Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad
Nydia Egremy
Arma en la guerra de baja intensidad, el paramilitarismo actúa en México con impunidad total. Ahora, los grupos civiles armados dejan de ser clandestinos, como ocurrió en los años del terror con sus cofrades salvadoreños y colombianos, advierten informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas. Este actor político independiente “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes, como el genocidio y el terror político
Las brigadas asedian a caseríos y poblaciones rurales; sus elementos ocupan veredas y caminos para aterrorizar a los campesinos hasta obligarlos a vender sus tierras o huir de la zona. Desaparecen y aniquilan de modo selectivo a los pobladores de una región; sus escuadrones de la muerte siembran el terror en los barrios, al tiempo que asaltan albergues de migrantes y de adictos. Son los paramilitares que sirven al Estado.
Ese fenómeno es viejo en América Latina. En la década de 1960 se crearon pequeños grupos para realizar misiones específicas y después se organizaron tropas paramilitares para actuar en forma más prolongada, como el caso del Batallón Olimpia, que intervino en la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Eran militares vestidos de civiles que realizaron una tarea específica de manera encubierta y clandestina.
Para Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano, los paramilitares son una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son exmilicianos o excriminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos.
“Hacen cosas que no hacen los militares, como lo sucedido en Colombia, Argentina y Chile. Incluso Estados Unidos lo hace al privatizar el combate contra civiles en Irak y Afganistán a través de las fuerzas paramilitares de Blackwater”, agrega el investigador en temas internacionales.
La afirmación de Jalife Rahme se sostiene en el informe que presentó, el 1 de septiembre de 2007, el Comité de Reformas Gubernamentales y Supervisión Interior del Congreso de Estados Unidos. Ahí se indica que la empresa de seguridad Blackwater, que opera en Irak, se ha visto envuelta en varios escándalos. Es “una organización fuera de control que permanece indiferente ante la muerte de civiles iraquíes”.
De acuerdo con el antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas, el rastro de un segundo grupo paramilitar en la historia contemporánea de México actuó en el mismo marco del conflicto estudiantil: Los Halcones. Este grupo fue entrenado por los militares. En ese contexto se integró la paramilitar Brigada Blanca, que por muchos años actuó con estructura de mando, es decir, con jerarquías militares involucradas, señala el intelectual.
Este grupo fue conocido por la opinión pública mexicana luego de que Amnistía Internacional (AI) señalara, en su informe de abril de 1977, que eran numerosas las denuncias de aprehensiones y subsecuentes detenciones, practicadas por autoridades administrativas, policiacas o militares, “en violación a las garantías constitucionales”.
AI denunciaba: “Hay fuertes indicios de que agentes del poder público practican detenciones extralegales, que las víctimas y sus familiares asimilan, no injustificadamente a secuestros”.
Después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, brotaron en Chiapas otros grupos de corte paramilitar. Advierte López y Rivas, expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que debe distinguirse a las guardias blancas de finqueros y terratenientes de los grupos paramilitares. En su opinión, la escuela chiapaneca de formación de paramilitares sigue la experiencia guatemalteca, en donde estos grupos se nutren de elementos de extracción indígena bajo la idea de que “la cuña debe ser del mismo palo”.
Recuerda que, siendo presidente de la Cocopa, presentó una denuncia (cuya asesora legal fue la ya fallecida defensora de derechos humanos Digna Ochoa) sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Afirma que, en una reunión de esa Comisión con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, le informó que la Procuraduría tenía el registro de al menos 12 grupos que podían ser considerados paramilitares, aunque empleaban un eufemismo para calificarlos: “grupos de civiles presuntamente armados”.
Actualmente, señala el intelectual, grupos como el Ejército de Dios –que opera en Chiapas– es ejemplo de la modernización del paramilitarismo mexicano. Llama la atención al hecho de que, en 2008, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) denunció que realizaba combates en dos frentes: por un lado, contra el ejército contrainsurgente, y por el otro, contra grupos de sicarios que el Ejército usa para ubicar a la guerrilla y ajusticiar a sus simpatizantes.
Para Gilberto López y Rivas, los paramilitares son empleados para incursiones militares en ciertos poblados. Su dicho se respalda con lo que el 24 de marzo de 2008 declararon Rodolfo y Ramón, milicianos del ERPI, al diario La Jornada, cuando afirmaron que “ya hay células de grupos paramilitares en Metlatónoc, Guerrero, y en otras zonas de La Montaña, o en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”.
Origen oscuro e ilegal
La existencia de mercenarios que realizan sus acciones en nombre del Estado no es nueva, pues se dio en la Edad Media. Eran personas a sueldo que tenían la cobertura del príncipe en turno, como las compañías de lanceros (de unos 100 hombres) y que dio origen al término anglosajón freelance, señala Jalife Rahme.
En la actualidad, los mercenarios de la empresa multinacional Blackwater están desplegados en Irak y Afganistán, y según cálculos que cita Jalife, constituyen una tercera parte de las fuerzas que libran combates en ambos países. “No existe una cifra confiable –explica el experto–, pues la dejan a propósito abierta o incierta, laxa”. Hace notar que, para engrosar las filas de mercenarios y paramilitares, el gobierno estadunidense contrató a los francotiradores que participaron en la guerra de los Balcanes. “Ahora están contratando a cierto grupo y les pagan de 5 mil a 10 mil dólares al mes, lo que es una fortuna”.
Como muestra de la gran colusión entre el Estado y los paramilitares, existe la protección que gozan cuando se les acusa de sus crímenes. Exclama: “¡Nunca se les persigue, es muy raro cuando eso ocurre! A veces se hacen juicios de tipo chivo expiatorio cuando se les pasa la mano”.
En su opinión, la práctica paramilitar se escenifica en tres escenarios: uno, en caso de guerra irregular, porque los soldados no pueden hacer abiertamente las acciones que se asignan a estos cuerpos; el otro, es cuando existe una gran situación de caos, pues eso permite al Estado “tomarse revanchas contra sus enemigos o rivales”, y el tercero, un escenario de paramilitarismo latente, como fuerza disuasiva.
Para esos tres escenarios, Jalife Rahme considera que se trata de mercenarios adoptados por el Estado, aunque no de forma directa, “porque obviamente eso atenta contra presupuestos y la transparencia de la democracia”. El paramilitarismo es el lado oscuro de los Estados fascistas.
En este momento, asegura el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal es el caso de algunos gobernadores, “incluso del mismo gobierno federal”, que sostiene a cuerpos ligados a las fuerzas policiacas.
Por su parte, López y Rivas refiere que para conocer la naturaleza del paramilitarismo es necesario observar que son grupos irregulares, clandestinos que actúan bajo una conexión –igual, irregular, ilegal y clandestina– con el gobierno, con el Estado. Generalmente están adscritos a la Sección Segunda del Estado Mayor, que es la inteligencia militar. Describe que el paramilitarismo “es una extensión de las Fuerzas Armadas por otras vías”.
Asegura que el paramilitarismo tiene sus raíces en las escuelas de contrainsurgencia que puso en activo el gobierno estadunidense después de su derrota en Vietnam y que se continúan en las llamadas guerras de cuarta generación, que recogen toda la experiencia de las fuerzas armadas del Pentágono en el mundo.
Bajo esa lógica, los paramilitares en México reciben entrenamiento, apoyo en armas y municiones, cobertura de inteligencia, de comunicaciones y todo lo que tiene que ver con su acción. En muchas ocasiones, son pagados directamente por esta inteligencia militar o de la Sección Segunda del Ejército.
En Colombia así operaron los grupos paramilitares: comenzaron como las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora continúan las Águilas Negras. El informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que se presentó en agosto de 1998, ya citaba que la policía y el ejército colombianos eran acusados de complicidad por abstenerse de intervenir para prevenir o proteger a los civiles de las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares. “Esto contribuye a crear un ambiente de terror entre la población de Barrancabermeja y Urabá”, explicaba el informe.
En todos los casos, ya sea a través de ramificaciones ultrasecretas o abiertas, el paramilitarismo es un fenómeno de la represión del Estado “por otras vías”; es el ejercicio de la acción autoritaria y de la violencia extrema del Estado, particularmente contra grupos de disidencia, de resistencia o de carácter revolucionario, señala López y Rivas.
En México se sigue el esquema uribista, porque Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ha sido el paladín de este tipo de planes o proyectos, llámese Iniciativa Mérida o Plan Colombia o Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte, indica el también profesor de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos
Hace ver que los militares mexicanos recurren a la estrategia de enviar soldados de línea debidamente disfrazados a cometer asesinatos particularmente de jóvenes, que luego son acusados de delincuentes. “Sea esto real o no, responde a la idea de la limpieza social”, explica el autor del estudio Autonomías, democracia o contrainsurgencia (2004).
Sostiene que esa “limpieza social se dio en Colombia cuando se elegía como víctimas del paramilitarismo a jóvenes de la ciudad o del campo, que por algún motivo disgustan a los aparatos de poder y son usados como cadáveres útiles por los soldados regulares o mercenarios que así cobran las recompensas. Pero también hay una limpieza social en el sentido de que en aquel país también se registra en la lista de los llamados falsos positivos (es decir, a los presuntos criminales) a los discapacitados o jóvenes con ideas democráticas”.
Incluso están haciendo limpias de pequeños delincuentes; los que ya distribuyen drogas y se les persigue bajo un criterio de mercado para normarlo, pues se prefiere tener a un solo distribuidor en lugar de muchos.
Gilberto López y Rivas anticipa que, en México, ya empieza a haber esa limpieza social “dentro de estos 22 mil 700 muertos que Felipe Calderón desprecia”, porque, según las autoridades, se trata de muertes entre criminales. La mayoría, insiste, es joven de entre 17 y 25 años, y que constituye o no un sicariato, pero muchos se incorporan como objetivos a partir de las necesidades que tienen los militares y los policías de justificar tanto sus salarios como sus acciones en contra del narcotráfico y del terrorismo.
Para el especialista, el paramilitarismo colombiano es una especie de espejo en el que se reflejan el paramilitarismo guatemalteco y mexicano. Cuando se observan en México esas demostraciones de crueldad infinita, como las decapitaciones, se deben definir como el “terror de Estado por otras vías”, como el terrorismo, señala.
Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en México es una guerra social: “Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en los campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir”.
Para Jalife Rahme, el que los grupos paramilitares que operan en los estados más pobres de México, como Oaxaca, actúen de manera más visible y en una circunstancia previa a las elecciones “es muy interesante, macabramente hablando”.
Se refiere a la emboscada que sufrió la caravana internacional de paz que intentaba llevar ayuda humanitaria a la comunidad autónoma de San Juan Copala, en el municipio de Juxtlahuaca, y que cobró la vida del finlandés Jyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño.
“Estamos regresando a los gorilatos. La juventud de ahora no tiene esa memoria. Oaxaca es un estado gorila y no hay que perderlo de vista, la prensa europea es muy importante porque tiene que venir con el gobierno federal y aquí tiene que dar luz”.
Describe que en esa acción “les salió el tiro por la culata; cometieron un error”, pues son criminales no bien entrenados y muchos de ellos no midieron el impacto y la presión internacional por sus acciones. Este analista de la escena internacional refrenda que “toda la escoria de la criminalidad se concentra en los paramilitares y su objetivo único es cumplir en forma siniestra los objetivos que no pueden hacer en forma democrática los Estados. Por eso, creo que se debe ser muy severo en contra de ellos”.
La solicitud de Rabasa
En enero de 1972, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Emilio O Rabasa, envió un telegrama al Departamento de Estado en el que confirmaba el “repetido interés personal” del presidente Luis Echeverría Álvarez en el programa de entrenamiento para elementos de la policía mexicana en Estados Unidos.
Bajo el encabezado “Confidential México 232”, el telegrama, emitido desde la embajada en México y dirigido a la Secretaría de Estado en Washington, DC, explica en el punto número 1 que el secretario de Estado Mc Bride “esperaría recibir al Coronel Díaz Escobar en Washington”, y más tarde concertar los arreglos de un programa satisfactorio para estos jóvenes mexicanos.
El punto 2 del telegrama indica que reportaría las opiniones de Rabasa y seguirá su contacto con él sobre el tema. El documento fue desclasificado el 9 de junio de 2002 y está firmado por Mc Bride. El marco de fondo de este mensaje se refiere al acercamiento del canciller mexicano Rabasa con Robert McBride, a quien presentó la solicitud del presidente Echeverría para que Washington emprendiera un programa de entrenamiento policiaco para un grupo de las fuerzas de seguridad mexicanas.
La visita de Rabasa a Washington fue seguida de otras, como la del subsecretario de Relaciones Exteriores, José S Gallastegui, y del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. A este militar es al que alude el telegrama de la embajada estadunidense en México, el 6 de enero de 1972. Según ese documento, Díaz Escobar dijo que los hombres estarían “particularmente ansiosos” de capacitarse en “control de multitudes, negociación con manifestaciones de estudiantes y reyertas”. También, les interesaba capacitarse en tácticas de defensa física y combate mano a mano.
De acuerdo con la embajada estadunidense en México, Díaz Escobar era un coronel del Ejército Mexicano que, entre otras cosas, “también está a cargo de un grupo de individuos conocidos como Los Halcones. Aclara el mensaje dirigido al secretario McBride que este grupo fue responsable de acabar con la ostensible marcha estudiantil (del 4 de noviembre de 1970) para celebrar la victoria electoral del presidente chileno Allende”.
Agrega que Los Halcones usaron varas de bambú en este esfuerzo “y fueron identificados por los estudiantes y descritos como personas violentas”. Señala que los miembros de esta organización son aproximadamente 2 mil. (NE)
Desde 1998 se pidió a la ONU actuar contra paramilitares
El 3 de agosto de 1998, en Ginebra, Suiza, en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió la delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por Jean Barth, Erika Hennequin, vicepresidenta de los verdes de Suiza; Anne Plattner, de Suiza, Teresa Niubo, e Ignacio García de Catalunya (Estado español), con la comisionada Mary Robinson.
La entrevista duró 50 minutos. Ahí se presentaron las conclusiones y recomendaciones del informe de la CCIODH. Erika Hennequin, recién llegada de Chiapas, informó a la comisionada Robinson sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en la zona del bosque chiapaneco y aseguró que “la intervención del Ejército y seguridad pública” desmanteló el municipio autónomo de San Juan de la Libertad.
Una de las partes del informe, decía: “No pecamos de exageración si afirmamos que la situación actual es peor que la que observamos en febrero de 2008. Puede consultar infinidad de informes con datos sobre la actividad de los grupos paramilitares, sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en operativos sobre la población. La lentitud de justicia para clarificar los hechos de Acteal y la rapidez con que interviene, con todo lujo de irregularidades incluso denunciadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las comunidades en resistencia.”
El informe señalaba que el 10 de junio anterior, la intervención de las fuerzas armadas provocó la muerte de ocho campesinos y “la dramática situación de la población civil, en especial de las mujeres y los refugiados por causa de la guerra”. Por ese escenario, la CCIODH sugirió la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas realizara un informe sobre la situación de los derechos humanos en la zona de conflicto. (NE)
Estado, instigador de particulares
Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, presentó, en abril de 2002, el Informe sobre la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Colombia. Entre los principales temas que preocuparon a la delegación que ella encabezó, durante su visita a aquel país, entre el 23 y 30 de octubre de 2001, destaca que fue el centrarse en los asuntos por los cuales el Estado colombiano es “directamente responsable; vale decir, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos o por particulares que actúan instigados por o con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades públicas”.
Agrega el informe que la representante especial no hace referencia a aquellos asuntos en los que los grupos armados al margen de la ley (grupos guerrilleros) se encuentran involucrados. También, la preocupación se extiende al “ambiente de impunidad” que rodea las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Por tal razón, el informe describe que “el Estado es jurídicamente responsable”, tanto por los ataques perpetrados directamente por las fuerzas armadas colombianas, como por los perpetrados “por organizaciones paramilitares.
Describe que la representante especial “pudo observar que los grupos paramilitares son los principales responsables” de las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, entre las recomendaciones que emite el informe de Jilani, destaca: “Combatir el paramilitarismo en forma eficiente y desmantelarlo de forma definitiva, mediante la detención, el procesamiento y la sanción de todo aquel que promueva, dirija, participe, apoye o financie este fenómeno”. (NE)
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