Ciudad de México.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas en las entidades no cumplen integralmente las medidas de reparación dictadas por el Poder Judicial federal y local o las comisiones de Derechos Humanos, para atender a 27 mil personas (13 mil de ellas mujeres), registradas como víctimas en todo el país, debido a falta de presupuesto y personal no capacitado o insuficiente, escasez de material, exceso de trámites y ausencia de voluntad política.
Así lo documentaron el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Fundación para la Justicia y el Estado Demócratico de Derecho (FJEDD) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C (CMDPDH), en el informe “Sin reparación no hay justicia. Obstáculos para la reparación integral de violaciones a Derechos Humanos en México”, que presentaron de manera virtual este 20 de enero.
A través de solicitudes de información, testimonios y análisis, las organizaciones describieron en este documento el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (surgido en 2013 con la publicación de la Ley General de Víctimas), así como su experiencia como representantes legales de víctimas de violaciones a Derechos Humanos, en especial en casos de justicia reproductiva, tortura y desaparición forzada.
De acuerdo con la información recopilada para este informe, hasta el 30 de junio 2019 en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) había un total de 27 mil 609 víctimas, de las cuales más de la mitad (13 mil 852) son mujeres. Al menos 20 por ciento de las víctimas registradas habían solicitado integrarse del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero de enero de 2015 al 30 de junio de 2019 se destinaron 976 millones de pesos para la indemnización de sólo mil 406 víctimas.
Estas cifras contrastan con el hecho de que tan sólo en 2019 en México hubo un total de 346 mil 241 víctimas de delitos del fuero común, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las organizaciones civiles indicaron que el número de víctimas contabilizadas en el Registro Nacional no refleja el aumento de casos de tortura, desaparición y desplazamiento forzado, y violencia contra las mujeres que se ha observado los años recientes en el país.
La directora de GIRE, Rebeca Ramos, detalló que en México dos tercios de mujeres y niñas mayores de 15 años han sido víctimas de al menos un episodio de violencia, además de que de 2007 al 2017 prácticamente se triplicó la tasa de feminicidios; y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tienen contabilizados 24 casos o expedientes abiertos en la CEAV, relacionados con derechos reproductivos, mientras que en el Renavi se tienen 88 registros asociados con violaciones a derechos sexuales y reproductivos.
Víctimas de violencia sexual
No obstante, de acuerdo con GIRE –que hace litigio estratégico para casos de violencia obstétrica y otros– las mujeres y “personas gestantes” que cuentan con sentencias o recomendaciones por parte de las instancias de Derechos Humanos se enfrentan constantemente a la falta de voluntad por parte de las autoridades responsables para el reconocimiento de los hechos violados de los que fueron víctimas, particularmente después de negativa de aborto en casos de una violacion sexual.
“En la práctica, para que una víctima pueda obtener un dictamen de reparación integral y asegurar su cumplimiento, debe transitar un proceso largo que a menudo es obstruido por la respuesta tardía de las autoridades para realizar acciones concretas como la provisión de servicios de rehabilitación física o emocional hasta su pleno restablecimiento, recibir una justa compensación o iniciar el procedimiento de investigación y sanción a los funcionarios involucrados. Al estar involucradas diversas autoridades, el avance de la implementación de las medidas depende en buena medida del tiempo, la voluntad política y la capacidad de respuesta de cada una”, se detalló en el informe.
Un ejemplo de esto es el caso de “Marimar”, quien a los 17 años de edad presentó un embarazo producto de una violación sexual. Al acudir en compañía de su mamá y papá al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, se le informó que el producto presentaba una malformación congénita, lo que implicaba un alto riesgo en el embarazo, por lo que Marimar solicitó una interrupción del embarazo.
El Hospital convocó al Comité de Bioética para determinar lo procedente, que se negó a practicar el aborto por no contar “con sustento ni orden legal”. Marimar presentó una demanda de amparo indirecto para impugnar la resolución del Comité de Bioética, y solicitó al juez federal constatar las violaciones a Derechos Humanos que derivaron de la negación del servicio.
En 2018, por decisión unánime, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar el amparo a Marimar, se le reconoció su calidad de víctima y después ordenó a la CEAV medidas de reparación en materia de salud, educación, capacitación laboral, apoyo monetario, así como medidas de reparación económicas, de satisfacción y de no repetición.
Este caso sería el primero en el que la Corte se pronunció sobre la negación de servicios de aborto por violación en un caso específico, sin embargo, en todas estas medidas GIRE ha documento resistencias por parte de las instituciones implicadas para reconocer las medidas, asumirlas y cumplirlas a cabalidad.
De acuerdo con el informe, en general el exceso de trámites, personal no capacitado o insuficiente, escasez de material y ausencia de voluntad política han rezagado la atención de las víctimas; a esto se suma que el SNAV se ha centrado en una sola dependencia (la CEAV) y a un aumento generalizado de la violencia en el país.
CEAV, dos años sin titular
Es de recordar que en junio de 2019, el entonces titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, renunció al cargo, argumentando la imposibilidad de atender las necesidades de reparación integral. Ese mismo año, en diciembre, Mara Gómez Pérez asumió la
titularidad del organismo, pero renunció medio año después dejando a la dependencia acéfala por año y medio. Fue hasta el 21 de diciembre de 2021 que el Senado ratificó a Martha Yuriria Rodríguez Estrada como nueva titular.
A los otros obstáculos se sumó que el Programa Institucional de la CEAV que se aprobó para la administración federal actual, y en particular, el Nuevo Modelo de Atención Integral a Víctimas, establece la intención de reducir los apoyos económicos a las víctimas, puso en mayor crisis al sistema de atención a víctimas.
Hasta 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas destinaba 500 millones de pesos al pago de indemnizaciones. Para dimensionar: si a cada una de las 200 mil víctimas de homicidio doloso que hubo en México tan sólo en 2006 y 2007 se le entregara 470 mil pesos, tomaría más de 100 años pagar a todas.
De acuerdo con las organizaciones civiles, el recorte imposibilita el pago las rentas y servicios básicos de las oficinas centrales y lo 32 Centros de Atención Integral en las entidades federativas, po en peligro de perder el alojamiento y resguardo del Renavi, y reduce 30 por ciento a asesores jurídicos, entre otros daños.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora del FJEDD, enfatizó que las mayores dificultades para el cumplimiento de las medidas de reparación las enfrentan las familias que están en otros países pero que fueron víctimas de delito en México, por ejemplo, las personas migrantes centroamericanas. Como ejemplo, dijo, su organización representa legalmente 250 casos de personas migrantes, de los cuales no se ha conseguido que se cumpla una sola medida de reparación.
Delgadillo detalló que entre las fallas de la CEAV está la burocracia, la falta de personal especializado en atención a víctimas, ausencia de un sistema sencillo de recepción de información, el exceso de formalismo y la discrecionalidad de la institución para decidir qué casos sí repara y qué casos no. La abogada recordó que en la masacre de los 72 migrantes, ocurrida en Tamaulipas hace 11 años, aún hay familias que no reciben ni los 800 dólares que la CEAV prometió que les daría a cada una para medicamentos.
La directora de la CMDPDH, Graciela Martínez Manzo, aseguró que en casos de tortura y detención arbitraria, como los que su organización acompaña, es posible que en todo el país no exista un solo caso en el que se hayan cumplido totalmente las medidas de reparación integral.
No obstante, cuando las víctimas consiguen un fallo favorable en primera instancia para su reparación, la CEAV y sus homólogas enfrentan litigios agresivos en contra de las víctimas y es contra ellas donde despliegan los recursos y la maquinaria de la institución.
