Por Alondra Machuca. Somos el medio. Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2026
Organizaciones acompañadas por el proyecto Feminist Opportunities Now (FON) presentaron en la Ciudad de México los resultados de cuatro años de financiamiento feminista, en medio de un llamado urgente a la acción estatal.
En 2025 se registraron 721 feminicidios en México, concentrados particularmente en Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz, y a la fecha existen 136 mil personas en condición de desaparecidas en el país, de las cuales más de 30 mil son mujeres. Los datos fueron presentados por Diana Ríos, integrante del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), durante un encuentro de organizaciones feministas acompañadas por el proyecto Feminist Opportunities Now (FON), realizado en la Casa Refugio Citlaltépetl, en la Ciudad de México.
Siete organizaciones feministas mexicanas, de un total de 23 acompañadas durante cuatro años por el proyecto, presentaron ahí los resultados de ese proceso de financiamiento y acompañamiento técnico. Al encuentro asistieron representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Embajada de Francia en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Médicos del Mundo Francia, organización encargada de la implementación del proyecto en América Latina, de acuerdo con el boletín de prensa distribuido por FON.
Frente a este panorama, integrantes de las colectivas presentes llamaron al Estado mexicano a asumir su responsabilidad y a articularse con las organizaciones que acompañan a sobrevivientes de violencia y generan diagnósticos de primera mano. Chío, integrante de Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia, denunció que son las mujeres campesinas quienes sostienen sus hogares mientras enfrentan la tarea de, en sus palabras, “estar mandando mensajes de exigencia a las instituciones públicas para que escuchen nuestras demandas”. Aunque el país cuenta con una mujer en la presidencia, dijo, “las mujeres de los pueblos seguimos siendo las más abandonadas”: “las primeras en ser impactadas con la entrada de los megaproyectos somos las mujeres”.
Karen Valadez, integrante de la Red por una Política Fiscal Feminista, situó el problema en un plano estructural: “si las dimensiones estructurales se mantienen, la violencia en el día a día es muy difícil que cambie”, dijo, al referirse a la importancia de administrar los recursos públicos desde una perspectiva feminista.
Para Paola Franco, de Tali Bienestar y Conservación AC, la violencia de género se agrava en los contextos de desastres derivados del cambio climático, donde, señaló, “suelen ser las mujeres y las niñas las más afectadas”.
Chiara Santoro, coordinadora del proyecto FON, expuso, de acuerdo con el boletín de prensa, que las organizaciones feministas desempeñan un papel fundamental en la defensa de derechos y la transformación social “en un contexto global y regional marcado por el aumento de las desigualdades, el debilitamiento del espacio cívico y la persistencia de las violencias de género”. Santoro advirtió que las colectivas enfrentan barreras para su sostenibilidad, particularmente modelos de financiamiento rígidos, de corto plazo y poco adaptados a sus realidades, y explicó que FON ha acompañado durante cuatro años a organizaciones feministas en México y Colombia con modelos más flexibles de financiamiento y fortalecimiento institucional.
Martha Mercado, integrante de la Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y la Equidad de Género (RODMI), expresó su preocupación por el avance de gobiernos conservadores en América Latina, que —dijo— amenaza con eliminar derechos y libertades ganados a lo largo de la lucha feminista. Ante ese escenario, llamó a conservar lo ya alcanzado frente a un contexto cada vez más hostil en la política internacional.
Sebastián Chavira, jefe de departamento en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer de la SRE, reconoció, según el comunicado, que “los gobiernos no podemos solos y son las organizaciones las que nos ayudan a llegar a las comunidades”, por lo que, dijo, urge fortalecer los mecanismos de diálogo e incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas.
Ángela Guerrero, de la Red Feminista para el Acceso a la Justicia, la Prevención y la Reducción de Violencias Basadas en Género, planteó, que el trabajo de las colectivas va más allá del acompañamiento de casos: “generamos evidencia, diseñamos herramientas, construimos rutas de respuesta e impulsamos cambios concretos para que el acceso a la justicia deje de depender de la voluntad de las instituciones y se convierta en una garantía efectiva para todas las mujeres”.
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