En 2000, cuando perdió la Presidencia de la República, el PRI gobernaba en 21 estados; sin embargo, en la misma elección perdió Morelos y unos meses después Chiapas, con lo cual se quedó al frente de 19 entidades que exprimió para complementar el financiamiento oficial. Aunque la ruta no fue en línea recta, pues los conflictos internos los llevaron todavía a perder otros gobiernos, para llegar a su punto más bajo en 2005, con 17; al año siguiente de la controvertida elección presidencial de 2006 los priistas empezaron a repuntar para llegar nuevamente a 21 en 2012 y empezar a descender en 2014, para caer hasta las 12 en las que serán gobierno al finalizar este año.
La vía para el desvío de los recursos se evidenció en diciembre del año pasado, cuando se conoció el expediente de Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación del gobierno chihuahuense, condenado a cuatro años de cárcel por desviar 246 millones de pesos. De acuerdo con el mismo expediente, los recursos extraordinarios que aportaba la federación –del llamado Fondo del Ramo 23– se destinaban a cubrir el dinero que se había distraído del presupuesto estatal para financiar las campañas electorales priistas. 
De esta forma se destinaba el monto de la aportación federal para el apoyo electoral, pero la Auditoría Superior de la Federación no podía identificarlo, porque lo único que revisaba era el destino de los fondos federales y esos sí estaban bien ejercidos; el mismo monto de recursos se desviaba del presupuesto estatal, pero eso quedaba impune porque los órganos superiores de fiscalización de los estados no cumplían con su labor fiscalizadora.
El mecanismo siempre debió ser el mismo. Lo que cambió a partir de diciembre de 2012 fue la complicidad federal, pues en los 12 años de gobiernos panistas los desvíos se hicieron sin el conocimiento de las autoridades federales; pero eso cambio al regreso del PRI. Sin contar con pruebas para sustentarlo, una hipótesis plausible es que así operaron, entre otros, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y por ello gozan de la protección presidencial.
Una vez que recuperaron la Presidencia en 2012, se utilizó la misma vía para financiar las campañas de los candidatos priistas en los estados en los que eran oposición; eso fue lo que descubrió la fiscalía de Chihuahua y que la llevó a encarcelar a Alejandro Gutiérrez, mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, particularmente durante su breve estancia en la dirigencia nacional tricolor.
Dado que Gutiérrez era la punta de la madeja que conduciría a Beltrones e, incluso, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, desde el primer momento la PGR buscó atraer el caso, precisamente para impedir que el daño fuese mayor. 
El pasado 31 de agosto el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, a solicitud de la PGR, canceló el proceso por peculado contra Gutiérrez, con lo cual procedía liberar al inculpado para que enfrentara en libertad el proceso que tiene en el fuero común. Sin embargo, la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua interpuso un recurso ante la justicia federal, mismo que la magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México desechó el 27 de septiembre, por notoriamente improcedente, con lo cual se le tuvo que otorgar la libertad al día siguiente. 
Dado que Gutiérrez todavía enfrenta un proceso en el fuero común por un peculado de 1.7 millones de pesos, tiene que permanecer en Chihuahua y portar un brazalete para rastrear en tiempo real su ubicación. 
El mismo día de la liberación de Gutiérrez, el gobernador Javier Corral declaró: “Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune; tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él, y es muy probable que sea la justicia de Chihuahua”.
A partir de esa declaración, el 11 de octubre la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó –según información publicada en el periódico Reforma– una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar “posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales”.
Más allá de proteger a los funcionarios federales que se encuentren presuntamente involucrados, lo que esta acción legal pretende es evitar que la Fiscalía de Chihuahua cuente con información y pruebas suficientes para desentrañar toda la trama mediante la cual se desviaron recursos públicos para financiar las campañas electorales de los candidatos tricolores. 
La controversia es otra acción jurídica del gobierno federal para obstruir la acción de la justicia e impedir que se identifique a todos los involucrados y se evidencie la complicidad de las autoridades estatales y federales en estos desvíos.
La integración de la averiguación previa con todos los elementos permitiría demostrar que una parte importante de los recursos faltantes en las arcas públicas estatales fueron a parar a la campaña de Peña Nieto y a otras; seguramente todos los gobernadores acusados de desvíos aprovecharon esa puerta que les abrió el todavía presidente para apropiarse de cantidades adicionales para beneficio personal y de sus familias.
La controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia es otra muestra más del absoluto descaro con el que están dispuestos a actuar con tal de proteger a sus cómplices y evitar la acción de la justicia. Otra muestra más de que en el presente sexenio la corrupción fue sistémica.
Este análisis se publicó el 21 de octubre de 2018 en la edición 2190 de la revista Proceso.