La iniciativa de reforma a justicia penal restringe garantías individuales: ONG

La iniciativa de reforma a justicia penal restringe garantías individuales: ONG

Published by Rosa Idalia Septiembre 24th, 2007 in Noticias


La Jornada 24 de septiembre de 2007 - Emir Olivares Alonso

Permitirá atentar contra líderes sociales de movimientos, como en la guerra sucia

Se debe permitir a la sociedad civil discutirla como se hizo con concesionarios de tv

La reforma constitucional al sistema de justicia penal –que se prevé analice el Congreso de la Unión en breve– debe ser discutida y consultada entre la población civil y no sólo en foros académicos, debido a que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal resultan “excepcionales”, pues con el argumento de combatir a la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad pública, se restringen libertades y garantías fundamentales, asegura la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La propuesta que Felipe Calderón envió a los legisladores en materia de seguridad pública, refiere la ONG en un análisis de la misma, es un “riesgo adicional al ya de por sí vulnerable estado que guardan los derechos humanos en México, pues en realidad exacerba la actuación de las corporaciones policiacas y el despliegue de militares en tareas para las cuales no tienen atribución”.

Ante esto, el organismo civil exige a los legisladores que, al igual que se permitió a los concesionarios de los medios de comunicación el derecho de audiencia para discutir la reforma electoral, también se permita a la población civil y otros sectores la oportunidad de exponer y controvertir sus argumentos, porque “sería un grave error aprobarla como está.

“Hacemos un llamado al Poder Legislativo para que, conforme a su responsabilidad, realice una discusión equilibrada, seria y consensuada en el contexto de la reforma constitucional al sistema de justicia penal y, en el ámbito de sus atribuciones, provea a las modificaciones un enfoque basado en los derechos humanos, acorde a las normas internacionales que México ha suscrito en la materia”, señala la CMDPDH.

En su análisis, la ONG encuentra que los cambios propuestos por el titular del Ejecutivo federal está la de construir un doble sistema de justicia penal con facultades especiales para “atacar a los enemigos del Estado”; lo cual, consideró, “representa una regresión al modelo autoritario y represivo que creíamos superado. (Pues) ese doble rasero pudiera ser empleado en la actualidad no sólo para frenar a los delincuentes comunes, sino para atentar contra líderes sociales que encabezan movimientos legítimos, como durante la guerra sucia”.

Asimismo, refiere la CMDPDH, el esquema calderonista fusionaría las tareas de seguridad pública y procuración e impartición de justicia, como lo que un agente del Ministerio Público (MP) suplantaría a la autoridad judicial para la procuración de justicia y estaría auxiliado por una policía única de una doble función: preventiva e investigadora, pero la “indefinición de atribuciones podría generar el retorno de las policías secretas que en otro tiempo hostigaron a personas que, bajo criterios gubernamentales, se consideraban ‘enemigos’”.

El análisis también establece que con la aprobación de dichas reformas, tal y como fueron propuestas, los mandos policiacos se “centralizarían”, lo cual atenta contra el federalismo y propiciaría que el Ejecutivo mantuviera el control de las investigaciones ministeriales a partir del mando que ejerciera sobre dicha corporación.

“En vez de eso –propone la ONG– se requeriría que la reforma planteara la autonomía del MP frente al Ejecutivo, como se ha hecho en Chile, siendo su reforma de justicia penal un ejemplo de profesionalización que bien podríamos tomar en cuenta.”

En cuanto a las modificaciones que la propuesta federal prevé al artículo 16 constitucional, con las que se permitiría al MP ordenar y autorizar cateos, arraigos e intervención de comunicaciones sin orden judicial de por medio, agravaría la problemática, puesto que “una disposición semejante dentro de un sistema que padece el vicio de dotar de fe pública al MP agrava la situación, pues las pruebas recabadas durante diligencias ministeriales en la fase de averiguación previa resultan casi incontrovertibles al presentarse ante un juez”.