¿Por qué el sector empresarial, representado por Mexicanos contra la Corrupción, siguen una estrategia mediática de denostación denunciando los casos de cohecho en el gobierno actual sin hacer lo mismo con los empresarios que han hecho de la corrupción un gran negocio, mientras que no mejoran las condiciones laborales de sus trabajadores? ¿Qué papel ha tenido el empresariado en el proceso de democratización del país?
Los 100 días del gobierno de López Obrador ofrecen una oportunidad para hacer estos y otros cuestionamientos sobre un presidente y su gobierno que ha roto cartabones a los que no acostumbramos durante 90 años de gobiernos del PRI y PAN que, en el ejercicio del poder, no mostraron ninguna diferencia: la complicidad en la corrupción y el impulso del capitalismo más atroz que ha beneficiado a un mínimo de la población compuesta por empresarios, banqueros, inversionistas y grandes comerciantes, contra el resto de la población cuyos márgenes de bienestar se han ido deteriorando y reduciendo hasta llegar a los límites de la marginación.
La disociación entre la crítica más feroz de los sectores conservadores y el apoyo mayoritario de la población reflejado en las recientes encuestas, tal vez se deba a que una gran parte de la gente sigue creyendo en el discurso de López Obrador y en sus intenciones de mejorar la situación precaria que se vive día a día.
Se mantiene una percepción social favorable hacia las acciones del presidente para combatir los vicios privilegiados del grupo gobernante: la corrupción, la desigualdad económica, el amiguismo, el compadrazgo, el crimen institucionalizado, el influyentismo y otros males.
Por otro lado, existe una percepción social desfavorable hacia los empresarios a los que no se les ve interesados ni comprometidos en combatir en sus filas la corrupción, el lavado de dinero, los negocios millonarios, el desdén a las leyes para beneficio propio, la concentración de la riqueza, la opacidad en sus declaraciones de impuestos, los privilegios al amparo de las influencias y la falta de compromiso social.
Nada es casual, todo es causal. Hay causas que explican la enorme expectativa ciudadana que genera el gobierno de López Obrador a pesar de sus contradicciones en la estrategia de combate al crimen organizado, el retiro del subsidio a las agrupaciones de la sociedad civil, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el despido de miles de burócratas, la cancelación de la reforma educativa…
La razón esencial es que López Obrador le sigue hablando a la gente y no a los sectores económicos y políticos que se han beneficiado de las políticas neoliberales en las últimas cuatro décadas. Sus interlocutores directos son esos grupos sociales a los cuales se les privó por muchos años de los beneficios económicos, se les marginó de las políticas financieras y se les dio un trato de segunda con dádivas paternalistas mediante programas de gobierno asistencialistas.
En sentido contrario, los empresarios, inversionistas, banqueros y grandes comerciantes, se han alejado de la gente y sólo han buscado el beneficio de las políticas públicas de los últimos cinco presidentes. La llegada de López Obrador a la presidencia la vieron como una amenaza a sus intereses, calificando negativamente su política, acusándola de populista, anacrónica y autoritaria.
Pero no se dan cuenta que ellos, los más beneficiados del modelo económico, han sido por años los grandes ausentes de las acciones de cambio que requiere el país para salir de la crisis, que han carecido de un discurso que los acerque a la gente y de compromisos que impulsen cambios sociales que beneficiaría a todos.
Por cierto… Hace una década la Secretaría de Hacienda informó que 400 grandes empresas en el país generaron ingresos por casi cinco billones de pesos y que amparados en privilegios fiscales apenas pagaron 1.7% de Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2011 se denunció que el sector privado adeudaba 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de Hacienda, y que la mitad de ese monto –232 mil millones de pesos– lo concentran 60 consorcios cuyos dueños siguen siendo los mismos que hoy critican a López Obrador. A la mitad de la administración de Enrique Peña Nieto las autoridades fiscales perdonaron 188 mil millones de pesos en impuestos a diversas empresas por cancelación y condonación de créditos fiscales, de los que tan solo 15 empresas han concentrado la mayor parte de los beneficios, de acuerdo con el informe ‘Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos’, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.