Periódico La Jornada
No cesa. La campaña de
calumnias contra los expertos independientes que participan en el caso
de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa no amaina.
Ahora los ataques se han centrado en la abogada Claudia Paz y Paz.
Los enemigos mexicanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) pactaron con la fundación de ultraderecha
guatemalteca Liga Pro Patria un matrimonio por conveniencia. Su objetivo
es difamar a Claudia Paz y Paz y golpear a los especialistas de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El rabioso anticomunista Steve Hetch, presidente de la liga, lo declaró sin ambigüedad alguna:
Si México quiere saber la verdad de lo que pasó con los normalistas, debe cortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión, con el simple hecho de contratar a Paz, quiere decir que no la investigaron(http://goo.gl/9t1bBL).
Entre las causas que enarbola la Liga Pro Patria ocupa un lugar
destacado la defensa del ex dictador de Guatemala general José Efraín
Ríos Montt, juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra
más de mil 700 indígenas ixiles, asesinados por el ejército durante su
mandato. Aunque formalmente dice estar en favor del estado de derecho,
la liga se opone a que se juzguen las atrocidades perpetradas por los
militares durante la guerra civil que vivió aquel país, entre 1960 y
1996.
En el juicio seguido a Ríos Montt en 2013, el ex dictador fue
encontrado culpable. Recibió una condena de 80 años de cárcel. Diez días
después, en una controvertida decisión, la Corte Constitucional de
Guatemala anuló la sentencia por defectos de forma en el proceso y
ordenó un nuevo juicio. Apenas el pasado 11 de enero la misma Corte
pospuso de nuevo el juicio hasta que se resuelvan cuatro amparos
presentados.
A pesar de que se dio marcha atrás en el fallo, el juicio contra Ríos
Montt no tiene precedente. Constituye la primera ocasión en que un ex
jefe de Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en
una internacional.
Claudia Paz y Paz desempeñó un papel central en esa causa: era la
fiscal general en el momento del juicio. Nacida en 1966, especializada
en derecho penal y derechos humanos, la abogada proviene no de los
círculos conservadores que tradicionalmente han nutrido el sistema
judicial en Guatemala, sino del mundo de los derechos humanos.
Su trayectoria previa al nombramiento de fiscal era impecable. Tenía
larga experiencia en la investigación de crímenes y atrocidades de
guerra. Fue asesora legal en derechos humanos del arzobispo de
Guatemala, consultora de la misión de Naciones Unidas en ese país,
investigadora en la Comisión para la Clarificación Histórica de
Guatemala, así como directora legal para asuntos de refugiados para el
Alto Comisionado de la ONU.
En su labor como fiscal general de Guatemala tuvo éxitos notables. Entre 2010 y 2014 –según la revista Nómada– redujo los niveles de impunidad de 98 a 72 por ciento. Capturó a 90 integrantes del cártel de Los Zetas y a 15 capos. Llevó a juicio a narcotraficantes, militares, políticos y violadores.
Siendo fiscal, la Liga Pro Patria (la misma que vino a México a
atacarla a ella y al GIEI en México) y la Fundación contra el
Terrorismo presentaron querellas en su contra. Las demandas fueron
desestimadas por la Corte Suprema por espurias.
De la mano de la Liga Pro Patria caminan conspicuos integrantes de El
Yunque, como José A. Ortega Sánchez y Rafael Herrera Piedra. Ortega,
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal AC, dijo, sin dar prueba alguna, que Claudia Paz y Paz fue
militante del grupo político-militar guatemalteco Ejército Guerrillero
de los Pobres. Según él, la posición de los expertos de la CIDH no es
más que una maniobra político-electoral para impedir que la imagen de
Andrés Manuel López Obrador se dañe por la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa.
Litigante en asuntos penales, José Antonio Ortega forma parte de El
Yunque, la organización de extrema derecha clerical con gran influencia
en varias regiones de México. Mediante el consejo que preside, Ortega se
ha dedicado a poner en marcha diversas cruzadas judiciales y campañas
de estigmatización contra figuras políticas y activistas sociales.
Así lo hizo, por ejemplo, en 2008. Ese año denunció ante la PGR a la
senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del órgano legislativo, por
su probable participación en delitos relativos al terrorismo y por militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los virulentos ataques contra Claudia Paz y Paz –y Ángela María
Buitrago– buscan desacreditar a los expertos independientes de la CIDH
que trabajan en el caso Ayotzinapa. La guerra sucia en su
contra, impulsada también por instituciones educativas como la
Universidad La Salle y figuras claves de las cañerías del poder, es
evidencia de que están haciendo bien las cosas.
Efectivamente, la desmesura de los infundios contra el GIEI es señal
de que su labor camina en la dirección correcta. En altas esferas
gubernamentales y mandos militares hay enojo y nerviosismo con sus
investigaciones. Como dijo la ex fiscal de Guatemala a Sanjuana Martínez
en este periódico:
En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente esa noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores.
La participación de Claudia Paz y Paz en la GIEI no puede estar en
entredicho. Su capacidad profesional y congruencia ética no están en
cuestión. En 2012, la revista Forbes la nombró como una de las
cinco mujeres más poderosas cambiando el mundo. Un año después obtuvo el
premio de derechos humanos Judith Lee Stronach Human y fue nominada
como candidata al Premio Nobel de la Paz. En 2013, en España, recibió el
premio Orden de Isabel Católica. En 2014, en Alemania, le fue otorgada
la Cruz de Comendador de la Orden del Mérito. Apenas el año pasado se le
reconoció con el Civil Courage Prize. ¿Así o más claro? Quienes la
denigran escupen al cielo.
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ter: @lhan55
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