12/28/2017

Existen dudas sobre autores del asesinato de Miroslava Breach

Detienen a presunto responsable de planear el crimen




Sin notificar a la familia de la periodista y corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo, este 25 de diciembre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó en sus cuentas de Twitter y Facebook que esa mañana la Policía Federal capturó al presunto autor intelectual del crimen, Juan Carlos Moreno Ochoa, alías El Larry.

Ayer por la mañana el gobernador difundió el mensaje donde informó que tras la investigación de la Fiscalía General del estado, en colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se logró la captura de Moreno Ochoa; noticia que replicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también en un mensaje en redes sociales donde abundó que la detención ocurrió la madrugada del 25 en Sonora.

Sin embargo, horas después del anuncio, el periódico La Jornada difundió una nota donde aseguró que los cinco hermanos de la periodista no creen que el detenido sea el autor intelectual del homicidio porque, de acuerdo con lo que ellos saben y han indagado, quienes pudieron dar la orden son políticos de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PAN).

Tras esta declaración, el gobernador Javier Corral, grabó un video mensaje en que el afirmó que no existe ninguna duda de la identidad de los asesinos de la periodista e indicó que la investigación en torno al crimen se agotó en dos meses y posteriormente se solicitaron las ordenes de aprehensión de dos responsables por lo que sólo faltaba ejecutarlas.

“Los chihuahuenses y México todo, saben hoy que el crimen de Miroslava Breach tiene nombre, tiene rostro y no quedará impune. Se hará la justicia que tanto se ha reclamado”, dijo en el video al tiempo que anunció que continúa la búsqueda de otros implicados en el asesinato.

Al respecto, la coordinadora del Área Jurídica de Propuesta Cívica, Nataly Quintero Chávez, explicó en entrevista que los familiares no recibieron información de esta detención porque la Fiscalía estatal no los considera víctimas, por tanto no tienen certeza de cómo se ha desarrollado la investigación ni de cuáles son los elementos para acusar a Moreno Ochoa.

Esta organización que presenta legalmente a la familia ha solicitado en reiteradas ocasiones que la hermana de Miroslava, Rosa María Breach, pueda ver la carpeta de investigación pero ante la negativa el 28 de julio presentó un amparo (juicio 1137/2017) para que se reconociera su calidad de víctima y aunque el 5 de octubre ganó el recurso, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión que aún no se resuelve.

Ante esta situación la familia no será llamada a la audiencia de vinculación a proceso que se debe realizar en un plazo de tres días y donde el Ministerio Publico dará a conocer los principales elementos de la investigación y su metodología, es decir, de qué se le acusa y qué pruebas tiene para sostener la acusación.

Además de Juan Carlos Moreno Ochoa, el segundo detenido era Ramón Andrés Zavala, asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora, quien de acuerdo con la Fiscalía estatal fue el autor material del crimen. Javier Corral dijo que continúan los trabajos de búsqueda y localización para la detención de otros responsables del homicidio.

Según datos de la Fiscalía, que en octubre fueron filtrados a un periódico de Chihuahua, en el homicidio también participaron Adán Salazar Zamorano, actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, líderes de Gente Nueva, un grupo criminal del estado que habría ordenado la ejecución de la periodista.

La abogada explicó además que en este crimen (de acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer entre 2014-2015 se registraron 147 atentados contra mujeres periodistas en 24 entidades del país) la familia insiste en que los detenidos obedecieron órdenes de alguien más pero con el asesinato de uno de ellos se perdió la posibilidad de interrogarlo al respecto.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México

12/27/2017

Los evangelistas blancos trumpianos después delsexocidio electoralde Alabama

La Jornada: Bajo la lupa


Alfredo Jalife-Rahme

Un manifestante palestino usa una honda para arrojar un cartucho de gas lacrimógeno hacia los soldados israelíes, durante los enfrentamientos en la frontera israelí con Gaza
Foto Ap

No cuajó la insensatezevangelistade Trump: el trueque de Jerusalén por Alabama (https://goo.gl/y94wUU).

En medio de su apoteósico triunfo del recorte impositivo (Tax bill) –que afectará como a nadie al “México neoliberal itamita(https://goo.gl/QTiWzL)”–, Trump sufre una doble derrota: 1. A nivel doméstico, con el descalabro de Roy Moore del Partido Republicano (PR) en Alabama; y 2. A nivel global, con el repudio de la aplastante mayoría de los países de la ONU a su reconocimiento de Jerusalén como capital fake de Israel (https://goo.gl/1UBgRB).

La guerra civil de EU, que no se atreve a pronunciar su nombre, se ha degradado a niveles escatológicos (en su doble sentido etimológico) y hoy elsexocidio electorales usado como arma expedita para decapitar a los adversarios en sus puntos vulnerables: en Hollywood, contra los aliados israelíes del Partido Demócrata (PD), vinculados al megaespeculador George Soros (https://goo.gl/cBBXKY), y en Alabama, donde sucumbió el evangelista trumpiano Moore.

El 80 por ciento de los evangelistas –en especial los jóvenes desempleados blancos– se volcó por Trump en el Cinturón Bíblico (Bible Belt) y en el Cinturón Industrial (Rust Belt).

La derrota del anterior juez Moore en Alabama, bastión de los evangelistas blancos, significó un tremendo golpe para la agenda de Steve Bannon, ideólogo de Trump, de cara a las elecciones intermedias de 2018.

Se habla más de la derrota del evangelista Moore de 70 años que del triunfo por un estrecho margen de 1.5 por ciento del demócrata Doug Jones de 63 años del PD, quien contó con el masivo apoyo de los afroestadunidenses seguidores de Obama.

Desde hace 31 años un demócrata no descolgaba una senaduría en Alabama. Sin rodeos: Obama superó a Trump en su bastión de Alabama.

Casi 30 por ciento de los blancos no evangelistas votaron contra el juez Moore, quien representaba elViejo Testamento, mientras Jones lo era por elNuevo Testamento, según una metáfora del The Washington Post.

La demografía racial de Alabama expresa con mayor nitidez la derrota de los blancos evangelistas trumpianos (https://goo.gl/mwydRZ): 69.3 por ciento blancos y 26.8 por ciento afroestadunidenses cuando sólo salió a votar 37 por ciento del padrón electoral (https://goo.gl/gNpXPa), lo cual denota que los segundos votaron en forma masiva frente a la displicencia y/o rechazo de los primeros debido, quizá, alsexocidio electoralde Moore, acusado de acosar a menores de edad cuando tenía 30 años. ¡Que memoria después de 40 años!

El 96 por ciento (¡súper-sic!) de los afroestadunidenses que se volcaron en las urnas votaron por el demócrata Jones.

El portal Breitbart que dirige Steve Bannon acusó a los israelí-estadunidenses George Soros y Chuck Schumer (líder newyorkino de la minoría demócrata en el Senado) de haber financiado al triunfador Jones (https://goo.gl/CGyEBH).

No es ningún secreto señalar que Soros financia a grupos de choque afro-estadunidenses, además de Black Lives Matters (BLM), no precisamente porfilantropía, sino para avanzar su agenda globalista mediante la vilipendiada Open Society Foundation.

El desaire electoral de los evangelistas blancos al polémico Moore llevó a que el Post, portavoz del establishment, conjeture que “después de Trump y Moore, algunos evangelistas encuentran su etiqueta muy tóxica para usar (https://goo.gl/vNpEkn)”.

Sucede que, desde lamayoría moralen la etapa de Reagan, el términoevangelistase ha vuelto sinónimo de los blancos del PR.

Según el Post,los evangelistas constituyen una inmensa proporción de la población estadunidense, alrededor de la cuarta parte del país, pese a sudeclinación demográfica en la pasada década que va de 2 por ciento a 6 por ciento.

Según el historiador británico David Bebbington, la fe evangelista comporta 4 características: 1. Obediencia a la Biblia como última autoridad, 2. Creencia en el sacrificio de Jesús en la cruz como fuente de salvación, 3. Necesidad de una experiencia de conversión personal derenacimiento (born-again), y 4. Trabajar para difundir el Evangelio.

Loscristianos afro-estadunidenses, quienes comparten tales característica,no usan el término evangelista para describirse a sí mismos, debido a la asociación histórica y moderna con el supremacismo, conservadurismo y el PR.

Losevangelistas blancostienden a oponerse vehementemente el aborto y el matrimonio del mismo sexo, perono necesariamente están de acuerdo en temas como el cambio climático o la política fiscal.

Hoy las motivaciones de los votantes afroestadunidenses versan sobre elencarcelamiento masivo, el sistema estatal educativo desfavorabley unamentalidad que los considera como ciudadanos de segunda clase. Quizá su mayor motivación era propinarle una derrota a Trump mediante su clon electoral Moore.

El día siguiente de la derrota del evangelista blanco Moore, el reverendo evangelista y legislador Dan Johnson de Kentucky, acusado de provocar sexualmente a una adolescente en una fiesta de Año Nuevo en 2013, se suicidó (https://goo.gl/CR84WG). Su viuda Rebecca fustigó el “linchamiento high tech”.

El reverendo Johnson manejaba una agenda a favor de la portación de armas y se declarópatriotacontra el aborto.

ElPapa (sic)Johnson desplegaba uncoroportando armas de fuego en su parroquia (https://goo.gl/wSXLZB).

A juicio de Aaron Blake del Post, la derrota del PR en Alabama “no parece ser un momento decisivo (https://goo.gl/bGVqVk)”, ya que sólo41 por ciento de los republicanos están inclinados a creer a las acusadoras mujerescontra loshombres prominentes (sic).

Stephen E. Strang, fundador de la Editorial cristiana (sic) Charisma Media y autor de “ Dios y Donald Trump (https://goo.gl/ePQ6U2)”, arguye que loscristianos creen en la redención y el perdón, así que están dispuestos a otorgar una oportunidad a Donald Trump.

En una encuesta realizada por Pew Research Center el pasado 4 de diciembre –8 días antes de la elección senatorial en Alabama–, la aprobación de Trump entre los “protestantes evangelistas blancos había caído a 61 por ciento del 78 por ciento en febrero (https://goo.gl/XyzZos)” ¡Una abrupta caída de 11 puntos en menos de un año!

Vale la pena recordar que los escándalos sexuales de los tele-evangelistas Jim Bakker y Jimmy Swaggart en la década de los 80 afectó relativamente a los evangelistas blancos protestantes del PR, quienes se volcaron ayer por Reagan y hoy por Trump.

Timothy Keller, reverendo presbiteriano de Nueva York, pregunta si la marcaevangelistapodrá “sobrevivir a Donald Trump y a Moore (https://goo.gl/BWJvEs)”.La realidad la conoceremos en las elecciones intermedias en noviembre entrante.

El desafío hoy del PR se centra en la ascendente desafección de las zonas urbanas. Pero tiene a su favor la guerra civil interna del PD, entre el ala neoliberal –Obama y los Clinton– y los antiglobalistas hoy en ascenso, Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

Pero el más grave problema del PR y su segmento reinante de los supremacistas blancos trumpianos es su declinación demográfica frente a los mexicanos, hoy palestinizados (https://goo.gl/etgShK): “El fin de los cristianos blancos estadunidenses (https://goo.gl/RLvTnA)”.

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El infierno electoral de 2018

Bernardo Barranco V.


El infierno es un lugar o condición de castigo eterno. Todas las grandes religiones, de diferentes maneras, dilatan la idea del infierno como el tormento de aquellas personas o pueblos condenados. Infierno deriva del latín infernum o inferior, como el lugar del pecado. En diversas mitologías no cristianas el infierno es el lugar que habitan de manera turbulenta los espíritus de los muertos malditos.

Las elecciones de 2018 empezaron en la elección del estado de México. Fue un infierno electoral mexiquense. Ahí se dieron los abusos más arbitrarios de que se tenga memoria. Más que una elección de Estado se dio un fraude sistémico, pues todo el aparato de gobierno se abocó de manera fraudulenta a coaccionar el voto ciudadano ante la mirada tibia de las autoridades electorales. La elección mexiquense es un siniestro espejo por donde se teme transiten nuevos atropellos mayúsculos en 2018. En nuestra democrática jaloneada, lo electoral se está convirtiendo en un espacio dominado por la codicia del poder. Ganar a toda costa y no importa cómo. El territorio electoral es una zona de tentación y de tormento, la gehenaen la tradición hebraica, por la autoritaria desmesura y la simulación. Las formas y los principios se desdibujan para mantener el poder de un grupo político, una camarilla o de una persona. La penosa transición a la democracia carga ahora con procesos electorales impregnados por múltiples versiones de fraude. Viejas y novísimas variantes de defraudación. Los activistas y simpatizantes se convierten en operadores. Lo electoral es un coctel confuso, una zona de pecados sociales que sólo comprenden los doctores de la ley y los fariseos. Las elecciones se han convertido en franja de disputa, encono y guerra sucia, campañas de desprestigio y agandalle, ¿eso es la disputa democrática? El poder sin principios y los principios sin poder. Las elecciones lejos de ser una fiesta ciudadana se han convertido en una conflagración sin escrúpulos, es la antesala del averno y del autoritarismo.

Usted cuestionará, al que esto escribe, que es un exceso intercalar la política electoral con teologías escatológicas, entreverar la religión con la política. Y le respondo al lector que dicho desenfreno proviene de la misma clase política en el proceso actual de las precampañas. José Antonio Meade, en tono de homilía, ante mujeres mexiquenses hablando de adviento. Andrés López Obrador llamando a undiálogo ecuménico, a encuentros entre creyentes y no creyentes. Éric Flores, dirigente evangélico del Partido Encuentro Social se redefine juarista y liberal. Por lo contrario, Enrique Ochoa, presidente del PRI, decreta con tono de pastor pentecostal que todos los mexicanos somos guadalupanos. ¿Qué pasa, dirigentes políticos y candidatos a la Presidencia se convierten en predicadores baratos de la fe? El escándalo que causó Vicente Fox al ondear el estandarte guadalupano al inicio de su campaña presidencial en 1999, ahora se queda corto frente a la perturbación de roles: políticos que se sienten pastores y pastores convertidos en políticos. ¿La clase política quiere la redención divina o ganarse el reino de los cielos? Por supuesto que no, quieren el poder a toda costa. Y las señales apocalípticas se multiplican. El Consejo General del INE designó a Lizandro Núñez Picazo como el nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. El problema menor es que haya sido subordinado de Meade, ahora, precandidato presidencial, sino su precedencia. Ahora, justo cuando la Secretaría de Hacienda está envuelta en un escándalo mayúsculo por confabular con desvíos de recursos para apoyar las campañas electorales del PRI, según consta en las declaraciones de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de aquella entidad. La candidez y la soberbia de los consejeros del INE rayan en la sospecha y por supuesto abonan la desconfianza.

Mención aparte, merece la coalición entre Morena y el PES. Andrés López Obrador, en especial, ha creado confusión y enojo entre la propia militancia del partido. No es casualidad que en el acto formal de la alianza con el PES, tanto la dramaturga Jesusa Rodríguez como la escritora Elena Poniatowska se manifestaran públicamente contra dicha mancomunidad. Muchos afirman que es un maridaje extraño, pero no tanto entre partido pentecostal y AMLO, quien calificó la cercanía comoalianza moral. Éric Flores en los años recientes se ha dedicado a vender las supuestas bondades del voto evangélico a panistas con Calderón y a priístas en las pasadas elecciones. Ahora de nuevo lo ha logrado, pero con AMLO. Muchos malhumorados morenistas recuerdan al PES, de carácter pentecostal, que estuvo al frente de las marchas en contra de los matrimonios igualitarios, tan sólo el año pasado. Su talante moral es muy conservador en temas como el papel de la mujer, la concepción, el aborto, la sexualidad y las parejas gay. Su hostilidad a los homosexuales no tuvo límite, se unieron a la ultraderecha católica en septiembre de 2016. Su programa es tradicionalista y hay indicios, además, que mantiene estrechos vínculos con el secretario de Gobernación y malogrado aspirante presidencial priísta, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin duda se opera un cálculo pragmático en AMLO, quien apuesta por unamasa de votantesevangélicos cuyo piso es un millón 300 mil votos que el PES obtuvo en 2015 y que le permitió mantener su registro. A cambio se negociaron 75 candidaturas para la Cámara de Diputados en favor del PES. Ahora puede atraer aún más votantes, según las promesas de Éric Flores, podría crecer al doble para la causa de AMLO en aquellas zonas en que Morena es débil. La pregunta de fondo, es: ¿Morena resta o incrementa el número de votos? O incrementa votos restando a un electorado cualitativamente poderoso. La inclusión del PES ha causado el malestar de minorías simpatizantes, éstas detentan ascendencia y liderazgo intelectual en la opinión pública. Muchos militantes y numerosos simpatizantes de Morena pertenecen a la izquierda secular. Activistas que nutren movimientos feministas, que abogan por la diversidad sexual y protegen a las minorías homosexuales. Igualmente entre la militancia radical del PES existe incomodidad por haberse sumado a un personaje controvertido como AMLO y coligarse con actores hostiles a sus principios y trayectoria. Hay una contradicción insalvable y antagónica que va más allá de los cálculos pragmáticos, que puede representar una bomba de tiempo en la campaña y en la candidatura de AMLO. ¡Ay pobre México! No sólo tan lejos de Dios y tan cerca de Estado Unidos, ahora, viviendo el mismísimo infierno electoral, tan lejos de Juárez.

Demandan damnificados de Escocia 4 no tirar edificio hasta tener el peritaje

Concluyeron los trabajos de demolición en Coquimbo 911


La escuela secundaria diurna número 166, ubicada en el poblado de San Bernabé Ocotepec, delegación Magdalena Contreras, está en etapa de reconstrucciónFoto Luis Humberto González


Hasta el momento se han aprobado 50 créditos hipotecarios a personas que perdieron su casa por el sismo del 19 de septiembre, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Dichos préstamos son por un monto total de 61 millones de pesos, de los cuales 41 millones son para vivienda nueva y el resto para reconstrucción.

Señaló que en este programa conjunto con la Sociedad Hipotecaria Federal, de mil 125 solicitudes de créditos, 540 son inmuebles clasificados en rojo; por lo que sí califican para ese tipo de préstamos.

En tanto, continúa la demolición de inmuebles dañados por el sismo en la delegación Benito Juárez, lo que generó temor entre las familias damnificadas del edificio de Escocia número 4, en la colonia Del Valle, quienes pidieron a las autoridades delegacionales no realizar ningún trabajo en el sitio hasta que concluyan los estudios periciales.

Los afectados señalaron que el edificio de siete niveles que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre, y que dejó varias víctimas mortales, resultó dañado desde el temblor del día 7, por lo que habían solicitado una revisión sobre la seguridad estructural, que nunca se realizó.

El peritaje concluiría el próximo viernes, pero en el predio ya se quitaron los tapiales que lo resguardaban, por lo que temen que sea tirado por las autoridades delegacionales, que ayer informaron que comenzaron la demolición del inmueble ubicado en Escocia 10.

Con éste ya son nueve los inmuebles que han sido demolidos para evitar riesgos y dar celeridad al proceso de reconstrucción en la demarcación, refirieron.

Por separado, la Secretaría de Obras y Servicios notificó que ya concluyeron los trabajos de demolición del edificio de ocho niveles que albergó 13 departamentos y un local comercial en la calle Coquimbo número 911, en la colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero.

La dependencia del gobierno capitalino detalló que los trabajos duraron dos meses y seis días y fue de los de mayor complejidad por la forma en que colapsó, ya que se comprimieron los cuatro primeros niveles durante el movimiento telúrico de septiembre.

Alejandro Cruz Flores, Rocío González Alvarado, Josefina Quintero Morales y Mirna Servín Vega
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 26

Mal con la Policía, peor con los militares

Norberto Emmerich

La breve Ley de Seguridad Nacional (LSI) aprobada por la Cámara de Diputados mexicana demuestra un retorno de la primacía de la política hacia adentro plasmada en 34 artículos que no buscan dar certeza a los ciudadanos, ni siquiera a los empresarios, sino a las Fuerzas Armadas. Con razón en el reciente libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina” (editado en Buenos Aires) se afirma que “los mexicanos serán tan perseguidos por su propio gobierno como por las deportaciones masivas americanas”.

Algunos grupos empresarios habían presionado previamente por la sanción de una ley de este tipo. En Baja California, con los homicidios en aumento, los líderes empresariales y cívicos de Tijuana hicieron un llamado para que los militares se pusieran nuevamente a la cabeza de la lucha contra el crimen organizado.

Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública instaron a la aprobación de una nueva "ley federal de seguridad interna"  que permitiera a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas civiles de seguridad pública. Esta convocatoria a un rol militar ampliado se basa en los más de 1,500 homicidios registrados en la capital del Estado en lo que va del año 2017.

Mientras el fast truck de 10 horas sancionaba la LSI, el mes de octubre cerró con 2.371 homicidios en todo el país, la cifra más alta de los últimos 20 años, a pesar de que ya hace más de una década que las Fuerzas Armadas intervienen en “seguridad interior”. Según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron más de 6.000 secuestros durante los primeros cuatro años y diez meses de la administración de Enrique Peña Nieto, 1,280 secuestros más que los registrados durante un lapso similar del anterior presidente Felipe Calderón Hinojosa. También aumentaron en forma alarmante los homicidios.

Durante la última década México sufrió 150,000 asesinatos y 26,000 desapariciones, con Fuerzas Armadas que demostraron ser tan inefectivas en sus objetivos como letales en su accionar: el ejército mató a ocho presuntos delincuentes por cada uno que hirió; la Marina lo hizo mejor, mató a 30 combatientes por cada herido. El único actor claramente derrotado en esta guerra fue el Estado de derecho.

Si el primer requisito para repetir un fracaso es no reconocerlo, la LSI se esfuerza por ser tan ambigua en las definiciones como imprecisa en los alcances. La Ley no aclara las tareas que las Fuerzas Armadas están autorizadas a realizar, sino que afirma que a partir de ahora la intervención de las Fuerzas Armadas tendrá base legal y no dependerá de las “interpretaciones” que se hagan de la Constitución.

La ley no aclara en ningún momento si la intervención de las Fuerzas Armadas seguirá las reglas de la guerra o si por el contrario se guiará las rutinas de la actividad policial. Tampoco menciona qué tipo de armas se usarían, qué procedimientos o qué metodologías.
  • Durante la duración del tiempo de la Declaratoria las Fuerzas Armadas (a través de la autoridad coordinadora) debe recibir todo el apoyo que solicitan a las autoridades civiles para la realización de su tarea.
  • Las Fuerzas Armadas podrán recabar información “mediante cualquier medio lícito de recolección de información”, una fórmula amplia y carente de transparencia.
  • Menciona la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin precisar los límites operativos de qué se entiende por racional y proporcional.
  • La LSI no deja claro en qué consiste el concepto de “movilizaciones pacíficas de protesta social”, sabiendo que el carácter violento de la protesta es fácilmente maleable.
  • No aclara cómo se dará la intervención frente a protestas sociales calificadas de no pacíficas, ni quién tendrá la jurisdicción para tal calificación.
  • El art. 7 permite la suspensión de derechos sin reglamentar el 29 constitucional que solo en situaciones excepcionales permite a los militares en las calles y la suspensión de garantías.
  • No hay menciones sobre transparencia de información ni mecanismos de control. Se supone que todo quedará bajo el manto de la seguridad interior, sin reglas claras de acceso a la información.
La LSI expande la capacidad de intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra los cárteles y las personas sospechosas de narcotráfico, dejando a un lado las molestas incertidumbres por el enjuiciamiento a las violaciones de los derechos humanos. Si la actividad militar en seguridad interior se rige por los principios de la guerra, tarea para la cual se forman las Fuerzas Armadas, las acciones se realizarán en cumplimiento de órdenes operativas. Además de lo problemático de aplicar lógicas de guerra en conflictos de seguridad interior, no parece que haya espacio para un respeto irrestricto de los derechos humanos. La autoridad legislativa tomó nota de las lagunas jurídicas en que se encontraba el tema y aprovechó la “ventana” de oportunidad para legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios todavía más amplios que el crimen organizado o el narcotráfico.

No se trata de que las Fuerzas Armadas comiencen a cumplir funciones propias de la Policía, ya que la LSI abre un panorama nuevo. Se trata de la apertura a una participación rutinaria de las Fuerzas Armadas en la vida civil, mucho más allá de la simple seguridad interior. Toda decisión de seguridad integrará institucionalmente a las Fuerzas Armadas en el proceso informativo, deliberativo y ejecutivo. Porque como expresamente afirma la ley, el rol de las Fuerzas Armadas no será el de suplantar a la policía, sino resolver problemáticas de seguridad interior en términos militares.

La injerencia de las Fuerzas Armadas en seguridad interior es cada más habitual en la región. Se afirma que en sociedades asediadas por la violencia (41 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en América Latina), las instituciones judiciales y policiales mal financiadas y mal preparadas han sido cooptadas y corrompidas por el crimen organizado. Los gobiernos argumentan que necesitan recurrir a las Fuerzas Armadas para restaurar la seguridad. Es un buen argumento, sencillo y descriptivo. Pero falso.

No hay crimen organizado sin un Estado que lo sostenga, ni fuerzas policiales corruptas por decisión propia. La solución que ofrecen los gobiernos olvida deliberadamente que ellos mismos son parte del problema. Las Fuerzas Armadas se forman en la lucha contra un enemigo exterior, identificable, soberano y ambicioso. Cualquier otro “combate” al que sean convocadas tiende a convertir al Estado en una comunidad con mucha fuerza pero poca legitimidad.

Las confusas y arbitrarias categorías de “nuevas guerras” traspasan intencionadamente las brechas epistemológicas, a la caza de objetivos estratégicos de seguridad nacional. Países que sí cuentan con una masa crítica de inteligencia que elabora los manuales de filosofía, geopolítica y teoría política con que nuestras universidades y academias latinoamericanas “piensan” sus problemas nacionales, justifican sin dificultad la intervención militar en seguridad interior.

Militares mexicanos en tareas policiales de seguridad interior

En realidad las Fuerzas Armadas no tienen ninguna incumbencia en la aplicación de la ley. No es necesario aclarar los alcances de la participación militar, sino el rol y forma de la fuerza encargada del cumplimiento de la ley, la Policía.

La diputada oficialista Martha Sofía Tamayo Morales reconoció que las fuerzas armadas de México se han convertido en "el principal recurso" para enfrentar el crimen organizado.

La cantidad de grupos criminales organizados, en combinación con corporaciones policiales débiles o corrompidas por la delincuencia, produjo que las escenas de patrullajes del Ejército y la asignación de tropas a tareas de seguridad pública se volvieran normales, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución afirma que esa tarea debe ser realizada por cuerpos civiles a cargo de la Federación, de los Estados o los municipios.

Las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y hasta el propio Ejército, señalaron la inconsistencia. Hasta ahora las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en una situación (la guerra contra el narcotráfico) sin que tal función estuviera prevista en normatividad alguna. Además casi el 90% de los mexicanos percibe que la Policía es corrupta e inútil, con un récord de 99% de crímenes irresueltos.

Con estos datos y afirmaciones pareciera que el rol del gobierno es obedecer los mandatos de la “voluntad general” de la población, la misma que quiere a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad interior. Así lo dijo el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos: “la gente es la que no quiere que nos vayamos… Es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario”.

Sin embargo estos datos muestran en realidad la deficiencia ética y política básica del debate sobre la seguridad interna en México. En el Congreso no se aborda la cuestión fundamental: ¿tienen las fuerzas armadas mexicanas alguna incumbencia en la aplicación de la ley dentro del país? La respuesta es no. No son las Fuerzas Armadas las que necesitan un instrumento legal para aclarar sus deberes y poderes, es la Policía la que necesita una profunda reforma legal, presupuestaria, institucional y política.

Por otro lado el propio rol desempeñado por las Fuerzas Armadas no ha sido eficaz. La periodista Ixchel Cisneros advierte que a pesar de que el Ejército está muy bien calificado en los niveles de confianza de los mexicanos, “la estrategia (la llamada guerra contra el narcotráfico) no ha funcionado, pasamos de más de 10 mil homicidios al año en 2007 a 23 mil en 2016 y este año estamos a punto de romper el récord”.

Es casi imposible enviar al Ejército de regreso al cuartel sin mover todo el obsoleto castillo de la sociedad nacional. Los legisladores podrían establecer un cronograma para desmilitarizar gradualmente el país mientras trabajan para fortalecer a la policía, una utopía políticamente inviable, ahora y en el futuro próximo, sea quien sea el presidente electo en 2018. El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que los integrantes de las Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles mientras se los necesite en las calles.

Después de una década de asesinato y dolor, muchos afirman que el error de Calderón fue claro. El propio Jorge Carrillo Olea, un prestigioso ex funcionario de inteligencia mexicano, afirma que la estrategia de Calderón es una de las "grandes estupideces" en la historia reciente, implementada sin un estudio de base ya sea en su "legalidad" o "relevancia política". Para toda persona preocupada por la vida y riqueza de la sociedad mexicana la estrategia calderonista ha sido tan despiadada como inútil. Para la concepción americana y su contraparte oligárquica en México las Fuerzas Armadas son la garantía del orden y el respeto a las instituciones.

Hasta ahora el marco legal mexicano, aunque inestable, facilitaba la participación arbitraria de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley. La Constitución prohíbe expresamente a las autoridades militares intervenir motu propio en asuntos civiles durante el tiempo de paz, pero en el año 2000 la Corte Suprema interpretó que esta disposición significaba que las Fuerzas Armadas podían ayudar a las autoridades civiles siempre que se solicitara explícitamente su apoyo. Los términos muy generales en los que originalmente se redactó la Constitución le permitían al presidente determinar el alcance de la participación militar en los asuntos civiles. En 2007 Felipe Calderón hizo uso de este margen de maniobra y emitió pautas secretas que dieron amplios poderes a los oficiales militares para planear y realizar operaciones contra el crimen organizado.

Aunque existen algunas circunstancias específicas en las cuales el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas se considera justificado dentro del territorio nacional, el Artículo 16 de la Constitución Mexicana restringe la función doméstica de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y les impide ingresar a residencias privadas. Sin un estado de emergencia declarado, poner a los militares en las calles en el contexto de la guerra contra las drogas es difícil de justificar en términos legales.

La nueva ley puede interpretarse como una forma de evitar estos problemas constitucionales ampliando las definiciones de seguridad interna, creando un marco legal para que el uso del ejército en la guerra contra el narcotráfico sea más justificable en el escenario internacional y nacional, dadas las críticas recibidas. En 2016 Estados Unidos retuvo el 15% de los fondos destinados al financiamiento antinarcóticos de México tras el incumplimiento de México con los criterios de derechos humanos que condicionan el financiamiento.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no desconoce los datos de la realidad en términos operativos, pero no se interesa en gestionar eficazmente la seguridad interior. Durante su  gobierno se han construido 352 obras de infraestructura militar con una inversión de 25 mil millones de pesos, lo que equivale a más del 300% de lo invertido por el gobierno de Felipe Calderón mientras el instituto Ethos Laboratorio de Políticas Públicas afirma que México aumentó el 61% en el gasto de seguridad interna en el período 2008-2015.

El estudio de Ethos estima que la cantidad de policías mexicanos aumentó en un 275% entre los años 2006 y 2015. Según datos de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen) México tiene 367 policías cada 100.000 habitantes, más que Estados Unidos, Brasil y Honduras. A pesar del aumento en la cantidad de policías, el propio Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong afirmó en noviembre de 2017 que 600 municipios mexicanos carecen de policía, la mitad de las fuerzas existentes tiene menos de 20 miembros y el 40% de los oficiales gana menos de 4.600 pesos por mes (250 dólares).

Un aumento cuantitativo sin modificaciones cualitativas obliga a repetir incesantemente las afirmaciones sobre la corrupción e ineficacia policial como si la misma no fuera expresamente construida desde el propio Estado.   

Existen dudas sobre autores del asesinato de Miroslava Breach


Detienen a presunto responsable de planear el crimen 



Sin notificar a la familia de la periodista y corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo, este 25 de diciembre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó en sus cuentas de Twitter y Facebook que esa mañana la Policía Federal capturó al presunto autor intelectual del crimen, Juan Carlos Moreno Ochoa, alías El Larry.
Ayer por la mañana el gobernador difundió el mensaje donde informó que tras la investigación de la Fiscalía General del estado, en colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se logró la captura de Moreno Ochoa; noticia que replicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también en un mensaje en redes sociales donde abundó que la detención ocurrió la madrugada del 25 en Sonora.
Sin embargo, horas después del anuncio, el periódico La Jornada difundió una nota donde aseguró que los cinco hermanos de la periodista no creen que el detenido sea el autor intelectual del homicidio porque, de acuerdo con lo que ellos saben y han indagado, quienes pudieron dar la orden son políticos de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PAN).
Tras esta declaración, el gobernador Javier Corral, grabó un video mensaje en que el afirmó que no existe ninguna duda de la identidad de los asesinos de la periodista e indicó que la investigación en torno al crimen se agotó en dos meses y posteriormente se solicitaron las ordenes de aprehensión de dos responsables por lo que sólo faltaba ejecutarlas.
“Los chihuahuenses y México todo, saben hoy que el crimen de Miroslava Breach tiene nombre, tiene rostro y no quedará impune. Se hará la justicia que tanto se ha reclamado”, dijo en el video al tiempo que anunció que continúa la búsqueda de otros implicados en el asesinato.
Al respecto, la coordinadora del Área Jurídica de Propuesta Cívica, Nataly Quintero Chávez, explicó en entrevista que los familiares no recibieron información de esta detención porque la Fiscalía estatal no los considera víctimas, por tanto no tienen certeza de cómo se ha desarrollado la investigación ni de cuáles son los elementos para acusar a Moreno Ochoa.
Esta organización que presenta legalmente a la familia ha solicitado en reiteradas ocasiones que la hermana de Miroslava, Rosa María Breach, pueda ver la carpeta de investigación pero ante la negativa el 28 de julio presentó un amparo (juicio 1137/2017) para que se reconociera su calidad de víctima y aunque el 5 de octubre ganó el recurso, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión que aún no se resuelve.
Ante esta situación la familia no será llamada a la audiencia de vinculación a proceso que se debe realizar en un plazo de tres días y donde el Ministerio Publico dará a conocer los principales elementos de la investigación y su metodología, es decir, de qué se le acusa y qué pruebas tiene para sostener la acusación.
Además de Juan Carlos Moreno Ochoa, el segundo detenido era Ramón Andrés Zavala, asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora, quien de acuerdo con la Fiscalía estatal fue el autor material del crimen. Javier Corral dijo que continúan los trabajos de búsqueda y localización para la detención de otros responsables del homicidio.
Según datos de la Fiscalía, que en octubre fueron filtrados a un periódico de Chihuahua, en el homicidio también participaron Adán Salazar Zamorano, actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, líderes de Gente Nueva, un grupo criminal del estado que habría ordenado la ejecución de la periodista.
La abogada explicó además que en este crimen (de acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer entre 2014-2015 se registraron 147 atentados contra mujeres periodistas en 24 entidades del país) la familia insiste en que los detenidos obedecieron órdenes de alguien más pero con el asesinato de uno de ellos se perdió la posibilidad de interrogarlo al respecto.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

México en la era Trump


Presencia de un pasado colonial


Dependencia y neocolonialismo
Los países que en el pasado tuvieron un status colonial, como los de América Latina, con los procesos de la independencia política de la Península Ibérica desplegados entre principios y la primera mitad del siglo XIX, consiguieron forjar un perfil político propio al constituir sus Estados nacionales al calor de la expansión del capitalismo mundial. Con ello si bien se logró una independencia política de las metrópolis (española, portuguesa, francesa y británica) a la par que se mantuvo cierta continuidad del período colonial, éste trocó su configuración en estructuras de dependencia que correspondieron a la nueva configuración de las formaciones sociales capitalistas en la periferia que, a la par que se integraron a la economía mundial, lo hicieron pero en un status subordinado a las principales potencias expansivas durante ese período histórico que concluye en lo básico a mediados de ese siglo con el arribo de Estados Unidos como un nuevo centro de dominio y de poder bajo el "excepcionalismo norteamericano" (LIPSET, 2000) que sellará uno de sus más importantes slogans publicitarios.
Marini distingue la categoría colonia de la de dependencia en el contexto de los países que orbitan en la periferia del sistema capitalista internacional gobernado por las grandes potencias del orbe: "…la situación colonial no es lo mismo que la situación de dependencia. Aunque se dé una continuidad entre ambas, no son homogéneas" (MARINI, 1973: 19). Con la independencia y la constitución de los Estados nacionales, América Latina en torno a Inglaterra y, más tarde de Estados Unidos, cumplirá un conjunto de funciones, como se advierte en seguida:
"Forjada al calor de la expansión comercial promovida, en el siglo XVI, por el capitalismo naciente, América Latina se desarrolla en estrecha consonancia con la dinámica del capital internacional. Colonia productora de metales preciosos y géneros exóticos, en un principio contribuyó al aumento del flujo de mercancías y a la expansión de los medios de pago, que, al tiempo que permitían el desarrollo del capital comercial y bancario en Europa, apuntalaron el sistema manufacturero europeo y allanaron el camino a la creación de la gran industria. La revolución industrial, que dará inicio a ésta, corresponde en América Latina a la independencia política que, conquistada en las primeras décadas del siglo XIX, hará surgir, con base en la nervadura demográfica y administrativa tejida durante la colonia, a un conjunto de países que entran a gravitar en torno a Inglaterra. Los flujos de mercancías y, posteriormente, de capitales, tienen en ésta su punto de entroncamiento: ignorándose los unos a los otros, los nuevos países se articularán directamente con la metrópoli inglesa y, en función de los requerimientos de ésta, entrarán a producir y a exportar bienes primarios, a cambio de manufacturas de consumo y —cuando la exportación supera sus importaciones— de deudas (MARINI, 1973: 16-17).
Es sobre la base de las relaciones de dependencia, construidas desde el período colonial, que las economías de América Latina proseguirán su desarrollo sin menoscabo de superación de dichas relaciones y, más bien, reproduciéndolas en torno a sus límites marcados por los centros desarrollados del capitalismo avanzado. De esta forma,
"Es a partir de este momento que las relaciones de América Latina con los centros capitalistas europeos se insertan en una estructura definida: la división internacional del trabajo, que determinará el curso del desarrollo ulterior de la región. En otros términos, es a partir de entonces que se configura la dependencia, entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra" (MARINI, 1973: 18).
¿Esta situación histórico-estructural de México y de los países latinoamericanos ha cambiado en lo que va del siglo XXI? La respuesta es negativa porque más bien se ha profundizado sobre todo en aquéllos países más estrechamente dependientes como México cuyos regímenes políticos han venido "cediendo soberanía" al imperialismo norteamericano y a los organismos monetarios y financieros internacionales, en los últimos años. La dependencia estructural la reanima y renueva día a día el gobierno y el empresariado nacional y extranjero mediante sus políticas económicas centradas en la sempiterna "corrección del déficit fiscal", en la austeridad social, la privatización económica, la manutención de salarios paupérrimos para los trabajadores: todo ello encaminado a garantizar altas tasas de ganancia para el gran capital nacional y extranjero.
Ausencia total de un proyecto alternativo frente a la crisis capitalista del país
Bajo el actual bloque de poder lumpenburgués (FRANK, 1971) —constituido por las clases dominantes dependientes y colonizadas, por sus fracciones monopólicas y financieras integradas a la dinámica de acumulación de capital de Estados Unidos, por la partidocracia (principalmente los partidos alineados francamente a la derecha y ultraderecha); las cúpulas del sindicalismo corporativo y charril; el sector corporativo del campesinado y las mafias delictivas que operan a lo largo y ancho del país— en México es impensable que, bajo el cobijo del gobierno norteamericano del presidente Trump y el actual de México encabezado por el PRI y la partidocracia, en 2018 y durante el nuevo sexenio presidencial que se abre entre 2018-2024, la dependencia, la crisis estructural del capitalismo y la problemática social vayan a superase y a cambiar en un sentido favorable para las mayorías que integran la población del país, a no ser que éstas pudieran conquistar el poder modificando la correlación de fuerzas. No siendo así, la crisis del patrón de acumulación y de reproducción del capital dependiente especializado en la producción manufacturera-maquiladora para el mercado mundial fuertemente dependiente de Estados Unidos, proyecta procesos y tendencias, en el mediano y largo plazos, que implican profundizarla aún más, no sólo en el ámbito nacional, sino del capitalismo mundial que se hará más extensa y profunda, incluso en los propios Estados Unidos, con la implementación de sus políticas proteccionistas y restrictivas, aunado a los problemas derivados del necesario incremento, casi inminente, del gasto militar con el fin de contrarrestar el creciente poderío de potencias de verdadero porte nuclear como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, India o Paquistán.
Ante estos hechos completamente adversos para México, en tanto país dependiente y subdesarrollado, el gobierno en turno, al igual que las dos administraciones panistas que lo antecedieron durante la docena   trágica (2000-2012) carece completamente de un proyecto nacional alternativo que no sea, si es que así lo entienden como tal, el neoliberal-dependiente-neocolonial-corporativo-conservador en crisis gobernado desde Estados Unidos y por el FMI y en el que las autoridades mexicanas colonizadas son sólo empleados del Poder Imperial del gobierno de Donald Trump. Lo grave de esta situación vergonzosa no lo es tanto para el régimen priista y sus personeros quienes perciben multimillonarias ingresos por hacer su trabajo de gazapo a favor del imperialismo, sino para los millones de trabajadores y ciudadanos
mexicanos que tendrán que enfrentar un recrudecimiento de la crisis económica, de la inflación y del desempleo que, por supuesto, acarreará la construcción de un muro que divida ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, en el caso de que se complemente (1), cuando se vean forzados a retornar miles de trabajadores indocumentados que presionaran aún más los ya raquíticos y precarios mercados de trabajo y salarios nacionales en un México inhóspito, repleto de injusticia social, impunidad, pobreza y corrupción.
En segundo lugar, se verán también afectados más de 11 millones de trabajadores indocumentados que ya han sido amenazados con confiscarles, mediante impuestos, parte de sus salarios que reciben por la impiedosa superexplotación de su trabajo por parte de la patronal estadunidense con la consiguiente disminución de los envíos de remesas que hacen a sus familiares en México para medio sobrevivir ante la falta de recursos y la crisis económica del país, la prevalencia de un régimen de bajos salarios, altísimo desempleo y subempleo, pobreza, miseria extrema e inseguridad galopante. Realidad impía que pasa desapercibida para el gobierno mexicano que prefiere mantener un cómplice silencio frente a las agresivas acciones del gobierno norteamericano, como la deportación masiva de trabajadores indocumentados, la construcción del muro de la ignominia y la imposición de negociaciones leoninas del TLC bajo la actitud dócil y pasiva de las autoridades mexicanas.
A pesar de todo, percibimos en lo anterior una muy buena noticia por varias razones. En primer lugar, porque desde una perspectiva libertaria y crítica que, por supuesto, no es la de las clases dominantes, de ninguna manera vamos a defender a las empresas trasnacionales cuya única raison d'être es la de obtener enormes beneficios y transferirlos a sus centros de origen a costa de la superexplotación del trabajo y el despojo de sus derechos como ha venido ocurriendo desde la entrada en vigor del TLC en enero de 1994. En segundo lugar, por el hecho de que las decisiones tomadas desde los altos círculos oficiales y privados de Estados Unidos —como la amenaza de Trump contra empresas como General Motors de imponerles impuestos si siguen fabricando sus vehículos en México— afecten y sacudan de esta manera a un país subdesarrollado como México no hace más que poner al desnudo la perniciosa dependencia histórico-estructural y su vertiente neocolonial respecto a Estados Unidos. Por último, se descubre, de este modo, la imperante necesidad de desarrollar un proyecto nacional alternativo de desarrollo, no capitalista, democrático y humano que por primera vez en la historia de México ponga en su centro los intereses y necesidades populares y de los trabajadores y resuelva de raíz los grandes y graves problemas sociales y humanos. Sólo que para que esto ocurra y sea viable en el mediano y largo plazos es imprescindible deponer al actual gobierno pro-imperialista y antinacional cuyo horizonte no mira más allá de los intereses de la burocracia y partidocracia que lo detentan encuadrados en la estrategia norteamericana de dominación continental. En el marco de esta estrategia geopolítica el gobierno norteamericano, a través del National Intelligence Council, percibe el desgaste del régimen de gobierno priista y en general de la derecha a tal grado que ha llegado a sustentar que la "izquierda" —que no refiere quién es, ni la identifica como tal, a no ser que sea toda aquella fuerza política que identifique como "antiamericana" no importando, incluso, que sea efectivamente parte de la derecha nacional — puede ganar las elecciones presidenciales de 2018: "With presidential elections in 2018 and Peña Nieto limited to one term, voters may lean toward a more leftist opposition that pushes to roll back reforms and trade deals if reforms do not reduce Mexico’s stark economic divide" (NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, enero de 2017: 137).
En una franca intromisión en los asuntos mexicanos completamente violatoria de las leyes mexicanas, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John KELLY (EL UNIVERSAL, 06 de abril de 2017) declaró que: "En ese momento hay mucho sentimiento antiestadounidense en México. Si las elecciones fueran mañana México, probablemente tendría un presidente de izquierda, antiamericano. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos " (negritas y cursivas nuestras).
Ante esta grosera e impúdica intromisión del representante imperial, ni las autoridades mexicanas ni el suculento Congreso dijeron una sola palabra al respecto, más bien permanecieron en su mutismo vergonzante que caracteriza al régimen político mexicano cuando se trata de defender los intereses nacionales y a los trabajadores. La buena noticia es que esta injerencia desnudó las profundas relaciones de desigualdad y de dependencia de un país subdesarrollado como México cuyo comercio exterior depende en más de 80% de la dinámica económica de la potencia del norte mientras que ésta se da el lujo de imponer su política cuando lo considere conveniente a sus intereses estratégicos.
A pesar de los buenos oficios y señales que el gobierno mexicano le envió al de Estados Unidos en el sentido de "negociar" nuevas condiciones para "modernizar" la relación México-Estados Unidos a través del TLC, en este nuevo escenario antimexicano de proteccionismo, cerrazón, xenofobia, racismo y misoginia del Presidente Trump y su gabinete blanco, la respuesta contundente y envalentonada que de éste recibió el gobierno mexicano y su presidente, Peña Nieto, fue la contundente ratificación de la construcción del muro de la ignominia (Le Mur de la Honte) que, además, tendrá que ser pagado por México – es decir, por el pueblo mexicano – so pena de imponerle impuestos compensatorios de hasta 20% a nuestras exportaciones que se envían a ese país en el caso de negarse a cumplir con los caprichos y designios del presidente norteamericano. Esto a pesar de que el 4 de enero de 2017, seguramente por indicaciones de Donald Trump quien de este modo hizo su primer nombramiento en México, Peña eligió a su amigo Luis Videgaray —ex-ministro de Hacienda, responsable del desastre económico-financiero, del incendiario gasolinazo que sacudió hasta las entrañas del país— como el nuevo Canciller el cual, como un auténtico aprendiz de brujo, en su "toma de posesión" declaró sin tapujos: "Yo no conozco la Secre­taría de Relaciones Exte­riores, no soy un diplomático; nunca he tenido más allá de los encargos pro­pios de la Secre­taría de Hacienda en su actividad internacional...vengo a aprender..." (Subrayados míos). En los momentos en que el país requiere una política exterior digna y contundente frente a los embates anti-mexicanos y xenófobos del magnate norteamericano, la pregunta que cabe hacer inocentemente es ¿por qué elegir a alguien que confiesa abiertamente su ignorancia y su inclinación condicionar el hacia la potencia del norte? Seguramente la respuesta la tiene el mismo Trump. El flamante canciller, además, fraguó la "visita" injerencista del magnate a México el 31 de agosto de 2016 cuando éste era candidato a la presidencia de su país y, aun así, se le dio trato como si fuera Jefe de Estado.
Quizás con excepción del general Lázaro Cárdenas, las autoridades mexicanas desde el nivel presidencial hacia abajo han doblado dócilmente las manos, porque las tienen atadas y empeñadas, en torno de las amenazas de hacer pagar el muro de Trump de manera compulsiva al pueblo mexicano, condicionando esta acción a la revisión-modernización del TLC o, en su caso, bajo la amenaza del abandono del mismo por parte de Estados Unidos.
La actitud lacrimosa, timorata y tibia del gobierno mexicano, a través de su aprendiz de ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray, frente a las contundentes decisiones de Washington, además de tardía y carente de contenido, simplemente consistió en decir que "no se iba pagar el muro", pero sin plantear, ni agenda, ni mecanismos concretos para no hacerle frente a una decisión tomada de antemano desde la Casa Blanca. Obviamente el gobierno tampoco ofreció explicaciones, ni mucho menos, alternativas viables y concretas a los millones de indocumentados que trabajan en Estados Unidos y cuya deportación pende de un hilo, como tampoco al pueblo mexicano que ya padece los efectos lacerantes de la crisis estructural del país exacerbada por los infames gasolinazos decretados por el gobierno en turno y que han incendiado la inflación, el desempleo, la carestía de la vida y todo tipo de calamidades sociales y humanas. Brilla por su ausencia un proyecto alternativo de nación por parte de la actual administración gubernamental, de las clases dominantes, de los partidos políticos oficiales y del lumpen-empresariado debido no únicamente a la fuerte dependencia que mantienen no sólo del ciclo económico de Estados Unidos, de sus procesos de concentración y centralización de capital y de las grandes trasnacionales como, además, de su estrategia geopolítica consistente en mantener el status de México como su "patio trasero" que, afortunadamente en otras experiencias como las ocurridas en Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador, ha sido superado a pesar de desenvolverse todavía en los carcomidos rieles del capitalismo dependiente y subdesarrollado.
El régimen aferrado a los dogmas del neoliberalismo desgastado
Frente al neoproteccionismo que está impulsando la nueva administración estadounidense, el gobierno mexicano se aferra al viejo y desgastado ultraneoliberalismo conservador en crisis lacerado por las profundas contradicciones abiertas en su economía, en la sociedad y en el régimen político, y que han conducido a deteriorar inusitadamente lo que los medios corporativos de comunicación llaman la "popularidad" o "índice de aprobación" del presidente, de su gabinete y de su partido que han sumergido a nuestro país en la mayor crisis de su historia, sólo solventada en determinadas coyunturas por las luchas populares y de los trabajadores en la defensa de sus intereses, de la nación y de sus condiciones de vida y de trabajo.
La aguda problemática que va enfrentar el capitalismo mexicano es la agudización y aceleración de la crisis del patrón de acumulación dependiente exportador fundado en la producción-exportación de manufacturas cuyo eje es la actividad maquiladora, la cual tiene como núcleo duro justamente la industria automotriz transnacional y que, por órdenes del magnate, va a agudizar dicha crisis al paralizar las nuevas inversiones en México y retornar sus plantas a los propios Estados Unidos como ya está ocurriendo con la Ford, la General Motors y con otras empresas como Carrier productora de equipos de aire acondicionado que canceló sus actividades en México. Aferrado al carcomido fondomonetarismo neoliberal, el gobierno mexicano ha centrado toda su estrategia de crecimiento – que no de desarrollo – en la apertura externa de inversiones extranjeras y de los mercados, en el subsidio al gran capital privado nacional y extranjero, en la privatización dio un remate de las empresas públicas propiedad de la nación, en la política de bajos salarios, estancados prácticamente desde la década de los setenta del siglo pasado en relación con la inflación inducida por el Estado y los empresarios, en la crisis de la agricultura de temporal y campesina en beneficio del agronegocio de exportación, en las llamadas reformas estructurales energética, laboral, de las telecomunicaciones, educativa y fiscal en entero beneficio del empresariado nacional y extranjero, entre otras medidas neoliberales impulsadas desde el poder federal por los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 35 años y en algunos estados de la República, así como en la Ciudad de México, por los gobiernos de pseudo-izquierda del PRD.
En la lógica de los intereses del Fondo Internacional y del Banco Mundial, la "apertura" de México comenzó con su ingreso al GATT en julio de 1986, continuó con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) el 17 de diciembre de 1992 con Estados Unidos y Canadá y su entrada en vigor el 01 de enero de 1994. Unos meses después, en mayo de este año, con el ingreso a la OCDE y culminó con la entrada en el TTP en febrero de 2016 que terminó por abandonar su principal impulsor, Estados Unidos. Durante todo este período la tasa de crecimiento del país ha sido estacionaria al arrojar un promedio no mayor a 2%, contra 6,5% del "desarrollo estabilizador" a partir de mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado hasta la entrada formal —y como régimen— del neoliberalismo en 1982 bajo los auspicios del gobierno priista de Miguel de la Madrid.
La integración conservadora
Los supuestos beneficios de la integración conservadora de México bajo los lineamientos de Estados Unidos y de los organismos monetarios y financieros internacionales, han sido completamente nulos para la mayoría de los trabajadores mexicanos en ambos lados de la frontera. En el espacio nacional, porque éstos siempre han sido marginados de los presuntos beneficios de dicha integración y de los tratados firmados entre sus élites y los gobiernos al amparo de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y del capital internacional, quienes efectivamente han salido completamente beneficiados mediante la obtención de enormes y jugosas ganancias extraídas de la superexplotación de la fuerza de trabajo, de la poca o nula organización sindical y de la imposición de estatutos laborales discriminatorios, flexibles y excluyentes de sus derechos y demandas.
Del otro lado de la frontera, los trabajadores, que han emigrado hacia ese país debido a las pocas o nulas oportunidades de empleo existentes en el suyo, además de percibir salarios muy por debajo del promedio de los que reciben los trabajadores norteamericanos en el campo y en el servicio doméstico, son humillados y discriminados por la patronal que los contrata, víctimas de los traficantes de personas (los llamados "polleros"), de las arbitrariedades constantes que cometen contra ellos incluso ciudadanos que los discriminan y bajo la constante amenaza, por parte de las autoridades norteamericanas —y, en algunos casos, de sus propios "empleadores" que los denuncian— de ser expulsados en cualquier momento debido a su estatus de ser trabajadores indocumentados.
Con la entrada en vigor del proteccionismo a ultranza sustentado en un nacionalismo burgués profundamente conservador y racista, todos los neoliberales de izquierda y derecha han puesto el grito en el cielo y no saben cómo ajustar sus evangelios ultra neoliberales pendientes de la dinámica de las mal llamadas "fuerzas del mercado" al carecer de un proyecto alternativo fuera de los cánones del neoliberalismo, del proteccionismo y la integración dependiente.
Hay que aclarar y subrayar con fuerza que no solamente la crisis del mundo capitalista se circunscribe a estas políticas del Estado y el capital, sino en profundidad ¡al mismo capitalismo!, lo que coloca la problemática contemporánea de la crisis en una perspectiva distinta a la planteada mayoritariamente por los enfoques neoclásicos y keynesianos (para la crisis del capitalismo véase SOTELO, 2010, HUSSON, junio de 2016 y CHESNAIS, marzo de 2017).
Servilismo lumpen-burgués al servicio de Washington
Ante el humillante espaldarazo que le propinó el magnate norteamericano al gobierno mexicano en relación con su decisión de construir el muro de la ignominia —que dígase de paso p ara el capital no existen muros ni obstáculos, para eso existen las transacciones financieras por medios electrónicos— de abandonar el TTP y ordenar la revisión o, en su caso, anulación del TLC, el canciller Videgaray y Peña Nieto no sólo no tienen propuestas frente a estas decisiones imperiales, sino que han permanecido completamente a expensas de los dictámenes presentes y futuros del Congreso y presidente norteamericanos. En este escenario, que como dice el slogan "a río revuelto ganancia de pescadores" no han faltado los agoreros que se erigen como portadores de soluciones mágicas, por supuesto, encuadradas en los marcos del capitalismo del subdesarrollo y del sistema político de dominación vigente en el país. Los espectros del pasado hacen nuevamente su aparición: desde un Ernesto Zedillo, priista, ex-presidente de México y privatizador de los ferrocarriles nacionales que vendió a Estados Unidos, pasando por "nacionalistas revolucionarios" como Cuauhtémoc Cárdenas, ex-priista, fundador y "líder moral" del PRD, ex- Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora ex-perredista y "políticamente independiente", hasta uno de los más consentidos lumpen empresarios del régimen de todos los tiempos, el señor Carlos Slim quien, con su acaudalada y millonaria riqueza, se convirtió en uno de los individuos más ricos del mundo, ha salido a la palestra mediática para proponer supuestas "salidas inteligentes" a la tensión entre México y Estados Unidos. A pesar de tener una gran parte de sus inversiones en este último país, el "neodesarrollista" Carlos Slim —previa cena que tuvo con el magnate y uno de los beneficiarios de la privatización energética dispuesta por las reformas estructurales del gobierno y, por supuesto, del gasolinazo— ha intentado rebajar la problemática de la crisis económica de México, exacerbada por los efectos reales y mediáticos de la toma de decisiones del magnate norteamericano, para presentar supuestas "alternativas" bajo el paraguas de una —inexistente— "unidad nacional" que sólo existe en sus bolsillos y en su mente de lumpen-empresario. En una Conferencia de Prensa (27 de enero de 2017), después de afirmar con sapiencia y profundidad que Trump "No es Terminator, es Negotiator", propuso "…la necesidad de volcarnos de nuevo y por completo al desarrollo del mercado interno y a consumir lo producido en el país, porque la mejor barda son las inversiones, la actividad económica y el empleo en México. La gente se va porque no encuentra oportunidades aquí, no se va a turistear". Pero en esta frase no dice que México depende de la producción y de los insumos básicos que importa de Estados Unidos lo que limita enormemente ese mercado interno. El magnate mexicano descubre el anillo de la espiral en una vuelta también al pasado para sustentar el desarrollo de México en el impulso del otrora caduco y superado "neodesarrollismo" capitalista, pero en el capitalismo al fin. No dice que el mercado interno se dinamiza con ingresos que obtienen los distintos sectores de la sociedad, es decir, las distintas clases sociales antagónicas que la constituyen, a partir de su peculiar lugar que desempeñan tanto en dicha estructura como en el sistema productivo y, por ende, en el espacio del mercado en la esfera de la circulación y en la distribución de los ingresos. Éstos se obtienen de tres fuentes que son el salario —que produce el mismo trabajador como un equivalente del valor de su fuerza de trabajo y percibe la mayoría de los trabajadores asalariados explotados por el capital—; la ganancia derivada de la plusvalía que producen millones de trabajadores y se apropian los capitalistas; por último, la renta de la tierra que es una parte alícuota que se deriva de la ganancia de empresario con destino al bolsillo de la oligarquía terrateniente propietaria de las grandes extensiones y fortunas territoriales tan abundantes en nuestro país.
En esta estructura del capitalismo en general no existe otra "fuente" de ingresos distinta a estas tres y que, además, se derive de otra categoría que no sea la plusvalía producida mediante la explotación y superexplotación del trabajo por el capital. Por lo tanto, recordando a tres clásicos del estructuralismo de la CEPAL (Raúl Prebich, Celso Furtado, Aníbal Pinto) para reactivar y hacer crecer el mercado interno se requiere aumentar los ingresos de la población, empezando por los salarios que, en México, prácticamente vienen en picada desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado, cuestión sobre la cual el señor Slim no dice, por supuesto, una sola palabra.
En relación con la otra propuesta del magnate mexicano respecto a "consumir lo producido en el país", ignora completamente que lo que se produce y se consume en el país tiene un alto contenido de valor importado, particularmente de Estados Unidos y que es justamente lo que explica el constante déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial y, por ende, de pagos, la cual es deficitaria desde mediados de la década de los treinta del siglo pasado, registrando sólo cinco superávits durante la década de los ochenta del siglo anterior hasta la fecha.
Las inversiones provienen del capital privado nacional y extranjero que desde hace 30 años se destinan a enriquecer más a los más ricos y empobrecer más a los más pobres. La actividad económica ha entrado en un cuasi estancamiento productivo derivado de las políticas capitalistas del Estado mexicano impulsadas e impuestas en las últimas tres décadas, mientras que el empleo ha sido completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y los empleos creados en su mayoría son precarios, de baja productividad e ingresos frente a un crecimiento inusitado de la tasa de desempleo abierto, del subempleo (léase informalidad que cubre el 60% de la población económicamente activa); de la pobreza "normal" y de la pobreza extrema, cuestiones sobre las que, por supuesto, el sapiente magnate mexicano, al igual que la mayoría de los personeros del gabinete de gobierno en turno, no dicen una sola palabra.
Al pontificar las "alternativas del desarrollo" para México frente a la dependencia de Estados Unidos, el homólogo de Trump lo ponderó:
"Trump es un gran negociador. Hay que conocer su libro para no espantarnos. Me parece que está tocando para saber si tenemos alguna debilidad. Lo peor para tratar con él es enojarse. A lo mejor está provocando para negociar…El presidente estadunidense, quien tiene una gran estimación por México, representa un gran cambio en la forma de hacer política y de gobernar". (LA JORNADA, 28 de enero de 2017).
El señor Slim ignora la sentencia de John Foster Dulles, secretario de Estado de Dwight Eisenhower, cuando afirmó que "Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses" que deberían además de recordar todos aquéllos que todavía confían en la "buena voluntad" de Estados Unidos para resolver nuestros problemas. Cuando el magnate mexicano sugiere que alguien que cataloga a los inmigrantes mexicanos como "criminales y violadores" "tiene una gran estimación por México", sería bueno interrogarse qué pasaría si el xenófobo presidente norteamericano no nos estimara: ¡seguramente tendríamos a los marines listos para recibir la orden para invadir al país para recordarnos su "buena amistad".
El efecto Trump y el descontento popular
Estas notas permiten confirmar que el gobierno mexicano, cómplice de la construcción del muro de la ignominia ya en su primera etapa y de las políticas agresivas contra los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, está atrapado entre su neoliberalismo a ultranza, sin proyecto y agotado y el (neo) proteccionismo imperialista que actualmente comanda el presidente Trump.
El "efecto Trump" se ha utilizado como un distractor por parte de autoridades, empresarios y políticos mexicanos para intentar frenar y desmovilizar el enorme descontento social de la población que antes y después de la designación del magnate, se viene expresando mediante marchas, mítines, toma de instalaciones y de recintos gubernamentales, bloques carreteros contra la política antipopular y antiobrera del gobierno de Peña Nieto que ha agudizado la crisis económica mediante los gasolinazos y las amenazas de liberar los precios de los energéticos para cumplir con sus compromisos con las empresas trasnacionales y los organismos internacionales que son los nuevos dueños de los energéticos mexicanos gracias a las "reformas estructurales". En el fondo lo anterior obedece a las demandas que estas empresas, entre ellas las norteamericanas, reclaman como condición previa para invertir: la liberalización —léase aumento— de los precios que les reditúen altos beneficios que incrementen sus procesos de acumulación y centralización de capital.
Ante esto el gobierno de Peña y el empresariado dependiente tendrán que resignarse a esperar dócilmente las instrucciones de la Presidencia Imperial mientras se agudiza la crisis económica en el país y sus efectos lacerantes se echan sobre las espaldas de la sociedad y de los trabajadores, como viene ocurriendo sistemáticamente hace ya más de tres décadas a golpe de gasolinazos contra la población, de incremento de impuestos y de los precios de los productos básicos y de contención salarial.
Mientras tanto, los de siempre: los empresarios, los políticos de todos los colores de partido y el gobierno, impulsan un risible simulacro de "unidad nacional" —que recuerda la proclamada por el presidente Ávila Camacho (1940-1946) luego del estallido de la segunda guerra mundial— que en el fondo tiene el objetivo de sembrar la ilusión mediática en la sociedad de que se está enfrentando con "patriotismo" y "nacionalismo" a un "enemigo" que ha autorizado la edificación del muro de la ignominia, ordenado revisar o, en su caso, cancelar el pro-empresarial y trasnacional TLC y deportar a millones de trabajadores indocumentados que en México no tendrían otro destino más que el hambre, la miseria, el desempleo, el abandono gubernamental y la desilusión.
Solamente la movilización popular podrá frenar esta nueva embestida del imperialismo en México.
Nota:
(1) Hay que recordar que ya están construidos alrededor de mil 050 kilómetros de muros y vallas, cuya edificación comenzó a inicios de 1994 durante el gobierno de Bill Clinton en regiones de California primero y, más tarde en Arizona y Nuevo México.
Referencias
Adrián Sotelo Valencia es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.