Por Dora Villalobos/corresponsal
Chihuahua, Chih., 26 feb 08 (CIMAC).- Las otras víctimas del narcotráfico. Viudas, huérfanos, madres, padres, hermanos, cuñados, suegros, nietos, sobrinos y otros familiares que se cuentan por cientos, que en general pasan desapercibidas para medios periodísticos, autoridades y sociedad.
José Luis Hinojos fue asesinado circunstancialmente. No era narcotraficante ni policía. Se encontraba en la casa número 2105 de la calle Antonio de Montes, de la colonia San Felipe, el 19 de mayo del 2005 cuando llegó un comando de sicarios y rafagueó a los policías que se encontraban en el lugar.
Trabajaba como velador en un negocio de autos que está frente al lugar de la tragedia. Esa noche fue a platicar con los policías y le tocaron las balas de los "cuernos de chivo". Murió ahí mismo junto con dos policías municipales y un agente de una empresa de seguridad privada.
Bertha Alicia Soto, su esposa, y sus dos hijos, de 16 y 15 años, se enteraron de la tragedia al día siguiente. Al conocer la noticia cayó en shock. No supo qué hacer. Sus cuñados se encargaron del funeral porque ella no tenía cabeza ni recursos para hacer los trámites.
Semanas después llegaron a su casa una psicóloga y una trabajadora social de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito. La familia recibió terapia psicológica. Le consiguieron trabajo, tiene servicio médico y pudo tramitar una casa en el Instituto de la Vivienda que ya le entregaron.
Bertha y sus hijos no son los únicos deudos de hombres ejecutados que han apoyado. Arturo Licón Baeza, titular de la Subprocuraduría, explica que de acuerdo a la ley, los familiares de las víctimas directas del delito se denominan “ofendidos” y tienen derecho a una ayuda.
Recuerda que cuando ocurrió la balacera en San Felipe atendieron de emergencia a los familiares de los policías municipales y del guardia de seguridad privada, cuando revisaron el caso se dieron cuenta que no estaba la familia de José Luis Hinojos y tomaron la decisión de buscarla.
El apoyo que brinda la Subprocuraduría incluye terapia psicológica y los trámites y gestorías que se requieran para que los familiares de las víctimas superen la tragedia que les tocó vivir, explica.
LAS VIUDAS
Al dolor y desamparo que deja la ausencia del ser querido, se suma la sensación de injusticia que sienten las viudas de policías ministeriales y municipales ejecutados por el narcotráfico. Algunas están convencidas que los mataron con la complicidad de sus compañeros y en ocasiones hasta de sus superiores. Aceptan hablar con la condición que no se mencionen sus nombres. Temen represalias de narcotraficantes o de directivos policiacos. Intentan, sobre todo, proteger a sus hijas e hijos.
Afirman que sus esposos eran honestos, que no estaban involucrados con el crimen organizado, que los mataron porque estaban enterados del engranaje que existe entre las corporaciones policiacas y las bandas de narcotraficantes.
Sus maridos no les contaban detalles de la corrupción que veían, dicen, menos los nexos que tienen las corporaciones policiacas con el crimen organizado, pero ellas se daban cuenta cuando algo les preocupaba.
Sé cuándo salgo de la casa, pero no cuándo voy a regresar, ni siquiera si voy a regresar. No me quiero despedir enojado porque no se si voy a volver. Si un día no estoy cuida mucho a mis hijos, son frases que las viudas escuchaban frecuentemente. Ahora saben por qué las decían.
A ninguna le gustaba que su esposo fuera policía. En cierto momento intentaron persuadirlos para que cambiaran de oficio. Ninguna lo logró. Con el tiempo se acostumbraron a vivir en la incertidumbre. Muchas de ellas tienen niños chiquitos, no saben cómo explicarles que sus papás fueron asesinados.
Confiesan que tienen resentimiento con sus esposos porque, “por culpa de su trabajo”, las dejaron desamparadas, con la responsabilidad de sostener y educar solas a sus hijos. Coinciden al indicar que el combate al crimen organizado no vale la pena si eso costó la vida de sus maridos.
UNA CULTURA
¿Quién cuida actualmente a sus hijas e hijos?, pregunta Jesús Vaca Cortés, catedrático del Claustro Universitario de Chihuahua, con especialidad en sociología criminológica, al analizar las raíces del narcotráfico en México.
Si no hay guarderías suficientes que cuiden a las niñas y a los niños cuando sus mamás trabajan, los pequeños quedan a cargo de la televisión y de la calle, explica.
A su juicio, este modelo económico que inserta a la mujer en el mundo laboral sin un esquema social que cubra el cuidado de las y los hijos, es una de las causas de los crecientes índices de delincuencia que vive Chihuahua y el país en general.
Otro factor que Vaca Cortés atribuye al narcotráfico es la falta de arraigo de las personas que están en constante migración.
Las personas que emigran del campo no encuentran espacios, infraestructura, ni servicios adecuados en las ciudades y se les dificulta adaptarse, apunta.
Un tercer factor que a juicio del especialista vulnera al ser humano es el consumismo. A las personas les interesa más comprar que estar bien y por tanto se esfuerzan para estar al nivel que exige la sociedad, cuando la realidad es que las oportunidades de estudiar y trabajar son limitadas, señala.
Cuando la persona no puede enfrentar todos estos problemas, se victimiza y puede caer en la delincuencia, explica el especialista, “la persona justifica sus acciones porque realmente siente que es víctima de las circunstancias”.
Agrega que si a ese modelo socioeconómico se suma que los policías, de todos los niveles, en vez de tener una imagen de autoridad, están desacreditados ante la sociedad, la situación se complica porque no hay un verdadero combate a la delincuencia.
Más aún, si los medios de comunicación enzalzan la vida de los criminales llamándolos "Reyna del Pacífico", en vez de "Reyna del Crimen", se puede entender por qué la cultura del narcotráfico lejos de acabar está tan arraigada, remata Vaca Cortés.
08/DV/CV
Chihuahua, Chih., 26 feb 08 (CIMAC).- Las otras víctimas del narcotráfico. Viudas, huérfanos, madres, padres, hermanos, cuñados, suegros, nietos, sobrinos y otros familiares que se cuentan por cientos, que en general pasan desapercibidas para medios periodísticos, autoridades y sociedad.
José Luis Hinojos fue asesinado circunstancialmente. No era narcotraficante ni policía. Se encontraba en la casa número 2105 de la calle Antonio de Montes, de la colonia San Felipe, el 19 de mayo del 2005 cuando llegó un comando de sicarios y rafagueó a los policías que se encontraban en el lugar.
Trabajaba como velador en un negocio de autos que está frente al lugar de la tragedia. Esa noche fue a platicar con los policías y le tocaron las balas de los "cuernos de chivo". Murió ahí mismo junto con dos policías municipales y un agente de una empresa de seguridad privada.
Bertha Alicia Soto, su esposa, y sus dos hijos, de 16 y 15 años, se enteraron de la tragedia al día siguiente. Al conocer la noticia cayó en shock. No supo qué hacer. Sus cuñados se encargaron del funeral porque ella no tenía cabeza ni recursos para hacer los trámites.
Semanas después llegaron a su casa una psicóloga y una trabajadora social de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito. La familia recibió terapia psicológica. Le consiguieron trabajo, tiene servicio médico y pudo tramitar una casa en el Instituto de la Vivienda que ya le entregaron.
Bertha y sus hijos no son los únicos deudos de hombres ejecutados que han apoyado. Arturo Licón Baeza, titular de la Subprocuraduría, explica que de acuerdo a la ley, los familiares de las víctimas directas del delito se denominan “ofendidos” y tienen derecho a una ayuda.
Recuerda que cuando ocurrió la balacera en San Felipe atendieron de emergencia a los familiares de los policías municipales y del guardia de seguridad privada, cuando revisaron el caso se dieron cuenta que no estaba la familia de José Luis Hinojos y tomaron la decisión de buscarla.
El apoyo que brinda la Subprocuraduría incluye terapia psicológica y los trámites y gestorías que se requieran para que los familiares de las víctimas superen la tragedia que les tocó vivir, explica.
LAS VIUDAS
Al dolor y desamparo que deja la ausencia del ser querido, se suma la sensación de injusticia que sienten las viudas de policías ministeriales y municipales ejecutados por el narcotráfico. Algunas están convencidas que los mataron con la complicidad de sus compañeros y en ocasiones hasta de sus superiores. Aceptan hablar con la condición que no se mencionen sus nombres. Temen represalias de narcotraficantes o de directivos policiacos. Intentan, sobre todo, proteger a sus hijas e hijos.
Afirman que sus esposos eran honestos, que no estaban involucrados con el crimen organizado, que los mataron porque estaban enterados del engranaje que existe entre las corporaciones policiacas y las bandas de narcotraficantes.
Sus maridos no les contaban detalles de la corrupción que veían, dicen, menos los nexos que tienen las corporaciones policiacas con el crimen organizado, pero ellas se daban cuenta cuando algo les preocupaba.
Sé cuándo salgo de la casa, pero no cuándo voy a regresar, ni siquiera si voy a regresar. No me quiero despedir enojado porque no se si voy a volver. Si un día no estoy cuida mucho a mis hijos, son frases que las viudas escuchaban frecuentemente. Ahora saben por qué las decían.
A ninguna le gustaba que su esposo fuera policía. En cierto momento intentaron persuadirlos para que cambiaran de oficio. Ninguna lo logró. Con el tiempo se acostumbraron a vivir en la incertidumbre. Muchas de ellas tienen niños chiquitos, no saben cómo explicarles que sus papás fueron asesinados.
Confiesan que tienen resentimiento con sus esposos porque, “por culpa de su trabajo”, las dejaron desamparadas, con la responsabilidad de sostener y educar solas a sus hijos. Coinciden al indicar que el combate al crimen organizado no vale la pena si eso costó la vida de sus maridos.
UNA CULTURA
¿Quién cuida actualmente a sus hijas e hijos?, pregunta Jesús Vaca Cortés, catedrático del Claustro Universitario de Chihuahua, con especialidad en sociología criminológica, al analizar las raíces del narcotráfico en México.
Si no hay guarderías suficientes que cuiden a las niñas y a los niños cuando sus mamás trabajan, los pequeños quedan a cargo de la televisión y de la calle, explica.
A su juicio, este modelo económico que inserta a la mujer en el mundo laboral sin un esquema social que cubra el cuidado de las y los hijos, es una de las causas de los crecientes índices de delincuencia que vive Chihuahua y el país en general.
Otro factor que Vaca Cortés atribuye al narcotráfico es la falta de arraigo de las personas que están en constante migración.
Las personas que emigran del campo no encuentran espacios, infraestructura, ni servicios adecuados en las ciudades y se les dificulta adaptarse, apunta.
Un tercer factor que a juicio del especialista vulnera al ser humano es el consumismo. A las personas les interesa más comprar que estar bien y por tanto se esfuerzan para estar al nivel que exige la sociedad, cuando la realidad es que las oportunidades de estudiar y trabajar son limitadas, señala.
Cuando la persona no puede enfrentar todos estos problemas, se victimiza y puede caer en la delincuencia, explica el especialista, “la persona justifica sus acciones porque realmente siente que es víctima de las circunstancias”.
Agrega que si a ese modelo socioeconómico se suma que los policías, de todos los niveles, en vez de tener una imagen de autoridad, están desacreditados ante la sociedad, la situación se complica porque no hay un verdadero combate a la delincuencia.
Más aún, si los medios de comunicación enzalzan la vida de los criminales llamándolos "Reyna del Pacífico", en vez de "Reyna del Crimen", se puede entender por qué la cultura del narcotráfico lejos de acabar está tan arraigada, remata Vaca Cortés.
08/DV/CV
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