Por: Cecilia Balderas
(21 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Legisladores del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que desde la
misma Cámara de Diputados se fomenta la impunidad entre funcionarios
públicos, al retrasar el trámite de 320 solicitudes de juicio político,
entre ellas, las presentadas contra el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR),
Jesús Murillo Karam, por las inconsistencias en el caso Ayotzinapa y
contra el priista Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por las
repetidas violaciones a derechos humanos suscitadas en la entidad.
Omar Ortega Álvarez recordó que el 27 de octubre del año pasado,
presentó un punto de acuerdo para solicitar al Secretario General de
Cámara, Mauricio Farah Gebara, los expedientes existentes sobre
solicitudes de juicios políticos; sin embargo, no fue sino hasta el 29
de noviembre –después de poco más de un mes- que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) acordó pedir a la misma instancia enviar a
comisiones los expedientes.
La petición de Ortega se centró en solicitar, además de la
información, la instalación de la subcomisión de examen previo de juicio
político, misma que debe ser conformada por legisladores de la Comisión
de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, esta
legislatura presidida por los priistas Mercedes Guillén Vicente y Álvaro
Ibarra Hinojosa, respectivamente.
El pasado tres de diciembre, Farah Gebara remitió a la Comisión de
Gobernación, un documento en el que le informó que quedaban a su
disposición los más de 300 expedientes; sin embargo, Ortega detalló que
la Comisión de Gobernación, hasta el momento, no ha ido por los
expedientes ni ha conformado la subcomisión.
Decenas de solicitudes de juicio político permanecen en la
congeladora desde por lo menos hace 12 años, desde que la LIX
Legislatura estaba en funciones.
“Nos encontramos en el limbo. Primero, era la Junta de Coordinación
Política la que no remitía la instrucción al Secretario General;
después, el Secretario General envió el documento a la Comisión de
Gobernación y ahora es esta la que no recoge los archivos”, dijo el
legislador perredista y criticó que estas solicitudes “sigan durmiendo
el sueño de los justos” y que se dilaten los procedimientos para que
precluyan los asuntos.
Largo camino…
Una vez que las dos comisiones encabezadas por los priistas se dignen
a formar la subcomisión de examen previo, esta tendrá que sesionar y en
su caso aprobar los resolutivos que deberán ponerse a discusión del
pleno de ambas comisiones.
Si la mayoría de sus integrantes los aprueban, los dictámenes son
remitidos a la Comisión Jurisdiccional para que esta solicite la
instalación de la Comisión Instructora y después, el pleno de la Cámara de Diputados podrá analizar si cada uno de los juicios procede o no.
Rafael Hernández Soriano, también diputado del sol azteca, recordó
que los artículos 109 y 110 de la Constitución y la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que la Cámara es
formalmente un juzgado de procedimiento; es decir, si en ella no se
inicia el procedimiento para la integración de los expedientes,
simplemente está cooptando la aplicación de la justicia.
“Servidores públicos que están señalados en 320 expedientes a partir
del 2003 han sido cobijados por la impunidad de esta Cámara…el
transcurso del tiempo, a quien protege, es a los corruptos que están
señalados en los expedientes y a los funcionarios que han sido omisos”,
argumentó el también secretario de la Comisión de Gobernación.
Aunque cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de juicio
político, por ley está obligado a aportar pruebas que sostengan sus
señalamientos. Una vez que estas son presentadas, tiene tres días para
ratificarlas y cuando lo hace, la Secretaría General de Cámara está
obligada a enviar el expediente a comisiones.
En este caso, los perredistas señalan responsabilidades de
funcionarios y legisladores de varias legislaturas, pues desde 2003, no
fue remitido un solo expediente. Los funcionarios pueden ser enjuiciados
o sometidos a procedimiento durante su encargo, o hasta un año después
de dejarlo.
“Hay muchos charales y peces gordos que ya fueron cobijados por la
impunidad, por omisión de esta Cámara, pero hay otros que están todavía
vivos…es importante que se eche a andar la maquinaria jurídica de esta
Cámara de Diputados”, subrayó Hernández.
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