PORTADAS EL UNIVERSAL: CONSEJO DEL IFE SE DA AUMENTO DE 20% EXCÉLSIOR: EL NARCO CONTROLA REGIONES POBRES MILENIO: PRD: EL PLAN DE AMLO NO VA EN AUTOMÁTICO LA JORNADA: LA IP DE EU, TRAS AGUA, TRANSPORTE Y ENERGÍA EN MÉXICO EL FINANCIERO: SUBE HASTA 400% LA CARGA FISCAL LA CRÓNICA: BEJARANO METE LAS MANOS Y ENCINAS LO DEJA: NAVARRETE
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: CONSEJO DEL IFE SE DA AUMENTO DE 20%Un incremento salarial de 20% tendrán los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) a partir del 1 de marzo, con el propósito de que sus ingresos se igualen —según lo marca la ley— a los de los ministros de la Corte que perciben 175 mil 660 pesos mensuales. La Junta General Ejecutiva del IFE aprobó por unanimidad el ajuste como medida compensatoria de la inflación 2007 y 2008, y del pacto de austeridad al que llamó el presidente Felipe Calderón el año pasado. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: EL NARCO CONTROLA REGIONES POBRESLa Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) admitió que en México hay comunidades con altos índices de pobreza “en manos del narcotráfico”, por lo que planteó la necesidad de que el combate a la delincuencia organizada incluya una visión de política social. “Para rescatar aquellas comunidades que lamentablemente están en manos del narcotráfico no nada más es necesaria la intervención policiaca, sino también utilizar la política social”, planteó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: PRD: EL PLAN DE AMLO NO VA EN AUTOMÁTICOEl Comité Ejecutivo Nacional del PRD determinó que será su Consejo Nacional la instancia que definirá las acciones que despliegue ese partido, en caso de que en el Congreso se presente “un plan privatizador” del sector petrolero. El líder nacional perredista, Leonel Cota, informó que ante una eventual iniciativa en la materia, sólo entonces el CEN convocará a la máxima instancia partidista “para que determine las medidas que habrá de avalar en el proceso de la defensa del petróleo”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: LA IP DE EU, TRAS AGUA, TRANSPORTE Y ENERGÍA EN MÉXICOEmpresarios de Estados Unidos identificaron 30 proyectos para invertir en los sectores de energía, transporte y manejo de agua potable en México, áreas para las que tienen disponibles 140 mil millones de dólares, más del triple del saldo actual de la deuda externa pública, que es de 41 mil millones de dólares. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EL FINANCIERO: SUBE HASTA 400% LA CARGA FISCALCon la realización del primer pago provisional, la carga fiscal de las personas físicas contribuyentes del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se elevó 50 por ciento y en algunos casos hasta 400 por ciento. Los profesionistas independientes bajo el régimen de honorarios o prestación de servicios con ingresos de hasta 20 mil pesos mensuales, verán mermadas sus percepciones. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: BEJARANO METE LAS MANOS Y ENCINAS LO DEJA: NAVARRETEUno de los afectados por las agresiones de algunos de los asistentes al mitin del PRD en la Torre de Pemex fue el senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada perredista en el Senado. En plática con Crónica señala que Alejandro Encinas, candidato a la presidencia de ese partido, “está metido en un serio problema ético y político”, al permitir que René Bejarano meta las manos en su campaña. Advierte del peligro de “desatar demonios que luego nadie puede controlar” y apuesta por transformar a México desde el Congreso, para que “no echemos al caño los 12 millones de votos que nos llevaron a las cámaras”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
Documenta AMLO contratos de Mouriño
Por unafuente
Andrés Manuel López Obrador entregó a legisladores documentos en los cuales Pemex y Transportes Especializados Ivancar acordaron convenios de prestación de servicios, señala EL UNIVERSAL. En los contratos aparece la firma del hoy secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Iván, para sus más cercanos. De acuerdo con el tabasqueño, el expediente pone en evidencia el tráfico de influencias del funcionario. Los contratos fueron firmados por Mouriño, como apoderado general de la empresa, el 20 de diciembre de 2002, el 1 de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2003. En esas fechas Mouriño era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, hoy Presidente de la República. Antes, en la Legislatura 57, fue presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, agrega EL UNIVERSAL.
Destaca el IPN la importancia de la educación
Por unafuente
El futuro de México está en la fortaleza que se le dé a la educación superior, debido a que es el principal agente de cambio y movilidad social, planteó el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa Rivera. “A veces me parece que hay cierta confusión de lo que debe hacer un gobierno para el apoyo de los sistemas educativos”, dijo sin embargo. Señaló que la función y la misión de la educación pública y la privada es clara, y que si existe una “falsa discusión de si ambas son buenas o malas, lo cierto es que ambas tienen necesidad de coexistir”. Pero, precisó, a ambas hay que exigirles calidad y pertinencia, indica EL UNIVERSAL.
Protestan simpatizantes de Chávez contra televisora
Por unafuente
Un grupo de manifestantes oficialistas realizó el miércoles una concentración frente a la sede de la televisora privada Globovisión para protestar por la programación del canal de noticias, un fuerte crítico del gobierno. Varios centenares de simpatizantes del presidente Hugo Chávez se congregaron frente al canal para exigirle a sus propietarios un cambio en la programación. “Desde esta planta televisiva se manipulan los hechos’’, dijo el dirigente comunal oficialista Marcos Sosa, al acusar al canal de noticias de difundir informaciones falsas contra el gobierno, señaló MILENIO.
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: CONSEJO DEL IFE SE DA AUMENTO DE 20%Un incremento salarial de 20% tendrán los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) a partir del 1 de marzo, con el propósito de que sus ingresos se igualen —según lo marca la ley— a los de los ministros de la Corte que perciben 175 mil 660 pesos mensuales. La Junta General Ejecutiva del IFE aprobó por unanimidad el ajuste como medida compensatoria de la inflación 2007 y 2008, y del pacto de austeridad al que llamó el presidente Felipe Calderón el año pasado. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: EL NARCO CONTROLA REGIONES POBRESLa Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) admitió que en México hay comunidades con altos índices de pobreza “en manos del narcotráfico”, por lo que planteó la necesidad de que el combate a la delincuencia organizada incluya una visión de política social. “Para rescatar aquellas comunidades que lamentablemente están en manos del narcotráfico no nada más es necesaria la intervención policiaca, sino también utilizar la política social”, planteó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: PRD: EL PLAN DE AMLO NO VA EN AUTOMÁTICOEl Comité Ejecutivo Nacional del PRD determinó que será su Consejo Nacional la instancia que definirá las acciones que despliegue ese partido, en caso de que en el Congreso se presente “un plan privatizador” del sector petrolero. El líder nacional perredista, Leonel Cota, informó que ante una eventual iniciativa en la materia, sólo entonces el CEN convocará a la máxima instancia partidista “para que determine las medidas que habrá de avalar en el proceso de la defensa del petróleo”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: LA IP DE EU, TRAS AGUA, TRANSPORTE Y ENERGÍA EN MÉXICOEmpresarios de Estados Unidos identificaron 30 proyectos para invertir en los sectores de energía, transporte y manejo de agua potable en México, áreas para las que tienen disponibles 140 mil millones de dólares, más del triple del saldo actual de la deuda externa pública, que es de 41 mil millones de dólares. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EL FINANCIERO: SUBE HASTA 400% LA CARGA FISCALCon la realización del primer pago provisional, la carga fiscal de las personas físicas contribuyentes del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se elevó 50 por ciento y en algunos casos hasta 400 por ciento. Los profesionistas independientes bajo el régimen de honorarios o prestación de servicios con ingresos de hasta 20 mil pesos mensuales, verán mermadas sus percepciones. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: BEJARANO METE LAS MANOS Y ENCINAS LO DEJA: NAVARRETEUno de los afectados por las agresiones de algunos de los asistentes al mitin del PRD en la Torre de Pemex fue el senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada perredista en el Senado. En plática con Crónica señala que Alejandro Encinas, candidato a la presidencia de ese partido, “está metido en un serio problema ético y político”, al permitir que René Bejarano meta las manos en su campaña. Advierte del peligro de “desatar demonios que luego nadie puede controlar” y apuesta por transformar a México desde el Congreso, para que “no echemos al caño los 12 millones de votos que nos llevaron a las cámaras”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
Documenta AMLO contratos de Mouriño
Por unafuente
Andrés Manuel López Obrador entregó a legisladores documentos en los cuales Pemex y Transportes Especializados Ivancar acordaron convenios de prestación de servicios, señala EL UNIVERSAL. En los contratos aparece la firma del hoy secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Iván, para sus más cercanos. De acuerdo con el tabasqueño, el expediente pone en evidencia el tráfico de influencias del funcionario. Los contratos fueron firmados por Mouriño, como apoderado general de la empresa, el 20 de diciembre de 2002, el 1 de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2003. En esas fechas Mouriño era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, hoy Presidente de la República. Antes, en la Legislatura 57, fue presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, agrega EL UNIVERSAL.
Destaca el IPN la importancia de la educación
Por unafuente
El futuro de México está en la fortaleza que se le dé a la educación superior, debido a que es el principal agente de cambio y movilidad social, planteó el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa Rivera. “A veces me parece que hay cierta confusión de lo que debe hacer un gobierno para el apoyo de los sistemas educativos”, dijo sin embargo. Señaló que la función y la misión de la educación pública y la privada es clara, y que si existe una “falsa discusión de si ambas son buenas o malas, lo cierto es que ambas tienen necesidad de coexistir”. Pero, precisó, a ambas hay que exigirles calidad y pertinencia, indica EL UNIVERSAL.
Protestan simpatizantes de Chávez contra televisora
Por unafuente
Un grupo de manifestantes oficialistas realizó el miércoles una concentración frente a la sede de la televisora privada Globovisión para protestar por la programación del canal de noticias, un fuerte crítico del gobierno. Varios centenares de simpatizantes del presidente Hugo Chávez se congregaron frente al canal para exigirle a sus propietarios un cambio en la programación. “Desde esta planta televisiva se manipulan los hechos’’, dijo el dirigente comunal oficialista Marcos Sosa, al acusar al canal de noticias de difundir informaciones falsas contra el gobierno, señaló MILENIO.
Editorial. La Jornada.
Colombia: la importancia de las liberaciones
Como lo habían anunciado, ayer las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron a cuatro ex legisladores que mantenían en cautiverio: Gloria Polanco de Lozada, Orlando Beltrán Cuéllar, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem Turbay, acto que fue calificado por esa organización político-militar como una consecuencia de los esfuerzos de mediación del presidente Hugo Chávez y la senadora colombiana de oposición Piedad Córdoba, así como una “contundente manifestación de que puede más la humanidad que la intransigencia”. Estas liberaciones se suman a las de la ex parlamentaria Consuelo González y la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia Clara Rojas, en enero pasado, luego de meses de negociaciones fallidas, hechos que, a decir de la dirigencia de las FARC, constituyeron un gesto de desagravio al mandatario venezolano.
La liberación de los cuatro ex congresistas colombianos es muestra fehaciente de la importancia, la pertinencia y la utilidad de la mediación internacional en conflictos tan complejos, añejos y exacerbados como el que vive en la actualidad aquel país sudamericano: tan es así que en menos de dos meses se han sucedido dos exitosos hechos de liberación de rehenes, más allá de que durante el proceso hayan tenido lugar numerosos desencuentros entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. El hecho de que al día de hoy se cuenten seis personas más fuera del cautiverio del FARC, en relación con las que había a finales de 2007, pone de manifiesto que la política y la diplomacia deben privar por encima de la violencia.
En particular, debe reconocerse el papel fundamental que ha jugado Hugo Chávez para lograr la liberación de los rehenes, sobre todo porque el mandatario venezolano no sólo ha tenido que negociar con la guerrilla colombiana, sino, además, enfrentar el constante torpedeo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha ejercido contra su gestión humanitaria. Desde mediados del año pasado, cuando el propio Uribe solicitó, de manera forzada, la intervención de su homólogo venezolano para lograr el canje de civiles en poder de las FARC por insurgentes presos, el colombiano se dedicó a obstaculizar los encuentros entre Chávez y los líderes guerrilleros; se negó a retirar a las tropas en una zona en la que pudiera realizarse el intercambio, e incluso le prohibió a Chávez contactar a cualquier funcionario colombiano que no fuera específicamente designado para la gestión; por cierto, el desacato de Chávez a esta última disposición fue aprovechado por el Palacio de Nariño para poner fin a las negociaciones. Finalmente, en los días previos a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González el ejército colombiano realizó intensos operativos en las cercanías de la zona donde se tenía previsto entregar a las cautivas, lo que postergó y puso en severo riesgo las operaciones para la liberación de los cautivos.
Sin duda, es inadmisible, injustificable e inhumano que las FARC empleen el secuestro de civiles como forma de lucha, les den trato de “prisioneros de guerra” y los usen como moneda de cambio. Sin embargo, la liberación de los secuestrados por la guerrilla colombiana, en la actualidad, no parece depender tanto de las FARC sino de que el gobierno de Uribe modifique su postura atrabiliaria e insensible. Es necesario, pues, que el mandatario colombiano dé muestras de disposición para encontrar una solución pacífica al conflicto, que necesariamente requerirá de la desactivación total de los grupos paramilitares y las tácticas de contrainsurgencia que ha emprendido el ejército de su país, en el contexto de las cuales se han cometido graves abusos contra la población civil y centenas de miles de ciudadanos que se han convertido en desplazados internos. En suma, cabe insistir en la importancia de la presión de la comunidad internacional para que gobierno y guerrilla reconozcan que la liberación de todos los rehenes, así como la tan anhelada paz en esa nación sudamericana, se pueden lograr si la negociación impera sobre la intransigencia.
Colombia: la importancia de las liberaciones
Como lo habían anunciado, ayer las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron a cuatro ex legisladores que mantenían en cautiverio: Gloria Polanco de Lozada, Orlando Beltrán Cuéllar, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem Turbay, acto que fue calificado por esa organización político-militar como una consecuencia de los esfuerzos de mediación del presidente Hugo Chávez y la senadora colombiana de oposición Piedad Córdoba, así como una “contundente manifestación de que puede más la humanidad que la intransigencia”. Estas liberaciones se suman a las de la ex parlamentaria Consuelo González y la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia Clara Rojas, en enero pasado, luego de meses de negociaciones fallidas, hechos que, a decir de la dirigencia de las FARC, constituyeron un gesto de desagravio al mandatario venezolano.
La liberación de los cuatro ex congresistas colombianos es muestra fehaciente de la importancia, la pertinencia y la utilidad de la mediación internacional en conflictos tan complejos, añejos y exacerbados como el que vive en la actualidad aquel país sudamericano: tan es así que en menos de dos meses se han sucedido dos exitosos hechos de liberación de rehenes, más allá de que durante el proceso hayan tenido lugar numerosos desencuentros entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. El hecho de que al día de hoy se cuenten seis personas más fuera del cautiverio del FARC, en relación con las que había a finales de 2007, pone de manifiesto que la política y la diplomacia deben privar por encima de la violencia.
En particular, debe reconocerse el papel fundamental que ha jugado Hugo Chávez para lograr la liberación de los rehenes, sobre todo porque el mandatario venezolano no sólo ha tenido que negociar con la guerrilla colombiana, sino, además, enfrentar el constante torpedeo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha ejercido contra su gestión humanitaria. Desde mediados del año pasado, cuando el propio Uribe solicitó, de manera forzada, la intervención de su homólogo venezolano para lograr el canje de civiles en poder de las FARC por insurgentes presos, el colombiano se dedicó a obstaculizar los encuentros entre Chávez y los líderes guerrilleros; se negó a retirar a las tropas en una zona en la que pudiera realizarse el intercambio, e incluso le prohibió a Chávez contactar a cualquier funcionario colombiano que no fuera específicamente designado para la gestión; por cierto, el desacato de Chávez a esta última disposición fue aprovechado por el Palacio de Nariño para poner fin a las negociaciones. Finalmente, en los días previos a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González el ejército colombiano realizó intensos operativos en las cercanías de la zona donde se tenía previsto entregar a las cautivas, lo que postergó y puso en severo riesgo las operaciones para la liberación de los cautivos.
Sin duda, es inadmisible, injustificable e inhumano que las FARC empleen el secuestro de civiles como forma de lucha, les den trato de “prisioneros de guerra” y los usen como moneda de cambio. Sin embargo, la liberación de los secuestrados por la guerrilla colombiana, en la actualidad, no parece depender tanto de las FARC sino de que el gobierno de Uribe modifique su postura atrabiliaria e insensible. Es necesario, pues, que el mandatario colombiano dé muestras de disposición para encontrar una solución pacífica al conflicto, que necesariamente requerirá de la desactivación total de los grupos paramilitares y las tácticas de contrainsurgencia que ha emprendido el ejército de su país, en el contexto de las cuales se han cometido graves abusos contra la población civil y centenas de miles de ciudadanos que se han convertido en desplazados internos. En suma, cabe insistir en la importancia de la presión de la comunidad internacional para que gobierno y guerrilla reconozcan que la liberación de todos los rehenes, así como la tan anhelada paz en esa nación sudamericana, se pueden lograr si la negociación impera sobre la intransigencia.
Identificaron 30 proyectos para invertir 140 mil mdd, más del triple de la deuda externa
Energía, de los sectores que más interesan a empresarios de EU
El anuncio fue hecho por el secretario de Comercio de ese país
Cinco funcionarios del gobierno de Calderón ofrecieron “oportunidades” dentro del programa de infraestructura
Roberto González Amador
Energía, de los sectores que más interesan a empresarios de EU
El anuncio fue hecho por el secretario de Comercio de ese país
Cinco funcionarios del gobierno de Calderón ofrecieron “oportunidades” dentro del programa de infraestructura
Roberto González Amador
Empresarios de Estados Unidos identificaron 30 proyectos para invertir en los sectores de energía, transporte y manejo de agua potable en México, áreas para las que tienen disponibles 140 mil millones de dólares, más del triple del saldo actual de la deuda externa pública, que es de 41 mil millones de dólares.
El anuncio fue hecho ayer en la ciudad de México por Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de Estados Unidos, en un foro en que empresarios de su país escucharon a cinco secretarios de Estado del gobierno de Felipe Calderón, invitaciones para aumentar sus inversiones aquí al amparo del Programa Nacional de Infraestructura, una de las principales iniciativas económicas de la actual administración federal.
Uno de los sectores de interés de los empresarios estadunidenses es el energético. Sobre el particular recibieron información de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que el gobierno buscará que la inversión en infraestructura energética alcance 2.1 billones de pesos en esta administración, centrada principalmente en el sector de hidrocarburos y no todo con recursos públicos.
Sobre el tema de las posibilidades de inversión privada en áreas reservadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) la funcionaria no ofreció información a los inversionistas. Sin embargo, consultado al respecto, el secretario estadunidense de Comercio consideró en una conferencia de prensa que “el tema energético en México es un asunto delicado, constitucional, que se está discutiendo y nosotros vamos a esperar una decisión”.
Aquí hay negocio
“Como hombres de negocios, ustedes reconocen una buena oportunidad cuando la ven y la apuesta del gobierno mexicano en infraestructura es una buena oportunidad”, dijo el secretario de Economía, Eduardo Sojo, a los empresarios estadunidenses du- rante el foro Estados Unidos y México: construyendo asociaciones en infraestructura. El encuentro fue organizado por la Agencia para el Comercio y el Desarrollo de Estados Unidos y el Servicio Comercial, también de aquel país.
Las “oportunidades” presentadas por los funcionarios mexicanos a los empresarios estadunidenses tienen que ver directamente con la inversión en hidrocarburos y electricidad; construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, y la gestión del abasto de agua, saneamiento y explotación de bosques.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira, anunció que la administración federal estima que en los siguientes cinco años se realizarán en el país inversiones por el equivalente a 7 mil 700 millones de dólares en proyectos de abasto de agua potable. De esa cantidad, informó a los empresarios estadunidenses, 30 por ciento corresponderá a proyectos financiados con capital privado, “como parte –aseguró– de una tendencia de abrir” este sector a la inversión de particulares.
Una oferta similar hizo para el tema del saneamiento, renglón en el que anticipó que las inversiones a lo largo del sexenio sumarán 6 mil 400 millones de dólares, de los cuales 2 mil millones de dólares corresponderán, añadió, a proyectos financiados con capital privado. Invitó también a realizar inversiones en sistemas de riego agrícola, renglón en el que estimó para los siguientes cinco años proyectos por 3 mil 600 millones de dólares, de los que una tercera parte se buscará que sea pagado con recursos privados.
Habló también de proyectos que tiene el gobierno federal, “otras oportunidades”, los llamó, para explotar una cuenca forestal en el Golfo de México, en un área que cubre los estados de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Chiapas, en los que, anticipó, se buscarán inversiones privadas de empresas madereras por 2 mil 700 millones de dólares.
“Su participación para financiar estas acciones no sólo es deseable sino que resulta fundamental”, dijo el secretario mexicano de medio ambiente a los empresarios de Estados Unidos.
Abrir el camino
Luis Téllez, secretario de Comunicaciones, consideró en su discurso a los empresarios estadunidenses que la combinación de recursos públicos y privados es la que permite mayores posibilidades de financiar la infraestructura que se espera construir en los siguientes años. Las acciones del gobierno, dijo, buscan mejorar los puertos, aeropuertos y redes carreteras, para incrementar la competitividad de la economía mexicana. Habló de que se realizarán obras carreteras para unir las costas del Pacífico y el Golfo de México, así como para mejorar las comunicaciones del centro al norte de la república. A la vez, serán tendidos mil 300 kilómetros de nuevas vías de ferrocarril, serán construidos cinco nuevos aeropuertos y modernizados los puertos de movimiento de carga. “Si este encuentro se pudiera resumir en una palabra, esa palabra sería oportunidad”, dijo Sojo a los empresarios.
Los proyectos presentados por los funcionarios mexicanos a los empresarios estadunidenses, añadió Sojo, requieren una base sólida. “México ofrece un programa económico sólido, con reglas claras y un Tratado de Libre Comercio (de América del Norte) que protege a los inversionistas. Esto hace a México seguro y atractivo”, ofreció
El anuncio fue hecho ayer en la ciudad de México por Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de Estados Unidos, en un foro en que empresarios de su país escucharon a cinco secretarios de Estado del gobierno de Felipe Calderón, invitaciones para aumentar sus inversiones aquí al amparo del Programa Nacional de Infraestructura, una de las principales iniciativas económicas de la actual administración federal.
Uno de los sectores de interés de los empresarios estadunidenses es el energético. Sobre el particular recibieron información de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que el gobierno buscará que la inversión en infraestructura energética alcance 2.1 billones de pesos en esta administración, centrada principalmente en el sector de hidrocarburos y no todo con recursos públicos.
Sobre el tema de las posibilidades de inversión privada en áreas reservadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) la funcionaria no ofreció información a los inversionistas. Sin embargo, consultado al respecto, el secretario estadunidense de Comercio consideró en una conferencia de prensa que “el tema energético en México es un asunto delicado, constitucional, que se está discutiendo y nosotros vamos a esperar una decisión”.
Aquí hay negocio
“Como hombres de negocios, ustedes reconocen una buena oportunidad cuando la ven y la apuesta del gobierno mexicano en infraestructura es una buena oportunidad”, dijo el secretario de Economía, Eduardo Sojo, a los empresarios estadunidenses du- rante el foro Estados Unidos y México: construyendo asociaciones en infraestructura. El encuentro fue organizado por la Agencia para el Comercio y el Desarrollo de Estados Unidos y el Servicio Comercial, también de aquel país.
Las “oportunidades” presentadas por los funcionarios mexicanos a los empresarios estadunidenses tienen que ver directamente con la inversión en hidrocarburos y electricidad; construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, y la gestión del abasto de agua, saneamiento y explotación de bosques.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira, anunció que la administración federal estima que en los siguientes cinco años se realizarán en el país inversiones por el equivalente a 7 mil 700 millones de dólares en proyectos de abasto de agua potable. De esa cantidad, informó a los empresarios estadunidenses, 30 por ciento corresponderá a proyectos financiados con capital privado, “como parte –aseguró– de una tendencia de abrir” este sector a la inversión de particulares.
Una oferta similar hizo para el tema del saneamiento, renglón en el que anticipó que las inversiones a lo largo del sexenio sumarán 6 mil 400 millones de dólares, de los cuales 2 mil millones de dólares corresponderán, añadió, a proyectos financiados con capital privado. Invitó también a realizar inversiones en sistemas de riego agrícola, renglón en el que estimó para los siguientes cinco años proyectos por 3 mil 600 millones de dólares, de los que una tercera parte se buscará que sea pagado con recursos privados.
Habló también de proyectos que tiene el gobierno federal, “otras oportunidades”, los llamó, para explotar una cuenca forestal en el Golfo de México, en un área que cubre los estados de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Chiapas, en los que, anticipó, se buscarán inversiones privadas de empresas madereras por 2 mil 700 millones de dólares.
“Su participación para financiar estas acciones no sólo es deseable sino que resulta fundamental”, dijo el secretario mexicano de medio ambiente a los empresarios de Estados Unidos.
Abrir el camino
Luis Téllez, secretario de Comunicaciones, consideró en su discurso a los empresarios estadunidenses que la combinación de recursos públicos y privados es la que permite mayores posibilidades de financiar la infraestructura que se espera construir en los siguientes años. Las acciones del gobierno, dijo, buscan mejorar los puertos, aeropuertos y redes carreteras, para incrementar la competitividad de la economía mexicana. Habló de que se realizarán obras carreteras para unir las costas del Pacífico y el Golfo de México, así como para mejorar las comunicaciones del centro al norte de la república. A la vez, serán tendidos mil 300 kilómetros de nuevas vías de ferrocarril, serán construidos cinco nuevos aeropuertos y modernizados los puertos de movimiento de carga. “Si este encuentro se pudiera resumir en una palabra, esa palabra sería oportunidad”, dijo Sojo a los empresarios.
Los proyectos presentados por los funcionarios mexicanos a los empresarios estadunidenses, añadió Sojo, requieren una base sólida. “México ofrece un programa económico sólido, con reglas claras y un Tratado de Libre Comercio (de América del Norte) que protege a los inversionistas. Esto hace a México seguro y atractivo”, ofreció
El arraigo debe considerarse inconstitucional, sostiene
Juicios orales, “tomadura de pelo”, dice Soberanes
La reforma judicial mantiene figuras negativas, dice
Celebra la eliminación del allanamiento sin orden de juez
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Juicios orales, “tomadura de pelo”, dice Soberanes
La reforma judicial mantiene figuras negativas, dice
Celebra la eliminación del allanamiento sin orden de juez
Enrique Méndez y Roberto Garduño
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, afirmó que la reforma judicial aprobada el martes por la Cámara de Diputados mantiene algunas figuras negativas, como el arraigo, que debe considerarse inconstitucional, y calificó los juicios orales como “realmente una tomadura de pelo”.
Resaltó que dentro de “ocho años vamos a ver cómo se echan para atrás, porque en México no hay las condiciones, ni los recursos humanos y financieros para un proyecto de esta naturaleza”.
Celebró, sin embargo, que PAN y PRI desistieran de su intento de avalar el allanamiento domiciliario sin orden judicial, a pesar de que se trataba de una decisión “prácticamente cocinada, que afortunadamente se rectificó”.
La inviolabilidad del domicilio, refirió, es un principio de derechos humanos adoptado desde el texto Los sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón. “Éste es uno de los efectos más importantes de nuestra tradición en materia de derechos humanos. No lo podemos borrar de un plumazo. Además, se trataba de una aberración”, declaró.
De haberse mantenido el párrafo que permitía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente para la vida o la integridad corporal de las personas”, se habría avalado la intromisión policiaca, afirmó.
Entrevistado después de su participación en el foro Crimen organizado y abuso de poder: retos y futuro de la libertad de expresión en México, el ombudsman cuestionó que la reforma incluya “algunos excesos que se habrían podido moderar”. Citó el caso de los requisitos, que consideó laxos, para obtener una orden de aprehensión.
–¿Qué habría sido lo ideal para una reforma de este tipo?
–Hay algunos cambios que son rescatables. Por ejemplo, la presunción de inocencia, el acotar a la autoridad y la existencia de jueces de control. Es decir, hay cosas que debemos mencionar que son convenientes.
“Fue una pena que no se discutiera la autonomía del Ministerio Público ni el poner controles a éstos, porque cuando alguno de ellos o sus agentes cometen un delito, son acusados por la propia procuraduría, que se vuelve juez y parte. Es algo de lo que se quedó en el tintero.”
Recomendó que si bien, en estricto derecho, entregar la grabación de una conversación telefónica no violaría los derechos humanos de alguno de los participantes en un diálogo, a partir de ahora “todas las personas deben estar muy atentas a lo que digan por teléfono, pues como dicen, puede ser tomado en su contra”.
Por otra parte, durante su participación en el foro Soberanes propuso integrar un comité de evaluación de riesgos, similar al que existe en Colombia, en el que participen representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, asociaciones de periodistas y organismos de defensa de éstos.
Alertó que el número de agresiones y muertes de periodistas constituyen una grave restricción a la libertad de expresión, y cuestionó que el Estado mexicano no haya resuelto de manera contundente los casos documentados; consideró que esta omisión propicia la impunidad y que la violencia contra los comunicadores sea cada vez más fuerte.
Refirió que desde el sexenio de Ernesto Zedillo hasta la administración de Felipe Calderón, “estos años han sido negros para el periodismo mexicano”. Afirmó que las dos amenazas más relevantes contra la libertad de expresión son el crimen organizado y el abuso de poder, que con frecuencia golpean el ejercicio periodístico “con el propósito de censurarlo, adherirlo a fines ajenos, inhibirlo, reprimirlo o castigarlo”.
Resaltó que dentro de “ocho años vamos a ver cómo se echan para atrás, porque en México no hay las condiciones, ni los recursos humanos y financieros para un proyecto de esta naturaleza”.
Celebró, sin embargo, que PAN y PRI desistieran de su intento de avalar el allanamiento domiciliario sin orden judicial, a pesar de que se trataba de una decisión “prácticamente cocinada, que afortunadamente se rectificó”.
La inviolabilidad del domicilio, refirió, es un principio de derechos humanos adoptado desde el texto Los sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón. “Éste es uno de los efectos más importantes de nuestra tradición en materia de derechos humanos. No lo podemos borrar de un plumazo. Además, se trataba de una aberración”, declaró.
De haberse mantenido el párrafo que permitía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente para la vida o la integridad corporal de las personas”, se habría avalado la intromisión policiaca, afirmó.
Entrevistado después de su participación en el foro Crimen organizado y abuso de poder: retos y futuro de la libertad de expresión en México, el ombudsman cuestionó que la reforma incluya “algunos excesos que se habrían podido moderar”. Citó el caso de los requisitos, que consideó laxos, para obtener una orden de aprehensión.
–¿Qué habría sido lo ideal para una reforma de este tipo?
–Hay algunos cambios que son rescatables. Por ejemplo, la presunción de inocencia, el acotar a la autoridad y la existencia de jueces de control. Es decir, hay cosas que debemos mencionar que son convenientes.
“Fue una pena que no se discutiera la autonomía del Ministerio Público ni el poner controles a éstos, porque cuando alguno de ellos o sus agentes cometen un delito, son acusados por la propia procuraduría, que se vuelve juez y parte. Es algo de lo que se quedó en el tintero.”
Recomendó que si bien, en estricto derecho, entregar la grabación de una conversación telefónica no violaría los derechos humanos de alguno de los participantes en un diálogo, a partir de ahora “todas las personas deben estar muy atentas a lo que digan por teléfono, pues como dicen, puede ser tomado en su contra”.
Por otra parte, durante su participación en el foro Soberanes propuso integrar un comité de evaluación de riesgos, similar al que existe en Colombia, en el que participen representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, asociaciones de periodistas y organismos de defensa de éstos.
Alertó que el número de agresiones y muertes de periodistas constituyen una grave restricción a la libertad de expresión, y cuestionó que el Estado mexicano no haya resuelto de manera contundente los casos documentados; consideró que esta omisión propicia la impunidad y que la violencia contra los comunicadores sea cada vez más fuerte.
Refirió que desde el sexenio de Ernesto Zedillo hasta la administración de Felipe Calderón, “estos años han sido negros para el periodismo mexicano”. Afirmó que las dos amenazas más relevantes contra la libertad de expresión son el crimen organizado y el abuso de poder, que con frecuencia golpean el ejercicio periodístico “con el propósito de censurarlo, adherirlo a fines ajenos, inhibirlo, reprimirlo o castigarlo”.
Repite prácticas del franquismo, sostienen activistas
Utiliza el Estado las leyes penales para la represión
La aplica contra los disidentes
Acusa a la mayoría de detenidos de sedición y ataques a las vías de comunicación
Emir Olilvares Alonso
Utiliza el Estado las leyes penales para la represión
La aplica contra los disidentes
Acusa a la mayoría de detenidos de sedición y ataques a las vías de comunicación
Emir Olilvares Alonso
En México las leyes penales son usadas por las autoridades como mecanismo de control y represión de los movimientos sociales, aseguró Marco Aparicio, integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, al participar en un debate sobre garantías individuales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Señaló que esos métodos “dan la impresión, guardando las proporciones, de que en México se repiten prácticas del Estado franquista, donde existía pacificación social con restricciones de derechos y aparentemente no se vulneraban las garantías, pero la disidencia era reprimida”.
Aparicio destacó que en México los códigos penales “se usan directamente” contra movimientos sociales y disidentes del sistema político y económico, y se acusa a la mayoría de los detenidos de sedición, secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. Indicó que la protesta y la movilización social surgen como reacción a necesidades no satisfechas, y porque el grupo en el poder bloquea el diálogo.
La represión se da de diferentes maneras, dijo, por la escasa autonomía del Poder Judicial, sobre todo en los estados, donde jueces y magistrados responden a los designios del Ejecutivo. En esa práctica participan el Ejército y corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, y en muchos casos “grupos paramilitares”.
Subrayó que otra herramienta que usan las autoridades para reprimir a la disidencia es la cárcel preventiva, que se prolonga, “aunque en la mayoría de los casos no existan elementos probatorios de los delitos imputados (a los disidentes)”.
Paradójicamente, señaló, cuando “se trata de acusaciones contra servidores públicos por delitos contra la ciudadanía, el sistema penal se vuelve ultragarantista y las detenciones e investigaciones se caen por falta de elementos”.
Afirmó que las autoridades propician la impunidad, y puso como ejemplo los homicidios ocurridos durante el conflicto social de Oaxaca en 2006 y principios de 2007. La Procuraduría General de la República (PGR) “dejó de investigarlos por falta de pruebas y argumentó que son las víctimas las que tendrán que aportar elementos probatorios”.
En tanto, Christian Courtis, de la Comisión Internacional de Juristas, dijo que si bien México está a la vanguardia en la firma de tratados internacionales, las diferentes instancias nacionales interpretan estos acuerdos “como se les antoja”.
Ejemplo de ello, agregó, fue la acción de inconstitucionalidad que impulsaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PGR contra la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, porque se basaron en extractos de dos acuerdos internacionales (las convenciones Americana de Derechos Humanos e Internacional de los Derechos del Niño) y no se interpretó en materia de derecho.
En su turno, Francisco López Barcenas, defensor de las garantías de pueblos indígenas, afirmó que en el país los tratados internacionales “se ven como algo esotérico”, porque están totalmente alejados de la legislación mexicana. Indicó que en el caso particular de los derechos de las etnias no hay reconocimiento, a pesar de los acuerdos internacionales, y “el Estado mexicano sigue actuando como si no existieran estos pueblos”.
Señaló que esos métodos “dan la impresión, guardando las proporciones, de que en México se repiten prácticas del Estado franquista, donde existía pacificación social con restricciones de derechos y aparentemente no se vulneraban las garantías, pero la disidencia era reprimida”.
Aparicio destacó que en México los códigos penales “se usan directamente” contra movimientos sociales y disidentes del sistema político y económico, y se acusa a la mayoría de los detenidos de sedición, secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. Indicó que la protesta y la movilización social surgen como reacción a necesidades no satisfechas, y porque el grupo en el poder bloquea el diálogo.
La represión se da de diferentes maneras, dijo, por la escasa autonomía del Poder Judicial, sobre todo en los estados, donde jueces y magistrados responden a los designios del Ejecutivo. En esa práctica participan el Ejército y corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, y en muchos casos “grupos paramilitares”.
Subrayó que otra herramienta que usan las autoridades para reprimir a la disidencia es la cárcel preventiva, que se prolonga, “aunque en la mayoría de los casos no existan elementos probatorios de los delitos imputados (a los disidentes)”.
Paradójicamente, señaló, cuando “se trata de acusaciones contra servidores públicos por delitos contra la ciudadanía, el sistema penal se vuelve ultragarantista y las detenciones e investigaciones se caen por falta de elementos”.
Afirmó que las autoridades propician la impunidad, y puso como ejemplo los homicidios ocurridos durante el conflicto social de Oaxaca en 2006 y principios de 2007. La Procuraduría General de la República (PGR) “dejó de investigarlos por falta de pruebas y argumentó que son las víctimas las que tendrán que aportar elementos probatorios”.
En tanto, Christian Courtis, de la Comisión Internacional de Juristas, dijo que si bien México está a la vanguardia en la firma de tratados internacionales, las diferentes instancias nacionales interpretan estos acuerdos “como se les antoja”.
Ejemplo de ello, agregó, fue la acción de inconstitucionalidad que impulsaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PGR contra la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, porque se basaron en extractos de dos acuerdos internacionales (las convenciones Americana de Derechos Humanos e Internacional de los Derechos del Niño) y no se interpretó en materia de derecho.
En su turno, Francisco López Barcenas, defensor de las garantías de pueblos indígenas, afirmó que en el país los tratados internacionales “se ven como algo esotérico”, porque están totalmente alejados de la legislación mexicana. Indicó que en el caso particular de los derechos de las etnias no hay reconocimiento, a pesar de los acuerdos internacionales, y “el Estado mexicano sigue actuando como si no existieran estos pueblos”.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El derecho a resistir
¡Oh, los perredistas se pelean!
Justificar exclusiones y represión
Chucho presidente; Pemex privatizado
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El derecho a resistir
¡Oh, los perredistas se pelean!
Justificar exclusiones y represión
Chucho presidente; Pemex privatizado
Los incidentes entre perredistas están siendo usados con especial ahínco mediático para tratar de inhibir la capacidad de protesta social contra una administración calderónica surgida de un fraude electoral, una izquierda legislativa y partidista explícitamente utilizada para tareas divisorias y colaboracionistas, y un proyecto largamente anunciado (aunque haya águilas caídas a quienes conviene no verlo) de privatización parcial de Pemex.
Los espacios periodísticos que normalmente dan cabida acotada y marginal a la voz de Andrés Manuel López Obrador y su equipo (lo hacen a cuentagotas, como excepción y en respuesta a peticiones del propio ex candidato presidencial, más bien como truco barato para convertir esas singularidades en presunta prueba de pluralidad y apertura) ahora se muestran significativamente generosos con legisladores federales abucheados y acosados el domingo pasado, a los que dan micrófonos y papel en abundancia, al igual que a personajes declarativos Chuchos que proclaman las bondades del izquierdismo bien portado.
La tesis que se busca instalar es clara: hay perredistas buenos, que respetan a las instituciones y deben ser premiados (el senador Navarrete pone el caso de la marcha atrás a los cateos sin orden judicial como prueba de que sí funcionan la democracia y la vida congresal) y, en distinto campo, otros perredistas, lopezobradoristas y ciudadanos malos que, por tanto, deben ser castigados o, cuando menos, acallados. La pauta publicitaria pagada tiene como clave el concepto del odio. Esa criminalización de la protesta social busca contener, por la vía del apabullamiento mediático, las anunciadas acciones de oposición cívica a la privatización de Pemex. Además, al descalificar preventivamente esas protestas, se lubrica el recurso de la represión que, en dado caso, será adjudicada a los mismos villanos fabricados previamente en los medios oficialistas y con el apoyo invaluable del perredismo colaboracionista que recorrió redacciones, cabinas y estudios para asentar coartadas internas.
El chuchismo se alista a tomar el control del PRD al estilo de la casa (es decir, de la Casa Calderón). López Obrador y Alejandro Encinas son un peligro para el PRD y, por ello, Jesús Ortega Solá está recibiendo el apoyo del cardenismo negociante (el lazarillo guiará mapaches-leones ciegos en Michoacán), del panismo del gobernador de Guerrero (el licenciado Z), y de mandatarios panistas y priístas (la vieja Nueva Izquierda mantiene pactos de cooperación con los flancos de Manlio Fabio Beltrones y de Enrique Peña Nieto; del estado de México provendrán altos volúmenes de votos conseguidos haiga sido como haiga sido). Esos gobernadores pondrán sus siempre triunfales maquinarias electorales al servicio de la causa menor de entronizar al comprensivo y solidario amigo Jesús y al propósito mayor de asestar un golpe más al Peje que se niega a caer noqueado. La fuerza institucional de los Chuchos así se ha construido, negociando en los estados las migajas de representación proporcional que luego les da para amasijos nacionales (pero no se crea que sólo esa corriente practica las suertes de la vendimia política: todas las demás, sin excepción, sucumben al pragmatismo que acepta dinero subterráneo y “apoyos” oficiales a cambio de silencios o estridencias convenidas).
La descomposición de la política nacional ha generado, naturalmente, hastío e irritación en muchos ciudadanos que consideran tener derecho a la protesta pública. El 2 de julio de 2006 la presidencia de la República fue robada no sólo a un candidato en particular, sino a una amplia franja social que a pesar de las maquinaciones demoscópicas, mediáticas, cibernéticas e institucionales (destacadamente la presidencia foxista, el IFE ugaldista y los empresarios anunciantes) votó en tal cantidad y con tal confianza que ni en los números finales adulterados fue posible negarle una contundencia apenas rebasada fraudulentamente en un 0.56 por ciento. Esos ciudadanos han ejercido su derecho a resistir incluso al propio derecho, y grupos representativos de esa irritación popular mantienen una constante labor de impugnación al funcionario que consideran ilegítimo. En sentido distinto (lo que les ha generado reprobación creciente en las filas de las que se supone formarían parte) han caminado varios de los personajes que, llegados a diputaciones y senadurías, o ejerciendo cargos partidistas, están en mejores condiciones de persistir en el rechazo a quien es considerado espurio y en el apoyo a quien ha sido condenado, por los grupos del poder defraudador, a la exclusión de los medios de comunicación, a la ridiculización y el escarnio y a la magnificación de sus errores personales y de las divergencias o deslindes que en su entorno se producen de manera natural o inducida.
Protestar, resistir, incluso desobedecer la legalidad y oponerse físicamente a la consumación de hechos aprobados por autoridades a las que no se reconoce legitimidad, ha sido una práctica histórica de ciudadanos, partidos y organizaciones en todo el mundo. En México, el panismo realizó en múltiples ocasiones actos de desobediencia civil que le llevaron a la comisión técnica de delitos (recuérdese, por ejemplo, el bloqueo de puentes internacionales en Ciudad Juárez). Entonces, como ahora, los gobernantes tachados de dictatoriales desplegaron toda la fuerza de los medios controlados y del miedo inyectado a la sociedad. Entonces, como ahora, fue defendido y practicado el derecho a resistir, el mismo que el calderonismo pretende sustraer a una parte de los mexicanos para así dar un golpe que supone definitivo al sobreviviente López Obrador y para combatir, incluso con el recurso de la fuerza pública, a quienes se opongan al gran negocio de la apertura de Pemex a capitales privados. Ese es el fondo del asunto, aunque ahora los culpables de envenenar a la izquierda con dobleces y colaboracionismo se den convenencieros golpes de pecho, quejándose productivamente de las mínimas expresiones de descontento que han recibido a cuenta de las grandes traiciones que han hecho y están por consumar. ¡Hasta mañana, recordando que sigue vigente el espíritu Gestapo, que a fin de cuentas ni leyes necesita!
Los espacios periodísticos que normalmente dan cabida acotada y marginal a la voz de Andrés Manuel López Obrador y su equipo (lo hacen a cuentagotas, como excepción y en respuesta a peticiones del propio ex candidato presidencial, más bien como truco barato para convertir esas singularidades en presunta prueba de pluralidad y apertura) ahora se muestran significativamente generosos con legisladores federales abucheados y acosados el domingo pasado, a los que dan micrófonos y papel en abundancia, al igual que a personajes declarativos Chuchos que proclaman las bondades del izquierdismo bien portado.
La tesis que se busca instalar es clara: hay perredistas buenos, que respetan a las instituciones y deben ser premiados (el senador Navarrete pone el caso de la marcha atrás a los cateos sin orden judicial como prueba de que sí funcionan la democracia y la vida congresal) y, en distinto campo, otros perredistas, lopezobradoristas y ciudadanos malos que, por tanto, deben ser castigados o, cuando menos, acallados. La pauta publicitaria pagada tiene como clave el concepto del odio. Esa criminalización de la protesta social busca contener, por la vía del apabullamiento mediático, las anunciadas acciones de oposición cívica a la privatización de Pemex. Además, al descalificar preventivamente esas protestas, se lubrica el recurso de la represión que, en dado caso, será adjudicada a los mismos villanos fabricados previamente en los medios oficialistas y con el apoyo invaluable del perredismo colaboracionista que recorrió redacciones, cabinas y estudios para asentar coartadas internas.
El chuchismo se alista a tomar el control del PRD al estilo de la casa (es decir, de la Casa Calderón). López Obrador y Alejandro Encinas son un peligro para el PRD y, por ello, Jesús Ortega Solá está recibiendo el apoyo del cardenismo negociante (el lazarillo guiará mapaches-leones ciegos en Michoacán), del panismo del gobernador de Guerrero (el licenciado Z), y de mandatarios panistas y priístas (la vieja Nueva Izquierda mantiene pactos de cooperación con los flancos de Manlio Fabio Beltrones y de Enrique Peña Nieto; del estado de México provendrán altos volúmenes de votos conseguidos haiga sido como haiga sido). Esos gobernadores pondrán sus siempre triunfales maquinarias electorales al servicio de la causa menor de entronizar al comprensivo y solidario amigo Jesús y al propósito mayor de asestar un golpe más al Peje que se niega a caer noqueado. La fuerza institucional de los Chuchos así se ha construido, negociando en los estados las migajas de representación proporcional que luego les da para amasijos nacionales (pero no se crea que sólo esa corriente practica las suertes de la vendimia política: todas las demás, sin excepción, sucumben al pragmatismo que acepta dinero subterráneo y “apoyos” oficiales a cambio de silencios o estridencias convenidas).
La descomposición de la política nacional ha generado, naturalmente, hastío e irritación en muchos ciudadanos que consideran tener derecho a la protesta pública. El 2 de julio de 2006 la presidencia de la República fue robada no sólo a un candidato en particular, sino a una amplia franja social que a pesar de las maquinaciones demoscópicas, mediáticas, cibernéticas e institucionales (destacadamente la presidencia foxista, el IFE ugaldista y los empresarios anunciantes) votó en tal cantidad y con tal confianza que ni en los números finales adulterados fue posible negarle una contundencia apenas rebasada fraudulentamente en un 0.56 por ciento. Esos ciudadanos han ejercido su derecho a resistir incluso al propio derecho, y grupos representativos de esa irritación popular mantienen una constante labor de impugnación al funcionario que consideran ilegítimo. En sentido distinto (lo que les ha generado reprobación creciente en las filas de las que se supone formarían parte) han caminado varios de los personajes que, llegados a diputaciones y senadurías, o ejerciendo cargos partidistas, están en mejores condiciones de persistir en el rechazo a quien es considerado espurio y en el apoyo a quien ha sido condenado, por los grupos del poder defraudador, a la exclusión de los medios de comunicación, a la ridiculización y el escarnio y a la magnificación de sus errores personales y de las divergencias o deslindes que en su entorno se producen de manera natural o inducida.
Protestar, resistir, incluso desobedecer la legalidad y oponerse físicamente a la consumación de hechos aprobados por autoridades a las que no se reconoce legitimidad, ha sido una práctica histórica de ciudadanos, partidos y organizaciones en todo el mundo. En México, el panismo realizó en múltiples ocasiones actos de desobediencia civil que le llevaron a la comisión técnica de delitos (recuérdese, por ejemplo, el bloqueo de puentes internacionales en Ciudad Juárez). Entonces, como ahora, los gobernantes tachados de dictatoriales desplegaron toda la fuerza de los medios controlados y del miedo inyectado a la sociedad. Entonces, como ahora, fue defendido y practicado el derecho a resistir, el mismo que el calderonismo pretende sustraer a una parte de los mexicanos para así dar un golpe que supone definitivo al sobreviviente López Obrador y para combatir, incluso con el recurso de la fuerza pública, a quienes se opongan al gran negocio de la apertura de Pemex a capitales privados. Ese es el fondo del asunto, aunque ahora los culpables de envenenar a la izquierda con dobleces y colaboracionismo se den convenencieros golpes de pecho, quejándose productivamente de las mínimas expresiones de descontento que han recibido a cuenta de las grandes traiciones que han hecho y están por consumar. ¡Hasta mañana, recordando que sigue vigente el espíritu Gestapo, que a fin de cuentas ni leyes necesita!
John Saxe-Fernández
Desaciertos mayúsculos
En el poder por 26 años, el neoporfiriato lanza ahora un paquete de “reformas estructurales” de corte energético, policial-militar y judicial-penal, que coloca en riesgo las bases de la soberanía. Es parte de un rosario de políticas que fomenta la depredación enriquecedora de una minoría y empobrece, a perpetuidad, a más de 100 millones de mexicanos, desalojados de sus empresas públicas y expulsados de su espacio nacional, a un ritmo anual de más de 600 mil, que migran a EU en busca de empleo.
No es por las fuerzas inexorables de la globalización, sino por el tipo de componendas y esquemas derivados de la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y de los acomodos que siguieron al estallido de 1994 que acentuaron la desnacionalización de la toma de decisiones económicas, que se extiende a Pemex-CFE y al área policial/ militar y judicial/penal. A pesar de que se retiró la polémica decisión de permitir allanamientos de morada sin orden judicial, la reforma judicial contiene regresiones que, como en EU y en Canadá, comprometen los derechos humanos, políticos y civiles de la población, como es el espionaje oficial sobre información privada. Ya el jurista Sergio García Ramírez advirtió sobre éstos y otros elementos que plantean la amenaza de intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos porque “los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han flexibilizado… Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”. (Proceso, 24/2/08). En su criterio esto es un “desacierto mayúsculo”, porque al aligerarse la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignación serán muchos” (ibid).
En la antesala de un asalto al patrimonio petroeléctrico de la nación mexicana, estas propuestas, que inciden en la esencia misma del Estado, son auspiciadas bajo la rúbrica de una “integración profunda” de la “América del Norte” y forman parte de una construcción social orientada a la criminalización de la resistencia civil y a la rapiña antinacional. La constitucionalización del Estado policial, bajo el superficial pretexto de “agilizar los procedimientos penales”, ocurre en medio de una desestabilización que acumula más de 25 años de agresión y despojo contra la economía popular y de la clase media (Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, etcétera) y cuando está en puerta la “legalización” de la privatización en curso de Pemex-CFE, empresas vitales para la construcción de un futuro nacional viable.
El paquete de iniciativas sigue los criterios de “integración profunda” impulsados por Washington en las reuniones secretas de la ASPAN, celebradas en Waco, Texas (2005), Banff, Alberta (2006) y en Montebello (2007) con la concurrencia de Bush, Harper y Fox/Calderón, de representantes de los monopolios de EU y sus contrapartes en México y Canadá, así como de la cúpula militar y de inteligencia, todos bajo la batuta de la Casa Blanca. Fueron deliberaciones para establecer un Estado policial-militar, realizadas a espaldas de la población, de las legislaturas y del estado de derecho.
La advertencia de García Ramírez de que se está abriendo “una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”, con lo que el MP no tendría la capacidad de “supervisar y sujetar la actuación de la policía durante una investigación, incidiendo en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano” adquiere importancia mayor porque en verdad es expresión manifiesta de un desborde del Estado de excepción de EU hacia sus dos vecinos, con auspicio del Pentágono que algunos perciben como un “golpe de Estado en cámara lenta”.
En Canadá se agudiza la pérdida de soberanía territorial. Sin enterar a la opinión pública de ese país, el pasado 14 de febrero su gobierno y el estadunidense acordaron, desde el Comando Norte, establecido por Rumsfeld en 2002, que cada nación pueda enviar tropas al territorio de la otra “durante una emergencia civil”. Tanto este esquema como la Iniciativa Mérida entre EU y México –de la que no se conocen detalles– son parte de la mencionada agenda de la “integración profunda”, cuyo plan de acción incluye (textual) “la homologación y armonización de los procedimientos policial/penales” y “un incremento en la integración militar-policial”. Para abrogar restricciones legales a la privatización en curso de Pemex y CFE se promueve “una estrategia energética común” para la “modulación y desregulación del mercado energético de la América del Norte”. También se mencionan barreras “tarifarias” comunes y la “negociación en bloque” con el “exterior”.
Es integración “profunda” en petróleo, gas, electricidad, agua, infraestructura, seguridad y política exterior. No desaparece ni el muro ni el apartheid laboral. Lo que se desvanece sería “México” y “Canadá” como entes soberanos.
En el poder por 26 años, el neoporfiriato lanza ahora un paquete de “reformas estructurales” de corte energético, policial-militar y judicial-penal, que coloca en riesgo las bases de la soberanía. Es parte de un rosario de políticas que fomenta la depredación enriquecedora de una minoría y empobrece, a perpetuidad, a más de 100 millones de mexicanos, desalojados de sus empresas públicas y expulsados de su espacio nacional, a un ritmo anual de más de 600 mil, que migran a EU en busca de empleo.
No es por las fuerzas inexorables de la globalización, sino por el tipo de componendas y esquemas derivados de la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y de los acomodos que siguieron al estallido de 1994 que acentuaron la desnacionalización de la toma de decisiones económicas, que se extiende a Pemex-CFE y al área policial/ militar y judicial/penal. A pesar de que se retiró la polémica decisión de permitir allanamientos de morada sin orden judicial, la reforma judicial contiene regresiones que, como en EU y en Canadá, comprometen los derechos humanos, políticos y civiles de la población, como es el espionaje oficial sobre información privada. Ya el jurista Sergio García Ramírez advirtió sobre éstos y otros elementos que plantean la amenaza de intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos porque “los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han flexibilizado… Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”. (Proceso, 24/2/08). En su criterio esto es un “desacierto mayúsculo”, porque al aligerarse la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignación serán muchos” (ibid).
En la antesala de un asalto al patrimonio petroeléctrico de la nación mexicana, estas propuestas, que inciden en la esencia misma del Estado, son auspiciadas bajo la rúbrica de una “integración profunda” de la “América del Norte” y forman parte de una construcción social orientada a la criminalización de la resistencia civil y a la rapiña antinacional. La constitucionalización del Estado policial, bajo el superficial pretexto de “agilizar los procedimientos penales”, ocurre en medio de una desestabilización que acumula más de 25 años de agresión y despojo contra la economía popular y de la clase media (Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, etcétera) y cuando está en puerta la “legalización” de la privatización en curso de Pemex-CFE, empresas vitales para la construcción de un futuro nacional viable.
El paquete de iniciativas sigue los criterios de “integración profunda” impulsados por Washington en las reuniones secretas de la ASPAN, celebradas en Waco, Texas (2005), Banff, Alberta (2006) y en Montebello (2007) con la concurrencia de Bush, Harper y Fox/Calderón, de representantes de los monopolios de EU y sus contrapartes en México y Canadá, así como de la cúpula militar y de inteligencia, todos bajo la batuta de la Casa Blanca. Fueron deliberaciones para establecer un Estado policial-militar, realizadas a espaldas de la población, de las legislaturas y del estado de derecho.
La advertencia de García Ramírez de que se está abriendo “una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”, con lo que el MP no tendría la capacidad de “supervisar y sujetar la actuación de la policía durante una investigación, incidiendo en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano” adquiere importancia mayor porque en verdad es expresión manifiesta de un desborde del Estado de excepción de EU hacia sus dos vecinos, con auspicio del Pentágono que algunos perciben como un “golpe de Estado en cámara lenta”.
En Canadá se agudiza la pérdida de soberanía territorial. Sin enterar a la opinión pública de ese país, el pasado 14 de febrero su gobierno y el estadunidense acordaron, desde el Comando Norte, establecido por Rumsfeld en 2002, que cada nación pueda enviar tropas al territorio de la otra “durante una emergencia civil”. Tanto este esquema como la Iniciativa Mérida entre EU y México –de la que no se conocen detalles– son parte de la mencionada agenda de la “integración profunda”, cuyo plan de acción incluye (textual) “la homologación y armonización de los procedimientos policial/penales” y “un incremento en la integración militar-policial”. Para abrogar restricciones legales a la privatización en curso de Pemex y CFE se promueve “una estrategia energética común” para la “modulación y desregulación del mercado energético de la América del Norte”. También se mencionan barreras “tarifarias” comunes y la “negociación en bloque” con el “exterior”.
Es integración “profunda” en petróleo, gas, electricidad, agua, infraestructura, seguridad y política exterior. No desaparece ni el muro ni el apartheid laboral. Lo que se desvanece sería “México” y “Canadá” como entes soberanos.
En reunión de consejo del ASPAN apremian a desarrollar los recursos energéticos
Empresarios de EU y Canadá piden informe sobre la operación de Pemex
Se mostraron “realmente muy interesados” en el plan nacional de infraestructura
Fabiola Martínez (Enviada)
Empresarios de EU y Canadá piden informe sobre la operación de Pemex
Se mostraron “realmente muy interesados” en el plan nacional de infraestructura
Fabiola Martínez (Enviada)
Análisis de expertos dictaminan que la actual legislación suprime beneficios laborales
La nueva Ley del ISSSTE perjudica prestaciones de burócratas: peritos
Desaparecen pensiones dinámicas y de contabilidad, así como la indemnización global
Los estudios serán presentados como pruebas de la inconstitucionalidad de la norma
Alfredo Méndez
La nueva Ley del ISSSTE perjudica prestaciones de burócratas: peritos
Desaparecen pensiones dinámicas y de contabilidad, así como la indemnización global
Los estudios serán presentados como pruebas de la inconstitucionalidad de la norma
Alfredo Méndez
Un análisis pericial sobre las consecuencias económicas de la nueva Ley del ISSSTE, elaborado por el maestro en finanzas, Robert Hernández Martínez, quien fue designado perito oficial por el Poder Judicial Federal (PJF), establece que dicha norma desapareció, entre otras prestaciones que tenías los burócratas, la jubilación, la pensión dinámica, la compatibilidad de pensiones con el desempeño de trabajos remunerados y la indemnización global.
Las conclusiones de este perito oficial coinciden con las aportadas por otro experto en actuaría y finanzas que fue contratado por una centena de profesores inconformes con la ley, en el sentido de que la norma afectará económicamente a los trabajadores al servicio del Estado.
Ambos estudios han sido presentados como parte de los juicios de garantías que se ventilan en los juzgados auxiliares creados para atender a alrededor de un millón de burócratas que han solicitado el amparo por considerar que la nueva ley es inconstitucional.
Entre las conclusiones a las que llegó el perito en materia de actuaría designado por la autoridad judicial destaca el hecho de que la norma actual disminuirá los alcances que el trabajador podría recibir por su pensión de retiro.
En un dictamen de más de 300 hojas y seis anexos, presentado y ratificado en las actuaciones del juicio de amparo 01/2007, el especialista expone que realizó el estudio y comparación de la Ley del ISSSTE actual con la que fue abrogada recientemente y que data de 1983.
El peritaje también incluyó la respuesta a diversas preguntas planteadas por la autoridad judicial. En una de ellas se cuestionó a Hernández Martínez si el trabajador que se retire con la nueva Ley del ISSSTE gozará de los mismos beneficios de jubilado que con la legislación anterior. La respuesta fue contundente: “No, porque la tasa de remplazo de la pensión por jubilación de la ley abrogada era de 100 por ciento, y no existía requisito de edad mínima sino sólo cumplir con 30 años de cotización (hombres) y 28 años de cotización (mujeres)”.
Las apreciaciones del experto refieren que la norma vigente desaparece la prestación denominada pensión por jubilación (incluida en el artículo 60 de la ley abrogada).
También desaparece la pensión dinámica, la cual se otorgaba a los beneficiarios al incrementar sus pensiones cada año, tomando como referencia en su favor la diferencia que pudiera existir entre el aumento a los salarios de los trabajadores activos y el índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior (esta prestación constaba en el artículo 57 de la legislación abrogada).
En la nueva ley sólo prevalece el Índice Nacional de Precios al Consumidor como indicador único de referencia para determinar los incrementos a las pensiones, precisó el perito oficial.
Asimismo, indicó en su dictamen que “cambia la definición de sueldo básico que se tomará en cuenta para efectos de la ley, ya que la norma abrogada establecía el salario integrado y la nueva solamente considera el ‘sueldo del tabular regional’ que para cada puesto se haya fijado, lo que repercute en la cuantía de los diferentes tipos de pensión que se calculen, en perjuicio de los trabajadores”.
Para el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, representante de cientos de amparistas, la coincidencia y los alcances de los peritajes ofrecidos y desahogados en el expediente número uno, de más de millón y medio que se encuentran interpuestos, “son relevantes para acreditar la inconstitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE y de su articulado al lesionar derechos laborales y patrimoniales adquiridos de los trabajadores al servicio del Estado”.
Agregó que ambos dictámenes periciales, el que presentaron los quejosos y el oficial, “deberán ser tomados en cuenta tanto por los jueces que conocen de los asuntos como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión”.
Además, “el dictamen oficial será utilizado para ofrecerlo como prueba pública de hechos notorios en el resto de los amparos y como prueba reina para abrogar la ley inconstitucional”.
En otro orden, Carlos Galindo, secretario de relaciones del sindicato de trabajadores de la UNAM, señaló que la Suprema Corte y los dos juzgados auxiliares no sólo actúan con “tortuguismo”, sino también con “indolencia” en los análisis jurídicos de los amparos interpuestos en contra de la Ley del ISSSTE.
Asimismo, informó que por esto el viernes próximo dicho sindicato hará una protesta frente a las instalaciones del máximo tribunal del país.
En entrevista con La Jornada, el sindicalista indicó que tan sólo en el caso de su gremio éste interpuso más de 25 mil amparos, los cuales no han sido resueltos.
Con información de Carolina Gómez
Las conclusiones de este perito oficial coinciden con las aportadas por otro experto en actuaría y finanzas que fue contratado por una centena de profesores inconformes con la ley, en el sentido de que la norma afectará económicamente a los trabajadores al servicio del Estado.
Ambos estudios han sido presentados como parte de los juicios de garantías que se ventilan en los juzgados auxiliares creados para atender a alrededor de un millón de burócratas que han solicitado el amparo por considerar que la nueva ley es inconstitucional.
Entre las conclusiones a las que llegó el perito en materia de actuaría designado por la autoridad judicial destaca el hecho de que la norma actual disminuirá los alcances que el trabajador podría recibir por su pensión de retiro.
En un dictamen de más de 300 hojas y seis anexos, presentado y ratificado en las actuaciones del juicio de amparo 01/2007, el especialista expone que realizó el estudio y comparación de la Ley del ISSSTE actual con la que fue abrogada recientemente y que data de 1983.
El peritaje también incluyó la respuesta a diversas preguntas planteadas por la autoridad judicial. En una de ellas se cuestionó a Hernández Martínez si el trabajador que se retire con la nueva Ley del ISSSTE gozará de los mismos beneficios de jubilado que con la legislación anterior. La respuesta fue contundente: “No, porque la tasa de remplazo de la pensión por jubilación de la ley abrogada era de 100 por ciento, y no existía requisito de edad mínima sino sólo cumplir con 30 años de cotización (hombres) y 28 años de cotización (mujeres)”.
Las apreciaciones del experto refieren que la norma vigente desaparece la prestación denominada pensión por jubilación (incluida en el artículo 60 de la ley abrogada).
También desaparece la pensión dinámica, la cual se otorgaba a los beneficiarios al incrementar sus pensiones cada año, tomando como referencia en su favor la diferencia que pudiera existir entre el aumento a los salarios de los trabajadores activos y el índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior (esta prestación constaba en el artículo 57 de la legislación abrogada).
En la nueva ley sólo prevalece el Índice Nacional de Precios al Consumidor como indicador único de referencia para determinar los incrementos a las pensiones, precisó el perito oficial.
Asimismo, indicó en su dictamen que “cambia la definición de sueldo básico que se tomará en cuenta para efectos de la ley, ya que la norma abrogada establecía el salario integrado y la nueva solamente considera el ‘sueldo del tabular regional’ que para cada puesto se haya fijado, lo que repercute en la cuantía de los diferentes tipos de pensión que se calculen, en perjuicio de los trabajadores”.
Para el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, representante de cientos de amparistas, la coincidencia y los alcances de los peritajes ofrecidos y desahogados en el expediente número uno, de más de millón y medio que se encuentran interpuestos, “son relevantes para acreditar la inconstitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE y de su articulado al lesionar derechos laborales y patrimoniales adquiridos de los trabajadores al servicio del Estado”.
Agregó que ambos dictámenes periciales, el que presentaron los quejosos y el oficial, “deberán ser tomados en cuenta tanto por los jueces que conocen de los asuntos como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión”.
Además, “el dictamen oficial será utilizado para ofrecerlo como prueba pública de hechos notorios en el resto de los amparos y como prueba reina para abrogar la ley inconstitucional”.
En otro orden, Carlos Galindo, secretario de relaciones del sindicato de trabajadores de la UNAM, señaló que la Suprema Corte y los dos juzgados auxiliares no sólo actúan con “tortuguismo”, sino también con “indolencia” en los análisis jurídicos de los amparos interpuestos en contra de la Ley del ISSSTE.
Asimismo, informó que por esto el viernes próximo dicho sindicato hará una protesta frente a las instalaciones del máximo tribunal del país.
En entrevista con La Jornada, el sindicalista indicó que tan sólo en el caso de su gremio éste interpuso más de 25 mil amparos, los cuales no han sido resueltos.
Con información de Carolina Gómez
eluniversal.com.mx
Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
28 de febrero de 2008
No a la Gestapo
Hace dos semanas apenas advertimos del México duro. Nos unimos así a un gigantesco coro colectivo. El de la inmensa mayoría de mexicanos de buena voluntad que en toda la geografía del país y desde los más diversos estratos sociales rechazamos la reforma judicial que la sabiduría popular rebautizó como Ley Gestapo.
Y apenas ayer nos despertamos con la buena nueva de que los señores diputados eliminaron del texto de la mentada reforma el párrafo maldito que autorizaba a las policías del país el allanamiento impune de nuestros domicilios particulares, con la misma brutalidad de siempre, pero ahora bajo el amparo de la Constitución. Un ajuste que no podemos dejar de reconocer y hasta aplaudir, pero que es un engañoso espejismo. Ojo: la reforma judicial de inminente aprobación sigue siendo un retroceso en las materias sustanciales de derechos humanos y garantías individuales. Y el hecho de que se haya eliminado la parte más grotesca y “espectacular” no la hace más sensata. Seguiremos sin tener un país más justo. Pero tendremos un país más duro.
Aun reconociendo que muchos legisladores obraron de buena fe en la rectificación, escuchando sensiblemente las voces de protesta, sería muy ingenuo ignorar que como bloques de partidos evaluaron los costos políticos y decidieron meter reversa. No es del todo exacto que digan ahora que la retracción se debe “a que la medida generó una gran polémica”. No. Lo que hubo es un rechazo unánime a un atropello tan evidente como abusivo. Lo único bueno es que, por ahora, se evitó. Lo malo es que en la reforma se quedan leyes que son verdaderos agravios: el rompimiento de la privacidad mediante el acceso total de autoridades a datos personales y bancarios de cualquiera a quien consideren sospechoso; la introducción de la figura del arraigo hasta por 80 días; la extensión de dominio y una serie de nuevas atribuciones y facultades extraordinarias al Ministerio Público y cuerpos policiacos. Un paquete explosivo dada la corrupción maloliente que caracteriza a nuestros órganos de justicia y las prácticas de barbarie de policías municipales, estatales y federales. En suma, un endurecimiento autoritario que no puede sino ser una señal inquietante para el país.
No obstante, hay que reconocer que es una reforma extraña y dispareja. Y por ello con avances notables: como la novedosa inclusión de juicios orales que facilitarán la impartición de una justicia más pronta y transparente; la implementación de los llamados jueces de control con facultades para revisar actos del Ministerio Público; el acceso a una defensoría de oficio de calidad y la incorporación de principios básicos como el derecho a guardar silencio.
Pero hemos dicho que esas zanahorias no compensan los garrotes para justificar la multimencionada guerra contra el crimen organizado. Y es que, precisamente en ese punto, la reforma parece indefinida con toda intención, evitando especificar qué es exactamente el crimen organizado, qué actos se inscriben en él, quiénes son los enemigos del Estado, y cuándo y cómo atentarían contra la seguridad nacional. En un país donde todavía hay decenas de presos políticos estas preocupaciones están lejos de la paranoia y se inscriben en un realismo marcado por décadas de guerra sucia, corrupción y abusos de la fuerza pública y los aparatos de justicia de gobiernos de todo signo.
Y todavía hay quienes en el Congreso y en el PAN lamentan rabiosamente que —por conveniencia político-electoral— se haya corregido la aberración de los cateos domiciliarios indiscriminados. Si por ellos fuera, la reforma tendría que ser todavía más severa. Sobre todo con los de abajo que a veces se alebrestan como en los tiempos de las tiendas de raya y a los que hay que someter, para que aprendan.
Tengo la impresión de que —como en las plazas públicas— en las cúpulas del poder hay palomas. Pero también halcones. Éstos creen que después del trauma de 2006 lo que hace falta es un gobierno cada vez más fuerte. Pero equivocan el método y los términos. En estos tiempos la fortaleza debe provenir del diálogo, la tolerancia y la inclusión.
Lo otro es una rudeza innecesaria y perversa, con el riesgo adicional de que puede revertirse en cualquier momento.
ddn_rocha@hotmail.com
No a la Gestapo
Hace dos semanas apenas advertimos del México duro. Nos unimos así a un gigantesco coro colectivo. El de la inmensa mayoría de mexicanos de buena voluntad que en toda la geografía del país y desde los más diversos estratos sociales rechazamos la reforma judicial que la sabiduría popular rebautizó como Ley Gestapo.
Y apenas ayer nos despertamos con la buena nueva de que los señores diputados eliminaron del texto de la mentada reforma el párrafo maldito que autorizaba a las policías del país el allanamiento impune de nuestros domicilios particulares, con la misma brutalidad de siempre, pero ahora bajo el amparo de la Constitución. Un ajuste que no podemos dejar de reconocer y hasta aplaudir, pero que es un engañoso espejismo. Ojo: la reforma judicial de inminente aprobación sigue siendo un retroceso en las materias sustanciales de derechos humanos y garantías individuales. Y el hecho de que se haya eliminado la parte más grotesca y “espectacular” no la hace más sensata. Seguiremos sin tener un país más justo. Pero tendremos un país más duro.
Aun reconociendo que muchos legisladores obraron de buena fe en la rectificación, escuchando sensiblemente las voces de protesta, sería muy ingenuo ignorar que como bloques de partidos evaluaron los costos políticos y decidieron meter reversa. No es del todo exacto que digan ahora que la retracción se debe “a que la medida generó una gran polémica”. No. Lo que hubo es un rechazo unánime a un atropello tan evidente como abusivo. Lo único bueno es que, por ahora, se evitó. Lo malo es que en la reforma se quedan leyes que son verdaderos agravios: el rompimiento de la privacidad mediante el acceso total de autoridades a datos personales y bancarios de cualquiera a quien consideren sospechoso; la introducción de la figura del arraigo hasta por 80 días; la extensión de dominio y una serie de nuevas atribuciones y facultades extraordinarias al Ministerio Público y cuerpos policiacos. Un paquete explosivo dada la corrupción maloliente que caracteriza a nuestros órganos de justicia y las prácticas de barbarie de policías municipales, estatales y federales. En suma, un endurecimiento autoritario que no puede sino ser una señal inquietante para el país.
No obstante, hay que reconocer que es una reforma extraña y dispareja. Y por ello con avances notables: como la novedosa inclusión de juicios orales que facilitarán la impartición de una justicia más pronta y transparente; la implementación de los llamados jueces de control con facultades para revisar actos del Ministerio Público; el acceso a una defensoría de oficio de calidad y la incorporación de principios básicos como el derecho a guardar silencio.
Pero hemos dicho que esas zanahorias no compensan los garrotes para justificar la multimencionada guerra contra el crimen organizado. Y es que, precisamente en ese punto, la reforma parece indefinida con toda intención, evitando especificar qué es exactamente el crimen organizado, qué actos se inscriben en él, quiénes son los enemigos del Estado, y cuándo y cómo atentarían contra la seguridad nacional. En un país donde todavía hay decenas de presos políticos estas preocupaciones están lejos de la paranoia y se inscriben en un realismo marcado por décadas de guerra sucia, corrupción y abusos de la fuerza pública y los aparatos de justicia de gobiernos de todo signo.
Y todavía hay quienes en el Congreso y en el PAN lamentan rabiosamente que —por conveniencia político-electoral— se haya corregido la aberración de los cateos domiciliarios indiscriminados. Si por ellos fuera, la reforma tendría que ser todavía más severa. Sobre todo con los de abajo que a veces se alebrestan como en los tiempos de las tiendas de raya y a los que hay que someter, para que aprendan.
Tengo la impresión de que —como en las plazas públicas— en las cúpulas del poder hay palomas. Pero también halcones. Éstos creen que después del trauma de 2006 lo que hace falta es un gobierno cada vez más fuerte. Pero equivocan el método y los términos. En estos tiempos la fortaleza debe provenir del diálogo, la tolerancia y la inclusión.
Lo otro es una rudeza innecesaria y perversa, con el riesgo adicional de que puede revertirse en cualquier momento.
ddn_rocha@hotmail.com
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