Astillero
Julio Hernández López
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099
■ Canales de provocación
■ Televisoras tramposas
■ Espina Manuel a Chente
Televisa y Televisión Azteca siguen creyendo que México es un menor de edad al que se puede manipular mediante trampas burdas que afecten sus golosinas visuales. Convertidas en el verdadero poder nacional, creadoras de presuntos triunfadores electorales y censoras de personajes que osan enfrentárseles, las dos principales empresas concesionarias del negocio de la televisión urdieron un plan infantil para tratar de confrontar al gran público seguidor de espectáculos deportivos con los ordenamientos legales a partir de los cuales el Instituto Federal Electoral instruyó la inserción de pautas publicitarias relacionadas con los próximos comicios.
Con dolo y de manera conjunta, los dos principales escaparates de los asuntos públicos nacionales interrumpieron la transmisión de encuentros de futbol soccer y americano (en este caso el muy esperado juego final del torneo estadunidense) para acomodar en paquete la propaganda correspondiente a los fines generales del propio IFE y a los específicos de los partidos con registro legal. Nada obligaba a que fuesen encajados esos mensajes políticos en momentos de continuidad tan necesaria para los seguidores de ciertas prácticas deportivas profesionales, pero de manera provocadora los programadores de las empresas propiedad de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas los incrustaron, a sabiendas de la inmediata y vehemente protesta de quienes consideraron una invasión ofensiva la suspensión de las transmisiones en vivo para dar paso a material político que, para mayor agravio a los televidentes, fue suministrado en bloques que consumieron largos minutos sustraídos al desarrollo deportivo en curso.
Con dolo y de manera conjunta, los dos principales escaparates de los asuntos públicos nacionales interrumpieron la transmisión de encuentros de futbol soccer y americano (en este caso el muy esperado juego final del torneo estadunidense) para acomodar en paquete la propaganda correspondiente a los fines generales del propio IFE y a los específicos de los partidos con registro legal. Nada obligaba a que fuesen encajados esos mensajes políticos en momentos de continuidad tan necesaria para los seguidores de ciertas prácticas deportivas profesionales, pero de manera provocadora los programadores de las empresas propiedad de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas los incrustaron, a sabiendas de la inmediata y vehemente protesta de quienes consideraron una invasión ofensiva la suspensión de las transmisiones en vivo para dar paso a material político que, para mayor agravio a los televidentes, fue suministrado en bloques que consumieron largos minutos sustraídos al desarrollo deportivo en curso.
La pretensión de volcar a la opinión pública contra esa propaganda es un intento de demostrar fuerza a quienes realizaron reformas legales que obligan a esos medios a transmitir gratuitamente videos de autoridades y partidos cuando en anteriores comicios significaron fuente de inmensas ganancias. Sería un exceso hablar de un intento de golpe televisivo, pero sí es posible hablar de un acto doloso conjunto que, de no ser castigado ejemplarmente, abrirá el camino a posteriores retos, infracciones y superposiciones de la mediocracia engallada. Dado que buena parte de las tretas infantiloides de las televisoras se produjeron en medio de partidos de balompié, conviene recordar que en esos juegos suele castigarse a quienes fingen caídas o agresiones para tratar de engañar al árbitro y hacerle tomar decisiones injustas. En este caso, los funcionarios o accionistas que planearon las provocaciones de Televisa y Televisión Azteca lo que se merecen es mucho más que una simple tarjeta amarilla.
Vicente Fox se ha aplicado a sí mismo una especie de vacuna para no tomarlo en serio. Caricatura del fenómeno político que en 2000 decía similares barbaridades, a las que la circunstancia perdonaba o juzgaba con menor rigor, la Lengua Suelta de San Cristóbal va por el mundillo informativo mexicano soltando perlas de ignorancia, cinismo e irresponsabilidad que se vuelven en su contra. La más reciente de las Foxiadas se refiere al consejo para que los presidentes municipales dejen sus oficinas y salgan a hacer campaña en favor del PAN, como él dice haberlo hecho durante un sexenio. Su propio aliado íntimo, Manuel Espino, ha reconocido que tal planteamiento es catastrófico y ha recomendado a su partido que enmiende lo que sea necesario para que en ese tema no le tomen la palabra al decadente esposo de la señora que durante un sexenio perdido se encargó del changarro constitucional.
Astillas
El contralmirante e ingeniero Pedro Jesús Ocampo Calderón declinó la posibilidad de registrarse como aspirante a la candidatura panista a gobernar Campeche. “Está tan poderosamente apoyado Mario Alberto Ávila Lizárraga, que cualquier intento de participación sería inútil”, dijo al diario Tribuna. “La familia Mouriño, con dinero, quiere apropiarse de todo en su propio beneficio y sin importar el sentimiento y los deseos de la gente”, habría dicho Ocampo Calderón, quien advirtió que “será una fiera batalla. Están dispuestos a todo. Definitivamente estamos viendo cómo se gastaron el dinero en la Concha Acústica para ungir al candidato de la familia, y eso es sólo el comienzo”. Pero, según el panista, “ no vamos a permitir que nuestro estado quede en manos de una oligarquía”… Snif: que dice Hugo Chávez, al conmemorar su primera década en el poder, que “América Latina tiene 10 años que dejó de ser al patio trasero de Estados Unidos. América Latina, hoy, se ha liberado del yugo imperialista que nos azotó durante cuánto tiempo”. El presidente venezolano debería excluir de esa generalización geográfica a cierto país de Norteamérica que durante dos administraciones ha tenido al frente a afanosos servidores de los intereses gringos… Luciano Domínguez se deja llevar por la imaginación para creer en la posibilidad de que millones de ciudadanos exigieran a políticos y partidos que redujeran por lo menos en 50 por ciento los gastos programados para elecciones (pues “son un insulto en la actual crisis económica, además de que no sirven para debatir ideas, sino para promover falsas imágenes y llenarnos de promesas que nunca cumplen”), que se suspenda “de manera inmediata el pago de bonos fuera del salario nominal a todos los funcionarios públicos y que se declare una moratoria del pago de la deuda del Fobaproa de por lo menos 50 por ciento”. De no cumplir esas propuestas, los ciudadanos irían a las urnas pero para anular su voto, “en un acto de repudio a la insensibilidad, cinismo, voracidad y corrupción” de la clase política mexicana (mientras reproducía las propuestas del lector Domínguez, el tecleador escuchaba a Lennon, con Imagina)… Y, mientras crece el problema del suministro de agua, ¡hasta mañana, en esta columna suertuda, que no se sacó ningún monito en la pasada Rosca de Reyes!
México SA
Carlos Fernández-Vega
Carlos Fernández-Vega
■ Zedillo y Calderón aplauden barbaridades cometidas
■ Los Frankenstein del régimen
Sonrientes, plácidos y tomados de la mano (tú y yo somos uno mismo, cantaría Timbiriche), en Davos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón compartieron el pan, la sal y las bondades del Fobaproa. El primero presumió el innegable privilegio que concedió a los mexicanos al armar, sin consulta alguna, uno de los “rescates” bancarios más onerosos e ineficientes del planeta. El segundo, convocó al mundo a que siga el ejemplo nacional “para salvar la crisis”. Y ambos aplaudieron las barbaridades cometidas.
Al final de cuentas, ¿qué representa un miserable 20 por ciento del producto interno bruto, frente a la felicidad y orgullo que en los mexicanos provoca el privilegio de “rescatar” a sus barones del dinero y convertir al país en la gran cueva de Ali Babá para las trasnacionales financieras?
Zedillo y Calderón, sin olvidar a Fox, se ríen de mediocres “rescatillos” bancarios, como el francés de mediados de los 90 que a los galos apenas les costó el equivalente a 0.7 por ciento de su producto interno bruto (datos del Fondo Monetario Internacional), es decir, 28 veces menos que el “rescate” mexicano. O el filipino, que en esa década no pasó de 0.6 por ciento de su PIB, el egipcio (0.5 por ciento) o el turco (1.1 por ciento). Estados Unidos tuvo el propio en la década de los 80, con un costo fiscal cercano a 3.2 por ciento del producto; casi 30 años después, en aquel país repiten el numerito, y la dosis crece a 6-8 por ciento.
Otros “rescatillos” bancarios se registraron en el mundo, al mismo tiempo que el mexicano. En Argentina (1995) representó 1.6 por ciento del PIB; Australia (1989-1992), 1.9 por ciento; Polonia (1992-1995), 3.5; Suiza (1991-1994), 4; Finlandia (1991-1994), 11; Hungría (1991-1995), 10, y Eslovenia (1992-1994), 14.6 por ciento.
Contados son los países que pueden presumir lo mismo que Zedillo y Calderón en Davos. Por ejemplo, en la Venezuela prechavista el “rescate” bancario (1994-1997) representó 22 por ciento del producto interno bruto de esa nación sudamericana; en Tailandia (1997), 32.8; en Corea del Sur (1997), 26.5; en Japón (1992), 20, y en Indonesia (1997), 50 por ciento, el más oneroso de los registrados en esa década. Sin embargo, a cambio de ese costo, mal que bien la banca cumple con su función de intermediación y acicate para el crecimiento, no sin llevarse una buena tajada de utilidades. La diferencia estriba en que ninguno de los países citados entregó la totalidad de sus respectivos sistemas bancarios al capital foráneo, como sí lo hizo México, amén que los aterrizajes de los “rescates” se dieron a corto plazo, mientras aquí lo llevaron a 30 años.
Así, Zedillo y Calderón tienen mucho de qué presumir, porque además de “rescatar” a los banqueros privados con dineros públicos, en los últimos 15 años el régimen procedió de igual forma con los barones del azúcar, de las carreteras, de las aerolíneas, etcétera, etcétera, a quienes los mexicanos, quiéranlo o no, pagan puntualmente, y por muchos años más seguirán haciéndolo, para recibir a cambio una banca usurera, carreteras con peajes elevadísimos, azúcar cada día más cara y con ingenios, al igual que con las aerolíneas, siempre al borde de un nuevo “rescate” público, por sólo citar algunos casos. Y en la tienda de enfrente 50 millones de mexicanos hundidos en la pobreza y la miseria, en el entendido que personajes como los citados tienen sus prioridades.
Lo que ningún involucrado en este asunto ha explicado es cómo fue que el “apoyo transitorio a la banca” promovido a inicios de 1995 derivó en un voluminoso “rescate” superior a 100 mil millones de dólares, o 20 por ciento del PIB. El “juego” comenzó con alrededor de 400 millones de pesos en enero de 1995 (el “apoyo transitorio”); para finales de 1998 el saldo superaba los 552 mil millones, y al 31 de diciembre de 2008 el adeudo superaba los 745 mil millones, no obstante que se han pagado más de 400 mil millones. Los jilgueros oficiales aseguran que cada día “es menor” el débito con respecto al PIB, lo que técnicamente es correcto, pero en realidad tal “reducción” no es porque el débito haya decrecido, sino porque el valor nominal del producto interno bruto se ha incrementado.
Para ejercitar la memoria, hay que recordar que en la primera mitad de enero de 1995, tres semanas después de los “errores de diciembre”, el Banco de México aplicó “un esquema de apoyo transitorio” a la banca privada (“para garantizar sanos niveles de capitalización”), emitiendo obligaciones subordinadas por cerca de 50 millones de dólares (unos 400 millones de pesos al tipo de cambio de entonces). Un mes después, el Fobaproa había canalizado mil 800 millones de dólares a esa misma banca privada. En octubre el monto creció a 3 mil 500 millones, en noviembre a 5 mil 500 millones y en diciembre de ese mismo año a 6 mil 500 millones de dólares. Al concluir 1998, el saldo llegaba a 62 mil millones de billetes verdes, justo cuando los diputados priístas y panistas autorizaron la conversión de dicho saldo en deuda pública y la creación del IPAB, organismo que poco más adelante reconoció que el original “esquema de apoyo transitorio” ya representaba un pasivo cercano a 100 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2000.
También en 1995, Eduardo Fernández García y Miguel Mancera Aguayo, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y gobernador del Banco de México, respectivamente, con una sonrisa afirmaban que el costo del rescate bancario “no superará el 5 por ciento del PIB”, y al unísono declaraban: “ningún banco irá a la quiebra”.
De cualquier suerte, aún en el hipotético caso de que el saldo del “rescate” ya no se incremente, los mexicanos tardarían algo así como 18 años adicionales para terminar de pagar lo que, sonrientes, plácidos y tomados de la mano, Zedillo y Calderón festejaron en Davos. Ello, claro está, en el también idílico supuesto de que no se presentara la “necesidad” de rescatar de nueva cuenta a la banca o a cualquier otro de los grandes grupos empresariales –nacionales y extranjeros– que de este país han hecho su negocio personal, con la complicidad del inquilino de Los Pinos (léase gerente) en turno, siempre acompañado por “un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo”.
Las rebanadas del pastel
El duopolio televisivo se retuerce, presiona, manipula, chantajea. Se niega a perder un solo centavo del exquisito pastel publicitario electoral. Tampoco está en sus planes perder ingresos por anuncios comerciales en horario regular. ¿Qué hacer, entonces? Sencillo: les apesta los partidos a los fanáticos futboleros, y echa a caminar a la teleaudiencia en contra del proceso electoral, los partidos políticos y la autoridad encargada del proceso (unos y otra de por sí apestados). Allí están los Frankenstein del régimen, totalmente fuera de control y aterrorizando al respetable.
José Blanco
Can we?
Can we?
El FMI estima que la economía mundial sufrirá un desplome generalizado en 2009, con un crecimiento global de 0.5 por ciento, la peor tasa registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Desde noviembre no ha dejado de revisar sus estimaciones a la baja.
Para América Latina (AL) el Fondo dijo en noviembre que la región crecería 2.5 por ciento, pero su última estimación es de 1.1 por ciento debido al empeoramiento del entorno latinoamerocano. La región empeorará su situación debido a la caída de sus exportaciones y al “colapso” de los precios de las materias primas.
La caída de 3.8 por ciento del PIB estadunidense en el cuarto trimestre muestra que la crisis se ha extendido al conjunto de la economía, la peor en 26 años. “Es esencial tomar medidas inmediatas para apoyar tanto al sector financiero como a la demanda en general”, dijo Christina Romer, presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia: un estribillo que muestra a las claras el desconcierto de todos los actores. “No hay un mapa claro de experiencia para tratar con ella” (la crisis), dijo Gordon Brown en Davos; “pero esto no es como en los años 30: ahora el mundo puede trabajar junto, la cooperación global es la mejor manera”.
Japón está en peores condiciones: el desempleo en aumento acelerado, el gasto familiar que se ha desplomado y el oscuro panorama industrial hacen pensar a los inversionistas que el país puede estar al borde de la deflación; esperan “datos horribles” (una caída de dos dígitos) cuando se anuncien las cifras del PIB del cuarto trimestre.
Hitachi Ltd, el mayor fabricante de productos electrónicos, comunicó el pasado viernes que estaba enfrentando la mayor pérdida anual de la historia del sector manufacturero japonés. En tanto, NEC Corporation anunció 20 mil despidos, el mayor recorte de personal en toda Asia desde que comenzó la crisis.
En China el superávit comercial alcanzó una cima en septiembre pasado, pero ahora está en trayectoria inversa y el país enfrente protestas de trabajadores despedidos en miles de fábricas. Además “actualmente la crisis financiera internacional continúa propagándose, su impacto negativo sobre la economía de nuestro país se ha estado profundizando, y los impactos sobre los desarrollos agrícolas y rurales están surgiendo en forma constante”, según la agencia de noticias Xinhua.
La agencia Efe resumió: “Davos cerró la edición más pesimista de su historia en alerta máxima, ya que la severa crisis económica podría crear reacciones sociales violentas y el resurgimiento del nacionalismo y proteccionismo en favor del sálvese quien pueda”.
En tanto, Lula llevó a Belem, al Foro Social Mundial, un panorama sombrío de lo ocurrido en el último trimestre en la economía brasileña.
Esta vez Lula no fue a Davos a codearse con los grandes con pretensiones de potencia emergente. Se quedó en Belem con sus homólogos Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo.
Mientras en Davos los líderes de los países desarrollados no tienen un “mapa” para enfrentar la crisis, el Foro de Belem ha emitido un llamado “para estructurar una ofensiva ideológica, política y económica antineoliberal”; entre tanto, el modelo anglosajón desregulador ha recibido en Davos el mayor vapuleo de la historia. En ambos foros el neoliberalismo fue puesto en coma.
Hugo Chávez ha instado a sus colegas a acelerar el paso en la formación del Banco del Sur, cuya iniciativa ha estado congelada por demasiado tiempo, para cerrar filas contra la crisis. Chávez se equivoca: la organización del banco no va a resolver el problema del desplome de los precios de las materias primas, entre ellas el del petróleo, que es el peor problema que enfrenta y enfrentará Venezuela y el resto de los países petroleros latinoamericanos. Peor aún, la amenaza de una deflación general no está conjurada.
La globalización, que parecía organizarse en forma de bloques económicos, apunta hacia una transformación. Estados Unidos continuará siendo la economía más fuerte del planeta, pero evidentemente está incapacitado para resolver por sí solo una crisis –originada en ese país– cuyo fondo estamos lejos de conocer. Pero lo inverso también es cierto: ni la Unión Europea ni las frágiles relaciones en el interior del bloque asiático (incluida India) ni las más frágiles del bloque latinoamericano –para no hablar de África– podrán hacer nada sin la participación decisiva de Estados Unidos.
En las palabras Brown tiene razón. Los hechos están marchando por sendas diferentes. Hay una enorme herencia histórica cultural del espacio social que llamamos Occidente, y en ese espacio está Estados Unidos, que toma sus decisiones por la libre. Está el espacio de complejísimos procesos para construir consensos, la Unión Europea (con enormes avances, a pesar de todo), y el espacio latinoamericano con una gran interrogación encima. Los consensos en América Latina son casi imposibles con la actual desigualdad socioeconómica. El bagaje histórico común de Occidente está sepultado por la fragmentación y la desigualdad.
Asia está en una posición cautelosa respecto a la cooperación para enfrentar la crisis mundial.
Las tenues articulaciones políticas y económicas latinoamericanas actuales no colocan a América Latina en una tesitura que le permita colaborar internacionalmente para defenderse a sí misma de una crisis que aún la azotará sin piedad. El discurso antineoliberal de Belem tiene una razón de fondo, pero de ese discurso no puede desprenderse una actuación política y económica que apoye la superación de la crisis.
Luis Hernández Navarro
João Pedro Stédile y el MST
João Pedro Stédile y el MST
Es, con mucho, uno de los movimientos sociales más vivos y dinámicos de América Latina. Uno de los más consolidados y estructurados. Uno de los más odiados y admirados. Uno de los más conocidos internacionalmente. Es el Movimiento de los Sin Tierra (MST). En 25 años de vida ha organizado 7 mil 500 tomas de tierra, 2 mil 500 de ellas durante los casi siete años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La figura más visible de ese movimiento es João Pedro Stédile. Nacido en Rio Grande do Soul, en el seno de una familia de descendientes italianos, vivió en la granja de sus padres hasta los 18 años. Desde su juventud fue profundamente influido por la Iglesia católica. Completó su carrera de economista trabajando en el campo durante el día y estudiando en la noche.
Trabajó en una agencia de desarrollo rural gubernamental, desde la que organizó a los campesinos productores de uva destinada a elaborar vino. Cuando en 1975 la Iglesia católica formó la Comisión Pastoral para la Tierra (CPT) participó con ella.
Pocos dirigentes sociales tienen una formación teórica tan seria como él. Enemigo de la educación política manualesca que tanto daño hizo a la vieja izquierda, es un conocedor profundo del marxismo y de la teoría crítica, los que utiliza regularmente como herramientas de análisis.
Durante dos años cursó la carrera de economía en la UNAM, en México. Aquí conoció a figuras centrales en su formación académica y política, como Francisco Juliao (organizador de las ligas campesinas), Ruy Mauro Marini y Teotonio dos Santos. Considera ese periodo como uno de los mejores de su vida.
El MST nació de la lucha por la tierra y en contra del latifundio improductivo. Surgió en 1984 y adquierió ese nombre por un accidente periodístico: la prensa comenzó a llamarlos los sin tierra. Apenas entre el 20 y el 23 de enero pasados celebró su décimo tercer encuentro nacional.
En su fundación desempeñó un papel central la Iglesia católica. Años antes de su nacimiento, religiosos inspirados en la teología de la liberación habían desarrollado un trabajo muy profundo de concientización en el mundo rural. La Iglesia era la única institución con presencia real en todo Brasil.
João Pedro estableció una relación muy estrecha con el CPT, que comenzó a organizar grandes encuentros nacionales sobre la problemática del campo. Nació como un movimiento autónomo e independiente de los partidos políticos y de la Iglesia. Hay quien, desde la izquierda, no se los perdona. Desearían que la organización se subordinara al gobierno de Lula y que no lo criticara.
El MST apoyó la campaña electoral de Lula, pero nunca firmó un cheque en blanco con su gobierno. Acostumbra moverse en el filo de la navaja. No rompe con ese gobierno definitivamente, mas no renuncia a presionarlo. Su actuación frente al gobierno ha sido siempre la misma: presiona, critica y, cuando viene al caso, aplaude.
En una época en la que muchas organizaciones campesinas han desaparecido o entrado en crisis, el MST sobrevive, se fortalece y crece. Se trata de un movimiento con gran fuerza de masas: cerca de 700 mil familias participan en sus filas.
En su interior se privilegia la educación política y formal de sus militantes, retomando las enseñanzas de pedagogos como Paulo Freire. Sus escuelas de cuadros son verdaderas universidades campesinas y sus convenios con instituciones educativas del Estado un ejemplo de cómo se puede avanzar en la transformación de la enseñanza. Desde ellas se promueve la elaboración de un nuevo pensamiento y una nueva praxis transformadora de la realidad. Reivindica la necesidad de elevar el nivel educativo de los campesinos para que sean ciudadanos, en todo el sentido de la palabra.
El MST otorga gran importancia al trabajo internacional. Desempeñó un papel central en el nacimiento de Vía Campesina. Sostiene una escuela técnica agroecológica en Venezuela. Apoya las luchas de liberación en diversas partes del mundo.
Ve con gran simpatía la lucha del EZLN en Chiapas, al que, entre otras cosas, le reconoce haber puesto en riesgo su vida para alcanzar su objetivo. Coincide con el zapatismo en el intento por crear un gran movimiento de masas capaz de transformar la realidad.
João Pedro es un dirigente excepcional, una especie de anfibio político, que lo mismo nada en las aguas populares, que en círculos académicos o entre quienes practican la política institucional. En todos los niveles es capaz de moverse sorprendentemente bien: lo mismo imparte una conferencia en una universidad que explica con gran sencillez la más compleja realidad a un grupo de campesinos, a los que defiende a muerte y no da tregua a sus adversarios políticos. Responde personalmente los mensajes que le llegan a su correo electrónico y con eficacia da entrevistas a los medios de comunicación en portugués y español.
Él, así como el movimiento en el que participa, se han negado a contar con representantes populares. Algo excepcional, dado que casi todo mundo quiere ser diputado o funcionario público a casi cualquier precio. “Ni la televisión ni los votos cambian la realidad”, afirma.
Una de las ideas-fuerza centrales es que la lucha por la reforma agraria sólo tenía futuro si se desarrollaba como una lucha de masas. Sin embargo, la lucha en el campo ha cambiado drásticamente su naturaleza. Frente a los cambios que se han operado en los agronegocios en los últimos 10 años, la cuestión agraria se quedó amortiguada. Los latifundistas se convirtieron en burguesía agraria y dejaron de producir para el mercado interno. Los dueños de estas empresas –muchas de ellas trasnacionales– son ahora sus enemigos principales. En esas circunstancias el movimiento campesino ha debido cambiar su estrategia.
Luchador incansable y tenaz, João Pedro Stédile representa a una clase de dirigentes sociales que casi no existe ya, pues fue absorbida por la política institucional o se retiró, decepcionada, a la vida privada.
Stédile sostiene que “Dios es campesino (y probablemente latinoamericano) y el maíz es nuestra moneda”. Su organización, el MST, es, con mucho, una de las más avanzadas políticamente de cuantas existen en América Latina. En los años recientes ha dado mucho de qué hablar. En los que vienen adquirirá una presencia aún mayor.
Magdalena Gómez
Las izquierdas mexicanas hoy
Las izquierdas mexicanas hoy
Cómo y para qué volver los ojos a la coyuntura nacional y en especial a los desafíos de las izquierdas frente al inicio de año que fue marcado con la agresión militar del gobierno israelí a la población civil en Gaza, la asunción de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, que, si bien no representa un cambio de fondo, sí genera expectativas de matiz, si se quiere, pero de gran contraste con respecto a George W. Bush.
En otro terreno, el Foro Social Mundial, realizado la semana pasada en Belem, Brasil, se desarrolló siguiendo una amplísima agenda, con gran riqueza y diversidad de movimientos, destacando los indígenas en defensa de sus territorios. Llamó especialmente la atención la participación de los presidentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela, junto al de Brasil, en un espacio con hegemonía de los movimientos sociales; “el tsunami político” que su presencia generó fue narrado por Luis Hernández Navarro (La Jornada, 31/1/09). Los factores anotados deben leerse en el contexto de la muy grave crisis económica mundial, cuyo impacto en nuestro país pasó de un simple catarrito a pulmonía.
Para imaginar alternativas posibles resulta necesario colocar el análisis en nuestro país, sobre todo en el fenómeno de las izquierdas realmente existentes. Bien sabemos que en este tema hay posturas diversas, que van de los partidos políticos a los movimientos como el zapatismo abiertamente anticapitalista, algunos sectores sindicales como el electricista, el magisterial, los organismos civiles de derechos humanos y el que representa el lopezobradorismo, muy vinculado con partidos, pero que constituye en sí mismo un movimiento.
Una característica muy presente es la escasa o nula relación entre las izquierdas. Y ello se puede entender cuando se abordan las radicales diferencias de enfoque, pues mientras unos se colocan abierta y explícitamente en posición antisistémica, otros se mueven dentro de marcos institucionales, sean elecciones o defensa de derechos económicos, sociales, políticos, lo cual no les impide mantener posiciones críticas al neoliberalismo.
A mi juicio y sin ánimo ecléctico, la cuestión de fondo está en reconocer que una y otra posturas son necesarias, pues la destrucción del capitalismo también pasa por la mediación de movimientos y organizaciones que desde distintas trincheras le hacen frente. Las luchas contra la privatización del petróleo, por la defensa de los derechos laborales, como la que está en curso contra la Ley del ISSSTE o la que enfrenta a la llamada Alianza por la Calidad de la Educación hacen sentido en una lógica anticapitalista.
El grave problema que se tiene es el de los partidos llamados de izquierda, cuyas prioridades y métodos con frecuencia no les distinguen respecto de otras tendencias ideológicas y prácticas políticas, muestran signos de abierta descomposición. Sin embargo, se mueven en una vía que, como la electoral, es una opción de participación para amplias capas de la ciudadanía. No es la vía la que se ha pervertido, y sí sus reglas, vicios, patrimonialismo, nepotismo y demás prácticas que tan duramente fueron criticadas cuando el príismo imponía su hegemonía. Por ello tiene sentido el esfuerzo que pueda desplegarse por algunas tendencias para revertir ese proceso de deterioro. Y en ello el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador juega un papel importante, pues si bien no tiene el centro en la cooptación de espacios electorales, tampoco los desestima, al proponer candidaturas con perfiles y trayectorias más cercanos a las causas sociales que a la dinámica de las llamadas tribus o corrientes de los partidos.
La más reciente concentración en el Zócalo capitalino resultó de nueva cuenta una expresión de fuerza social, aun frente a los embates de todo signo, y puso en el centro la defensa de la economía popular, principal damnificada de la crisis económica. Ello después de dar la batalla contra la privatización del petróleo. No es poca cosa la incansable labor de cercanía y presencia en la gran mayoría de los municipios del país, si ello se traduce en votos para otro perfil de candidatos a puestos de elección popular, qué bien, pero lo importante es que se consolide la organización de las grandes mayorías de este país, que en el día a día resienten el incremento en los precios de servicios y productos básicos.
El ¡Ya basta! de 1994, la documentación y denuncia del despojo mediante el Fobaproa, entre otros, están en la memoria colectiva. La lucha por alcanzar un mundo donde quepan muchos mundos pasa por las luchas cotidianas de los que no tienen voz, de los que desde sus comunidades se ven sin oportunidades reales de una vida digna, de los que en las grandes ciudades y desde la periferia resienten la inseguridad, el desempleo. Y para ello, como decía el revolucionario guatemalteco Mario Payeras: “en política no basta con tener la razón”.
Pedro Miguel
Tiempo de confesiones
Desde tiempos de Salinas, y acaso desde antes, los traficantes de vehículos robados solían recurrir a facturas falsas para amparar su mercancía. Es difícil determinar a ciencia cierta quién inspiró a quién: si los ladrones de autos a los ladrones de presidencias, o al revés, pero el hecho es que ahora usurpadores y ex usurpadores de la jefatura de Estado exhiben, en prueba de honradez, papelería y procesos electorales adulterados. La falsificación refuerza la impunidad y hace prácticamente imposible el esclarecimiento, porque para llevarlo a cabo se necesitaría un aparato de investigación al menos tan grande como las dependencias públicas que sirvieron de Plaza de Santo Domingo para fabricar documentos apócrifos.
Pero la verdad acaba por saberse y, a veces, por vías realmente insospechadas. Hace unos años Miguel de la Madrid Hurtado reconoció, frente a las cámaras (hay testimonio grabado), que el PRI había perdido la elección presidencial de 1988. No se sabe si fue un cobro de facturas a su sucesor en el cargo, impuesto por medio de un fraude electoral descarado, o una pérdida de control sobre el esfínter del verbo. En tiempos más recientes Vicente Fox ha venido propinando a Felipe Calderón, a plazos, un golpe semejante a ese que De la Madrid descerrajó de súbito sobre la cabeza monda de su pupilo amado: desde el paraíso de la oposición –espurio dixit–, el guanajuatense insta a las huestes que puedan quedarle a usar los cargos públicos para hacer proselitismo partidista y admite sin rubor ni escrúpulo que eso es lo que él hizo para dejar al propio Calderón pegado con Kola-loka en la silla que él se resignaba a desocupar: “No me permitieron que fuera Marta, pues tengan”.
En el confesionario de Davos, el heredero de Fox taponeó sus propias fugas (“Ave María Purísima, quién ha dicho que gobernar sea un infierno”), pero mantuvo intacto el mensaje central: su empatía manifiesta con la obra desgubernamental de Ernesto Zedillo es etiqueta implícita de identidad y ésta de continuismo. La alabanza de las tropelías cometidas por su abuelastro político indica que eran simuladas las muecas de asco que el joven Calderón ensayaba en 1997, cuando el partido que dirigía se alistaba para aprobar en las cámaras, junto con el PRI, la montaña de oro y mierda (ésta para la gran mayoría, y aquél para unos cuantos) del Fobaproa-IPAB. Qué muestra de liderazgo internacional: lo que hay que hacer, ante la actual catástrofe, es una montaña semejante, pero de dimensión planetaria.
En el encantador pueblo suizo en el que los responsables del desastre mundial se reunieron para charlar, Zedillo no tuvo empacho en reconocer que ese atraco promovido por él transfirió a manos privadas recursos públicos equivalentes a 20 por ciento del producto interno bruto. Implícitamente, el férreo defensor de la disciplina fiscal admitió la creación de un déficit capaz de destruir una economía nacional, bajo cuya sombra algunos vivales –como algunos del círculo de Fox Quesada– compraron a 20 mil pesos propiedades en las que muchos miles de mexicanos habían dejado décadas de esfuerzo. Agustín Carstens, por su parte, dio brinquitos de alegría –es un decir– al recordar los frutos podridos del Fobaproa: “Se hizo lo mejor que se pudo” y “no hay una crisis bancaria que se resuelva de manera sencilla”, dijo, como si ignorara que los defectos principales del rescate bancario zedillista y panista no fue su complejidad, sino su inocultable corrupción y sus efectos devastadores sobre y contra la inmensa mayoría de los mexicanos.
O sea que a pesar de los pleitos de familia, de los cambios de color y de etiqueta, de los episodios de cárcel para hermanos incómodos, de las insubordinaciones de hijos desobedientes y de puñaladas amistosas procedentes del rancho San Cristóbal, éstos quieren lo mismo y son lo mismo. Las más recientes confesiones dejan ver la continuidad de un proyecto político-económico que utiliza como medio el robo de presidencias para realizar su fin principal, que es el saqueo de la riqueza pública. El strip-tease ideológico efectuado en Davos tendría que bastar para esclarecer a algunos despistados que alertan sobre el supuesto peligro del regreso del viejo régimen y se niegan a darse cuenta de que éste nunca se ha ido.
¿Ton’s qué, Felipe? ¿Nos echamos otro Fobaproa?
Editorial La Jornada
Extorsión a la República
El fin de semana pasado, cuando dieron inicio formal las precampañas de cara a las elecciones de julio próximo, las dos principales empresas televisoras del país interrumpieron las transmisiones de diversos encuentros deportivos para difundir, en bloque y fuera de los espacios comerciales, anuncios del Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos –lo que, cabe suponer, generó una explicable molestia de los televidentes– con el pretexto de que así lo “ordena” la legislación vigente en materia de contratación y difusión de propaganda electoral. Ayer, una vez que el IFE se había deslindado de esas interrupciones y afirmado que éstas obedecían a una decisión “adoptada exclusivamente por las televisoras”, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) pretendió justificar la medida al señalar que “las pautas de las precampañas electorales fueron notificadas hace un par de semanas a las emisoras, cuando ya existían compromisos contractuales previos en la programación (y) teniendo en cuenta que los tiempos y horarios de los juegos son predeterminados e imposibles de modificar”.
Debe aclararse, en primer lugar, que, al contrario de lo que afirman los consorcios mediáticos, ninguna de las disposiciones legales vigentes les “ordena” transmitir los anuncios electorales en bloque, como lo hicieron, y ni siquiera las obliga a destinar espacios adicionales a la difusión de propaganda electoral: para ese efecto se utilizan los tiempos oficiales, que hasta este fin de semana se empleaban en la difusión de publicidad gubernamental.
La acción que se comenta, en cambio, parece obedecer a un espíritu de revancha, y hasta de berrinche, por parte del duopolio televisivo tras las modificaciones aprobadas a la legislación electoral que, entre otras cosas, prohíben tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda comicial y afectan, por tanto, los intereses monetarios de los concesionarios de medios electrónicos de comunicación al reducir sus ganancias y su margen de maniobra para incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía.
En suma, a lo que puede verse, la interrupción unilateral de los programas mencionados no parece tener otro fin que sembrar en la población animadversión en contra del IFE y los partidos políticos; deteriorar, con ello, la de por sí menguada credibilidad de la institucionalidad político-electoral del país, y chantajear de esa forma a las instancias públicas encargadas de hacer valer la legislación, como lo hicieron en 2007, cuando las empresas televisoras y radiodifusoras emprendieron una campaña de presiones y mentiras contra los legisladores que discutían las reformas en materia electoral. Entonces como ahora, los propietarios de los grandes medios de comunicación emplearon las concesiones en forma abusiva e irregular e intentaron subvertir, por medio de recursos ilegítimos e inaceptables, la voluntad soberana de uno de los poderes de la Unión. Entonces como ahora, tales comportamientos pasaron del golpeteo al golpismo mediático.
Por lo demás, al afirmar que las reformas en materia electoral conllevan “un costo para la sociedad, pues se trata de recursos en especie que los concesionarios entregan bajo la forma de impuestos y aprovechamientos al Estado y que posiblemente podrían ser utilizados en forma más eficiente en otras tareas”, los propietarios de los consorcios mediáticos incurren en una distorsión adicional, al soslayar que no son ellos los que “entregan” esos recursos al Estado, sino que es éste el que les concesiona el uso de un bien público –el espectro de frecuencias electromagnéticas– que es extensión del territorio nacional y, por tanto, propiedad de la nación.
A poco más de dos años de las desaseadas elecciones presidenciales de 2006, es necesario que el país cuente con procesos electorales justos, limpios y equitativos, y que todos los actores políticos y económicos actúen con pleno apego a las directrices vigentes. En la circunstancia actual, lo peor que puede hacer el IFE es dejarse amedrentar por los chantajes del poder fáctico e ilegítimo del duopolio televisivo, si lo que quiere es evitar una erosión aun mayor en su credibilidad. El gobierno federal, por su parte, debe intervenir oportunamente en el asunto: de no hacerlo así, se acentuará la percepción generalizada de que las autoridades del país sirven a intereses privados, no al bienestar común, y se profundizará el déficit de legitimidad que la actual administración arrastra de origen.
Editorial
EL UNIVERSAL
Infancia robada
La realidad exhibe la baja prioridad que ocupan los asuntos de los ciudadanos comunes y ordinarios en la agenda de los políticos. El trabajo infantil es sólo un ejemplo en ese sentido: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en todo el país laboran más de 3 millones 600 mil menores de 18 años, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya realizado y dado continuidad a un esfuerzo serio por ponerle punto final a esta situación.
En México tenemos una arraigada y frecuentemente soslayada tradición de niños y adolescentes que trabajan, ya sea en el campo, con sus padres atendiendo los negocios familiares o incluso mendigando en las calles y carreteras. A ello se agrega la explotación practicada en el empleo doméstico que, como reporta un estudio de la Cepal y del UNICEF, afecta aún más a las niñas, pues “llega a justificarse culturalmente cuando las envían a la escuela, les otorgan vestimenta y vivienda, manteniendo relaciones de servidumbre y explotación al margen de la ley, pero toleradas socialmente”.
No hay más: llegó el momento de dejar atrás esta abusiva tradición nuestra y para ello el Estado ha de tutelar férreamente los derechos de las niñas y los niños mexicanos.
En épocas de crisis económica crece la urgencia de que estos problemas sean colocados en el centro de las políticas públicas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es en estos contextos de adversidad económica cuando las familias, golpeadas por la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, tienden a ser más tolerantes frente a la explotación de los menores.
De cara a escenarios tan alarmantes, resulta desesperanzador conocer que en la Cámara de Diputados duermen el sueño de los injustos seis iniciativas de ley en materia de trabajo infantil. Que proyectos relativos a los derechos y al desarrollo de los menores tiriten en la congeladora legislativa sólo refuerza la idea de que toda preocupación de la sociedad sin adjetivos —es decir, de la sociedad ajena a la esfera de la alta clase política— es sistemáticamente ignorada.
El expediente del trabajo infantil, pues, llama la atención sobre la forma en que el espacio público está ocupado por una presencia excesiva de los podersosos actores políticos y económicos, siempre en detrimento de la ciudadanía.
Para muestra, cada vez que en México intentamos llevar a cabo una reforma del Estado, todos los temas sociales se quedan relegados y la discusión se reduce a la materia electoral: dinero, propaganda, reglas de competencia, prerrogativas. En una palabra: poder.
El fenómeno, por lo demás, no es privativo de los partidos políticos. Otro de sus síntomas se observa en el tratamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga a los temas que a ella llegan. Como si se tratase de una elevada torre de marfil, los asuntos referentes a las garantías individuales apenas son discutidos en el pleno del máximo tribunal. De hecho, la desigualdad es reproducida y perpetuada desde el Poder Judicial cuando sólo son resueltos los casos que interesan a los grandes poderes económicos.
Mientras tanto, los ciudadanos nos quedamos con la imperiosa necesidad de que nuestras preocupaciones también alcancen el estatus de asunto político relevante. ¿O no lo es que los menores formen filas en el mercado laboral, olvidándose con ello de su infancia y de su posibilidad de educarse para lograr una mejor calidad de vida en comparación con la de sus padres y sus abuelos?
Señores legisladores, señores ministros, señor Presidente, no están en un teatro donde sólo ustedes importan. Son actores sobre un escenario —México— donde los ciudadanos necesitamos ser algo más que burlados espectadores
Javier Corral Jurado
La provocación y los porqués
La decisión conjunta de Televisa y TV Azteca de incumplir las normas electorales para la transmisión de los anuncios propagandísticos de los partidos, al presentar en bloque todos los spots e interrumpir la programación continua, no sólo es parte del operativo de desinformación, mentiras y desprestigio que han hecho de la reforma que les afectó el multimillonario negocio de la publicidad política, sino un auténtico acto de provocación del porrismo mediático en que han convertido su oposición a la legislación.
El duopolio televisivo atenta contra el Estado y la democracia. ¿Por qué? Porque el Estado está débil frente a ellos y nuestra democracia es precaria. Porque lo hacen bajo un cálculo de poder desbordado, con conocimiento pleno de que sus excesos no tendrán sanción mayor, porque el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para someterlos al imperio de la ley.
No tiene capacidad debido a la suicida cesión de poder que el gobierno les ha hecho en los últimos 20 años. Una transferencia inaudita de soberanía estatal a cambio de protección y cuidado de la imagen de los presidentes y de algunos secretarios, si mucho, por el tiempo que dura el sexenio. Una cesión de facultades, funciones y recursos que también es fruto de la corrupción, el chantaje, la ignorancia, el temor o la vanidad de un conjunto de funcionarios y legisladores que abdicaron de sus deberes y responsabilidades.
Desde la administración de Salinas a la fecha, no se ha hecho otra cosa que desmantelar la rectoría del Estado en la materia. Actualmente se autorregulan y tienen en sus manos la mayoría de votos en el órgano más importante del sistema de control y vigilancia del Estado sobre las concesiones de radio y tv: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Tampoco tiene capacidad porque los instrumentos legales del Estado son anquilosados y varias de las conductas en que hoy incurren los concesionarios de las dos cadenas de tv ni siquiera fueron imaginadas por el legislador en los supuestos delictivos; quizá entonces no se concibió jamás que los concesionarios actuaran en contra del Estado que les concesionó las frecuencias. Y cada que se pretende actualizar esas disposiciones, los legisladores sucumben por motivos muy diversos, en los que el chantaje y el miedo ganan la batalla a los impulsos reformadores.
El del Estado frente a la tv es un poder que no puede. Ahí sí estamos ante un Estado fallido.
Esto es bien sabido por los concesionarios. Saben que sus tácticas desinformadoras generan resultados entre algunos de los líderes del Congreso, quienes no sólo dejaron inconclusa la reforma electoral al no legislar las medidas complementarias en la ley federal de radio y tv, entre otras cosas para estipular verdaderas sanciones al incumplimiento, sino que abandonaron la defensa de la reforma en la SCJN, en el Tribunal Electoral, en los medios, en su propia tribuna parlamentaria. La CIRT, que tan patéticamente ha vuelto a salir a defender la violación a la ley, sabe que la reforma electoral está en la orfandad, que ya nadie se hace cargo del hijo que salió con fórceps de la panza del Congreso.
Los concesionarios de la tv han visto cómo el PRD se hizo chiquito frente a la reforma; cómo el PRI amagó con ella y luego negoció; cómo el PAN ha vacilado en hacerla suya. Tienen medidos a nuestros dirigentes políticos.
Si el gobierno en su conjunto, esto es, los tres poderes, no actúa enérgicamente, si deja pasar ésta, la tv logrará su objetivo de volver inútil la reforma. Cuando las dos cadenas deciden interrumpir la transmisión del Super Bowl y le pasan a la gente tres minutos seguidos de anuncios políticos “por orden del IFE”, no sólo nulifican los efectos de la estrategia propagándística de los partidos; buscan hacer repudiable la propaganda política y por lo tanto deplorable la reforma.
Y en medio de lo grotesco, lo paradójico: así como en los momentos de crisis económica se disparan procesos de cambio político y reformas legales de carácter estructural, puede darse el caso de que finalmente, con estos actos de provocación, el Estado se decida recuperar su poder. El duopolio televisivo se siente intocado, se cree todopoderoso, y quizá sea en esa prepotencia en la que se encuentre el germen del colapso de su injustificado poder.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Alberto Aziz Nassif
Schumpeter tenía razón
Las élites seleccionan a los candidatos y los ciudadanos escogen entre esas opciones; ese es el único juego real de los ciudadanos, y ese será el alcance de las elecciones del próximo 5 de julio. Este proceso está en el corazón de la teoría sobre la democracia que postuló el economista austriaco Joseph Schumpeter en 1942, y que los partidos políticos en México han decidido aplicar al pie de la letra: “La democracia significa tan sólo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarlo (…) es el gobierno del político”.
¿Dónde quedó la posibilidad de la ciudadanía de tener algo que decir sobre los candidatos para la próxima contienda electoral? Sencillamente es una posibilidad secuestrada por las élites de los partidos. Una vuelta de tuerca más para consolidar la partidocracia, que es la única pieza que se afianza dentro del sistema político electoral.
Ahora se puede entender con más claridad por qué los partidos han sido opositores sistemáticos hacia la reelección legislativa. Si existiera esta figura, los aparatos partidistas tendrían que moderar la imposición de sus camarillas y redes.
¿De qué forma se puede exigir cuentas a los candidatos que llegarán a integrar la 61 Legislatura? De la misma forma que con los actuales legisladores, es decir, no hay manera. Hoy vemos cómo la huida en San Lázaro ya se produce todos los días, porque los actuales diputados están en la búsqueda del siguiente puesto. Podemos preguntarnos para qué todo el armado de reglas que hablan de precampañas, reuniones, asambleas, competencia, si al final las listas salen de los acuerdos que hicieron unos cuantos líderes políticos.
No importa el color partidista, no hay que hacerse bolas, como dicen los clásicos: el PRI elegirá en una convención de delegados a sus mejores cartas para 294 distritos; la cúpula del PAN elegirá a 195 personas para igual número de distritos; el PRD hará una comisión de candidaturas para negociar entre sus tribus las listas (EL UNIVERSAL, 18/I/09).
En esta lógica, cualquier candidato tiene que quedar bien con su jefe que lo designó, y si llega a ser legislador, tendrá que seguir las instrucciones del aparato que lo puso en la curul de San Lázaro. ¿Qué importan el voto ciudadano y los compromisos que se establezcan con el electorado? La verdad prácticamente no tendrá importancia, porque los ciudadanos que lleguen a votar por un diputado posiblemente no lo volverán ver, y si acaso la suerte los vuelve a poner en la ruta de otra candidatura, sencillamente se apostará al olvido. Ahora ha iniciado el periodo de las precampañas, que tendrá una duración máxima de 40 días; luego vendrán las campañas, que serán otros 60 días, y al final llegará el día de la votación.
Las dos características principales de las últimas elecciones intermedias en 2003 fueron la abstención y el altísimo costo económico. ¿Vamos hacia otro 2003? Ahora se jugará con nuevas reglas en materia de medios y financiamiento.
Sin embargo, habrá que observar con precisión si, a pesar de las nuevas reglas del juego, se repiten las características de hace seis años. A pesar de todo, nada nos librará de un estremecedor bombardeo mediático de millones de spots para las precampañas y campañas. Para ello, los partidos contarán con los tiempos oficiales, porque con la última reforma electoral los partidos ya no tendrán que gastar dinero para contratar tiempo en radio y televisión. Pero el problema ahora es la administración de esos tiempos, que ya abrieron un nuevo conflicto por la interrupción que hubo el domingo pasado de los partidos de futbol para transmitir spots políticos. Lo cual fue condenado por los partidos, el IFE se deslindó y acusa que la decisión fue de las televisoras.
El financiamiento público para los partidos será de 3 mil 633 millones de pesos, pero sólo 2 mil 700 serán para campañas. Mucho dinero en tiempos de crisis económica. En este cuadro sólo nos faltará saber cuántos ciudadanos, de los 78 millones de mexicanos del padrón electoral, votarán.
¿Vamos hacia otra elección cara y abstencionista? Quizá el problema electoral de fondo sea comprobar que Schumpeter tenía razón; por eso en 2009 tendremos otra vez políticos ricos, muchos spots y poco voto ciudadano.
Investigador del CIESAS
