Se registraron 185 agresiones durante pasado proceso electoral
Durante
el proceso electoral de julio se registraron 185 agresiones contra
mujeres, actos que fueron desde intimidaciones y amenazas hasta
asesinatos, informó la diputada local Paula Soto, al presentar una
propuesta para tipificar la violencia política de género.
Este 31 de octubre la diputada por Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) propuso reformar el Código Penal local, el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales capitalino y la Ley Procesal
Electoral para la Ciudad de México.
En el tribunal del Congreso de la Ciudad de México, la diputada
aseguró que en el pasado proceso electoral de julio hubo denuncias de
violencia política en la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca,
por lo que la prevención y combate contra la violencia política hacia
las mujeres es esencial para las transformaciones que requiere la
sociedad.
La propuesta es reformar el Artículo 351 para señalar que la
violencia política son las omisiones dolosas o actos dolosos,
descritos en el artículo 351.1 sobre delitos electorales que lesionen el
derecho a la participación política de cualquier persona y que los
actos de violencia política por razones de género son las omisiones
dolosas o actos dolosos, que lesionen el derecho a la participación
política de cualquier persona por razones de género.
La diputada también propuso reformar el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para que cuando los
partidos políticos pierdan su registro cuando ejerzan, motiven,
incentiven, toleren o permitan de manera reiterada la violencia
política en razón de género entre sus militantes, simpatizantes,
precandidatas y precandidatos, candidatas o candidatos.
“Difícilmente lograremos políticas públicas y acciones parlamentarias
que realmente fomenten la igualdad de género, si no contamos con una
representación real de los intereses de nosotras, las mujeres, en los
espacios en los que se decide el rumbo de estos mecanismos”, aseguró.
En su intervención, quien fuera directora de Participación Social y
Política en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) afirmó que
la violencia de género se ha vuelto más sutil, pero continúa afectando a
las mujeres y dificultando su participación en la política.
“A mayor participación, mayor violencia de la que somos víctimas.
Nuestra participación en la toma de decisiones no debería enfrentar
amenazas de muerte, daño a nuestra propiedad, falsas acusaciones,
campañas de difamación, acoso afuera de nuestras casas, aprovechamiento
de los estereotipos, y sobre todo, el descuido e impunidad de las
autoridades que deberían procurar la justicia y la garantía de la
protección a nuestros Derechos Humanos”, señaló.
Ell informe “Violencia política a través de las tecnologías contra
las mujeres en México”, realizado por el colectivo “Luchadoras”, señala
que 62 por ciento de las agresiones registradas durante el proceso
electoral 2017–2018 tuvieron una razón de género, con patrones de
violencia sexual cometida contra una mujer por el hecho de serlo, con el
juicio de carácter sexual y la sexualización como los ilícitos más
frecuentes.
La legisladora explicó que durante las 44 semanas que duró el pasado
proceso electoral, se perpetraron 774 agresiones en contra de las
personas participantes. De ese total, 23 por ciento fue en contra de
mujeres, con 185 agresiones que fueron desde intimidaciones y amenazas
hasta 19 asesinatos de mujeres, por el simple hecho de ser mujer y
participar en lo público.
En este sentido, indicó que la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y
Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el
nuevo Sistema Penal Acusatorio de violencia política contra las mujeres.
“La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la
justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de las
disidentes, entre ellas nos contamos, para ellas trabajamos”, concluyó
Paula Soto.
Este proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y Asuntos Político Electorales, para su análisis y
dictamen, así como a la de Administración y Procuración de Justicia,
para su opinión.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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