Gilberto López y Rivas
La Jornada
En la Ciudad de México, siendo
el día 15 del mes de septiembre de 2016, el suscrito comparece
nuevamente ante las autoridades que correspondan y ante el pueblo de
México, para exponer e interponer, con fundamento en lo establecido en
los artículos 8 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2º. fracción I, 113, 116, 118 y demás relativos y aplicables
del Código Federal de Procedimientos Penales, una ratificación y
ampliación de denuncia de hechos por la posible comisión del delito de
traición a la patria, tipificado en el artículo 123 del Código Penal
Federal, contra Enrique Peña Nieto, sus funcionarios y quienes resulten
responsables de anteriores gobiernos, por acción u omisión en el
ejercicio de sus funciones en los actos que a continuación se describen:
1.- Alentar, permitir y coadyuvar para que un porcentaje considerable
del territorio nacional sea entregado a corporaciones extranjeras
mineras, en 70 por ciento canadienses, que contaminan aguas, flora y
fauna y atentan gravemente contra la salud de los habitantes de su
entorno, despojando en los hechos a los legítimos dueños de las tierras
de propiedad ejidal, comunal y privada, mediante concesiones otorgadas a
esas empresas, sin tomar en consideración que las mismas se encuentran
protegidas por el artículo 27 de la Constitución. Otras corporaciones,
como la Coca-Cola y cerveceras, al igual que las mineras, se han
adueñado de numerosas fuentes de agua, privatizando este líquido vital
en perjuicio de millones de mexicanos. Igualmente, enormes extensiones
de litorales y playas, han sido adjudicados a corporaciones extranjeras.
Estas acciones violentan gravemente la independencia, soberanía e
integridad de la nación mexicana, al enajenar y gravar territorio
nacional y sus recursos, y contribuir con ello a su desmembración.
2.- Ratificar y continuar cumpliendo lo estipulado en el Tratado de
Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (Aspan), y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente
la soberanía económica y política de la nación, en beneficio del
gobierno y las corporaciones de Estados Unidos, particularmente, sin que
estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido sancionados por el
Congreso de la Unión ni hayan sido consultados a la ciudadanía. Por
medio de Aspan y la Iniciativa Mérida, impuestas por los gobiernos
anteriores, y aceptados por el titular del Poder Ejecutivo federal en
funciones, agentes de corporaciones militares, policiacas y de
inteligencia extranjeros actúan en territorio nacional, algunos de ellos
presuntamente armados; estos agentes realizan tareas de seguridad e
inteligencia e interfieren y monitorean nuestras comunicaciones
desde la Oficina Binacional de Inteligencia, con sede en la Ciudad de
México, donde actúan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la
Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de
Seguridad Nacional, dependientes del Departamento de la Defensa de
Estados Unidos. Asimismo, están presentes agentes de la Agencia Federal
Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que
responden al Departamento de Justicia de ese país, y, claro, la Agencia
Central de Inteligencia (CIA). Estos organismos mantienen enlaces que
consiguen información requerida por los extranjeros en todas las
dependencias militares, de seguridad e inteligencia mexicanas, en una
clara violación a la soberanía y a la seguridad nacionales.
Ya en 2007 emplazamos al entonces procurador general de la
República, Eduardo Medina Mora, a responder sobre el hecho de que el
gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Verint Technology Inc
para intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país,
según el contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto de 2 millones 963 mil
438 dólares. El anuncio del contrato que ganó la licitación fue
publicado el 23 de febrero de 2007, en el sitio web de la administración
pública estadunidense. De lo que se desprende que dicha empresa, u otra
similar, continúa trabajando en el escrutinio de las comunicaciones de
los ciudadanos, afectando las garantías individuales y, nuevamente, la
soberanía nacional, sin que el gobierno actual haya dado cuenta de esta
denuncia pública. En ese entonces planteamos estas interrogantes, hoy
vigentes: ¿Quiénes deciden qué particulares, organizaciones u organismos
deben ser vigilados? ¿Qué marco legal permite o no estas
interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios?
¿Qué organismo local o extranjero interpreta los datos obtenidos? ¿Es
legal que un gobierno extranjero contrate una compañía también foránea
para intervenir comunicaciones nacionales? ¿Qué opinan al respecto la
CNDH, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán
intervenidos en sus comunicaciones, en razón de la
seguridad nacionaly
lucha contra el terrorismo?
3.- Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la
reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 constitucionales,
que ha profundizado la privatización de Pemex en beneficio de
corporaciones extranjeras y firmas privadas de los allegados de Peña
Nieto. Esta reforma constituye en los hechos un acto de
desnacionalización del petróleo y su entrega a las grandes corporaciones
estadunidenses, como Exxon, Mobil y Chevron, acorde con los
documentados artículos de mi colega y experto en el tema John
Saxe-Fernández (La Jornada, 25 de julio y 22 de agosto de
2013). Con la entrega de Pemex se complementó el ciclo de la ocupación
integral del país que ha venido denunciando el grupo Paz con Democracia (La Jornada, 16/11/ 07).
4.- Recibir al candidato republicano Donald Trump en la residencia
oficial de Los Pinos, quien es un abierto y autodeclarado enemigo de
México y los mexicanos, suceso también censurable de traición nacional.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido se sirvan: Único.-
Tener por interpuesta la presente denuncia, solicitando a las
autoridades competentes de los poderes Judicial y Legislativo, en virtud
de su interposición, procedan a efectuar todas las diligencias
pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la responsabilidad
de los acusados en el delito que se les imputa.
Esta es urealidad brutal, en la que los derechos de los pueblos mexicanos, de aquellos que han visto todos sus derechos atropellados -TODOS- por los gobiernos mexicanos. La complicidad con el imperio DE EEUU y asociados es tal, que los mexicanos, a menos que estén coludidos con el gobierno y las transnacionales, HAN PERDIDO SUS DERECHOS Y LA VIOLENCIA QUE SE LES HA IMPUESTO SE HACE INTOLERABLE.
ResponderBorrarManifestaciones ciudadanas, pacíficas de todo orden pueden terminar con represión brutal. Tanto es así que estudiantes, campesinos, obreros, comunidades pueden ser simplemente asesinados , o, lo que es lo mismo, desaparecidos, calcinados. Lasautoridades son, simplemente, cómplices del crimen.
Los gobiernos de las potencias cercanas deben terminar con esa cómplicidad. El caso de CANADÁ es muy importante. Domina el campo de la minería con empresas canadienses que se asocian con grupos de delincuentes que reprimen a líderes y los hacen desaparecer. Canadá debe salir de esos silencios cómplices que despojan a México y mexicanos de sus derechos y facilitan la represión y una pobreza impuesta..