Es de celebrarse que exista. Aunque ha tenido un desempeño de claroscuros, lo importante en adelante es fortalecerlo.
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El 10 de septiembre de 2013 el Senado de la República ratificó la
propuesta del Ejecutivo para integrar al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). Se inauguraba con ello una nueva etapa en
México para la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión,
con un órgano con autonomía constitucional. La idea central era contar
con un regulador robusto capaz de blindarse frente a las injerencias
indebidas del poder gubernamental y del poder económico de algunos de
sus regulados en ambos sectores, como también lograr una efectiva tutela
por parte del Estado para garantizar derechos.
Este nuevo diseño institucional generó muchas expectativas, que se
desinfló en parte por la cuestionada Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR) que desde la opinión de varias voces especialistas
minó las facultades del regulador contraviniendo los principios
constitucionales, aún así este nuevo órgano continúo teniendo facultades
de regulación mucho más ampliadas que la que la extinta Comisión
Federal de Telecomunicaciones para regular a ambos sectores en materia
técnica y económica, pero también para garantizar derechos esenciales
como la libertad de expresión y el derecho a la información a través de
la protección a los derechos de las audiencias, el pluralismo, el
derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
entre otros derechos asociados.
A tres años de su conformación el papel del IFT, cuyo objetivo es
hacer valer el goce de los derechos informativos de toda la población y
regular con efectividad la actividad de ambos sectores para el
crecimiento económico. La institución tiene importantes aciertos como
también desaciertos que vale la pena hacer visibles, no para
descalificarla sino para aportar elementos que permitan ubicar los
puntos problemáticos en la hechura y ejecución de la política pública
que no está exenta de conflictos y tensiones, porque en el sector juegan
intereses contrapuestos e incluso antagónicos.
Desde su conformación, el Pleno del IFT ha hecho un esfuerzo
relevante para cumplir con los tiempos y objetivos constitucionales y
legales que se le impusieron tales como la licitación de las dos cadenas
nacionales de televisión digital abierta, la determinación de los
agentes económicos preponderantes con su consecuente regulación
asimétrica, el apagón analógico, numerosas consultas públicas de los
asuntos a regular, entre muchos otros puntos más.
Sus informes trimestrales dan cuenta de una prolífica actividad de
mediciones y prácticas regulatorias que tienen un mayor énfasis en el
sector de las telecomunicaciones, de la competencia económica y de los
derechos de los usuarios, sin embargo, siguen aún ausentes en la
definición de políticas del IFT los mecanismos concretos para tutelar
los derechos informativos que en su mayor parte se desenvuelven en el
ámbito de la radiodifusión.
Me refiero a la indefinición en la que siguen manteniendo la emisión
de los derechos de las audiencias, a pesar de que ya pasó un año de la
consulta pública respectiva, de los criterios específicos para medir el
pluralismo que junto con la participación en los mercados de las
empresas de servicios audiovisuales permitan incluir medidas efectivas
para hacerlo una realidad, la ausencia de los lineamientos para
garantizar la neutralidad de la red, las reglas para imponer límites a
la publicidad comercial, las acciones concretas para impulsar la
atención a la programación infantil, así como cumplir con el mandato
legal de promover concesiones de uso indígena en los lugares donde no
existan, entre otros temas.
Tratando de encontrar las razones por las que los mayores déficits se
aglutinan en los segmentos del ejercicio de los derechos informativos,
no así en los de servicios, podemos presumir que más allá de la
redacción de nuevas normas, el reto mayor para el nuevo diseño
institucional es tener herramientas para la creación de nuevos
comportamientos en la burocracia que regula a ambos sectores, una
burocracia que viene de viejas lógicas y prácticas administrativas
centradas en su esencia por una tradicional perspectiva tecnológica y
económica, a la que aún no se ha logrado integrar una lógica y práctica
administrativa de derechos como lo marca el artículo 1º constitucional,
para reconocer a las personas como sujetos de derechos y no como meras
beneficiarias de las acciones de agencias estatales o como beneficiarias
de bienes materiales, es decir, que sus acciones regulatorias afectan a
personas titulares de derechos y no a meros usuarios y consumidores a
secas. En tanto esta disposición permanezca en la definición de los
problemas públicos, sus estrategias y acciones en la política pública
seguirán respondiendo a un entorno competitivo, pero no de
empoderamiento de la ciudadanía, que no tienen porqué contraponerse sino
todo lo contrario.
En un sector en el que apenas se abre esta perspectiva de derechos en
el cuerpo legal es lógico que el aparato burocrático tenga resistencias
para los cambios en las nociones conceptuales, como en el cambio de
prácticas que durante décadas han mantenido. Por eso el gran reto del
IFT es realizar un cambio de fondo en la hechura de la política para
integrar un enfoque sociológico y de derechos humanos para que las
determinaciones económicas y técnicas no sean un fin en sí mismas sino
un medio para lograr la inclusión social y habilitar los derechos
sociales, económicos, culturales, civiles y sociales. Ni el desarrollo
económico hasta ahora implementado, ni las tecnologías por sí solas lo
pueden lograr.
El hecho de que se dispusiera en la constitución al IFT ser el
garante del derecho a la información y la libertad de expresión en la
radiodifusión y las telecomunicaciones, implica que su función es
también para resolver y garantizar medidas regulatorias sustantivas para
el ejercicio vigoroso de estos derechos, incluyendo garantizar que no
existan injerencias indebidas u obstáculos por parte de actores
estatales o de los agentes económicos regulados.
El IFT cumple tres años de vida con un desempeño de claroscuros, pero
es de celebrarse que exista, lo importante en adelante es fortalecerlo,
por eso resulta altamente preocupante que hasta el momento el
Presidente de la República aún no mande al Senado la terna para
ratificar al comisionado que sustituirá a Fernando Borjón quien concluyó
su ciclo en febrero de este año.
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