Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 14 de mayo (apro).- La organización ambientalista Greenpeace y el Centro de Derecho Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) exigieron al gobierno de Felipe Calderón cumplir con la promesa que hizo de resolver el asesinato del ecologista Aldo Zamora, perpetrado el 15 de mayo de 2007.
En un comunicado, ambas agrupaciones recordaron que dos meses después del crimen, el 12 de julio, durante la celebración del Día del Árbol, Calderón se comprometió públicamente a hacer justicia. “Sin embargo, prevalece la injusticia y la impunidad, además de que la Presidencia se ha lavado las manos” argumentando el respeto al federalismo.
Resaltaron que al igual que Calderón, el gobernador Enrique Peña Nieto, “ha mostrado un desdén en el caso del defensor de los bosques en el Estado de México”, amén de que “ha contribuido a mantener en la impunidad los crímenes cometidos dentro de su estado”.
Acusaron a Peña Nieto, aspirante presidencial por el PRI, de faltar a “su compromiso en el esclarecimiento de los hechos de las personas agraviadas y no ha creado las condiciones para la protección de los defensores ambientales frene al hostigamiento que han sufrido por sus actividades”.
Aldo Zamora fue emboscado junto con su hermano Ildefonso Zamora, quien sobrevivió y reconoció a los cuatro atacantes como miembros de una banda de talamontes que deforestan los bosques del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y sus alrededores.
A tres años de los acontecimientos, lamentaron ambos organismos, sólo dos atacantes han sido detenidos, quienes permanecen en la cárcel sin condena, en tanto que los “autores materiales de este asesinato, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, continúan en libertad, pese a que están plenamente identificados y existen órdenes de aprehensión en su contra desde el 24 de mayo de 2007”.
Aldo e Ildefonso son hijos de Ildefonso Zamora, líder de la comunidad de San Juan Atzingo, quien se ha dedicado desde hace varios años a la protección ambiental, así como a denunciar a los talamontes, de ahí que las organizaciones no gubernamentales consideren que el homicidio de Aldo Zamora “se enmarca en el contexto de las agresiones contra colectivos y movimientos sociales dentro del Estado de México y del país”.
Greenpeace y el Prodh agregaron que “los defensores del medio ambiente han sido perseguidos por empresas transnacionales y caciques o talamontes bajo la aquiescencia del gobierno; incluso se les ha perseguido mediante el uso faccioso del sistema de justicia”.
Ambas agrupaciones resaltaron que en México el hostigamiento y represión contra defensores del medio ambiente no es nuevo, y recordaron el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán, quienes en 1999 fueron detenidos y torturados por efectivos del Ejército Mexicano. Este caso está en litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
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