El gobierno le declaró la guerra al narco y a la precisión numérica. El desorden desconcierta y conduce a elucubraciones de todo tipo. Lo ejemplifico con una serie de declaraciones aparecidas entre junio y septiembre de 2008.
El 15 de junio de aquel año, Felipe Calderón concedió una entrevista al periódico español El País, en la que aceptó haber declarado la guerra sin conocer la magnitud de la amenaza. El "alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes, y había que sanarlo a como diera lugar". El desconocimiento sorprende porque debe recordarse que desde 1987 el narco era la principal amenaza a la seguridad nacional.
Después de que hablara el Presidente dio inicio una danza numérica sobre la influencia del crimen organizado en los municipios. El académico del ITAM Edgardo Buscaglia estimó que "entre 50 y 60% de los municipios mexicanos han sido feudalizados y/o capturados" por los cárteles (Reforma, 26 de junio de 2008).
La Procuraduría General de la República (PGR) es particularmente belicosa cuando de números se trata, y el 15 de julio Reforma informó que según la PGR el narco sólo controlaba 80 alcaldías, principalmente en Michoacán y Tamaulipas. Semanas después un diputado del PAN, Gerardo Priego Tapia, se encargó de corregir a la PGR: los municipios infiltrados eran mil 400 (Reforma, 25 de septiembre de 2008). La cereza en el pastel la puso, tres días más tarde, el corresponsal de El País, que citó un documento oficial, también de la PGR, en el que reconocía que el narco tenía infiltrados 80 de los 113 municipios michoacanos (Pablo Ordaz, "Bajo el terror del narco", El País, 28 de septiembre de 2008). ¿A quién creerle?
No describo un hecho aislado. Cifras van y vienen confrontando a la Defensa Nacional con Seguridad Pública y a ésta con la PGR. Esta situación se extiende en relación con la cantidad de dinero que mueve el crimen organizado. Ante la ausencia de una cifra oficial verificable en su metodología y sus fuentes hay una guerra de calculadoras y ábacos. Me referiré a continuación a unos cálculos recientes de una empresa estadounidense dedicada a generar "inteligencia". No dice cómo llegaron al resultado, pero hacen un razonamiento que, de ser cierto, esclarecería alguno de los misterios más insondables sobre el peso del crimen organizado en la economía.
Hace un mes, George Friedman aseguró que el crimen organizado trae a México cada año entre 35 y 40 mil millones de dólares. Según sus estimaciones, el margen de ganancia de esta actividad anda por 80%, lo que significa que cada año tienen entre 30 y 32 mil millones de dólares para gastar en parrandas, comprar armas y corromper policías y funcionarios. La enorme liquidez sería una de las razones por las cuales las finanzas mexicanas se han comportado tan bien ante la recesión global. La paradoja está en que mientras el crimen organizado desestabiliza algunos aspectos, estabiliza otros. Su conclusión es audaz e inquietante: a las elites políticas y económicas no les conviene frenar esos ríos de dinero y están buscando, más bien, un equilibrio que preserve los beneficios y reduzca los costos (George Friedman, "Mexico and the Failed State Revisited", Stratfor Global Intelligence, 6 de abril de 2010).
No me encuentro entre quienes tratan como verdad revelada todos los textos que vienen del norte. Sobre todo cuando vienen sin metodología o citas. Recurrí a ese análisis porque la explicación agregada tiene sentido. En esta guerra, que sepa, no se busca erradicar de raíz esa actividad, sino reducir la peligrosidad de los grandes cárteles resquebrajándolos en unidades más pequeñas. También da una clave explicativa a la pasividad mostrada por las autoridades financieras en el combate al lavado de dinero. Finalmente, la indiferencia ante el costo social es verificable; nuestros gobernantes lo ven y tratan como inevitable y tolerable, quienes recordamos su importancia somos tratados como agoreros obsesionados con desprestigiar al gobierno de la República.
Cada vez son más frecuentes los sermones de la "unidad nacional" en la retórica del presidente Felipe Calderón y de funcionarios de alto nivel. La exhortación tendría más fuerza si la incluyeran en un discurso coherente, lógico y bien apuntalado estadísticamente. En lugar de eso nos dan una aguada y poco confiable sopa de cifras.
Coincido con los llamados para que el gremio periodístico elabore una agenda común con criterios sobre cómo abordar los temas del narcotráfico y la violencia. Es particularmente urgente hacer conciencia de que quienes estamos en la capital gozamos, todavía, de una situación de privilegio frente a nuestros colegas del interior. Solidarizarnos con ellos sería una buena manera de crear mecanismos para defendernos. Nadie nos regalará la seguridad.
El 15 de junio de aquel año, Felipe Calderón concedió una entrevista al periódico español El País, en la que aceptó haber declarado la guerra sin conocer la magnitud de la amenaza. El "alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes, y había que sanarlo a como diera lugar". El desconocimiento sorprende porque debe recordarse que desde 1987 el narco era la principal amenaza a la seguridad nacional.
Después de que hablara el Presidente dio inicio una danza numérica sobre la influencia del crimen organizado en los municipios. El académico del ITAM Edgardo Buscaglia estimó que "entre 50 y 60% de los municipios mexicanos han sido feudalizados y/o capturados" por los cárteles (Reforma, 26 de junio de 2008).
La Procuraduría General de la República (PGR) es particularmente belicosa cuando de números se trata, y el 15 de julio Reforma informó que según la PGR el narco sólo controlaba 80 alcaldías, principalmente en Michoacán y Tamaulipas. Semanas después un diputado del PAN, Gerardo Priego Tapia, se encargó de corregir a la PGR: los municipios infiltrados eran mil 400 (Reforma, 25 de septiembre de 2008). La cereza en el pastel la puso, tres días más tarde, el corresponsal de El País, que citó un documento oficial, también de la PGR, en el que reconocía que el narco tenía infiltrados 80 de los 113 municipios michoacanos (Pablo Ordaz, "Bajo el terror del narco", El País, 28 de septiembre de 2008). ¿A quién creerle?
No describo un hecho aislado. Cifras van y vienen confrontando a la Defensa Nacional con Seguridad Pública y a ésta con la PGR. Esta situación se extiende en relación con la cantidad de dinero que mueve el crimen organizado. Ante la ausencia de una cifra oficial verificable en su metodología y sus fuentes hay una guerra de calculadoras y ábacos. Me referiré a continuación a unos cálculos recientes de una empresa estadounidense dedicada a generar "inteligencia". No dice cómo llegaron al resultado, pero hacen un razonamiento que, de ser cierto, esclarecería alguno de los misterios más insondables sobre el peso del crimen organizado en la economía.
Hace un mes, George Friedman aseguró que el crimen organizado trae a México cada año entre 35 y 40 mil millones de dólares. Según sus estimaciones, el margen de ganancia de esta actividad anda por 80%, lo que significa que cada año tienen entre 30 y 32 mil millones de dólares para gastar en parrandas, comprar armas y corromper policías y funcionarios. La enorme liquidez sería una de las razones por las cuales las finanzas mexicanas se han comportado tan bien ante la recesión global. La paradoja está en que mientras el crimen organizado desestabiliza algunos aspectos, estabiliza otros. Su conclusión es audaz e inquietante: a las elites políticas y económicas no les conviene frenar esos ríos de dinero y están buscando, más bien, un equilibrio que preserve los beneficios y reduzca los costos (George Friedman, "Mexico and the Failed State Revisited", Stratfor Global Intelligence, 6 de abril de 2010).
No me encuentro entre quienes tratan como verdad revelada todos los textos que vienen del norte. Sobre todo cuando vienen sin metodología o citas. Recurrí a ese análisis porque la explicación agregada tiene sentido. En esta guerra, que sepa, no se busca erradicar de raíz esa actividad, sino reducir la peligrosidad de los grandes cárteles resquebrajándolos en unidades más pequeñas. También da una clave explicativa a la pasividad mostrada por las autoridades financieras en el combate al lavado de dinero. Finalmente, la indiferencia ante el costo social es verificable; nuestros gobernantes lo ven y tratan como inevitable y tolerable, quienes recordamos su importancia somos tratados como agoreros obsesionados con desprestigiar al gobierno de la República.
Cada vez son más frecuentes los sermones de la "unidad nacional" en la retórica del presidente Felipe Calderón y de funcionarios de alto nivel. La exhortación tendría más fuerza si la incluyeran en un discurso coherente, lógico y bien apuntalado estadísticamente. En lugar de eso nos dan una aguada y poco confiable sopa de cifras.
La Miscelánea
Coincido con los llamados para que el gremio periodístico elabore una agenda común con criterios sobre cómo abordar los temas del narcotráfico y la violencia. Es particularmente urgente hacer conciencia de que quienes estamos en la capital gozamos, todavía, de una situación de privilegio frente a nuestros colegas del interior. Solidarizarnos con ellos sería una buena manera de crear mecanismos para defendernos. Nadie nos regalará la seguridad.
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