En entrevista con Cimacnoticias, Vázquez Ruiz —principal impulsora de la Ley Sabina, una iniciativa para sancionar a los deudores alimentarios— declaró que la CNDH lanzó la convocatoria para las mesas sólo un día antes de que éstas dieran inicio. Además, dijo, no hubo una invitación formal hacia ninguna organización: todo se difundió únicamente a través de redes sociales.
Además de esto, la activista —quien es licenciada en Comunicación— detalló que los requisitos que se establecieron eran bastantes, rayaban en lo absurdo e incluían una carta de exposición de motivos que sería sometida a evaluación. Sólo después de esto se aprobaría la participación de las y los solicitantes.
Por otro lado, Diana Luz Vázquez denunció que quienes integran estas mesas de debate son personas con posiciones conservadoras postuladas de antemano. En este sentido —y tomando en cuenta la ausencia de organizaciones de la sociedad civil que sí llevan esta agenda—, la activista afirmó que no hay un contrapeso que realmente propicie el diálogo sobre el tema de los deudores alimentarios en puestos públicos.
La impulsora de la Ley Sabina también declaró que en las mesas de diálogo hay personas como la psicóloga Yazmín Montpellier, quien se ha declarado en contra de otras leyes en favor de la infancia impulsadas desde la sociedad civil como la Ley Vicaria.
Hay esperanza en que la SCJN falle contra las acciones de Rosario Piedra Ibarra
A pesar de la falta de apertura al diálogo por parte de la CNDH, organizaciones de la sociedad civil como Las Constituyentes Mx y el Frente Nacional de Mujeres tienen esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle en contra de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Rosario Piedra. Dichas acciones permitirían que deudores alimentarios ocupen puestos de elección pública en Yucatán e Hidalgo.
La esperanza de las organizaciones y colectivas proviene, en parte, de la ponderación de derechos y de la obligación de los Estados de priorizar los derechos de las infancias sobre cualquier otro tipo de derechos.
Mientras esto se define, las organizaciones de la sociedad civil están solicitando su derecho de audiencia para reunirse con ministras y ministros de la Corte. Este derecho forma parte del recurso que las organizaciones interpusieron el 22 de agosto: un Amicus Curiae, el cual es definido por la SCJN como un “informe técnico que presentan terceros ajenos a un litigio con la intención de presentar argumentos ante la Corte para la mejor resolución de un asunto”.
Diana Luz Vázquez Ruiz y otras activistas esperan que todo esto pueda frenar las iniciativas de Rosario Piedra. También esperan que la titular de la CNDH —quien no ha emitido ninguna declaración sobre el tema hasta este momento— ofrezca una disculpa pública por las acciones promovidas en favor de los deudores alimentarios.
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