Cuento estas historias porque ayudan a entender las razones por las que es importante dejar de criminalizar el aborto y permitir el acceso en condiciones legales, seguras y dignas. Al ponerle cara a esta problemática de salud pública podemos hacer a un lado las discusiones sobre aborto sí o aborto no y, en cambio, centrarnos en cuál es la mejor forma de regular un servicio de salud.
Comienzo por Camila (los nombres de las mujeres son ficticios para proteger su identidad), una joven colombiana que creció en condiciones económicas precarias y en un ambiente familiar violento en donde sufrió maltrato físico y fue abusada sexualmente. Cuando era adolescente, fruto de una relación consentida, quedó embarazada debido a que su método anticonceptivo falló. Su situación familiar, sumada a la falta de dinero y de un hogar estable, le causó ansiedad y angustia.
Ella conocía sus derechos así que fue a su Entidad Promotora de Salud (las EPS en Colombia son las encargadas de organizar y garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud a las personas afiliadas) para interrumpir el embarazo. Aunque en un principio le aprobaron el procedimiento, algunos profesionales de la salud se aprovecharon de su situación de salud mental y la internaron en una clínica psiquiátrica. La retuvieron en contra de su voluntad y le dijeron que solo la dejarían salir de ahí si desistía de su idea.
Cuando le dieron de alta, su embarazo estaba avanzado y solo tenía una alternativa para acceder al procedimiento: viajar a Bogotá, la capital colombiana, pues en la zona en la que vivía no había más servicios disponibles. Sin dinero y sin información, Camila no tuvo más opción que llevar a término su embarazo. No solo anularon su autonomía y su capacidad de tomar decisiones, sino que la forzaron a ejercer la maternidad sin brindarle garantías para hacerlo. Tampoco le ofrecieron asistencia luego de las consecuencias que padeció en su salud como consecuencia de la violencia y el maltrato que vivió.
Evaluna es una mujer migrante venezolana que se vio obligada a migrar a Colombia debido a la crisis humanitaria de su país. Ella es madre de tres hijos y en el 2019 se enteró de que estaba embarazada. La noticia la afectó emocionalmente. Como migrante en situación irregular, desempleada y sin una red de apoyo, sintió que no podía ser mamá de nuevo. Además, en un examen prenatal los médicos determinaron que su embarazo era de alto riesgo. Evaluna comenzó a sufrir ataques de ansiedad y de angustia porque no sabía cómo iba a mantener a otro hijo.
Una vez se enteró de que en Colombia podía interrumpir su embarazo, pues se encontraba dentro de una de las causales permitidas, acudió a un hospital público en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, un departamento colombiano que recibe un gran flujo de migrantes provenientes de Venezuela. Allí le negaron el procedimiento argumentando que debían hacerlo en un hospital de mayor nivel. Sin embargo, nunca le autorizaron el traslado. Mientras estuvo internada recibió malos tratos por parte de los médicos, que no quisieron atenderla bien porque no estaban de acuerdo con su decisión.
Conozco bien estas historias porque son mujeres que representamos en Women’s Link Worldwide, organización para la que trabajo. Cuando nos enteramos del caso de Evaluna, recurrimos a un juez para que ella pudiera acceder al procedimiento, pero fue imposible. Ella acudió a seis lugares distintos entre instituciones del Estado, prestadores de salud y comités, entre otros. En todos se encontró con diferentes obstáculos, muchos de ellos basados en la xenofobia. Finalmente, como le sucedió a Camila, a Evaluna le dejaron sin opciones y la forzaron a ser mamá sin ofrecerle tampoco ninguna garantía para serlo.
Casos como este, que suceden todos los días en Colombia, nos muestran que, aunque las mujeres buscan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, el sistema les pone muchísimas barreras, sin importar si su salud o vida están en peligro, que terminan llevándolas a edades gestacionales avanzadas y, finalmente, a ser madres cuando no quieren o no pueden serlo.
Fueron situaciones como estas las que nos permitieron darnos cuenta de que en Colombia, a pesar de que desde el 2006, gracias a un litigio presentado por Women’s Link, se permitió la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias (peligro para la salud o la vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación), el acceso al servicio continuaba siendo muy limitado e inequitativo.
Un plazo justo que tuvo en cuenta el contexto colombiano
En 2020 Women’s Link se unió a Causa Justa, un movimiento que surgió en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y que está conformado por más de 100 organizaciones y miles de activistas de toda Colombia.
Interpusimos una demanda de inconstitucionalidad en la que le pedimos a la Corte Constitucional eliminar el delito de aborto del Código Penal. Con argumentos basados en la evidencia le demostramos al tribunal y al país que tener el aborto como delito no servía para disminuir los procedimientos que se practicaban. Por el contrario, se había convertido en la principal barrera de acceso, en especial para las mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad, quienes, encontrándose incluso en las tres causales, se veían obligas a recurrir a abortos inseguros.
Como si fuera poco, los casos de aborto que llegaban a la Fiscalía aumentaron considerablemente desde el 2006, cuando se supone que debía haber pasado todo lo contrario. Pasamos de unos 130 en 2005, a un promedio de unos 400 anuales desde el 2008. Además, el 42 por ciento de las mujeres criminalizadas han sido víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Es decir, el sistema funciona para perseguirlas a ellas cuando toman decisiones sobre sus cuerpos, pero no para protegerlas.
Luego de más de 520 días de espera y de un proceso que estuvo marcado por dilaciones injustificadas, provenientes de grupos antiderechos que hicieron todo lo posible para torpedearlo, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 y, después de este tiempo, mantuvo las causales que aprobó en 2006. El fallo convirtió a Colombia en el país con el plazo más amplio de América Latina y el Caribe, una región que, con algunas excepciones, comienza a ver una reducción del uso del derecho penal para regular el aborto.
Aunque la Corte no eliminó el delito de aborto como lo habíamos solicitado en la demanda, amplió el acceso al servicio con un plazo razonable. Muchas personas se han preguntado si se extralimitó y se han dedicado a desinformar sobre el fallo.
Allí recibirán información de calidad sobre sexualidad y reproducción, acceso a anticonceptivos y podrán prevenir embarazos no deseados. Las mujeres tenemos agencia y tenemos derecho a tomar decisiones libres e informadas, y así lo reconoció la Corte Constitucional.
Frente al aborto siempre habrá diversas opiniones, pero no podemos quedarnos en discusiones que no nos llevarán a ningún lado. Cada argumento que dio el movimiento Causa Justa estuvo basado en la evidencia. Por eso le propusimos al país y a la Corte una discusión sobre cuál es la mejor forma de regularlo. Frente a los hechos, que muestran que la criminalización solo ha servido para empujar a las mujeres a procedimientos inseguros, el tribunal tomó una decisión que salvará muchas vidas. Nosotras nos aseguraremos de que no se quede en el papel.
Fotos: Archivo AmecoPress.
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