Calderón, al banquillo de la justicia internacional
El gobierno federal mexicano ya enfrenta un conflicto diplomático por su nula actuación ante la emboscada paramilitar contra una caravana humanitaria internacional, ocurrida en Oaxaca a fines de abril. Pese al mutismo oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea exigen a Felipe Calderón rendir cuentas. En Europa se multiplican las manifestaciones de repudio por ese ataque impune
Nunca en la historia de México había ocurrido un ataque a una caravana de paz, y nadie hubiese siquiera imaginado que un grupo de hombres armados balearía a quienes llevaban alimentos y medicamentos para un pueblo indígena depauperado. De manera que la emboscada ocurrida la tarde del 27 de abril en el paraje La Sabana, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, dejó atónitos a los representantes de los organismos internacionales de derechos humanos, pero más aún el mutismo del gobierno federal, que, pasada una semana ?hasta el cierre de esta edición?, no había hecho pronunciamiento alguno.
En contraste, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han exigido al Estado mexicano rendición de cuentas, pero además, desde sus respectivas oficinas realizan sus propias indagatorias del tema. En la ONU, por ejemplo, son tres relatorías las que integran ya sus procedimientos internos sobre el caso Copala: la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, revela a Contralínea un funcionario de la ONU, quien detalla que representantes de ese organismo realizarán una visita al territorio triqui.
Negligencia y agravios
Por negligencia o en una omisión deliberada, el gobierno de Felipe Calderón se negó a intervenir en la ubicación y rescate de los periodistas de Contralínea, desaparecidos tras la emboscada y rescatados el pasado 29 de abril, a las 22:40 horas. Más allá del agravio moral, ello constituye el incumplimiento a los convenios y acuerdos internacionales en materia derechos humanos que, como representante del Estado mexicano, Calderón debe salvaguardar.
En entrevista con este semanario, el abogado Carlos de la Torre Martínez, coordinador de la Unidad Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), explica: “La responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de San Juan Copala es clara, porque el Estado en su conjunto tiene el deber de proteger todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal. Pero además, hay que hacer hincapié en que el Estado no sólo es responsable de las violaciones a los derechos humanos que pueden cometer los funcionarios del Estado, las autoridades o servidores públicos, sino también de las que pueden cometer los particulares o grupos armados en contra de otras personas, como ocurrió en Copala.
“Este caso también implica el incumplimiento del Estado en sus deberes de protección y prevención, porque desde hace tiempo se dejó incrementar la escalada de violencia en esa zona, que las tensiones entre los grupos se hicieran más fuertes y que estos grupos se armaran. Así que lo que ocurrió en San Juan Copala es resultado de una política donde el Estado dejó de intervenir, de tener presencia en la zona y de no establecer medidas para desarticular la violencia.”
Según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tras el ataque, el deber de Felipe Calderón como representante del Estado mexicano era intervenir inmediatamente para ubicar a los sobrevivientes, lo que tampoco ocurrió. Carlos de la Torre, abogado de la OACNUDH, detalla: “La autoridad tenía que intervenir de manera inmediata, sobre todo para identificar a las personas que habían sido reportadas como desaparecidas, porque ésa es su responsabilidad. Ahora lo que viene es el deber de investigación, que también es responsabilidad del Estado: esclarecer los hechos, identificar a los culpables, procesarlos e indemnizar a las víctimas, pero además determinar las omisiones.”
Las complicidades
La tarde del 27 de abril, media hora después del tiroteo, la redacción de Contralínea tuvo conocimiento de la agresión por la comunicación de uno de los activistas que viajaba en la misma caravana que los enviados de este semanario, Érika Ramírez y David Cilia. Con los primeros disparos, él echó a correr al monte y desde su escondite lo informó al exterior a través de un walkie talkie.
En las horas subsecuentes no hubo información oficial sobre el paradero de los reporteros, quienes acudirían a Copala para documentar, como parte de la serie “México: cacería de periodistas”, el asesinato de las locutoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de febrero de 2007. Dicho crimen, impune hasta ahora, incrimina a la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, el mismo grupo paramilitar identificado como responsable de la emboscada.
Desde esa misma tarde se supo que la defensora de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, AC, y el observador finlandés, Jiry Antero Jaakkola, habían sido acribillados con los primeros tiros de armas de alto poder, que aquel martes negro rociaron con balas aquel paraje de la Sierra Mixteca.
Ante las versiones que iban y venían sobre la identidad de asesinados y desaparecidos, Contralínea hizo del conocimiento de la OACNUDH la desaparición de sus reporteros. Se informó también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y, lógicamente, a las instancias del gobierno de Oaxaca. Los familiares de los reporteros intentaron presentar una denuncia ante la PGR, en donde les respondieron que no era de su competencia, que lo hicieran en Oaxaca.
El 28 de abril, la OACNUDH condenó el atentado y exigió al gobierno una “investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables”.
En un comunicado difundido esa mañana, la OACNUDH manifestó su preocupación “por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui, así como por la proliferación de grupos civiles armados en la región”. Resaltó que “a esta Oficina la preocupa especialmente que el ataque haya impactado negativamente en periodistas, defensoras y defensores, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información”.
“El Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros. Esta obligación se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil”, destacó.
Dentro de su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, difundido el año pasado, la OACNUDH había advertido del contexto adverso que defensores y periodistas enfrentan en el desarrollo de sus actividades en la región, sin que hubiese atención del gobierno al tema ni tampoco prevención.
Por ello, tras la emboscada, el organismo internacional subrayó la urgencia de “que se conozca a la brevedad la situación de las personas cuyo paradero aún se desconoce y que se brinde atención médica adecuada a las personas heridas”. Pero el comunicado no tuvo réplica por parte del gobierno mexicano.
El jueves 29 de abril, en conferencia de prensa, Alberto Brunori, titular de la OACNUDH, denunció la desaparición de los dos periodistas de Contralínea, con los cuales, explicó, “suman ya 12 periodistas desaparecidos desde 2000”. Agencias y medios de comunicación internacionales, como CNN, difundieron ampliamente el señalamiento de Brunori en el sentido de que “el Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables y juzgarlos”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington encabeza la doctora Catalina Botero, mostró preocupación por el tema: pidió a Contralínea puntuales datos sobre el caso. Ese mismo día, emitió un comunicado en el que exigió al gobierno garantizar la seguridad para el periodismo en México.
Durante los dos días que precedieron a la emboscada, familiares, amigos, representantes de organizaciones no gubernamentales, lectores de Contralínea y un amplio sector del gremio encabezados por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, realizaron protestas ante la Segob y la PGR para exigir la intervención en la búsqueda y rescate de los dos reporteros. En la Secretaría a cargo de Fernando Gómez Mont, el encargado en turno de seguridad respondió a los familiares que era mejor que enviaran “una carta al presidente”; en la segunda se informó que ninguna autoridad recibiría a los manifestantes.
La “respuesta” llegó por parte de las autoridades capitalinas: 200 granaderos enviados por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal para desalojar a los manifestantes apostados a las afueras de la PGR, sobre Paseo de la Reforma. Los granaderos agredieron a algunos manifestantes, entre ellos los hermanos del fotógrafo David Cilia García. Por tal motivo, esa misma noche la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una queja de oficio.
Caos en el Congreso
Fueron muchas las vías por las cuales se solicitó la intervención del gobierno federal en el caso Copala. Muchos los actores políticos, representantes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, políticos, directivos de medios de comunicación que pidieron a Fernando Gómez Mont empujara el operativo para la búsqueda y rescate de los periodistas y activistas desaparecidos. Ninguna, la respuesta.
En el Legislativo, varias fracciones parlamentarias coincidieron de que en la sesión del jueves 29 de abril presentarían sendos pronunciamientos tanto en la Cámara de Diputados en San Lázaro, como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para exigir la intervención del gobierno federal. Se habló incluso de que el Ejército entrara en la zona. Pero en San Lázaro, un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI), vinculado al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, cabildeaba para “convencer” al gobernador de la necesidad de realizar el operativo de búsqueda.
La difusión de la prueba de vida fue crucial para que el director de este semanario, Miguel Badillo, adelantara la incursión en la zona, anunciada para el viernes 30 de abril: el video que ocultos en La Sabana grabaron los periodistas de Contralínea junto con los activistas David Venegas y Noé Bautista, estos últimos, quienes lograron romper el cerco paramilitar y llegar a Juxtlahuaca para llevar la evidencia de que Érika y David seguían con vida, aunque Cilia yacía herido por dos balas de grueso calibre, pero que si morían en la Sierra sería por la dilación en el rescate.
El gobierno de Felipe Calderón ni siquiera parpadeó. Ninguna autoridad civil ni militar se dijo dispuesta a realizar el operativo para rescatar a los dos periodistas, ni se ofreció siquiera el millonario equipo adquirido con recursos públicos –tanto del Ejército como de las numerosas corporaciones policiacas? para que otros los rescataran.
Artículo XIX –que junto con diversas organizaciones nacionales e internacionales de defensa de libertad de expresión inició trabajos de colaboración con la revista Contralínea para el rescate de los reporteros Érika y David– gestionaba un operativo de rescate de carácter internacional.
En tanto, algunos representantes de organismos internacionales de derechos humanos plantearon a los integrantes del PRI en el Legislativo que la conducta de Ulises Ruiz tenía tintes criminales. Las presiones de su fracción en el Congreso de la Unión obligaron al gobernador de Oaxaca a designar un helicóptero para que Miguel Badillo y David Cilia Olmos ingresaran a La Sabana, en un “operativo” donde los seis elementos policacos se limitaron a seguir a Badillo y Cilia Olmos en su peregrinar por la sierra durante más de cinco horas.
En realidad, por parte del gobierno nunca hubo búsqueda de sobrevivientes. A su arribo a Juxtlahuaca, cuando recién escapó junto con Noé Bautista del control paramilitar, David Venegas narró a Contralínea que, cuando los elementos de la policía del estado supuestamente entraron a “buscar” a los sobrevivientes, únicamente trasladaron en grúas privadas los automóviles baleados, entre ellos el de Contralínea.
Calderón y Ruiz, desprecio por los derechos humanos
La omisión del gobierno de Felipe Calderón en el rescate de los periodistas de este semanario se suma al rosario de agravios que en su administración se han gestado en contra de la revista Contralínea: el acoso judicial, la persecución, amenazas de muerte, veto publicitario y discriminación informativa, acreditadas desde 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que derivaron en la Recomendación 57/2009, emitida en septiembre pasado.
Los hechos más recientes le han valido ya el repudio internacional y extrañamientos de carácter diplomático.
El 30 de abril, desde su sede en Washington, la Relatoría para la Libertad de Expresión emitió un comunicado en que subraya que las autoridades deben investigar con celeridad lo ocurrido en San Juan Copala, en un afán de proteger “a las comunidades de la zona, cuyos derechos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, se encuentran amenazados por los grupos armados que originaron el ataque”.
La Relatoría Especial recuerda que el principio nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En Europa y en diversos países de América Latina, ha habido en los últimos días intensas manifestaciones de repudio a lo ocurrido en San Juan Copala, con la exigencia de que el gobierno esclarezca los hechos.
El pasado 3 de mayo, la Unión Europea (UE) condenó el ataque. Mediante un comunicado emitido por la embajada de España ?país que actualmente tiene la presidencia de la UE?, llamó a las administraciones federal, estatal y municipal a “hacer todo lo posible para detener y castigar a los culpables”. Por ello, cita el comunicado, “la Unión Europea seguirá con atención la evolución de los acontecimientos”.
Meri Marjaana Mononen, coordinadora en México de la Unión Finlandesa por la Paz, sobreviviente de la agresión, se trasladó a San José de Costa Rica para denunciar el caso ante la sede regional de CIDH.
Hasta la tarde del sábado 1 de mayo, la PGR atrajo la investigación de los hechos en contra de “quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, en la indagatoria PGR/OAX/HL/I/102/2010, según lo informó en un comunicado de prensa.
En el ámbito diplomático, desde el momento de la agresión, diversas embajadas de países europeos prendieron sus focos rojos al tener conocimiento de que, en la caravana, viajaban observadores de Finlandia, Italia y Bélgica y, sobre todo, en las reacciones posteriores por parte del gobierno.
Pese a las formalidades de la diplomacia, las declaraciones de Ulises Ruiz sobre el tema azuzaron a varios diplomáticos. El sábado 1 de mayo, mientras que en París, Alemania y Argentina se realizaban movilizaciones de repudio frente a las embajadas de México, en la capital de Oaxaca, durante la inauguración del Parque Recreativo Infantil, el mandatario local pidió al gobierno federal expulsar a los extranjeros de Oaxaca. Calderón también enmudeció.
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