Mostrando las entradas con la etiqueta Derecho juicios orales. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Derecho juicios orales. Mostrar todas las entradas

7/26/2014

¿Juicios orales laborales?


Arturo Alcalde Justiniani

En marzo de 2013, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunció con bombo y platillo la primera sala oral en materia laboral –con video y micrófonos incluidos– en su tierra natal, Parral. En su mensaje señaló que con este nuevo sistema de justicia, los juicios durarían menos de 90 días, en lugar del año y medio actual.

Al mismo tiempo, en los mensajes del Ejecutivo chihuahuense se criticó duramente a los abogados laboralistas que representan a trabajadores, por considerar que con sus demandas ponían en riesgo las fuentes de trabajo; por ello, además de proponer el endurecimiento de las penas por delitos relacionados con este tipo de litigios, se creó la Fiscalía de Delitos Laborales. Su mensaje ha sido claro: en ocasiones se deja a las empresas en estado de indefensión, situación que se busca evitar con la creación de esta fiscalía. A partir de entonces, según denuncian los propios abogados laboralistas de Chihuahua, se ha desarrollado un ambiente de presión contra quienes hoy están obligados a conciliar los asuntos laborales, so pena de ser denunciados ante esta nueva fiscalía. El sector empresarial, obviamente, aplaudió y festejó activamente esta estrategia gubernamental en su favor, y desde entonces se ha convertido en su principal impulsor, por conducto de la Coparmex, planteando que debe hacerse extensiva a todo el país. Las centrales obreras, como siempre, están durmiendo en sus laureles.

No cabe duda de que el litigio laboral es víctima de múltiples vicios y corruptelas a las que no están ajenos algunos abogados laboralistas, quienes sostienen en ocasiones reclamos injustificados. Sin embargo, estas formas de corrupción y simulación son producto de un modelo laboral que es alimentado de forma permanente por los propios empresarios, los líderes sindicales y las autoridades. Basta señalar el gran número de renuncias en blanco forzadas, la subcontratación fraudulenta y la práctica de los contratos colectivos de protección patronal, firmados a espaldas de los trabajadores. Es obvio que estas conductas no están consideradas delitos por el gobierno chihuahuense.

La supuesta existencia de un nuevo sistema de justicia oral laboral causó cierto asombro nacional porque no se tenía noticia de que la Ley Federal del Trabajo se hubiera reformado en ese sentido y se asoció a los juicios orales existentes en otras ramas del derecho, incluida la materia civil o mercantil. En efecto, en materia penal, en 2008 se reformaron 10 artículos constitucionales para transitar hacia un sistema penal oral más eficiente, basado en los principios de imparcialidad, inmediación, contradicción, concentración, continuidad y publicidad, favoreciendo una investigación científica y objetiva, recuperando la presencia del juzgador en el proceso y reduciendo el abuso de la prisión preventiva. Por ello se aprobó un Código Nacional de Procedimientos Penales y se apoyó una transformación institucional de gran calado. Estos cambios nada tienen que ver con la experiencia de factura chihuahuense.

Al no tener sustento legal los llamados juicios orales laborales, no pueden existir cambios sustantivos sobre la práctica actual; la única diferencia entre uno y otro sistema es el uso de micrófonos, videos, nuevos escritorios y sillas. Según señalan laboralistas chihuahuenses, la carga burocrática en ese estado se incrementó, ya que las audiencias continúan reproduciéndose en escritos y se deben respetar las formalidades de la ley vigente; en otras palabras, no se están cumpliendo los principios elementales que imperan en los auténticos juicios orales, especialmente, el principio rector consistente en la imparcialidad del órgano juzgador. En las juntas de conciliación y arbitraje, federal y locales prevalece la voluntad del voto del gobierno. Si la intención fuera contar con auténticos juicios orales laborales se debería plantear una reforma legal que incluyera la existencia de jueces laborales independientes y autónomos, atributos esenciales de cualquier juzgador.

De manera inexplicable, el gobierno de Chihuahua, logró embarcar en esta aventura al gobierno de la ciudad de México mediante un llamado Acuerdo de Asesoría y Apoyo. ¿En qué lo va a asesorar?, nos preguntamos. Ojalá en el DF no se repita la experiencia chihuahuense donde se criminaliza la defensa laboral. Sin embargo, como mal augurio, los abogados patronales más duros contra los trabajadores están ya celebrando que esta nueva política siente sus raíces en la ciudad capital y proponen que la Procuraduría General de Justicia local actúe como en Chihuahua. 

Resulta también extraña la participación de la Organización Internacional del Trabajo en este tema, porque tiene experiencia sobrada en estos procesos y sabe muy bien que en otros países los juicios orales laborales son totalmente diferentes, y también que sin reforma legal todo se reduce a una cuestión publicitaria. Para colmo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha subido también a este barco, anunciando, para 2016, la creación de 66 salas orales laborales, lo cual significa contratar a 132 representantes obreros y patronales cuya presencia es inútil. Ello contrasta con la situación actual de las juntas que sufren una sensible carencia de recursos elementales, entre ellos, de personal jurídico. Basta señalar que sólo para la dictaminación, que es la etapa final de los juicios, se llegan a tardar hasta dos años.

Sería deseable que esta aparente locura culminara tomando en serio una reforma en el ámbito de la justicia laboral, tan necesaria hoy día, a la que se han resistido el gobierno y el sector empresarial, pues no quieren perder el control que ejercen sobre las actuales juntas. La mayoría ni siquiera ha atendido las disposiciones de la reforma laboral de 2012 en materia de profesionalización de su personal jurídico y de acceso público en Internet de sus contratos colectivos y registros sindicales.

En lugar de crear salas orales sin sentido, los gobiernos locales y federal deberían convocar a una reflexión seria y responsable para que la auténtica oralidad se hiciera extensiva a los juicios laborales; ello coadyuvaría en favor del sector productivo del país y del respeto al estado de derecho. La propuesta es acabar con la simulación.

6/14/2011

La nueva oralidad mercantil


José Ramón Cossío D.

A partir del 27 de enero del 2012 deberán tramitarse de manera oral en todo el país los juicios mercantiles de cuantía inferior a 220 mil 533 pesos, 48 centavos. Es una importante reforma que no se ha considerado en toda su magnitud. Aquí no se puede culpar sin más al legislador federal por su falta de actuación, pues cumplió con sus atribuciones al aprobar las reformas al Código de Comercio. En todo caso, será posible reprocharle a él y a todos los locales (estatales y del DF) que en 2010 no hubieren asignado recursos para poner en marcha la justicia oral en los tribunales federales y locales a lo largo del 2011 o que no lleven a cabo las adecuaciones para ello. Adicionalmente al asunto presupuestal hay varios problemas que deben enfrentarse.

Como sucede en la inmensa mayoría de los juicios, los mercantiles se tramitan hoy de manera escrita. Presentada una demanda en esos términos, se recibe la contestación de igual manera, se ofrecen y desahogan las pruebas, se rinden los alegatos por escrito y se dicta la sentencia de igual forma. La escritura misma no es lo problemático, sino la falta de flexibilidad, inmediatez y celeridad a que da lugar. Ante una situación irregular, habrá que esperar a la culminación del juicio o a la tramitación de un recurso ante otra instancia a fin de que se hagan las correcciones. Cada una de las reclamaciones produce dilación, rompe el ritmo del juicio y hace que el juez pierda el conocimiento de las partes y temas a debate. La justicia puede terminar recayendo en las personas que auxilian al juez. La idea que anima las reformas en vigor el año entrante es contraria a lo acabado de describir: el juez debe conocer y resolver personalmente los casos sometidos, debe mantener la unidad del proceso y debe conducirlo de manera eficaz. Presentados los escritos en los que las partes demandan o responden a las demandas y ofrecen sus pruebas, el juez celebrará la llamada audiencia “preliminar”. En ella se precisará lo que está en disputa, se tratará de conciliar, se determinará la manera en que deban probarse los hechos y las pruebas admisibles.

El juez tendrá un enorme poder para definir el litigio. Definidos los elementos del litigio, el uso de pruebas y sus condiciones de desahogo, se celebrará la “audiencia de juicio”. Se desahogarán pruebas ante el juez y se relacionarán hechos probados con normas para determinar en la sentencia quién está obligado a hacer qué en favor de quién. La sentencia será por escrito y no podrá apelarse. Sólo será impugnable vía el juicio de amparo.
Frente a este nuevo sistema son varias las cosas que pueden decirse. La primera, que los distintos sistemas de justicia del país deberán adecuarse a él, pues los juicios mercantiles pueden tramitarse tanto ante tribunales federales como ante locales. La segunda, que si bien las condiciones de los nuevos juicios no son tan rígidas como las constitucionalmente exigidas para la materia penal, sí lo es que cambian sus formas de tramitación. En lo sucesivo, los jueces tienen que estar presentes en las audiencias y dictar sentencias. Ello aumentará sus cargas personales de trabajo y les obligará a realizar una mejor gestión de sus asuntos.

Les obligará a buscar la conciliación a efecto de evitar celebrar audiencias, lo cual requiere capacitación específica. La tercera, es que al ser públicas las audiencias y exigirse su registro, habrá de trasparentarse el funcionamiento judicial. Del lado de los litigantes, se harán indispensables nuevas habilidades por razón misma del desahogo de audiencias. También será necesario reformular la relación entre justicia ordinaria (mercantil) y constitucional (amparo), no sólo por la directa impugnación de resoluciones judiciales, sino por el modo como en el amparo habrán de hacerse valer las violaciones que se den en el proceso. Otra cuestión es la necesidad de crear espacios judiciales ad hoc para hacer posible la celebración pública de audiencias. Si consideramos el conjunto de cosas a que dará lugar la reforma, resulta evidente lo mucho que tiene que cambiar para hacerlo efectivo, tanto del lado de los juzgadores como de los litigantes e instituciones que preparan a los nuevos profesionistas.


El país pasa por momentos de grave disminución de eficacia institucional. Algo que no puede perderse es la presencia de la justicia. No es poco lo que se litiga en montos inferiores a 220,533.48 pesos. De no hacerse a tiempo los cambios para que este segmento de la justicia funcione, abonaremos un poco más a la pérdida de un medio importantísimo de solución racional de conflictos sociales, en este caso entre comerciantes y prestadores de servicios y amplios grupos de consumidores y usuarios. La oralidad mercantil es una buena solución judicial que no va a funcionar por sí sola. Queda un semestre para ponerla en marcha y hacerla un medio para mantener algo de civilidad.

Twitter: @JRCossio
Ministro de la Suprema Corte de Justicia