Ambos señalamientos tienen como telón de fondo la falta de transparencia con que los sucesivos gobiernos –especialmente los de Vicente Fox y Felipe Calderón– han manejado la administración de los recursos petroleros. En el caso del segundo, hasta las intenciones del grupo en el poder en torno al futuro de Pemex.
En efecto, desde el nunca esclarecido Pemexgate, como se llamó a la operación de desvío de recursos de la paraestatal hacia la campaña presidencial priísta de 2000, hasta el final del mandato foxista, el Ejecutivo federal se negó a rendir cuentas claras sobre el destino de los montos adicionales que recibió por la diferencia entre las proyecciones de las cotizaciones del crudo y los precios internacionales, significativamente más elevados que dichos cálculos. Tal opacidad justifica y alienta la percepción, compartida por numerosos ciudadanos, de una corrupción monumental durante el sexenio pasado; ése sería el contexto, por demás verosímil, en que habría tenido lugar el otorgamiento de los contratos petroleros indebidos a los que hizo referencia ayer el dirigente opositor.
Independientemente de la necesidad de documentar tales señalamientos y, en su caso, de que el Poder Legislativo y la Secretaría de la Función Pública los investiguen a fondo, se encuentran las tácticas de oscuridad y ocultamiento desplegadas hasta ahora por el calderonismo: ahí están los repetidos recursos contra las resoluciones del Instituto federal de Acceso a la Información (IFAI), los intentos sistemáticos por bloquear las investigaciones acerca del presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Bribiesca Sahagún, o la protección que, a decir de la ex fiscal Alicia Pérez Duarte, otorgó el procurador Eduardo Medina Mora al gobernador poblano, Mario Marín, por citar sólo unos ejemplos.
Lo que se presenta de manera inevitable como afán de ocultar se ha extendido a las verdaderas intenciones del grupo gobernante en torno a la industria petrolera. Aunque en algunas ocasiones Calderón Hinojosa niega abrigar la pretensión de transferir, parcial o totalmente, la propiedad de Pemex a manos privadas, en otras se pronuncia por “abrir” la paraestatal al capital privado. Ayer mismo, el presidente de la comisión senatorial de Energía, Francisco Labastida Ochoa –a cuya malograda campaña presidencial, hace ocho años, habrían ido a parar los fondos del Pemexgate–, acuñó una nueva floritura: inventar “algún mecanismo, que podrían ser certificados de aportación patrimonial, para que la paraestatal capte recursos provenientes del medio bursátil, lo cual no significa una privatización”, como si los títulos accionarios que se comercian en la bolsa de valores no fuesen representaciones de propiedad, generalmente privada. Ésos y otros empeños por conseguir la cuadratura del círculo, como los esquemas de participación en Pemex de inversionistas particulares “dentro del marco constitucional” –que prohíbe expresamente tal participación–, enturbian inevitablemente la disputa sobre la industria petrolera, enrarecen la vida política y acrecientan las sospechas en torno al círculo gobernante y sus aliados.
La claridad y la transparencia como normas de conducta, de expresión, de acción política y de gobierno, le harían mucho bien al país y a la administración actual. Cabe esperar que los gobernantes lo comprendan y actúen en consecuencia
En mitin realizado ante la torre de la empresa lo acusa de ser “traficante de influencias”
Mouriño, principal promotor de la privatización de Pemex: AMLO
El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, advierte
Alma E. Muñoz
Impediremos la entrega del sector energético a particulares, nacionales o extranjeros, insistió Andrés Manuel López Obrador Foto: Carlos Ramos Mamahua Andrés Manuel López Obrador señaló al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como el principal promotor de la entrega del petróleo a particulares y lo acusó de ser un “traficante de influencias”. Sostuvo que, gracias a su gestión en la función pública, “el funcionario obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
En el primer mitin que encabezó frente a la torre de la paraestatal en la ciudad de México, para convocar a la suma de esfuerzos que en torno al plan de resistencia civil pacífica llevará a cabo el movimiento que encabeza, advirtió que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza, y no necesariamente a la emancipación del pueblo”.
Ante cientos de personas que se congregaron en el lugar –abarcando los dos sentidos de Marina Nacional– para expresarle su apoyo contra la privatización del sector, López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, “toda la documentación que poseo: minutas, contratos y datos técnicos para demostrar” los señalamientos en contra de Mouriño.
Lo anterior, con el propósito de que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia soliciten, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la realización de las auditorías correspondientes a la paraestatal. Y que sirva además, dijo, para aclarar la relación que existe entre Felipe Calderón, el secretario de Gobernación y Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con empresas extranjeras para entregarles el sector energético.
“No le demos vueltas al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles: ‘los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos”’, parafraseó.
“Por eso digo que nunca como ahora es tan aplicable la frase de Bertolt Brecht, según la cual el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.
El ex candidato presidencial enarboló como símbolo de lucha la bandera nacional, para reafirmar su decisión de no permitir que se concreten los propósitos que, aseguró, encabezan las cúpulas en el poder.
Sostuvo que ésa es la respuesta del porqué los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en exploración, refinación, petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico. Aunque parezca increíble, remató, “desde hace 25 años todos los gobernantes han mantenido como dogma la idea fija de privatizar a Pemex y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares”.
Desde 1983, recordó, han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas: Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, minas, aeropuertos, Mexicana, Aeroméxico, los bancos; ya privatizaron 35 por ciento de la industria eléctrica nacional y “ahora quieren montarse en el negocio del petróleo”.
Se manifestó en contra de la utilización de “eufemismos” para “ocultar” el propósito de concretar ese proyecto, al argumentar que falta dinero o tecnología para modernizar a la industria, cuando –planteó– extraer un barril de petróleo cuesta 4 dólares y se vende en 80. Además, recordó, la paraestatal pagó impuestos por 60 millones de dólares, tan sólo el año pasado, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto federal, y tres veces más de lo pagado por todas las empresas privadas del país por impuesto sobre la renta.
Por eso, advirtió, “no aceptamos, que se oiga bien y que se oiga lejos, nada que tenga que ver con privatizar a Pemex o compartir la renta petrolera”. Es más, señaló, “esto huele” a lo que querían hacer con el Servicio de Administración Tributaria antes de las elecciones de 2006, para dejar la política de ingresos en manos de “los potentados y evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal”.
O a lo mejor “quieren una especie de IFE, que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados del PRIAN. Y, por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución”.
Apuntó que “sólo es cosa” de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios para fortalecer a la empresa pública o cuando menos –dijo– entregarle los excedentes petroleros.
Pero también, añadió, hace falta “combatir la corrupción”. Entonces se manifestó por las auditorías para aclarar la relación Calderón-Mouriño-Elías Ayub y para conocer realmente “quién es” el actual secretario de Gobernación.
“Es un traficante de influencias, como lo demuestra que, siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de Energía, con Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”, apuntó.
López Obrador pidió apoyar el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización, y estar alertas ante cualquier intento al respecto. “Hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del sector”, resaltó. Dijo que, de no ser necesario antes, la próxima reunión será el 18 de marzo a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino.
Tras señalar que quienes integran su movimiento quieren la paz, aprovechó para reiterar su rechazo a la reforma judicial y llamó a los dirigentes del FAP a explorar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos de San Salvador Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos encarcelados por motivos políticos o sociales.
Gran despliege militar en acto conmemorativo en Iguala
Sitian la cuna de bandera
Alfredo Méndez y Claudia Herrera (Enviados)
El presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia del Día de la Bandera Foto: Jesús Villaseca Iguala, Gro., 23 de febrero. Esta ciudad, donde el 24 de febrero de 1821 Agustín de Iturbide firmó el Plan de Iguala como símbolo de convergencia de las garantías de independencia, religión y unión, que quedaron enmarcadas en los tres colores de la bandera nacional, amaneció sitiada este domingo.
Desde las primeras horas del día arribaron decenas de camiones del Estado Mayor Presidencial (EMP), elementos de cuerpos de elite del Ejército Mexicano, además de camionetas que trasladaron a unos 200 agentes de la Policía Federal Preventiva y otros tantos integrantes de cuerpos policiacos estatales y municipales.
La misión: el resguardo del presidente Felipe Calderón y de la comitiva que lo acompañó a la ceremonia de izamiento del lábaro patrio, la cual por primera vez en cuatro sexenios se realizó en la ciudad cuna de la bandera tricolor.
Para llegar a la explanada del asta bandera, montada en lo alto de un cerro de esta localidad, fue necesario superar tres cercos de revisión montados por el EMP.
Desde las 6:45, dos horas antes del inicio de la ceremonia conmemorativa, cadetes del Heroico Colegio Militar, mujeres de la Escuela Médico Militar e invitados especiales –entre ellos políticos locales, maestros y alumnos destacados– permanecieron en el lugar a la espera del presidente Calderón y de los integrantes de su gabinete que, en compañía de legisladores y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribaron a las 9 horas en tres helicópteros.
Durante 35 minutos se realizó el acto conmemorativo. Antes de que despegara la comitiva presidencial nadie pudo moverse de su lugar, ni siquiera los mandos militares. El que lo intentaba era reprendido
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 •
juliohdz@jornada.com.mxCampos delineadosCercos y bloqueos ciudadanos
La tentación (instalada) de reprimir
El calderón hierve; FC y JC discursean
La suerte está (más o menos) echada: López Obrador pisó ayer el acelerador en la Torre de Pemex (aunque mantuvo algunos seguros y redes de protección en activo), mientras Calderón se entregaba a los placeres de la complicidad con el decrépito cetemismo y Mouriño pretendía subrayar sus amores patrios (con México) al discursear en Iguala respecto a diálogos y acuerdos (la bandera nacional como escenografía).
Es cierto que el proyecto de acciones para resistir cívicamente las pretensiones calderonistas de privatizar el petróleo no fue presentado personalmente por Andrés Manuel López Obrador (como en otras ocasiones había sucedido con propuestas importantes; por ejemplo, el plantón). Lo hizo la senadora tabasqueña Rosalinda López, quien a su vez condicionó la tercera etapa, la represivamente más peligrosa, a que sea decidida y convocada por el Frente Amplio Progresista, legisladores federales y la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo.
Pero es indudable que el ex candidato presidencial despojado arriesgó ayer más de lo que había hecho desde los tiempos del campamento vial poselectoral. Sus palabras y gestos no parecen estar concebidos para algún arreglo intermedio o alguna reversa “estratégica”. A lo largo de los meses posteriores al fraude electoral hubo quienes criticaron el pasmo, la inactividad en lo trascendente, disfrazada de giras, y la improductividad de mítines, marchas y discursos que dejaban en ciertos segmentos la impresión de que no se sabía, no se podía o no se quería hacer más que posponer o sobrellevar las cosas. Sin embargo, ayer López Obrador confirmó lo que venía anunciando: su determinación de ser inflexible en la defensa del petróleo mexicano, su compromiso de no aceptar variantes lingüísticas ni presuntos eufemismos para disfrazar lo que es privatización, y empuje para llevar adelante un programa de acciones que implican la confrontación con el ilegítimo poder establecido y el riesgo de que los gobernantes-negociantes crean haber encontrado el pretexto adecuado para desatar la represión que preparan desde antes de haberse instalado en Los Pinos.
La opción preferencial por la violencia ha sido practicada por los nuevos oficiantes del poder desde que, ya transferido informalmente el control de lo institucional, aunque la ceremonia oficial se haría unos días después, fue aprobado el plan de presunto aplastamiento de la rebeldía civil oaxaqueña, que se desarrollaría el 25 de noviembre de 2006. Luego vendría la toma militar del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, que no ha sido sino un reacomodo comercial dirigido por los nuevos gerentes sexenales y una estrategia de control social preventivo. Y ahora están en vías de ser aprobadas las reformas en materia penal que han sido bautizadas como ley Gestapo, con las que los autoritarios rencorosos podrán dirigir acciones policiacas y militares contra quienes quieran, utilizando módicas coartadas legales. Por las noches, como sucedía con las tropas nazis de asalto, cualquier casa podrá ser allanada y sus habitantes arrancados de ella sin orden judicial ni fundamento mayor que la suposición de los agentes gubernamentales de que en esos lugares pudiese estar en riesgo alguna vida (una llamada anónima, denunciando atrocidades en un domicilio, podría servir para “justificar” irrupciones armadas; esa llamada anónima podría ser calumniosa o certera o inventada o auténtica). Ahora, frente a la calculada insurgencia cívica motivada por la defensa del petróleo, el calderonismo tendrá caravanas militares en las calles, una ley alcahueta e instalaciones “estratégicas” protegidas por soldados gracias a las “provocaciones” de grupos supuestamente guerrilleros que habrían hecho estallar explosivos en sitios petroleros.
Es grave la responsabilidad de organizar acciones de resistencia civil pacífica que impliquen “cercos” y “bloqueos” ciudadanos a aeropuertos, carreteras e “instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras”. Siempre estarán presentes los riesgos derivados de las infiltraciones y las provocaciones inducidas de las que aquí se ha hablado en anteriores entregas. De hecho, ayer el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, sufrió agresiones verbales e incluso físicas que son inaceptables. Se puede estar firmemente en contra de la manera en que hacen política los miembros de ciertas corrientes perredistas, pero ello no autoriza a nadie a establecer tribunales individuales de conciencia ni a montar horcas u hogueras de odio, porque ello sería autorizar y justificar que se haga lo propio con el movimiento cívico.
En la conformación política que ha sido aceptada por López Obrador y que en su momento él mismo apoyó, al grado de que la fuerza de los chuchos en las cámaras sería mucho menor si el entonces candidato presidencial hubiera decidido impulsar un proyecto alterno de candidaturas, son importantes los personajes como Navarrete y como Javier González Garza, quien fue abucheado mientras desarrollaba un discurso. Políticamente, al agredir a Navarrete y al gritar y silbar a González Garza, se ayuda a consolidar la imagen de rijosidad e intolerancia de esta resistencia civil pacífica. Y además se crean condiciones aprovechables por algunos de estos personajes, de por sí reticentes a sumarse plenamente al difícil plan de acción venidero. Dado que no es del flanco de un movimiento siempre pacífico de donde deben venir provocaciones y agresiones, bien hará el tabasqueño con deslindarse de ellas.
La temperatura sube y el caldero borbotea, pero Felipe y Mouriño hacen como que no se enteran, protegidos por la nube policial y militar que los protege (ahora, gasto doble). El derrotado Francisco Labastida anuncia que se estudia la posibilidad de llevar a Pemex a la Bolsa de Valores. Y Germán Martínez habla de abrir las puertas electorales del PAN a candidaturas “ciudadanas”.
Y, mientras López Obrador es entrevistado hoy, a las 10 horas, por el maestro Jorge Saldaña en Abc Radio, en el 760 del DF y algunas frecuencias de otras ciudades, ¡hasta mañana, en un periodo de reflexión y definición respecto al resistente futuro inmediato!
Privatizar es el nombre del juego
El 29 de marzo de 2007, en un pequeño ejido del municipio Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, Felipe Calderón confió que se le había cumplido un “sueño”. Rodeado de un férreo cinturón de policías y soldados uniformados, recordó que de niño esperaba al viento para hacer volar sus papalotes. Y ahora, allí, su sueño se cumplía. Se refería a la inauguración de la central eólica La Venta II, proyecto, señaló, “que me tocó discutir, autorizar e impulsar cuando fui secretario de Energía”. Después, en el contexto de un acto solemne de impronta priísta –con un par de miles de campesinos acarreados al son de 200 pesos y una torta–, Calderón dijo que para “superar” la miseria era indispensable “desterrar” el odio, la violencia, la impunidad, el abuso y la corrupción entre hermanos y llamó a “olvidar los rencores” y “cicatrizar las heridas”. En su turno, Ulises Ruiz –señalado como responsable intelectual de 26 asesinatos y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales oaxaqueños– lo nombró “presidente legítimo”. En ese estado, la alianza PRI/PAN quedaba sellada.
Lo del papalote de Calderón era un cuento para niños. En realidad, privatizar era el nombre del juego. Y privatizar la electricidad bien valía un Ulises. Porque de eso se trataba el acto: con la inauguración de la “granja” eólica La Venta II recomenzaba la apropiación furtiva del istmo de Tehuantepec y una nueva fase del Plan Puebla-Panamá (PPP). Por eso un proyecto de generación de energía “limpia” se ensuciaba con un vasto operativo castrense. Porque la militarización es una constante asociada a los grandes proyectos empresariales en América Latina, y una de las bases sobre las que Calderón ha basado su mandato en México. Se trata de dar garantías de estabilidad y seguridad a los inversores, manu militari; ése fue el mensaje.
En el caso de La Venta II, la central fue concesionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional española Iberdrola, y construida por su “brazo eólico” Gamesa, mediante el despojo de 800 hectáreas ejidales y con base en amenazas, manipulaciones, arreglos amañados y pagos por arrendamiento de tierra irrisorios a los comuneros. Como fuente de energía, la eólica no representa problema. Pero su apropiación privada sí. También los métodos gansteriles y los contratos leoninos que utilizan las compañías trasnacionales para imponer sus “inversiones” y apropiarse de la tierra de los campesinos, con la complicidad gubernamental vía el Procede. Es para satisfacer la avidez de los capitalistas extranjeros, y con la bendición de las agencias de “desarrollo” que dependen del Tesoro estadunidense, que el calderonismo impulsa más contrarreformas a la legislación secundaria como vía encubierta para privatizar la industria eléctrica.
Las concesiones a particulares no pueden estar por encima de los artículos 27 y 28 constitucionales, que determinan la exclusividad de la nación en el aprovechamiento y explotación de la energía eléctrica, un servicio público. Se argumentó que una vez que el constructor recupere su inversión, La Venta II pasará a control de la CFE. Pero Calderón anunció la construcción de La Venta III, IV y V en Santo Domingo, San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, en el istmo de Tehuantepec, y ésos sí serán proyectos totalmente privados, sobre los que tienen puesta la mira las trasnacionales españolas Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, así como Electricité de Francia, y las estadunidenses Exxon y General Electric.
Pero hay un nuevo jugador: el Grupo Gándara Censa, del magnate español Manuel Carlos Mouriño Atanes, radicado en Vigo, ex miembro de la organización Amigos de Fox en el sureste mexicano y padre del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El clan Mouriño es propietario, además, del Grupo Energético del Sureste (GES), que cuenta con 38 gasolineras, y que en 2008, mediante una coinversión con la española Gándara, tiene planeado instalar una “maquiladora de torres eólicas” de última generación en la porción mexicana del PPP.
Según anunciaron representantes del grupo corporativo, GES y Gándara Censa trabajarán como una empresa auxiliar de grandes consorcios españoles del sector de la energía. Con un dato adicional: La Venta II y los nuevos proyectos eólicos en curso forman parte del PPP, que a través de préstamos condicionados del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca crear la infraestructura necesaria para atraer inversión extranjera en el marco de la liberalización económica propia de los tratados de libre comercio. En el ámbito energético, La Venta alimentará al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (Siepac), que une Guatemala con Panamá y que a través de México llevará energía al mercado estadunidense.
Y allí le aparecen las patas a la sota. El “sueño” de Calderón de convertir el aire en mercancía era compartido con Juan Camilo Mouriño. Ambos palomearon el proyecto privatizador cuando Calderón era titular de la Secretaría de Energía y Mouriño subsecretario de Electricidad de la dependencia. Por eso ahora la prioridad de ambos es que se aprueben contrarreformas para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía. Pero no se trata sólo de entreguismo, sino de negocios. Negocios privados amarrados desde el poder del Estado. Sólo que para concretarlos necesitan de la represión. Es decir, del Plan México que se apresta a financiar la administración de George Bush, previa aprobación por el Congreso de Estados Unidos.
Es intensa la participación de la IP en la industria petroleraOtorgó contratos de inversión a empresas nacionales y extranjeras por 70 mil mdd, dice Apodaca
Quien no entienda que se tiende a privatizar la petrolera no tiene percepción objetiva: CNNE
Israel Rodríguez
el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo frente a Pemex El gobierno federal debe explicar en qué consiste el mayor impulso a la participación de la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), porque en los últimos 10 años la paraestatal ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares, afirmó José Luis Apodaca Villarreal, maestro universitario y asesor en el Congreso en materia energética. Advirtió que ya existe una participación intensa del sector privado en la industria petrolera
En tanto, el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNNE) señaló que quienes no perciben acciones tendientes a la privatización de la industria petrolera, no tienen percepciones objetivas ni exactas. Sólo en el aspecto legislativo se han presentado varias iniciativas de ley tendientes a avanzar en la privatización de Pemex, subrayó.
Pidiregas, caros y poco claros
Apodaca Villarreal, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad, después de laborar 32 años en diferentes áreas de esa empresa, precisó que en la última década Pemex ha otorgado estos contratos a través del endeudamiento con empresas privadas mediante el esquema de Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazos.
El endeudamiento contratado con las empresas significará una erogación para Pemex de 150 mil millones de pesos en los próximos 25 años, por los créditos recibidos.
Por ello, el consultor dijo que Pemex debe invertir directamente y sustituir el esquema de Pidiregas, porque además de ser muy caras en sus costos unitarios y su financiamiento, es muy difícil transparentar su administración.
El especialista aseveró que Pemex debe invertir en refinerías y en petroquímica, porque agregan valor, generan cadenas productivas y empleos. Explicó que actualmente el costo de la extracción de crudo es de cuatro dólares y se vende en promedio anual en casi 70 dólares por barril, pero por el otro lado se compran gasolinas a 102 dólares el barril. Con los remanentes se puede cubrir el costo de una refinería por año. Adicionalmente, Pemex debe invertir en la industria petroquímica, porque en promedio le agrega valor al crudo en más de diez veces.
Ante la petición de diagnóstico del gobierno, que quiere saber qué opciones existen para permitir una mayor inclusión de la inversión privada en Pemex, el CNNE recordó que los diputados priístas Guillermo Hopkins y Omar Fayad, el 14 de diciembre de 2002, y el senador del mismo partido, Genaro Borrego, el 28 de abril de 2005, presentaron iniciativas que coinciden en modificar la Ley Orgánica de Pemex y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cambiar el régimen legal de la petrolera de organismo descentralizado a sociedad de interés público.De esta manera, se sustrae al organismo de la aplicación de leyes relativas a las entidades paraestatales y se deja sin precisar la naturaleza jurídica y alcance de la sociedad referida.
El 5 de junio de 2002, explicó Francisco Carrillo Soberón, coordinador general del CNEE, el senador José Natividad González Parás, ahora gobernador de Nuevo León, presentó una iniciativa para modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, a fin de que “la exploración y desarrollo de los yacimientos puedan ser contratados con particulares”.
Más adelante, el 29 de agosto de 2003 el diputado Alejandro Chávez Presa, y luego el ex presidente Vicente Fox, el 20 de septiembre de 2005, presentaron sendas iniciativas para reformar el artículo 27 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad de la Nación en la explotación de gas natural no asociado.
Carrillo Soberón destacó que lo anterior explica porqué Felipe Calderón desde antes de salir a su gira por Estados Unidos y después de la misma, declarara que están estudiando si presentan una nueva iniciativa para abrir oportunidades a la inversión privada (eufemismo con el que encubren el proceso de privatización), o si con las iniciativas existentes es suficiente.
Lydia Cacho
25 de febrero de 2008
La ley Gestapo
El 31 de enero, Guillermo Patiño descansaba en casa de su hermano, su padre dormía a un lado. La Policía Federal Preventiva recibió una llamada sobre un supuesto secuestro en una casa en el centro de Cancún. Veinte agentes federales allanaron el hogar, sin orden judicial, y el agente de las fuerzas especiales Israel Jiménez Briones disparó su arma a mansalva contra Guillermo Patiño.
No encontraron ni secuestrados, ni armas, ni drogas, simplemente a tres ciudadanos durmiendo en su hogar. Más tarde se supo que la llamada era falsa. Lo real es el asesinato del ciudadano.
Gracias a que la familia pudo contratar una buena penalista, el agente asesino fue detenido. Este sexenio militares y policías asignados a la “guerra contra el narco” han cometido incontables actos similares de abuso y violencia. Pero ahora podrán hacerlo avalados por la reforma judicial.
Al margen de las consideraciones ciudadanas la clase política ya decidió por nosotros. De la mano de Emilio Gamboa y Héctor Larios, las y los legisladores priístas y panistas están a punto de convertirla en ley. En diciembre las y los diputados del PRD la aprobaron, pero ahora la cuestionan diciendo que hubo cambios en el Senado.
¿Qué propone la reforma constitucional en materia de justicia que será aprobada esta semana? Lo bueno es que contempla los llamados juicios orales que permitirán agilizar la impartición de justicia y hacer transparentes los procesos. Además, prevé un apartado de “derechos de las víctimas” donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección. (Aunque esas garantías ya estaban supuestamente protegidas por la Constitución y por los tratados internacionales).
Lo peligroso es que establece cambios constitucionales al artículo 16 en lo referente a cateos y allanamientos. Esto significa que cuando la reforma judicial sea adoptada por la mayoría de los estados, permitiría cateos y allanamientos sin orden judicial, “cuando se trate de situaciones extremas o de excepción y cuando esté en peligro la vida o integridad de alguna persona”.
La reforma incluye el nombramiento de “jueces de control” encargados de la resolución rápida de solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y de realizar las audiencias preliminares en el juicio. Esto lo podrán hacer por escrito, o si hay prisa, de “manera oral”.
Más peligroso es que para emitir órdenes de aprehensión se reducen los requisitos al juez, quien ya no requerirá “la acreditación del cuerpo del delito”, ni la probable responsabilidad del acusado. Aunque el arraigo es “exclusivo para casos de delincuencia organizada” en México se sigue aplicando el “primero arresta y después averigua”.
También el Estado podrá quedarse con los bienes de las organizaciones y grupos de delincuentes aun cuando no se haya dictado sentencia, si se determina responsabilidad penal; esto incluye los delitos de lavado de dinero.
Efectivamente, esta reforma tiene un lado positivo, pero como no va acompañada de un cambio estructural, lo más probable es que se convierta en un aval para la ya evidente y grave violación sistemática a los derechos humanos de las y los mexicanos. Porque quien opera estas leyes es el sistema mismo que las corrompe y las utiliza a su antojo. El problema central con esta reforma es que quienes la enarbolan son los mismos que han protegido el enriquecimiento ilícito de gobernadores y familiares de presidentes. Los que avalan la colusión de servidores públicos para defensa de delincuentes.
El problema central de esta reforma constitucional es que otorga un margen de discrecionalidad mayor al eslabón que siempre falla: los estratos corruptos del aparato de justicia. En pocas palabras, dejará en mayor indefensión jurídica a la sociedad y protegerá a los policías que primero torturan o matan, y después averiguan, y a los ministerios públicos y jueces que por corrupción o ineptitud se hacen cómplices del crimen organizado.
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