2/08/2020

El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas denuncia declaraciones misóginas del presidente ecuatoriano

Querer descargar la responsabilidad del acoso sobre las mujeres ecuatorianas es culparlas de la violencia que reciben


El feminismo, los derechos humanos y el ideal de justicia social se implementan en lo cotidiano, no como etiquetas para las elecciones.

El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas ante las declaraciones misóginas y antiderechos de Lenín Moreno , presidente del Ecuador

Las últimas declaraciones del presidente Moreno sobre el temor de los hombres a ser acusados de acoso es otra evidencia del carácter del gobierno, que en lugar de generar políticas y acciones efectivas para garantizar la aplicación de los principios constitucionales basados en el respeto a los derechos humanos y en particular de las mujeres, niños, niñas y adolescentes al derecho a una vida libre de violencia, impulsa el fortalecimiento de un Estado, extractivista, machista, xenófobo y racista. El machismo es política de Estado desde hace tiempo; y, esa línea política es responsabilidad del presidente. Ya varias veces sus declaraciones nos colocan, a nivel internacional, como un país sin cultura política en derechos humanos.

En 2019, las irresponsables declaraciones del presidente y sus secretarios, así como la negligencia de la policía y su jefa ante el femicidio de Diana Carolina en Imbabura, desencadenaron una cacería de venezolanos y venezolanas. Decenas de hombres, mujeres y niños, niñas fueron perseguidos con antorchas en la provincia norteña producto de la xenofobia promocionada por el Gobierno.

Sistemáticamente el Gobierno de Alianza País, ahora con Moreno a la cabeza, descarga la responsabilidad de la violencia machista en los hombros de los y las más vulnerables. No se reconoce el rol de la policía en la vulneración de derechos, se los condecora; se reduce el presupuesto para prevención de violencia de género contra las mujeres, pero se invierte cantidades exorbitantes en circo para el pueblo; no se financian las políticas para reducir las alarmantes cifras de embarazo adolescente que colocan al Ecuador a nivel de los peores indicadores de la región.

Sin embargo, se aprueban grandes desembolsos para armar a la policía con el fin de reprimir al pueblo; no se aprobaron las reformas al COIP para aumentar las causales que buscaban proteger a las mujeres que fruto de una violación quedaban embarazadas, y por tanto, se mantiene la criminalización de las mujeres pobres que abortan cuando han sido violadas; se recorta la inversión en salud y educación; hay persecución y criminalización a líderes y lideresas sociales por protestar por sus derechos; mientras los gastos en propaganda para el régimen se incrementan. La militarización de la vida, de los territorios en continuo despojo por el extractivismo devastador, la política seguritista y entreguista, el control sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias, así como la violencia machista es el pan de cada día de este régimen heredero del correísmo.

La estrategia del gobierno es la criminalización de la lucha social y la creación de "enemigos públicos" entre las y los luchadores populares, con el propósito de impedir y desarticular la organización social contra las políticas neoliberales y favorecer los intereses económicos y políticos de sus aliados; los empresarios, los banqueros, el FMI y de los grupos religiosos fundamentalistas. Todo esto para reafirmar y renovar las estrategias del capitalismo imperialista neoliberal, patriarcal y misógino enquistado en nuestro país; por esa razón las continuas declaraciones del presidente Moreno, no son exabruptos inocentes, chispoteos al mejor estilo de personajes cómicos, es una política de Estado en este nuevo período de Alianza País.

El machismo, es histórico y estructural, no episódico. No tiene nacionalidad ni fronteras, permea todos los espacios sin distinción de clase, etnia, religión, profesión y hoy está presente de cuerpo entero en el sillón de la Presidencia como usted lo demuestra. Las lecciones que nos deja a las mujeres, este periodo nefasto del gobierno de Moreno y sus aliados conservadores, es seguir impulsando el feminismo, los derechos humanos y el ideal de justicia social, para implementarlo y vivirlo en las formas cotidianas de hacer política, no como etiquetas para las elecciones, ni como cheque en blanco para cualquier candidato.

Los machistas también son seres que ejercen poder, control y violencia. Querer descargar la responsabilidad del acoso sobre las mujeres ecuatorianas, culparlas de la violencia que reciben, manipular la realidad, minimizar las prácticas de violencia, hacer un circo con los femicidios, es una estrategia cobarde que pretende maquillar la ausencia de políticas que erradican la violencia y justificar la descomunal desinversión del llamado "Plan Toda una vida" en su gobierno. Las mujeres organizadas no olvidamos que el partido que hoy nos gobierna es el mismo que durante una década irradió un mensaje machista y violento cuyos efectos estamos pagando todos y todas:

- cada 71 horas una mujer es asesinada de una forma violenta por machos con un Estado cómplice de feminicidio.

- 7 de cada 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia.

- 1 de cada 4 mujeres hemos vivido violencia sexual.

- Cada día 28 niños, niñas y adolescentes son víctimas de algún tipo de violencia.

- En las Universidades: 5 de cada 10 mujeres han sido acosadas.

Hoy más que NUNCA se hace urgente restaurar el presupuesto destinado al Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres (más de 10 millones de dólares) e iniciar con capacitaciones y sensibilizaciones urgentes a la Presidencia de la República y a todos los Ministerios y Secretarías, especialmente a la Secretaría de Derechos Humanos.

Solo representantes directos de los intereses de la burguesía pueden gobernar un país sin nociones mínimas de Derechos Humanos y de respeto a la vida digna y procesos de las mujeres.

Por un país con más derechos humanos y justicia social para todos y todas.

Demandas de universitarias sobre violencia sexual pendientes desde hace 30 años

Ciudad de México. Desde hace tres décadas, las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han exigido a las autoridades en turno el desarrollo de mecanismos para contrarrestar la violencia y el hostigamiento sexual hacia las universitarias, cursos de educación sexual en todos y cada uno de los planteles de la universidad, así como la realización y difusión de campañas contra el hostigamiento y violencia sexual.
Cimacnoticias hizo una revisión hemerográfica sobre las demandas de las universitarias en los movimientos estudiantiles de la década de los 80 y 90 en la que se constató que éstas y otras demandas, son las mismas que el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció el pasado 5 de febrero como “avances para atender la violencia en las aulas”. 
Un reportaje de Ana María Altamirano publicado el 4 de junio de 1990 en el suplemento “Doble Jornada” -consultado por Cimacnoticias- documentó que más de 800 personas de la comunidad universitaria, entre académicas, trabajadoras y alumnas, participaron en un Congreso Universitario que se llevó a cabo el 17 de mayo de ese año.
Las universitarias consiguieron que el Anexo 1 de las propuestas a discutirse en ese Congreso se llamara “La mujer universitaria”. El documento contenía diversas demandas, entre las que destacaban la creación de una instancia legal que investigara los actos de hostigamiento y violencia; la expulsión y rescisión de contrato a quienes ejercieran violencia; mejorar el alumbrado, transporte y vigilancia en la UNAM; y cambiar las relaciones de poder entre profesores y alumnas. 
Otras demandas eran no realizar el examen de embarazo al momento de ingresar a laborar a la UNAM; cursos con horarios flexibles para las embarazadas; y servicios ginecológicos en el Centro Médico de la universidad.
Comunicados de prensa emitidos por la Universidad consultados por Cimacnoticias, revelan que las estudiantes empezaron a organizarse por éstas y otras demandas, en Federaciones, al menos desde 1929.

30 años después, Graue dice: acciones están en proceso

Luego de los paros en distintas preparatorias y Facultades de la UNAM, por alumnas que han vivido violencia, el rector Enrique Graue, enlistó, en conferencia de prensa, los “avances” de al menos cinco acciones en las que trabaja para atender las demandas de las estudiantes en paro. Varias coinciden con las demandas de hace 30 años:
1) La ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género. Avance: fue aprobada por la Comisión de Legislación Universitaria y en días siguientes será sujeta al pleno universitario. 
2) La creación de un organismo autónomo de la Rectoría, que atienda los casos de violencia de género. Avance: “fue ya consensuado con los actores”.
3) El reglamento a la defensoría para fortalecerla y ampliarla: está lista para enviarse a la comisión de legislación universitaria.
4) Cursos y divulgación de material educativo para explicar los procesos para fortalecer la cultura de respeto de género: iniciados.
5) Propuesta para la incorporación de asignaturas con perspectiva de género en los distintos planes de estudio: “enviada a instancias correspondientes”. 
El Rector dijo que desde junio de 2016, la administración de la UNAM comenzó un proceso “inédito” con la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, y que gracias a él, la violencia contra las mujeres ha sido visibilizada y cerca de 100 universitarios entre académicos, trabajadores administrativos y estudiantes han sido rescindidos o separados de la casa de estudios.
No obstante, las universitarias han manifestado su descontento con el Protocolo pues las revictimiza al tiempo que hay una protección a los agresores quienes como sanción únicamente son cambiados de escuela.
La incorporación de la perspectiva de género en la UNAM -creada desde 1910-ha sido lenta. El primer paso que dio para garantizar la participación igualitaria de las mujeres dentro de sus planteles fue hasta 73 años después de su creación, en 1992, cuando se creó el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), que en realidad fue un logro de un grupo de académicas. 
En 2004, el PUEG –ahora convertido en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)– inició el desarrollo del proyecto Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM. 
Esto dio pie a que en 2005 (casi un siglo después de que se creó la universidad) se reformaran los estatutos de la UNAM para plantear que las mujeres y los hombres debían gozar de los mismos derechos en las aulas. 
Y hasta 2010 se creó la Comisión Especial de Equidad de Género (CEEG), cuya función es promover políticas institucionales a favor de la igualdad de género. Esto dio como origen en 2013 a la creación de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM.  
La UNAM todavía tiene pendiente crear Comisiones Internas de Equidad de Género, destinadas a la promoción de la equidad e igualdad de género, en todas las entidades académicas y dependencias universitarias.

El Socialismo es la Sociedad del Cuidado. Entrevista a Alba Carosio

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Se llega la Huelga Internacional Feminista este 8 de Marzo y con ella TatuyTv presenta a Alba Carosio: investigadora feminista nacida en Argentina y residenciada en Venezuela desde los 70'; quien llega a nuestra sede a hablarnos del movimiento feminista venezolano, el rol de la mujer en la Revolución Bolivariana y la necesaria apuesta por una economía feminista, una economía del cuidado. Previo a la Revolución Bolivariana los movimientos de mujeres se organizaron desde la primera ola feminista por la lucha por el voto que se ejerce por primera vez en Venezuela en 1947 luego, en una segunda ola, las organizaciones apostaron por la conquista de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el señalamiento de la doble moral y la prostitución. Ninguna de estas olas feministas llegó a las masas, Alba nos confiesa: “éramos grupos pequeños trabajando en un momento hostil y sin ningún apoyo del Estado, cuando llega la Revolución Bolivariana muchas de esas mujeres que ya estábamos organizadas decidimos en primer lugar abocarnos a lo que fueron las propuestas para la constituyente del ‘99. A partir de ahí, además, se emprendió un trabajo de masificar las ideas feministas, entonces por primera vez nosotras tuvimos la oportunidad de hablarle a una gran cantidad de mujeres que eran reunidas todas juntas, porque existía el musculo del Estado”. El proceso bolivariano desembocó en que las mujeres empezaron a salir de sus casas, trascendiendo lo doméstico, incorporándose con mayor fuerza en las dinámicas comunitarias. Las ideas feministas empezaron a masificarse, mucho más cuando Chávez en el 2007 se declara feminista. La mujer entonces, es la principal palanca de apoyo que tiene la revolución: son las que mueven las comunidades, nos advierte. 

Las mujeres se sintieron convocadas por este proceso, la prueba de ello: son las mujeres las que sostienen los CLAP, los Consejos Comunales, las que construyen y sostienen las Comunas y toda la orgánica base del Poder Popular. Sin embargo, el patriarcado ¿por qué? Una mirada feminista de la economía En el imaginario colectivo se asume a la economía desde el análisis de las transacciones en los mercados: lo que se compra y se vende, bien sea fuerza de trabajo, bien sean servicios, o productos de cualquier índole, que se transan y se intercambian con dinero de por medio. Sin embargo, Alba Carosio pone en el debate una gran cantidad de actividades, asumidas fundamentalmente por mujeres que comprende todo lo concerniente al cuidado de la familia; todo lo que permite la reproducción social de la vida: preparación de alimentos, cultivos familiares, trabajo comunitario, trabajo que no se hace dentro de los mercados sino al margen de la economía, trabajo que aporta en la reproducción del capital pues posee un valor económico. 

Esto es justamente lo que reconoce el articulo ochenta y ocho (88) de nuestra Constitución, pero, no se ve ni se cuenta. El papel de la mujer en el cuidado de la vida, es un tema que tiene que ver con lo económico, pero además con lo político y con lo ideológico: asumir este debate público pasa por reconocer la vulnerabilidad de los seres humanxs, la necesidad de interacción entre lxs mismxs, y la necesidad de un cuidado para la reproducción social que no debe quedar limitado a las mujeres: toda la sociedad tendría que maternizarse. -Las mujeres en la revolución 00:00:44 -Pobreza, reproducción y cuidado 00:08:08 -La dimensión económica del cuidado 00:11:18 -¿Cómo se traduce la socialización del cuidado en políticas públicas? 00:19:50

Poderes de gobierno solapan simulación de paridad de género en municipios indígenas

En el proceso electoral del 2018 fueron electas 35 alcaldesas, hasta el momento todas ellas continúan, al menos en el papel, en el cargo. Sin embargo, se tiene registro por medio de actos oficiales registrados por los medios de comunicación que quienes están ejerciendo son sus familiares hombres.
En un comunicado a la prensa, Repare alertó sobre el aumento de la violencia política en razón de género provocada por la persistencia y tolerancia a la simulación de candidaturas en 2015 y 2018 y señaló que diversas instituciones incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han solapado la usurpación de los cargos de las mujeres electas presidentas, síndicas y regidoras, mayoritariamente en municipios indígenas, quitándoles legitimidad y arriesgando su integridad física, lo que podría ocasionar  violencia hacia y durante el proceso electoral de 2020,  que inicia en octubre.
Consideraron que esta “simulación tolerada-usurpación permitida” debe de ser tipificada como violencia política en razón de género. Cabe mencionar que en Chiapas no está tipificado el delito a pesar que desde el año pasado se presentó una iniciativa en este sentido, pero no ha prosperado.
El grupo de mujeres también pidió al Observatorio de Empoderamiento Político de las Mujeres a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género, que se posicione fuertemente en contra de tales delitos porque es materia de su trabajo; urgió a los partidos políticos a que cumplan el mandato que les ordena la Constitución de la República de la paridad de género en todo, y eviten registros simulados; y también pidió al INE y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a que se comprometan a favor de elecciones sin violencia política a las mujeres.
Insistieron en que es necesario que el Poder Legislativo proceda a amonestar con medidas ejemplares a los Ayuntamientos que se niegan, hasta ahora, a cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas a favor de la regidora y síndica de los municipios de Santiago el Pinar y Cancuc. En estos casos ya existe un resolutivo a favor de las representantes populares, pero no se ha hecho efectivo.
“Los hechos repetidos en los municipios San Juan Cancuc, Mitontic, Santiago el Pinar, Ostuacán, Chanal, Aldama, Chalchihuitán, Oxchuc entre otros, muestran una ficticia paridad de género en política la cual se agrava por el aval que dan funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo en actos oficiales, donde, bajo el argumento de la normativa de “Usos y Costumbres”, aceptan que los hombres (esposos, hijos o familiares) usurpen por fuerza o conveniencia el poder de las autoridades electas en el quehacer interno como en los actos públicos mientras que las verdaderas autoridades no participan o son relegadas, como se evidencia con numerosas fotografías publicadas en medios periodísticos” relataron las integrantes de la organización.
Exigieron a las diferentes instancias de gobierno y las electorales que cumplan su trabajo y garanticen la paridad efectiva de género.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

De la UNAM, a la Fiscalía General

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Nuevamente las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres están en el centro del debate y la reflexión desde dos ámbitos nodales para la vida democrática de nuestro país: la justicia, y la creación de conocimientos y saberes.
Por un lado, nuestra querida UNAM que no termina de encontrar el camino para salir del marasmo de la violencia; y por el otro, la obscena propuesta de la Fiscalía General, al intentar modificar el tipo penal de feminicidio.
Pareciera que no termina de entenderse que los avances logrados en materia de protección a la vida y la integridad de las mujeres no tiene retroceso, porque hay una alerta de las mujeres para evitar cualquier intento conservador del pasado.
Vayamos por pasos
Lo que hoy ocurre en la UNAM no es nuevo o de reciente manifestación, es un malestar que se ha ido gestando a lo largo de los años. Las primeras denuncias de violencia contra las mujeres se hicieron públicas en el año 1988, en el marco de la huelga universitaria por la defensa de la gratuidad.
Fue precisamente en el Congreso Universitario de entonces, que las estudiantes y docentes colocaron en el centro de la discusión del modelo de universidad que se quería, la desigualdad y la violencia que vivían tanto trabajadoras como estudiantes. La respuesta de entonces fue la cerrazón.
Lo que se reveló entonces en esa época es que en el campus universitario ocurría una violación cada día. Es decir, los datos estuvieron ahí de manera pública, lo que no encontraron fueron los oídos de autoridades y de la comunidad universitaria que escucharan y tomaran acción, y hoy tenemos lo que estamos viendo.
Nuevamente tenemos las escenas que traen al escenario público la violencia que se vive en la UNAM, y hay que cuidar muchísimo el no estigmatizar el movimiento de las estudiantes ni desviar la atención del centro nodal que es la violencia contra las mujeres.
Sin duda que la lucha que están haciendo las universitarias es legítima, porque tienen la razón de su parte.
Estamos hablando de tres décadas, por lo menos, de denuncia pública sobre la violencia contra las mujeres en la UNAM. Lo que vemos hoy tiene sus antecedentes en esta movilización estudiantil de los años ochenta, pues es en este lapso que las académicas realizaron estudios sobre lo que ocurría en la Universidad, y las sindicalistas feministas impulsaron algunas acciones gremiales para erradicar la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Otro punto clave se dio el año pasado en el mes de marzo durante el movimiento #MeToo. Recordemos el #MeTooAcadémicos y #MetooUNAM, que en seis días concentraron casi 500 denuncias entre ambos.
Tan sólo el que se refirió al sector académico reunió 350 denuncias, de las cuales, 130 estaban dentro de la UNAM. En el #MetooUNAM 20 centros educativos entre CCH, Facultades e Institutos de Investigación, fueron señalados como espacios violentos para las mujeres. La FES Acatlán, Ciencias Políticas y Filosofía estaban en los primeros lugares por el número de denuncias. Es decir, no son hechos aislados, es un sistema histórico que reproduce la violencia contra las mujeres.
Además de las denuncias públicas, las alumnas han manifestado su rechazo a la funcionalidad del “Protocolo para la atención de casos de violencia de género”, implementado en la máxima casa de estudios en agosto de 2016, porque las revictimiza y permite la impunidad.
Desde su puesta en marcha, las alumnas señalaron que se protegía a los agresores y se hostigaba a las docentes que acompañaban las denuncias de las estudiantes.
Lo que hoy se está debatiendo en la UNAM es el modelo educativo, que no es sólo las currículas académicas, sino la integralidad, es decir, la convivencia cotidiana en la que alumnas y trabajadoras administrativas y docentes están desarrollando sus actividades.
No sólo se quiere una o dos materias con perspectiva de género, o materias optativas, o algunos centros de investigación, o algunas sanciones a los agresores, lo que se busca es sin duda un giro de 360 grados, muy parecido a lo que se discutió en aquel Congreso Universitario de los ochenta que no incluyó la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Lo que estamos viendo es que las alumnas no están dispuestas a que sus denuncias sean minimizadas o sólo consideradas cuando ciertos actos violentos toman relevancia. Lo que no quieren es más simulación.
El rector dijo el miércoles que se construye la universidad que se quiere, y en ese rediseño las mujeres quieren estar presentes con voz y voto.
Efectivamente ellas no quieren esperar más porque ya esperaron por lo menos 30 años, y la espera no ha sido con los brazos cruzados. Ellas han empujado las opciones PARA ERRADICAR todo tipo de violencia contra las mujeres en todo el sistema educativo. No hay que echar más leña al fuego.
Como si esta crisis no fuera ya suficiente, la Fiscalía General de la República abrió otro frente al colocar la posibilidad de la modificación del tipo penal de feminicidio. La lluvia de pronunciamientos en contra de esta iniciativa, están a la orden del día.
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Seguridad Justicia y Paz, las Comisiones de Igualdad de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres, han dicho que NO hay un paso atrás en lo ya ganado, porque les asiste la razón, porque además es una resolución de la Suprema Corte, quien en 2016 determinó que es INCONSTITUCIONAL que se establezca como agravante del homicidio el sexo de la víctima y que es fundamental considerar la privación de la vida por razones de género  ya que esto implica la obligación del Estado.
Pero además el Comité de expertas de la CEDAW, conminó al Estado Mexicano a garantizar los derechos de las mujeres mediante una ley penal general.
En la discusión del sistema de justicia que requiere México, las mujeres están presentes y activas.
¿Qué es lo que les toca a las autoridades? Revisar la historia, escuchar activamente a las mujeres que están demandando acciones, y actuar.

Declaración regional reconoce el papel de los medios para avanzar en la igualdad


La reunión comenzó el 25 de enero con el encuentro de organizaciones civiles feministas en el Foro Fabiola Campillai en el Centro Balmaceda Arte Joven en el Parque Quinta Normal en la ciudad de Santiago, al que asistieron más de 250 feministas de la región.  
Además de talleres y charlas, hubo muestras de poesía y la clausura estuvo a cargo de “Las Tesis”, con un performance inspirado en la obra “Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, sobre la explotación laboral, sexual y reproductiva de las mujeres.
La Declaración de la Sociedad Civil en #CEPAL #XIVConferencia #Beijing25 #MujerresPeriodistas #MujeresyMedios
El lunes 27, ya en las instalaciones de la CEPAL, las organizaciones civiles reflexionaron sobre los desafíos en la región.
El martes 28, se instaló oficialmente la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde las organizaciones feministas presentaron su declaratoria “Insistimos, resistimos y avanzamos”:
Las feministas de la región reunidas ratificaron la Plataforma de Acción de Beijing, así como las agendas de CEDAW, Río, Viena, Cairo y Durban y, en el contexto económico y político en la región reivindicaron el derecho a la protesta social, la cual no debe criminalizarse; rechazaron que, por oponerse a los megaproyectos, se pretenda “responsabilizarnos por las insuficiencias en el desarrollo socioeconómico”.
Se manifestaron por la defensa de la tierra y los territorios “No permitiremos que el extractivismo le haga a nuestras tierras y territorios, lo que el patriarcado le hace a nuestros cuerpos y por ello reivindicamos nuestra organización creciente, desde las organizaciones de base, campesinas, comunitarias, indígenas, migrantes, jóvenes, afrodescendientes, sindicalistas y de mujeres urbanas y rurales que resistimos y desafiamos las barreras lingüísticas y las desigualdades estructurales que reproducen condiciones de vida precaria y pobreza extrema.”

“Estamos acostumbradas a repetir que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y ahora vamos a acostumbrarnos a decir que somos también la región con el feminismo más potente y movilizador del planeta.”

Exigieron aborto legal, seguro, libre y gratuito en toda la región; la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio y las prácticas nocivas como los matrimonios y embarazos forzados en niñas, alto a toda forma de represión incluido el uso de la violencia sexual como herramienta de control policial y militar en medio de las crisis en nuestros países, en particular por las recientes agresiones a las chilenas y nicaragüenses o las respuestas en diversos países ante las crisis migratorias.
Frente al Capítulo J Mujeres y medios de difusión, el que ha presentado menor avance tras 25 años, las feministas exigieron “atención inmediata a la discriminación, violencia y acoso que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo, en particular las periodistas, porque la transformación de los medios y la comunicación digital y sus abordajes sexistas es necesaria para la transformación cultural a la que aspiramos.”

Ciudad de México. 

Las olvidadas


CIMACFoto: César Martínez López
Ayer leí un mensaje en twitter que decía literalmente:
“Quedan quince minutos para que acabe enero y ya hemos tenido el asesinato de Soleimani; Irán respondiendo con misiles a EU, el derribo del avión, la muerte de Kobe, el coronavirus, el Brexit…Joder con 2020”.
Quizás y a simple vista puede parecer algo normal la enumeración de estos hechos para valorar el primer mes del año. Pero, como siempre, al autor del mensaje se le pasaron las olvidadas: la mujeres y niñas asesinadas por el machismo y que a lo largo del mes de enero han sido 8 mujeres y una niña; y que desde el año 2004 suman ya mil 165 las mujeres asesinadas por violencias machistas. Pero pese a las elevadas cifras, al parecer, solo desde el feminismo nos acordamos que nos faltan ellas y sus voces.
Después de 15 años de la aprobación de una ley orgánica que fue pionera en el mundo, seguimos con cifras de vértigo y con gente que, a pesar de esas mismas cifras espeluznantes, niega la existencia de violencias machistas y pide la derogación de la ley.
La sensibilización para la prevención de estos asesinatos sigue siendo necesaria, pero al parecer a demasiada gente le importa poco la vida de las mujeres víctimas de estas violencias. Los recursos policiales y jurídicos son demasiado escasos y las mujeres siguen siendo asesinadas.
Dice la gente experta que el momento más crítico y, por tanto más peligroso para la vida de las mujeres, es cuando plantea la ruptura de la relación con su agresor y los meses siguientes. Y que la peor violencia no es la de las agresiones físicas que llegan cuando ya se ha ejercido la peor de las violencias, la psicológica.
Y es la peor porque va desarmando poco a poco a la víctima de sus habilidades sociales y personales hasta dejarla anulada por completo y, por tanto mucho más vulnerable y apocada. Si todo eso lo sabemos ¿por qué no se actúa con mayor celeridad?
Es patente la necesidad de una educación afectivo sexual en las escuelas y desde edades muy tempranas para comenzar a cambiar hábitos violentos en todos los sentidos y en todo tipo de relaciones.
Como sabemos, el machismo asesina a las mujeres. Por lo tanto hay que prevenir conductas machistas desde todos los puntos de vista y lo más precozmente posible, tanto en las familias, como en las escuelas, en los medios de comunicación, porque sólo desde la prevención se podrán atajar estos asesinatos. Y la prevención es una cuestión social que nos afecta a todas las personas.
Tengo mucha esperanza en el equipo de Irene Montero al frente del equipo del Ministerio de Igualdad. Y la tengo porque peor que se hizo en los gobiernos de Rajoy sólo lo pueden hacer desde la ultraderecha que niega este tipo de asesinatos machistas y se envuelven en retóricas estériles para reforzar el sistema patriarcal que denigra a las mujeres y permanece impasible ante el sufrimiento de las víctimas. Y que utiliza la negación y el olvido para mantener ese orden asesino.
Estas casi mil 200 mujeres asesinadas (siguen siendo más porque muchas no se contabilizan correctamente) en los últimos 15 años, supone un fracaso social con enormes consecuencias en forma de dolor y rabia para muchas personas allegadas a estas mujeres asesinadas. Eran y son muertes inútiles solo por haber nacido mujeres.
El olvido de sus voces sigue siendo una asignatura pendiente para toda la sociedad, puesto que con su olvido, naturalizamos una situación de desigualdad extrema y también naturalizamos al patriarcado asesino.
Este año no ha comenzado bien para esas ocho mujeres y una niña asesinadas. Eso es indudable. Intentemos entre todas y todos ir a la raíz del problema y ponerle una solución aunque no sea a corto plazo. Insisto que pasa por la educación y socialización en igualdad. Y a su vez, en formar a nuestra niñez en una correcta educación afectivo sexual como elemento preventivo de las violencias machistas que, como se ha demostrado, son asesinas.
Mientras la prevención solo se afronte con medios policiales y judiciales y no entre en las escuelas, todo será mucho más lento y doloroso.

Alerta de viaje a países donde se practica la mutilación genital a mujeres

Jorge Morales Almada
Agentes federales realizan operativo en aeropuertos para identificar víctimas que son llevadas a esas naciones

Alerta de viaje a países donde se practica la mutilación genital a mujeres
El Departamento de Estado emitió un aviso para alertar sobre las consecuencias de viajar a países donde se practica la mutilación genital femenina con fines de llevar a cabo un procedimiento de ese tipo, el cual es considerado un delito federal en Estados Unidos -aunque se realice en otro país-, y puede resultar en encarcelamiento o deportación.
La alerta se hizo este 6 de febrero, fecha que la Organización de Naciones Unidos (ONU) establece como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina como parte de la campaña que a nivel mundial inició en 2012 y que busca erradicar en los próximos 10 años una práctica considerada como una violación grave a los derechos humanos, a la salud y a la integridad de las mujeres y niñas.
La mutilación genital femenina (MGF) se refiere a los procedimientos de cirugía para la resección, alteración o extirpación parcial o total de los genitales externos de la mujer sin razones médicas.
En el día en contra de la MGF, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) advirtieron que cualquier participación en la comisión de este delito es una violación grave de los derechos humanos que puede resultar en una condena de cárcel o la deportación.
Estas dos agencias policiales, además de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), participan en la Operación Limelight USA, un programa que inició en 2017 para advertir sobre la MGF a los pasajeros que vuelan a países donde es frecuente la práctica, para identificar posibles víctimas y delincuentes, y para disuadir su práctica, el cual se ha implementado en 18 aeropuertos del país.

Las creencias de la mutilación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la práctica es muy común en unos 30 países de África, Medio Oriente y Asia del Sur, así como en algunas regiones de India, Indonesia, Irak y Paquistán, pero también se registran casos en pequeñas comunidades de Latinoamérica y en poblaciones migrantes que radicadas en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.
En los países donde está más arraigada la MGF suelen someter a las niñas a este procedimiento como un ritual de preparación para el matrimonio y la vida adulta, señala la ONU.
En muchas comunidades se hace con la idea de asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de estar casados. También existe la creencia de que el método de mutilación reduce la libido de la mujer (deseo o impulso sexual) y se evita que caiga en la tentación de tener relaciones extraconyugales.
También está asociada a modelos culturales de feminidad y recato, con la idea de que las niñas son puras y hermosas una vez que eliminan de su cuerpo aquellas partes que se consideran impuras, no femeninas o masculinas, y hay quienes refieren cuestiones religiosas y suelen creer que tiene un respaldo de Dios.

“Circuncisión de parteras”

Quienes realizan la MGF suelen ser asistentes de parto, lo que en algunos países latinoamericanos se conoce como “parteras”, aunque también lo llevan a cabo profesionales médicos de las instituciones de salud del gobierno, ya que en esas culturas es una práctica común.
El procedimiento que en Estados Unidos se identifica con las siglas FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting) también es conocido como “circuncisión femenina”.
La ONU establece que la MGF refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores de edad por lo que constituye una violación de los derechos del niño. De igual forma viola los derechos a la salud, a la seguridad y a la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento conduce a la muerte.
La campaña de Naciones Unidos advierte que este procedimiento puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, como dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte.

FBI y ICE  vs. MGF

Milagro Sala, dirigenta social y diputada del Parlasur, presa hace cuatro años: "Lamentablemente EEUU avanzó muchísimo en Latinoamérica"

Fabio Belaich

Entrevista a Milagro Sala, dirigenta social y diputada del Parlasur

Por Gerardo Szalkowicz*
Milagro Sala está detenida desde el 16 de enero de 2016, poco después de ser electa diputada del Parlasur. Lo que iba a ser una entrevista se transformó en seis horas de intimidad en la casa donde cumple prisión domiciliaria. Mujer, indígena, dirigenta social, presa política en la provincia de Jujuy desde hace más de cuatro años, Sala habla de todo: el nuevo gobierno argentino, la actualidad latinoamericana, el feminismo, la persecución que sufre y las obras construidas por su organización. Una radiografía de su vida hoy.
Raúl se asoma por el balcón y su cara de viejo sabio propaga una voz parsimoniosa: “No escuché el timbre pero los sentí, pasen que está abierto”. Segundos antes, una pequeña tropa de veinteañeros polis de civil interrumpía su aburrimiento en la Hilux gris para abordarnos y registrar en un cuadernito nuestros nombres y documentos, y que “de dónde son”. El sol mañanero de verano reverbera inclemente en el barrio Cuyaya de San Salvador, pero es un calor amable, no pegajoso. Al cruzar el umbral nos envuelve una imponente casona de dos plantas con muebles de madera y repleta de cuadros, adornos, diplomas, fotos: predominan en las paredes la simbología indígena y los rostros de líderes latinoamericanos. Y, por supuesto, la imagen omnipresente de la dueña de casa, a quien aguardamos en un sillón mientras termina de bañarse.
En la previa nos reciben una compañera que ceba los primeros mates y el periodista y escritor Raúl Noro, que nos habla con extrema amabilidad desde su activismo en el movimiento humanista de Silo hasta de las expectativas de que su compañera recupere la libertad. Desde la cocina-comedor suenan voces intercaladas, allí una decena de militantes de la organización Tupac Amaru participa en un curso de formación sobre oratoria. Cuando ella aparece al pie de la escalera, todo parece empezar a orbitar alrededor suyo. Da algunas indicaciones, bromea algo con Raúl y nos saluda: “Hola, soy Milagro”, como si hiciera falta… Viste short, musculosa y varias cadenitas y pulseras artesanales. Sólo desentona en su cuerpo la tobillera electrónica negra amarrada a su pierna derecha. Lo que sigue no estaba en los planes: seis horas en el cotidiano de Milagro Amalia Ángela Sala, mujer, indígena, negra, luchadora social. Presa política en la provincia de Jujuy desde hace más de cuatro años.
Milagro no para un segundo. Va y viene frenéticamente. Da instrucciones todo el tiempo. Organiza y ordena también vía celular. Despotrica constantemente contra el poder político-judicial-mediático de Jujuy por la persecución y la demonización que sufren ella y su organización. Hoy la atraviesa una obsesión, que se visibilicen las obras de la Tupac: “Basta de ´milagrismo´, de hablar tanto de mí, tenemos que mostrar todo lo que construimos y que el gobierno de (Gerardo) Morales destruyó”.
Está ansiosa por compartir el video que acaban de terminar que recopila imágenes del extendido laburo territorial de la organización, truncado desde inicios de 2016. Pide que lo difundamos. Se queja de que nadie habla de eso. Menciona a cada rato unos planos recién hechos que finalmente le traen entrada la tarde. Son once gigantografías, una por cada barrio que edificó la Tupac en diferentes localidades de la provincia.

Ahí están las maquetas de lo construido: más de ocho mil viviendas, escuelas, centros de salud, fábricas textiles, bloqueras y metalúrgicas, polideportivos, piletas, centros culturales, hasta un parque acuático… Proyectos urbanísticos integrales que prefiguraban una nueva institucionalidad y que hoy son tierra arrasada.
¿Por qué creés que se ensañaron tanto con vos y la Tupac? ¿Qué es lo que tanto les molestó?
La organización tocó varios intereses de los grandes poderosos. Por ejemplo, cuando comenzamos a construir las viviendas las empresas de construcción pegaron el grito en el cielo. Al principio no entendíamos por qué, pero después empezamos a ver que la construcción deja mucha plata, entonces resolvimos que esa plata había que ponerla en el barrio, urbanizar. No nos quedamos sólo en la crítica. Nunca quisimos competir con el Estado, esa fue una de las propagandas de la derecha, decían que teníamos un gobierno paralelo, pero nosotros sólo buscamos cubrir la necesidad de los compañeros, el bienestar de los jujeños. Nos dicen violentos pero los violentos son ellos, te aplican la violencia “respetuosamente”, sin decir una mala palabra.
Salta a la vista también el racismo, el odio de clase…
Ellos estaban acostumbrados a que las piletas, las mejores clínicas, las mejores escuelas, son sólo para los ricos, los empresarios, los hijos de. Nunca se han imaginado que los negros, los collas, sabemos pensar y que podíamos nosotros mismos mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. No nos perdonan que hayamos abierto conciencias.
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Llama la atención en las imágenes que comparte el piberío en las piletas. Es evidente que fueron prioridad. En todos los barrios construidos había al menos una pileta. Tal vez una suerte de revancha por los recuerdos de su infancia: Milagro fue abandonada de bebé en una caja de zapatos y la adoptó una familia de clase media acomodada, cuenta que una vez entrando a una pileta con sus hermanos a ellos los dejaron pasar y a ella no “por ser negrita”.
A los 14 años descubrió que era adoptada y se fue de la casa. Ahí comenzó la vida callejera y bardera, que incluyó lustrar zapatos, vender helados, pero también el robo y la venta de sustancias. Más de una vez cayó presa. Hasta que un par de años después se acercó a la Juventud Peronista de la mano del entonces gobernador Carlos Snopek, luego al gremio ATE y empezó un camino de acelerado crecimiento militante hasta convertirse en la principal dirigenta social de la provincia.
Hoy está nuevamente privada de su libertad, con 16 causas en curso y una condena de 13 años acusada de liderar una asociación ilícita. Sin embargo, ya es indisimulable la arbitrariedad de la corporación judicial. Por si faltaba otro botón de muestra, recientemente se difundieron unos audios filtrados de Pablo Baca, presidente del Superior Tribunal de Justicia jujeño, en los que admite sin eufemismos: «Milagro está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas». Baca era diputado de la UCR cuando fue nombrado por Gerardo Morales en una polémica ampliación del tribunal. Pese a esto, el lunes el gobernador Morales subió la apuesta: «Yo no entiendo por qué Milagro Sala no está en una cárcel común».
“Siento mucha indignación, es un acto tremendo de injusticia lo que estamos viviendo los presos políticos de Jujuy” –enfatiza Milagro abriendo bien grandes los ojos-. Acá la Justicia pertenece al partido radical, no hay una Justicia independiente. Encima a ningún preso con domiciliaria le ponen tantas restricciones como a mí, policías en la puerta, en la esquina, en la otra esquina, me dicen cuántas personas pueden entrar. Ni siquiera a los genocidas les ponen esas restricciones”.
Además de pelear por tu libertad, se nota que tenés la energía puesta en la reconstrucción de la Tupac. ¿Qué cosas en este reimpulso creés que deben hacer diferente en clave de autocrítica en relación a la etapa anterior?
Después de la década de 1990 muchos de nuestros compañeros estaban desocupados. Por eso lo primero fue cubrir las necesidades básicas, y nunca tuvimos tiempo para formar cuadros. En eso fallamos, en la formación de cuadros. Tal vez lo que nos pasó nos habría agarrado de otra manera. Por eso mi obsesión hoy es que formemos a los jóvenes, hay que darle lugar a la juventud.
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La citaba estaba pautada de 10.30 a 12 hs. Pero son más de las cuatro de la tarde y ahí seguimos, ya pasados unos cinco termos de mate endulzado con stevia y un almuerzo de pescado relleno en una larga mesa con tupaqueros y tupaqueras, la familia ampliada de “La Flaca” que circula permanentemente por la casa-bunker y nunca la abandona. Aun no pudimos hacer la entrevista formal. “Los porteños siempre apurados”, chicanea ante la insistencia. Hasta que sobre el final de la tarde tira las palabras mágicas “bueno, hagamos la notita”. Y queda un último rato para el intercambio mano a mano.
¿Qué lecturas hacés de la actualidad latinoamericana? ¿A qué atribuís la recomposición de las derechas en la región?
Pienso que en estos últimos 10, 15 años Estados Unidos viene perdiendo en la economía con Europa y con China, y como que descuidaron América Latina. Y ahora están viniendo otra vez con todo a apoderarse de nuestras riquezas, vienen a buscar el petróleo, el litio, los minerales. Por eso apuntan tanto a Venezuela, ¿hace cuánto quieren entrar a Venezuela y el pueblo organizado no los deja? Y ahora se metieron con Bolivia. Lamentablemente EEUU avanzó muchísimo en Latinoamérica, y eso significa más saqueo, más pobreza. Pero también hay mucha resistencia de los pueblos organizados, como en Chile donde el pueblo reaccionó después de 30 años. La única manera de frenar al neoliberalismo es resistiendo en las calles, no nos queda otra.
Y en particular ¿cómo viviste el golpe de Estado en Bolivia, y lo que siguió, estando tan cerca nos sólo geográficamente?
Con mucho dolor, entre Bolivia y Jujuy pasa un puente nomás, la mayoría de los jujeños somos descendientes de bolivianos, mi abuela era boliviana. Que maten a tantos compañeros solo por defender su origen es muy doloroso. Los matan porque son indígenas, por vestir pollera, es el odio visceral que tiene la derecha, que nunca soportó que por primera vez tengan derechos. Me da mucha tristeza también por Evo, el hermano que más nos representa y el que dignificó a todos los pueblos originarios de Latinoamérica.
¿Cómo evaluás el primer tramo del nuevo gobierno nacional?
Alberto (Fernández) prometió aumentarles a los jubilados, a los estatales, reactivar la economía, y creo que viene cumpliendo. Falta mucho, pero ya dio los primeros pasos. Lo que se ve es que está trabajando mucho para levantar el país, por ejemplo lo de la Mesa contra el Hambre es muy positivo. Es un excelente compañero.
-Y en relación a la controversia que generaron sus dichos de que en Argentina no hay presos políticos, ¿qué te provocó?
Soy respetuosa de su opinión, no soy quién para decirle si tiene o no razón. Él es abogado, yo simplemente una militante. No voy a entrar en esas discusiones. Yo me guardo…
¿Cómo te interpela el crecimiento del movimiento de mujeres, la “revolución feminista”? ¿Qué pensás de este cambio cultural desde tu lugar de mujer indígena?
-A mí me emociona que las mujeres se estén empoderando. Cuando fue la marea de pañuelos verdes en el Congreso me gustó mucho porque la mayoría eran chicas jóvenes, es muy bonito que salgan a pelear por sus derechos. La Tupac Amaru fue la primera organización social que aplicó el feminismo, quizá sin decirlo explícitamente, empoderamos a las mujeres, en ninguna parte del país había mujeres que trabajaban en la construcción y en la Tupac teníamos 70% de mujeres trabajando en la construcción, responsables de las obras, de las fábricas. Las dignificamos, quizá sin mencionar el término feminismo. Lo mismo con el matrimonio igualitario, dimos muchas casas a parejas del mismo sexo, que en el Instituto de Vivienda se las negaban.
¿Algo más que quisieras agregar?
Queremos un país justo, que los jueces tengan independencia, que se haga justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por los hermanos mapuche que son continuamente avasallados por Gendarmería y por los grandes empresarios para seguir robando nuestros territorios. Y acá en Jujuy que las empresas mineras dejen de sacarles el agua a los pueblos originarios, que devuelvan las tierras que les robaron gracias a jueces y fiscales.
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En uno de los tantos llamados que hace, Milagro menciona algunas cuestiones logísticas e insiste mucho en que “busquen todas las banderas que haya”. Luego explica que la idea es tener a mano las banderas de la Tupac que hay en cada casa, y sonríe: “Estamos preparando la salida”.
(*) Periodista. Editor de Nodal. Colabora en diversos medios como Tiempo Argentino, TeleSUR, Rebelión, ALAI y otros. Autor del libro “Norita: la Madre de todas las batallas” y autor, junto a Pablo Solana, del libro “América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista”. Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

Calvo: Somos socialistas porque somos feministas





La ultraderecha niega el cambio climático y la violencia de género y nos tendrán enfrente porque somos “radicales en la defensa de la igualdad”




Madrid, 06 feb. 20. AmecoPress.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, inauguró este sábado la Escuela de Pensamiento Feminista Elena Arnedo en la sede de los socialistas en Madrid, en la calle Ferraz.
“Cada vez hay más mujeres mirando al feminismo del PSOE”. La secretaria de Igualdad del Partido Socialista y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró el sábado en Ferraz que en el PSOE se es “doble militante, del feminismo y del socialismo, somos socialistas porque somos feministas” y “estamos aquí” porque este partido “es el que da respuesta a las realidad del país” y en especial, “ahora que los derechos sexuales y reproductivos vuelven a ser cuestionados” desde los sectores más retrógrados.
Calvo afirmó que si el primer gobierno de Sánchez tuvo 17 ministerios por la igualdad “ahora tiene 22 ministerios por la igualdad porque la igualdad, diseñada por las políticas feministas, no es un área, un anexo, es la centralidad de la democracia y del gobierno”.
Advirtió de que la derecha y la ultraderecha “no tienen límites en su retroceso” y atacan dos elementos de la agenda progresista, “la sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de la democracia, que es el feminismo y el ecologismo”. Y “lo han hecho a lo grande”, añadió Calvo, “negando el cambio climático y la violencia de género” y “frente a eso están los socialistas” para “combatir viejos fantasmas con formas nuevas”.
“Se trata de ser radicales en defensa de la igualdad porque la igualdad radical es la justicia, solo pretendemos justicia”. Para la secretaria de Igualdad y vicepresidenta primera del Gobierno, “el combate está cantado” con la ultraderecha “y sus acólitos, el Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos” porque dicen que van a defender la bandera de la libertad, de la suya, no de la tuya, y en la suya y en singular, va todo un paquete de cosas: que hagas lo que yo digo y veas el mundo como yo lo veo”.
Durante su intervención en la Escuela de Pensamiento Feminista Elena Arnedo, que dedicó la jornada de este sábado a ‘Sexualidad vs Violencia y Pornografía’, Calvo denunció “la antigüedad” de los que defienden los vientres de alquiler. Cuando la mujer ha alcanzado “la libertad” de que la maternidad no signifique “una obligación inexorable” surja que “se pueden comprar los vientres”. “Hay que estar ojo avizor para ver lo falsamente nuevo y que no nos lo envuelvan en el celofán de la libertad”. “En el mercado de la vida, nuestros cuerpos no son una mercancía” que pueda ser “vendido, comprado, alquilado y asesinado”. “Quieren vendernos el truco de la libertad, el viejo fantasma de siempre, el fascismo, la imposición de un modelo sobre todo, del hombre sobre la mujer. No han inventado nada nuevo”, zanjó.
En la apertura del curso también participaron el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y Lorena Valdés, secretaria de Igualdad de PSOE-M.

Foto: archivo AmecoPress

2/07/2020

Alejandro Díaz de León, artífice de la compra del avión presidencial

Enrique Hernández | El Sol de México

Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México, diseñó la estrategia para arrendar el avión José María Morelos y Pavón, el cual fue usado por el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

“Las condiciones financieras del financiamiento implícito del arrendamiento serán las siguientes: El monto del arrendamiento financiero será hasta por 3 mil 332 millones 971 mil 365 pesos, pudiendo diferir, por ajuste en los conceptos que lo integran”, planteó el ex titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Sol de México buscó a Díaz de León Carrillo para conocer su versión, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

El dinero pedido fue para adquirir una aeronave para el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial, equipo de apoyo terrestre, equipo de rampa, equipo de apoyo de motor, repuestos, equipamiento de cabina, sistema de defensa, así como los impuestos y derechos aduanales, explica la documentación a la que tuvo acceso El Sol de México.

La propuesta financiera del ex titular de la Unidad de Crédito Público fue enviada a Georgina Kessel Martínez, directora general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el 19 de octubre de 2012.

Es mismo día, el ex funcionario de la SHCP recibió un oficio de Augusto Moisés García Ochoa, entonces director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien solicitaba una excepción a la subasta para el arrendamiento de financiero de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor.

García Ochoa explicó que el avión sería utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor para incrementar la capacidad de transporte aéreo en tareas y actividades estrictamente de seguridad nacional.

“Al ser una aeronave que se utilizará en tareas y actividades estrictamente de seguridad nacional no se considera conveniente que se encuentre sujeta a normas de operación y disposiciones de carácter mercantil, que rigen este tipo de contratos”, dijo el ex director general de Administración de la Sedena.

Las funciones, misiones, tareas y actividades realizadas por el presidente de la República y el Estado Mayor no pueden estar sujetas a ninguna condición, por lo que se considera indispensable que la propiedad del avión sea de la nación a través de sus propias instituciones financieras, dijo el general de División Diplomado de Estado Mayor Presidencial.

El Estado Mayor Presidencial contaba con una aeronave de transporte (B-757), conocido como Presidente Benito Juárez, para el uso del presidente de la República, la cual había sido recibida por el gobierno mexicano el 17 de noviembre de 1987.

El Presidente Benito Juárez, un avión usado para las giras nacionales e internacionales del Felipe Calderón, tenía 25 años y ya había cumplido con su vida útil.

Alejandro Díaz de León Carrillo, Augusto Moisés García Ochoa y Enrique Lara di Lauro, apoderado legal de Banobras, acordaron el 1 de noviembre de 2012 suscribir el arrendamiento financiero del avión José María Morelos y Pavón.

Ese mismo y en la Ciudad de México, Banobras firmó un contrato por 127 millones 348 mil 857 dólares para comprar una aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor, modelo Boeing 787-8, MSN. En esa operación solo participaron funcionarios de Banobras, Sedena y una directiva de la fabricante de aviones estadounidense The Boeing Company.

El 18 de diciembre de 2013, el banco de desarrollo adquirió en 81 millones de dólares el equipamiento de cabina del avión presidencial a la empresa Associated Air Center.

El 2 de mayo de 2014, la entidad financiera del gobierno pagó 23 millones 046 mil 718 dólares por refacciones y accesorios para la aeronave y motores, así como un equipo de soporte de rampa y terrestre para la entrada en servicio, así como consumibles a The Boeing Company.

La madrugada del 3 de febrero de 2013, el avión presidencial llegó a tierras mexicanas, luego de un vuelo de más de dos horas.

Unos minutos después el Boeing Dreamliner 787 fue trasladado al hangar presidencial, ubicado en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue recibido por integrantes del Estado Mayor.

El avión cumplió con otras pruebas antes de que fuera usado de manera formal por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Peña Nieto hizo siete días después su primer viaje el avión presidencial a Hermosillo, Sonora, en donde estuvo acompañado por algunos estudiantes destacados de primaria y secundaria.

López Obrador cumplió a cabalidad su promesa de campaña de no subirse y vender el avión presidencial, ya que la primera vez que pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo subastara fue en septiembre de 2015.

“Ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo el ex jefe de la Ciudad de México el 17 de enero de 2020. Ese día el mandatario planteó que la Lotería Nacional vendería cachitos para que se lo llevarán como si fuera el premio mayor.

“Imagínense (ese avión) no lo tiene ni Donald Trump, está valuado en dos mil 500 millones de pesos, tiene para 280 pasajeros, pero lo adaptaron para que pueda ser transportados 80: salas de junta, restaurante, alcoba y es un palacio para los cielos”, comentó López Obrador.

El Boeing 787, que en su actividad oficial realizó 214 viajes para del ex presidente Enrique Peña Nieto, permanece desde el primer día de gobierno de López Obrador estacionado en el Aeropuerto de Logística del Sur de California, en Estados Unidos.

Morena: ¿qué sigue?


En los primeros 14 meses de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha gobernado sin partido. No ha recurrido, por su vieja aversión a los vicios políticos del pasado, a emplear la estructura de Morena como correa de transmisión de las políticas y las órdenes presidenciales; tampoco ha tenido un partido capaz de dar orientación ideológica y seguimiento a la acción gubernamental, entre otras causas porque el lopezobradorismo es un movimiento mucho más sólido, orientado y extendido que el partido al que dio vida.
Hasta ahora, pues, López Obrador es el primer presidente sin partido de la historia moderna de México, no sólo por su estricta determinación de gobernar para todos y sin faccionalismos, sino porque en este primer tramo de la Cuarta Transformación Morena ha permanecido ensimismada en contradicciones internas y en la grave crisis derivada del triunfo de 2018. Expuse en otro momento las causas de esa crisis: la hemorragia de cuadros y dirigentes que transitaron al gobierno y a cargos de elección popular, la orfandad del máximo liderazgo, la confusión existencial que produjo la victoria y la incursión de segmentos enteros de la vieja clase política que siguen pensando con una lógica arcaica y que ven en Morena la vía de acceso a puestos, posiciones, prebendas y presupuestos.
El inmovilismo y el prolongado secuestro de la dirección partidista tienen ahora una salida posible: el reconocimiento, por parte de los organismos electorales, de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente nacional del partido y de los otros cargos del CEN que fueron cubiertos de manera legal en el congreso del 26 de enero. Si ello ocurre, como debería ocurrir en estricto acatamiento del orden jurídico y del estatuto, se abrirá el cauce para una recomposición institucional de la organización que ha de pasar necesariamente por la elección de una dirigencia unitaria y con rumbo preciso para los próximos años, pero antes por un amplio debate sobre el partido que se desea, así como por una reforma estatutaria orientada a codificar y preservar los rasgos esenciales de partido-movimiento y a evitar que ese carácter sucumba ante las inercias del sistema electoral que padece el país, heredado por el viejo régimen oligárquico.
Lo que debe construirse en el debate es, en primer lugar, una visión de país que vaya más allá del actual sexenio, de modo que Morena esté en posibilidades de trascenderlo con méritos propios y no se vea en 2024 en una orfandad mucho más grave y lesiva que la que experimentó en 2018. En otros términos: pasadas la coyuntura electoral, la conformación del gobierno y la subsecuente crisis interna, se requiere codificar y plasmar en términos institucionales de largo aliento el lopezobradorismo; mientras que éste se consolida y perfecciona día a día en la tarea de gobierno, el morenismo sólo existe como esbozo y permanece estancado en los programas y las consignas de hace dos años o remolcado por las acciones de la Presidencia.
Es necesario además reformar una legalidad interna que se construyó al vapor de las urgencias electorales para garantizar con ella el cumplimiento de principios esenciales del movimiento, como la vocación de servir y no servirse, mantener una estricta separación entre el poder político y los intereses lucrativos, luchar por proyectos y no por cargos, obedecer al colectivo y darle formas democráticas de expresar sus mandatos sin la distorsión de manipulaciones personalistas, tribus ni intereses inconfesables. En este sentido es preciso, por ejemplo, definir requisitos para coptar a la militancia con plenos derechos, fijar reglas para la renovación de autoridades –aceptar o rechazar, y en su caso reglamentar, el método de las encuestas– y establecer mecanismos de consulta y revocación de mandato al interior del partido.
Asimismo, y en estrecha relación con lo anterior, es preciso concebir formas que le permitan al partido resistir y sobrevivir a las lógicas antidemocráticas, tecnocráticas y corruptoras del régimen de partidos heredado, el cual no busca politizar a la ciudadanía sino despolitizarla, uniformar los proyectos políticos en el pensamiento único del neoliberalismo, estratificar y especializar el quehacer institucional y transformar a los partidos en entidades administradoras de recursos y tuteladas por organismos autónomos corroídos por los intereses personales de sus cuerpos colectivos.
Cabe esperar que en este escenario todos los aspirantes a dirigir la organización conduzcan sus ambiciones por las instancias internas, se abstengan de llevarlas al tribunal electoral y eviten la tentación de forzar por medio de despachos de abogados resoluciones que corresponden a la militancia en ejercicios democráticos. Sería un desastre político y moral que la misma instancia que legalizó la usurpación de Felipe Calderón e impuso a Jesús Ortega al frente del PRD designara esta vez a las autoridades en Morena.
Twitter: @Navegaciones

Suprema Corte de Justicia de la Nación y desaparición forzada


Durante más de 12 años, familiares, representantes legales, Comisión de Mediación, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda y organizaciones sociales y de derechos humanos solidarias han mantenido la exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes el 25 de mayo de 2007 fueron detenidos, en la ciudad de Oaxaca, y desaparecidos por diversos agentes de los tres niveles del gobierno mexicano, configurándose un innegable crimen de Estado y lesa humanidad, tipificado como desaparición forzada, y, por tratarse de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, como parte de la estrategia de contrainsurgencia y llamada guerra sucia que ha puesto en práctica el Estado mexicano durante décadas.
Ha sido notable la perseverancia jurídica y política de quienes, a contracorriente, han librado una lucha denodada para conocer el paradero de Alberto y Edmundo, y por demandar justicia, castigo a los culpables y fin de la impunidad, en un caso por demás paradigmático, ya que cada día que pasa, el Estado mexicano, independientemente de alternancias en el gobierno, exhibe la carencia de voluntad política para investigar el paradero de los dos luchadores sociales y juzgar a los funcionarios responsables no sólo de esta detención-desaparición, sino también a quienes han sido omisos en sus responsabilidades, o, incluso, han protegido a los criminales e incumplido la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la resolución del recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se ordenó la apertura de los cuarteles militares para la búsqueda y localización de Alberto y Edmundo, y citar a comparecer a los entonces (2007) mandos superiores de las fuerzas armadas, a los agentes, en aquel tiempo, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y a diversos funcionarios de otras instituciones públicas.
El 14 de diciembre de 2019, de nueva cuenta, se ganó otra batalla jurídica con la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se solicita a la SCJN la atracción del caso, al considerarlo de suma trascendencia por la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las víctimas, concediendo el amparo en favor de Edmundo y Gabriel, así como de sus familiares.
Previamente, el 6 de mayo de 2019 el juzgado de amparo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR): 1). Investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustiva la desaparición forzada de ambos agraviados, en la cual, conforme a la resolución judicial, cuando menos intervinieron agentes estatales pertenecientes al Ejército Mexicano, a las secretarías de Seguridad Pública de Oaxaca y del municipio de Oaxaca de Juárez y a la policía ministerial de la Fiscalía General de Justicia estatal. 2. Mantener en curso la investigación hasta que se ejerza la acción penal en contra de todos los responsables de la desaparición forzada y se localice a los desaparecidos. 3. Publicar en la página principal de Internet de la FGR la investigación que realiza y las pruebas que obran en la averiguación previa. 4. Tomar declaración de mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007, en el estado de Oaxaca, para dilucidar su posible participación en la desaparición forzada, en el entendido que, si de alguna declaración se desprende información que deje entrever el uso de instalaciones militares para el ocultamiento de los desaparecidos, se deberán ordenar las diligencias de búsqueda en las mismas. 5. Reconocer la conformación y creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los desaparecidos.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ordena: 1. Publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional, para no dejar en la opacidad la actuación ilegal de las autoridades responsables de la desaparición forzada y hacer un reconocimiento simbólico de modo institucional. 2. Prestar las facilidades a la FGR para investigar la desaparición forzada, permitiendo la entrada a cualquier instalación militar para buscar a Edmundo y Gabriel.
Con significancia, Sedena y FGR se inconformaron con la resolución, por lo que interpusieron un recurso de revisión, mientras los abogados de la parte quejosa presentaron revisión adhesiva, para que la sentencia se mantuviera en el sentido resuelto. Los recursos quedaron radicados en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (136/2019). Dicho órgano judicial, el 12 de diciembre de 2019, resolvió enviar el recurso de revisión a la SCJN.
Así, el máximo tribunal del país resolverá entre dejar firme la sentencia, y hacer justicia, o, llanamente, ser cómplice del encubrimiento de crímenes de Estado y lesa humanidad.