Chivos no

La Jornada:
Néstor Martínez Castro

El balance de los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que el eje fundamental de su administración es y será el combate a la corrupción y a su prima, la impunidad.

La importancia de esa lucha contra ambos flagelos es tal, que no es exagerado afirmar que de sus resultados dependerá, en mucho, el éxito o el fracaso de la Cuarta Transformación lopezobradorista.

Me explico: El presidente estima que al desterrar la corrupción, implementar la austeridad republicana y generar ahorros en las adquisiciones gubernamentales, podría obtener una bolsa adicional de 700 mil millones de pesos, tan sólo para el presente año, lo cual le permitiría a su vez sacar adelante los programas sociales que ha anunciado para atacar la pobreza.

Ciertamente la fórmula de López Obrador pareciera ser un tanto simplista. Atar una cosa con la otra no se antoja recomendable, porque de no concretarlo, el Presidente de México no sólo carecería de los recursos necesarios para llevar adelante sus programas, sino que además quedaría en entredicho, con una deuda moral con los millones de mexicanos que le otorgaron su voto y su confianza, a cambio de la promesa de acabar con la corrupción para, así, generarles mejores condiciones de vida. Por eso, el Presidente sabe que no puede fallar.

Durante los primeros 100 días de su gobierno –y desde mucho antes–, López Obrador ha sido reiterativo en su discurso de no tolerar la corrupción. Ha dicho que nadie por encima de la ley, empezando por sus colaboradores y sus allegados más próximos. Se ha endurecido al impulsar reformas constitucionales para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de gasolinas y el fraude electoral, entre otros.

Sin embargo, en esta prisa del gobierno me parece conveniente hacer un alto y poner mayor atención en algunos casos sensibles, como la llamada estafa maestra, donde se presume la comisión de excesos y vicios en procesos judiciales abiertos que se vienen arrastrando desde la administración anterior.

Al respecto, es importante precisar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho su trabajo. Ha descubierto y develado el modus operandi que desde el inicio del sexenio de Peña Nieto provocó un desfalco al erario en dependencias del gobierno federal, primero en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y posteriormente en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Son varias las instituciones vinculadas a este negocio ilícito. Entre ellas, los órganos internos de control de las secretarías mencionadas, que no cumplieron con su función; la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), instancia encargada de las averiguaciones previas de los funcionarios involucrados, y el que parece ser el eslabón más débil (aunque no por ello menos responsable): algunas instituciones de educación superior, técnicas y politécnicas de varios estados del país.

A grandes rasgos, el relato da cuenta de debilidades y fallas notables que han originado que a cinco años de que surgieron a la luz los primeros señalamientos de la ASF y, pese a que el asunto tiene nombres y apellidos, no haya todavía responsables en la cárcel ni se hayan corregido los vacíos legales que permitieron la estafa.

Entre esas deficiencias se pueden mencionar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones que autoriza a las instituciones públicas a darse contratos entre sí con el fin de evitar las licitaciones y bajo el cual ampararon la contratación de instituciones de educación superior para el desarrollo de instrumentos inexistentes. Hoy se sabe que todos esos entregables eran preparados por las dependencias federales para permitir el pago y simular administrativamente la prestación de un servicio por parte de las universidades.

Otras anomalías graves que merecen mención son la falsificación obvia y hasta grosera de firmas de funcionarios públicos (que ahora resultan inculpados) y la ruta del dinero (nunca investigada) que al salir de las arcas federales se perdía en un mar de cuentas bancarias radicadas en diversos países del mundo. Toda una ingeniería del fraude.

En resumen, lo que hay detrás de la estafa maestra no es únicamente un problema de corruptelas entre altos ex funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, de ministerios públicos, juzgadores y directivos de universidades. Lo que está en juego hoy son las bases para el adecuado funcionamiento institucional, de sistema de procuración e impartición de justicia imparcial, capaz de dar viabilidad a la Cuarta Transformación.

La prioridad del gobierno de López Obrador de erradicar la corrupción debe darse mediante un estado de leyes en el que no se proteja a nadie, pero que mucho menos, y por ningún motivo, fabrique culpables. Los chivos expiatorios no caben en una democracia.