se han cansado de desaprobar una y otra vez la forma en la que el gobierno panista ha instrumentado las políticas dictadas por Washington para la supuesta guerra contra el narco, pero las últimas declaraciones de Hillary Clinton (secretaria de Estado) no dejan lugar a dudas. Clinton expresó el miércoles 12 de manera contundente a un grupo de emisarios de Calderón, asistentes a la reunión del Consejo de las Américas, que México carece de una estrategia efectiva en la lucha antinarcóticos
, y tras señalar que la brutalidad y barbarie de los traficantes de drogas se halla más allá de lo imaginable
, les hizo ver lo que otros funcionarios de la administración de Obama han tratado de expresar de diversas maneras a funcionarios mexicanos: que hay en ellos una clara ineptitud para enfrentar el problema.
4. La violencia ciega desatada por Calderón en el país al utilizar inconstitucionalmente como policías a las fuerzas armadas, y que ha generado un altísimo costo de vidas amén de haber permitido un mayor control de Washington sobre México, está dejando, en fin, insatisfecho a Estados Unidos y no le ha servido a él, como pretendía, para ninguno de sus fines políticos, personales y facciosos, al creer que con ella podría legitimarse
y tener el aval de Washington para mantener un clima de terror en el país a fin de poder imponerle como su sucesor a otro panista. La redefinición de las políticas estadunidenses agarró a Calderón en curva, cuando más entusiasmado se hallaba en poder continuar con su escenario de violencia, y llevarlo como sueña hasta el 2012, y ahora tendrá que repensarlo, bajo la premisa de que sus años de servilismo hacia Washington de poco le han servido.
4. El titular del Ejecutivo federal tiene en México, conforme al artículo 87, la alta responsabilidad de hacer guardar
la Constitución Política, lo que supone que al ejecutar las leyes
, conforme le manda el 89 constitucional, debe de manera prioritaria velar por los derechos de los mexicanos, la soberanía de la nación y la integridad del Estado; pero Felipe Calderón ha hecho todo lo contrario en todos los ámbitos, principalmente en materia de seguridad y de energía. En su afán por acelerar el sometimiento de México al modelo neoliberal, el gobierno panista de facto a su cargo ha intentado por todos los medios entregar las riquezas estratégicas de la nación a las multinacionales con las que contrajo compromisos en su campaña, se ha empeñado en destruir el aparato estatal con todo el fanatismo privatista del PAN y no ha dudado para ello en violentar los derechos fundamentales, individuales y sociales, de los mexicanos.
5. Las políticas anti narco de Calderón, consideradas inefectivas por Washington, han llevado sin embargo a México a un escenario de absoluta ilegalidad, creando una crisis sin precedente, pues el gobernante de facto panista, como lo ha hecho en otros ámbitos, se ha empeñado en su guerra contra el narco en violar la Constitución que protestó cumplir.
6. La respuesta oficial a las declaraciones de Hillary Clinton, a cargo de Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, quien el miércoles 12 dijo estar extrañado
por las mismas pero, entendiendo el mensaje que se les envía por enésima vez, hizo saber que la política anti narco de México se está reformulando continuamente –es decir, que el gobierno calderonista se halla dispuesto a bailar al son que le toquen–, no hizo empero más que poner una vez más de relieve que no existe una estrategia nacional ante el narcotráfico y que la sangrienta guerra de Calderón no es más que una estrategia de fines facciosos.
7. En medio de este desastre se ha hecho público que dos días antes de la cumbre de dirigentes de la Unión Europea y América Latina, que se llevará a cabo en Madrid el 18, Felipe Calderón tendrá en Comillas (Cantabria) un encuentro con los dirigentes de la Unión Europea organizado a iniciativas del PP de España, en el que solicitará inversiones españolas y europeas en ámbitos estratégicos a sabiendas de que la Constitución Mexicana lo prohíbe, y en el que, como lo advertía el columnista Julio Hernández, no va a hacer otra cosa que poner de relieve las operaciones de corrupción que armó su desaparecido colaborador gallego Juan Camilo Mouriño.
8. El intento de Calderón de refugiarse en los brazos de la ultraderecha europea y española para cobrar ánimos y pedir consejo ante su desastre no podría ser más patético e inoportuno en los momentos actuales. Aunque son conocidos los vínculos históricos del PAN con el franquismo y más tarde con el Partido Popular (PP), que lo asesoró en las elecciones presidenciales de 2006, con apoyos logístico, financiero e ideológico, esta asociación pone de relieve un rasgo común de las derechas españolas y mexicana: su corrupción desmedida. El PP está afrontando ahora gravísimos escándalos de corrupción que su dirigente Mariano Rajoy no ha logrado paliar.
9. México necesita un cambio de gobierno. El panista Vicente Fox guió los destinos del país con los consejos del sacerdote Marcial Maciel, hoy reconocido como un pederasta y criminal, que les gestionó a él y a su esposa sendos divorcios de la Santa Sede, y Felipe Calderón se asesora de José María Aznar y Mariano Rajoy, los corruptos neofranquistas de la corte española.
10. La gravísima situación actual requiere de un cambio urgente, pues muy difícilmente México podrá seguir en la pendiente esperando el 2012.
da. Por una parte está la costumbre inveterada, que viene desde tiempos de la Colonia y del texto de la Constitución de 1824, y por la otra los compromisos internacionales y la apertura del sistema político. En la actualidad, la reclamación de facto del fuero de guerra se basa en una interpretación equivocada de la Constitución y del Código de Justicia Militar, la estrecha relación con el Ejecutivo, y la privilegiada posición del Ejército en el sistema político. Tampoco debemos olvidar la doble función del secretario de la Defensa como suprema autoridad administrativa y judicial del instituto armado.Hasta el sexenio actual el Ejército le respondía en forma inmediata al secretario del ramo, y en una instancia más remota al comandante supremo, el Presidente de la República. Hoy, a partir de la declaración de guerra al crimen organizado, el Ejército se fundió en una relación simbiótica con el Ejecutivo; una relación que ha afectado la imagen del instituto armado, incrementado las denuncias de violaciones a los derechos humanos y puesto en la mesa del debate nacional el tema de la definición y alcances del fuero de guerra.
La Constitución no define el fuero de guerra. Sólo determina que nadie puede ser juzgado por tribunales o leyes especiales, pero que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar
. El claro sentido del artículo 13 constitucional era limitar finalmente el fuero de guerra, que durante la Colonia se extendió a familiares de los militares, para convertirlo en un tema de simple jurisdicción. La realidad ha sido otra.
El Código de Justicia Militar, que interpreta la Constitución de 1917, determina que los delitos típicos contra la disciplina militar sujetos al fuero de guerra son, entre otros, los obvios: traición a la patria, sedición, espionaje, deserción, y los del orden común cometidos por militares en servicio
, o con motivo de actos del mismo
.
La pregunta lacerante que continúan formulando las organizaciones de derechos humanos, particularmente Human Rights Watch (HRW), es si las violaciones sexuales, la tortura, las desapariciones forzadas y la ejecución ilegal de civiles indefensos, como las ocurridas en los retenes y en los enfrentamientos con el narco, son delitos o faltas contra la disciplina militar
. Para el tema de los derechos humanos era más claro el artículo 13 de la Constitución de 1857, que aplicaba el fuero militar solamente
para delitos y faltas que tuvieran exacta conexión
con la disciplina militar.
La cuestión es determinar si la participación en la guerra contra el crimen es parte del servicio militar
. En este tema existe una clara jurisprudencia de la Suprema Corte que definió en 2005 el término en servicio
como la realización de funciones propias e inherentes al cargo que se desempeña
. Con este criterio, jamás se considerarían sujetas al fuero de guerra las más de 4 mil quejas de violaciones militares a los derechos humanos presentadas en el sexenio actual. (Lo increíble es que en algunos de estos casos el Ejército, con el fin de no litigar, y de preservar intacta la ficción del fuero de guerra, paga compensaciones a las víctimas, pero según HRW no castiga a los culpables: la ropa sucia se lava en casa.)
Mucho se ha dicho sobre la facultad del Ejecutivo para involucrar al Ejército en la guerra contra el crimen organizado. El argumento del gobierno es el artículo 89 constitucional, que le permite al presidente disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente... para la seguridad interior.
El problema es que el Ejército mismo no compra hoy un argumento con el que los presidentes utilizaban al Ejército para romper huelgas y controlar movimientos sociales. Así surgió Tlatelolco, un movimiento en el que nadie se hubiera atrevido a cuestionar entonces a Gustavo Díaz Ordaz, y posteriormente acusarlo de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes asesinados.
Lo que el gobierno no quiere reconocer, pero algunos altos mandos han comenzado a vislumbrar, es que la guerra contra el crimen organizado, más que un tema de seguridad interior
, se convirtió en un asunto de subsistencia del Estado: una guerra civil que ha exacerbado la violencia, fomentado la inseguridad y puesto en peligro la supervivencia misma de la nación. El general secretario reconoció en una declaración que posteriormente pretendió aclarar
, que algunos generales se rehusaban a intervenir hasta que tuvieran un marco legal
que los protegiera contra posibles comisiones de la verdad o fiscalías para delitos del pasado.
No obstante, en las críticas del Ejército a la minuta del Senado sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se asoma la verdadera manzana de la discordia: el fuero de guerra. Para el Ejército es un tema de costumbre inveterada, de honor y de conveniencia. Tal vez ahora los militares estén comprendiendo finalmente que el fuero de guerra será el verdadero costo de su participación en la guerra contra el crimen organizado.
http://jorgecamil.com - http://twitter.com/jorgecamil
Editorial La Jornada
aciones criminales han implantado su ley de violencia y muerte en regiones donde la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad eran ya una problemática profunda y arraigada. Sin tratarse propiamente de una novedad, tales palabras son el más explícito e inequívoco reconocimiento que haya realizado hasta ahora un funcionario de la administración calderonista acerca de la gravedad del problema de la delincuencia y revelan que el Estado ha perdido el control en diversas zonas del territorio nacional.
El dato es alarmante, pero también lo es la falta de claridad en torno a la estrategia gubernamental para enfrentar esta situación catastrófica. Después de tres años de inflexibilidad en la defensa de una política antidelictiva basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar, la administración en curso empezó a emitir señales contradictorias, y cabe citar algunos ejemplos de ello. Si hasta diciembre pasado el gobierno federal se mostró inflexible ante los reclamos sociales que exigían la salida del Ejército de Ciudad Juárez, a principios de este año hizo saber, por medio de funcionarios de segundo nivel y con un bajo perfil mediático, que los militares saldrían de esa devastada localidad fronteriza; posteriormente, tras el asesinato de 15 jóvenes, se anunció la disposición a redefinir
las medidas de seguridad, pero por otro lado se afirmaba que se mantendría firme
la línea de la acción policial y militar. una nueva estrategia
para Ciudad Juárez, con la incorporación de algunas acciones sociales a la operación armada; ayer, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir en el mantenimiento de la estrategia e insistió en que su administración ha avanzado en todas las batallas, menos en la de la percepción
; sin embargo, el panorama descrito por Chávez Chávez no se refiere a un asunto de imagen sino a una realidad concreta.
Los recientes anuncios del gobierno estadunidense en torno a un viraje en sus propias estrategias para enfrentar los fenómenos del consumo de drogas y del narcotráfico, así como las descalificaciones formuladas por altos funcionarios del país vecino a las políticas calderonistas de seguridad y combate a la delincuencia, han contribuido a expandir y ahondar la confusión, pues a estas alturas, después de muchas réplicas en sentidos divergentes y hasta contrapuestos, emitidas por diversos funcionarios del grupo gobernante, ya no resulta fácil saber cuál es la postura de éste frente a los nuevos lineamientos recientemente adoptados por Washington. Es significativa la afirmación de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien dijo antier que México carece de una estrategia efectiva en el combate al narcotráfico: semejante descalificación pone directamente en entredicho la utilidad y la continuidad de la Iniciativa Mérida.
Al margen de las expresiones de Washington, la inhabilidad del gobierno mexicano para informar sobre la dirección de las acciones oficiales no es un problema menor, si se tiene en mente la insistencia gubernamental –refrendada ayer mismo por Chávez Chávez– en responsabilizar a la sociedad por la disolución del estado de derecho en diversas zonas del país y en exigirle respaldo ciego y total a políticas que no sólo no han dejado clara su eficacia, sino que han dado margen a muchos abusos y atropellos graves contra la población. Pero la construcción de consensos en torno a las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia tendría que partir de una toma de posición oficial transparente y coherente, así como de un reconocimiento inequívoco de los errores cometidos hasta ahora. Y es impostergable analizar con honestidad si los grupos criminales han sido debilitados por efecto de la ofensiva gubernamental o si, por el contrario, han salido fortalecidos de ella.
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