“¿Cuándo se jodió México?”, cuestiona integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU

(14 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUTOCERO).- El pasado 1 de septiembre, con la recepción del Cuarto Informe de Gobierno, inició el segundo periodo ordinario de la LXIII Legislatura en la Cámara de Senadores, y con ello, retoman fuerza las voces que exigen a la llamada Cámara Alta que por fin –después de dos años- apruebe una ley general en materia de desaparición forzada, misma que tendría que haber sido votada antes del 6 de enero del 2016 pero sigue pendiente.

Esta ley general compite en la agenda legislativa con otros temas polémicos como la despenalización de la mariguana, los matrimonios igualitarios; cambios a la reforma educativa y el mando mixto policial, entre otros.

Como parte de los debates para colocar nuevamente esta ley en el interés de los senadores el Observatorio Nacional Ciudadano en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizaron la mesa de discusión: Desaparición Forzada en México.

Durante el encuentro, estudiantes de diversas carreras, especialistas, funcionarios públicos y familiares de víctimas, reflexionaron y debatieron sobre la necesidad de aprobar una ley que incluya la experiencia de las familias.

“Quienes son las que han emprendido la búsqueda real de sus familiares por diversos medios y que en muchas ocasiones han tenido éxito donde el Estado solo ignora el problema”, dijo Carolina Robledo, abogada especialista en derechos humanos y asesora de diversos colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Por su parte Marisela Orozco Montalvo -madre de Alan Quevedo de 15 años de edad, portero de la filial Sub-17 de los Tiburones Rojos de Veracruz, asesinado cuando salió a buscar a su hermano Gerson de 19 años, quien fue secuestrado un día antes y por quien ya habían pagado un rescate ese mediodía- mencionó que en esta ley de debe apostar a la sociedad civil por que el gobierno ha fallado.

“Nosotros le apostamos a la sociedad civil. La sociedad debe entender que así como están las cosas, todos pueden llegar a tener a un familiar desaparecido, si la sociedad civil lo entiende antes de que les pase se logrará un cambio importante.

“Hablo por mis dos hijos muertos, por mi hija que es la única que me quedó. Porque esto nos lleva a convertirnos en desplazados dentro de nuestro propio país: me quedé sin casa, comida, trabajo, amigos…una vida, ahora estamos luchando por la ley con la campaña #SinLasFamiliasNo, porque nosotros pensamos que la sociedad civil es la que más nos puede apoyar, no los senadores, no los diputados”, sentenció Marisela también integrante del colectivo María Herrera.

500 mil litros de sangre

Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de la ONU, quien formó parte del panel como especialista en la materia, respondió parte de los cuestionamientos que el alumnado realizó, una joven estudiante cuestionó duramente:
“Es lamentable que sigamos con discursos políticos; solo escuchamos retórica, necesitamos más compromiso ¿Cómo es que este país llegó a esta crisis de seguridad? ¿Cómo o quién permitió semejante bestialidad?

Corcuera Cabezut respondió a su vez con otra pregunta: ¿cuándo se jodió México? Lo que dio paso a un breve análisis de la situación que llevó a nuestro país a tener 28 mil desaparecidos reconocidos oficialmente por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas dependiente de la Secretaría de Gobernación.

“¿Cuándo se jodió México? la respuesta la ofreció hace algunos años la relatora sobre ejecuciones sumarias de la ONU, Asma Jahangir quien visitó México en 1999. Ella advirtió la tragedia, recomendó al entonces presidente Ernesto Zedillo que no era conveniente militarizar la seguridad interna. Si se hubieran seguido las recomendaciones no estaríamos sumidos en esta tragedia.

“El sexenio de Felipe Calderón dejo 25 mil desaparecidos y 120 mil muertos, tenemos un tsunami de sangre, si multiplicamos los 4 litros de sangre que contiene un cuerpo humano arroja más de 500 mil litros de sangre derramada en México.

“La utilización indebida de las fuerzas armadas en labores que no les corresponden es el origen de todo esto. No hay pretexto en decir que se usa al Ejército y a la Marina porque los órganos de seguridad pública están corrompidos; nadie puede usar en su argumento su propia torpeza”, disertó el también académico.

Santiago Corcuera fue más allá y ejemplificó que aún en un contexto de guerra casos como el de Tanhuato (donde los 42 civiles murieron durante un operativo policiaco realizado en mayo de 2015 en Michoacán y 22 de ellos fueron ejecutados de manera arbitraria por elementos de la Policía Federal, y otros cuatro por uso excesivo de la fuerza) serían considerados crímenes de guerra.

“El cambio de uniforme no cambia la mentalidad de la persona que usa las armas, los delincuentes no son un Ejército enemigo por mucho que estén armados como tal. Los índices de letalidad 42:1 en Nochixtlán 22: 0 en Tlatlaya 22:0 lo demuestran.

“Por muy fuertemente armados que estén los delincuentes lo está más el Ejercito, en un contexto de guerra incuso Tanhuato hubiera sido considerado un crimen de guerra porque no puede matarlos ya sometidos”, detalló el representante de la ONU.

Nuevo diagnóstico

Mariana Cendejas, integrante del Observatorio Nacional Ciudadano reveló durante su participación que esta organización no gubernamental está por concluir un estudio sobre la desaparición forzada que actualizará, entre otras cosas, la cifra de desaparecidos.

“Aunque el registro nacional de cuenta de 28 mil desaparecidos en la realidad no sabemos cuántas personas son. Existen fuentes alternativas para conocer caso de desapariciones y esa es la tarea que nos hemos impuesto: buscar una nueva cifra.

“Si bien lo más importante es encontrar a los desaparecidos necesitamos patrones que nos permitan armar líneas de investigación e hipótesis. Nos daremos también, por primera vez, a la tarea de saber con qué recursos cuentan las instituciones porque también es cierto que exigimos mucho y en algunos casos aunque haya la voluntad de los empleados del gobierno no hay materiales para trabajar”.

Finalmente la senadora Angélica de la Peña cerró la mesa de discusión indicando que en la actualidad el dictamen de la ley está en un 97 por ciento de avance, y precisó que los detalles que aún discuten con el gobierno federal son cómo se definirá el concepto persona desaparecida, la articulación de la búsqueda y la investigación de los responsables y como se elegirán a los miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.

“Estamos conciliados con el gobierno porque la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos será la que tome toda la carga de trabajo tanto de los nuevos como de todos los casos del pasado.

“El debate actual sobre la integración del consejo de la comisión es que debe ser totalmente ciudadano: dos familiares de víctimas, tres especialistas de ONG, y seis especialistas académicos en la materia, este consejo ya no tenemos debate en su conformación sino en cómo los elegimos, no queremos que los designe el Presidente”, concluyo la senadora.