PRENSA EN MEXICO

PORTADAS EL UNIVERSAL: CHOCA AVIÓN CONTRA POSTE EXCÉLSIOR: RECLAMAN PERREDISTAS A AMLO MILENIO: JESÚS ORTEGA: NO A BLOQUEOS DE AMLO LA JORNADA: INGRESARON 42 MIL 886 MDD POR PETRÓLEO EN 2007 EL FINANCIERO: PIDIREGAS SUPERAN LA DEUDA EXTERNA LA CRÓNICA: ACUERDO TRIPARTITA ALEJA RIESGO DE COLAPSO EN EL DF
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: CHOCA AVIÓN CONTRA POSTEPor segunda vez en el año un avión de Aeroméxico sufrió un percance en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que obligó a cancelar el vuelo. Ayer alrededor de las 2:00 horas, el vuelo AM1991 con destino a Sao Paulo, Brasil, tuvo un accidente durante el rodaje previo a su despegue. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: RECLAMAN PERREDISTAS A AMLO Molestos por las agresiones verbales que recibió el senador Carlos Navarrete, así como el diputado Javier González Garza, perredistas ligados a la corriente Nueva Izquierda, que apoya a Jesús Ortega a la presidencia del partido, condenaron los hechos y arremetieron contra Andrés Manuel López Obrador. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: JESÚS ORTEGA: NO A BLOQUEOS DE AMLOEl candidato a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, se pronunció contra la toma de carreteras y aeropuertos como lo acordó el Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el aspirante de la corriente Nueva Izquierda insistió en que no está “a favor” de que se afecte los intereses de terceros. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: INGRESARON 42 MIL 886 MDD POR PETRÓLEO EN 2007 La economía mexicana dispuso de 108 mil millones de dólares en ingresos netos del exterior durante 2007, cantidad sin precedente de ahorro externo, pese a lo cual se tuvo un crecimiento de apenas 3.3 por ciento, indican informes del Banco de México (BdeM). VER AQUÍ NOTA COMPLETA.EL FINANCIERO: PIDIREGAS SUPERAN LA DEUDA EXTERNADurante 2007, México registró un endeudamiento con el exterior de 15 mil 83 millones de dólares, el mayor de los últimos 12 años. Este incremento se explica en gran medida por una mayor entrada de recursos de extranjeros para el financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), que el año anterior recibieron 13 mil 225 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de México. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: ACUERDO TRIPARTITA ALEJA RIESGO DE COLAPSO EN EL DFMediante un acuerdo de “ingeniería política” signado por los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México así como la federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por primera vez en 30 años se secará el drenaje profundo para dar paso a un programa integral de reparación y eliminar cualquier riesgo de inundación. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.

REFORMA JUDICIAL DAN MARCHA ATRÁS A CATEOS SIN ORDEN JUDICIAL VOTARÁ FAP EN CONTRA DE CATEOS PREVÉN QUE LA CÁMARA BAJA APRUEBE LA REFORMA
Por unafuente
Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que retirarán de la reforma Judicial, que se prevé hoy discutir y votar en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que las policías puedan entrar a un domicilio sin orden judicial, señala hoy EL UNIVERSAL. César Camacho (PRI), presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, confirmó que en la sesión de este martes, propondrán al pleno suprimir el párrafo que permite a las policías ingresar sin orden del juez.Hecho esto, explicó, el dictamen irá al Senado para que esa cámara ratifique o deseche el cambio, y de ahí, en el primer caso, vaya a los congresos estatales para su ratificación, informa EL UNIVERSAL.
VOTARÁ FAP EN CONTRA DE CATEOSLas fracciones del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados votarán contra la reforma al Artículo 16 constitucional de la llamada Reforma Judicial, al advertir que con ello se regresa a los tiempos de la “guerra sucia”, indicó para EL UNIVERSAL. Dijo que otros temas preocupantes pero que ya fueron aprobados son los relacionados con los arraigos y las extradiciones a Estados Unidos de delincuentes que están siendo procesados en México, pues a su juicio ello implica pérdida de soberanía. En tanto medio centenar de personas de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) se manifiesta en los accesos de San Lázaro contra la referida reforma, añade EL UNIVERSAL.
PREVÉN QUE LA CÁMARA BAJA APRUEBE LA REFORMALa reforma judicial que se apresta a ser aprobada hoy por el pleno de la Cámara de Diputados tomó 11 meses y llega con una fuerte división entre el bloque PAN-PRI y el Frente Amplio Progresista (FAP), es decir PRD, Convergencia y PT, así como otros partidos, publica EL UNIVERSAL. Por lo anterior, incluso la Secretaría de Gobernación ha intervenido en el cabildeo con las bancadas. El diputado César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la comisión de Justicia y uno de los principales impulsores de la reforma, acepta ante EL UNIVERSAL que el tema más polémico es el relativo al ingreso a domicilio sin orden judicial.



Los legisladores no deben aprobar la iniciativa, considera el ombudsman Soberanes


CNDH: la reforma judicial, retroceso en materia de garantías individuales


Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)


Mérida, Yuc., 25 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, reiteró su rechazo a la reforma judicial que analizarán hoy diputados federales, “porque constituye un retroceso para las garantías individuales”.
Posteriormente comentó, en conferencia de prensa, que los legisladores no deben aprobar esa propuesta, “porque es muy delicado que se rompa la inviolabilidad del domicilio. Es un paso atrás”, añadió.


El ombudsman nacional señaló que uno de los problemas más graves de México es la ausencia de políticas serias y eficaces para mejorar la seguridad pública, ya que no existe precedente en el país sobre el grado de penetración e influencia social que ha alcanzado el crimen organizado.
Manifestó que para combatir esa situación “tampoco es válido seguir con prácticas cotidianas, pero tampoco bastan los discursos, la mera voluntad ni la mano dura a corto plazo”. También calificó de “insuficiente” el aumento de penas, el incremento de las atribuciones de los policías y la presencia de cuerpos de seguridad en las calles.
Durante su visita a Yucatán para encabezar diversos actos relacionados con la aplicación de la justicia, Soberanes Fernández manifestó que la batalla definitiva se dará cuando se combata la corrupción. Además, abundó, las autoridades deben invertir en educación y prevención, así como desincentivar el consumo de drogas, propiciar la rehabilitación de adictos y formar mejores policías.


De igual forma, Soberanes Fernández calificó de “falsa” la tesis de que el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública son incompatibles. “Por el contrario, ambos conceptos son complementarios. Por esa razón no puede existir una norma que justifique la violación a los derechos humanos. La ilegalidad no se puede combatir con más ilegalidad”, resaltó.


Agregó que dicha propuesta de reforma significa un claro retroceso en lo logrado en materia de derechos humanos en años recientes, y una “contravención a nuestros compromisos internacionales en el rubro”.


Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Noticias falsas
Versiones fúnebres disparatadas
El fantasma (oportuno) de la violencia
Satanizaciones frente a movilizaciones
La página electrónica del diario Milenio alojó ayer de manera breve, pero destacada, una nota, presuntamente elaborada por la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex, con el siguiente encabezado: “Fractura en el PRD tras fallecimiento de AMLO: Acosta Naranjo” y el subtítulo: “El dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda llamó a una lucha contra la extrema derecha ‘yunquista’ tras el asesinato de AMLO”. La falsedad de la noticia era evidente apenas se avanzaba en su lectura. Decía, por ejemplo, que según Acosta Naranjo el crimen cometido “la tarde de este lunes en la plaza de Zócalo, en pleno Distrito Federal”, habría sido “organizado por las mismas fuerzas presidenciales”, aunque el mismo dirigente del sol azteca reconocería que le faltaba “información suficiente” y también se sospecharía “la participación de terroristas alemanes enlazados con una publicación mexicana”. Otros disparates hablaban de un aviso, la noche anterior, en el sentido de que llegaría “un Madrazo a la izquierda”, vinculando al ex candidato presidencial priísta, y que, para suceder al “presidente legítimo”, sonaban “fuertemente en los pasillos del PRD los nombres de Jorge Emilio González Martínez y Hugo Sánchez”.
No sería la primera ocasión en que, por descuido o por audacia, algún redactor novato o imaginativo colocara en redes de distribución periodística un material que no sólo no habría sido autorizado sino que evidentemente era falso, y tampoco pueden descartarse los asaltos a páginas electrónicas importantes que suelen hacer algunos especialistas en computación, genéricamente llamados hackers. Pero, al menos a la hora de escribir esta columna (casi las diez de la noche), ni Milenio ni Notimex habían emitido ninguna aclaración o consideración sobre el manejo que de su espacio electrónico (en el caso del diario) y de su nombre (en cuanto a la agencia) se había realizado para anunciar nada menos que el asesinato del principal político mexicano de oposición. Simplemente, la información (que había sido colocada en la parte superior del mencionado sitio de Internet a las 18:34 horas, según su registro oficial) fue desmontada poco antes de las 19:30.
La falsa nota fúnebre se inscribe, sin embargo, en la espiral de violencia política verbal (aunque ya con incidentes físicos, no desdeñables por pequeños) que oportunamente se ha desatado al mismo tiempo que el movimiento de resistencia pacífica ha anunciado su decisión de llevar a terrenos extremos su oposición a la venta calderonista del petróleo mexicano. Ese movimiento llevaba hasta este domingo un historial de impresionante limpieza (con una excepción indicativa de los riesgos reales de la infiltración y la provocación, en el incidente de las campanas de Catedral), pues, a pesar del vivo enojo de muchísimos ciudadanos concurrentes a plantones, marchas y manifestaciones, no se había roto un solo vidrio, como con legítima satisfacción lo remarcaba el dirigente López Obrador. Sin embargo, este domingo anunciatorio de cercos y bloqueos aparecieron con furia desconocida ciertos manifestantes que primero provocaron rechazo sonoro al coordinador de los diputados perredistas y luego ofensas, agresiones menores y persecución del coordinador de los senadores perredistas.
El resultado político neto es lesivo al movimiento encabezado por Andrés Manuel: la importancia del acto fue informativamente desplazada por los incidentes violentos (como sucedió cuando las campanadas norbertinas), los coordinadores legislativos necesarios para “huelgas” y acciones en defensa del petróleo tienen argumentos para ser reticentes y omisos, la corriente estructuralmente dominante en el PRD tiene material para tachar de acelerados y violentos a quienes políticamente les califican de colaboracionistas y traidores, y el fantasma de la violencia política es adecuadamente usado en medios oficialistas para asustar preventivamente a la población respecto a firmes acciones cívicas venideras.
Como en las novelas policiacas, es posible plantearse hipótesis a partir de dilucidar si el “crimen” beneficia a alguien. En este caso, todo lo que enrarezca, confunda y atemorice ayuda a la causa MouCal y a su vertiente Chucha. Por lo pronto, el segmento del PRD propicio a los entendimientos no confesos con el calderonismo pretende aprovechar los raros incidentes del domingo para acotar el discurso de López Obrador y para frenar las acusaciones de traición que se multiplican contra esa “izquierda moderna y dialogante”. Es necesario, sí, poner un alto oportuno a los desbordamientos violentos (genuinos o inducidos, naturales o provocados), pero ello no significa que se cancelen el debate y la confrontación de posiciones porque supuestamente con ello se generan los roces físicos y los incidentes violentos.
Por lo pronto, el “huevo de la serpiente”, del que Jesús Ortega suele hablar con expiatoria insistencia, dejó por primera vez en medios masivos la constancia de que en ciertos momentos críticos (ayer, los electorales; hoy, la defensa del petróleo) hay quienes juegan o fabulan con la posibilidad de deshacerse físicamente de un opositor terco y, hasta ahora, políticamente no destruido. No ha de magnificarse lo que muy probablemente fue un equívoco individual (un tirador escritural solitario) combinado con un descuido en la inmediatez de lo cibernético. Pero tampoco ha de dejarse sin constancia el hecho y tampoco ha de eludirse el contexto en que se produce, justamente cuando más conviene a la administración calderonista reactivar la satanización al movimiento encabezado por López Obrador y cuando quienes se sienten inminentes beneficiarios del gran negocio de los energéticos privatizados, tratarán de desactivar o amedrentar a la base social que podría oponerse a esos planes.
Y, mientras un fotógrafo veracruzano ha sido secuestrado, golpeado y amenazado por policías federales a quienes enoja el trabajo periodístico relacionado con sus abusos, ¡hasta mañana, con Bob Dylan entre boxeadores y en el Centro Histórico!



Luis Hernández Navarro
México: país de reprobados
En materia de derechos humanos México es un país de reprobados. El Estado no los respeta. Eso dicen, al menos, tres instituciones internacionales encargadas de la vigilancia de las libertades relativas a bienes básicos necesarios para una vida digna. Los tres organismos estuvieron en México este mes y dieron a conocer su diagnóstico y recomendaciones.
El uso del Ejército en funciones que corresponden a la policía en el enfrentamiento contra algunos cárteles del narcotráfico, la criminalización de la protesta social y el abuso policiaco contra los inmigrantes centroamericanos que cruzan el país para tratar de llegar a Estados Unidos han deteriorado el ya de por sí precario nivel de respeto a los derechos humanos. La inminente aprobación de la reforma judicial agravará aún más la situación.
Human Rights Watch (HRW) es una ONG dedicada a defender los derechos humanos que goza de amplia reputación internacional. Fue fundada en 1985. Elabora informes sobre derechos humanos. El pasado 13 de febrero recriminó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su papel “decepcionante” y “conformista” en la tarea de “mejorar el pobre historial” que en materia de garantías individuales existe en México.
Sostiene que el organismo dirigido por José Luis Soberanes “una y otra vez no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos en el futuro, no se opone a leyes y prácticas abusivas”. Según HRW, los funcionarios de la CNDH no monitorean la implementación de sus recomendaciones a dependencias de gobierno.
La ONG analizó casos emblemáticos de violación a derechos humanos en México, como el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, los crímenes de la guerra sucia y la represión a manifestantes. Calificó de “lamentable” la tarea “proactiva” de la comisión como principal impulsor de los cambios urgentes en México, para prevenir las prácticas abusivas. Mostró cómo el grupo no monitorea las recomendaciones y que 90 por ciento de las quejas presentadas a la CNDH son resueltas por la vía de la “conciliación” sin consultar a las víctimas.
Ante las críticas, en un arranque de patrioterismo barato, Javier Tapia, funcionario de la Segunda Visitaduría de la CNDH, señaló que “es lamentable que un grupo de extranjeros vengan aquí a criticarnos”. ¡Como si los derechos humanos no fueran de observancia universal!
Louise Arbour es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. A comienzos de febrero visitó México durante cuatro días. Dijo que en este país la situación de los derechos humanos plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Expresó su preocupación por el tema de la impunidad, que es el mayor reto que hay que enfrentar y derrotar. “Es preocupante –afirmó– el tema de los feminicidios, donde el sistema de justicia no protege a las mujeres.” Apremió al gobierno mexicano a destinar recursos para profesionalizar y garantizar la integridad de las corporaciones policiales.
La funcionaria de la ONU criticó la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia, “pues es fundamentalmente inapropiado –en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas– en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley”. Agregó que los tribunales civiles deben tener jurisdicción sobre los actos del personal militar y deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones a los derechos humanos perpetradas por elementos del Ejército Mexicano.
En esta ocasión, la defensa de las políticas de la administración de Felipe Calderón corrió a cargo del Senado. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, le respondió que la presencia militar en las calles “no es lo deseable”, pero es consecuencia de la descomposición de las fuerzas policiacas.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) tiene 10 años observando la situación que guardan las garantías individuales en el país. Apenas la semana pasada concluyó su sexta visita, en la que se entrevistó con 596 personas.
Según la CCIODH, “la situación de los derechos humanos en México es extremadamente crítica. Independientemente del ámbito al que afecten, la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”.
De acuerdo con esa comisión, durante el mandato del actual gobierno no se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones que efectuaron para los casos de Chiapas, Atenco y Oaxaca. Por el contrario, los abusos y atropellos continúan. No se ha actuado contra sus principales responsables ni atendido las causas que las originan. La comisión advirtió que el patrón de represión y hostigamiento a los espacios sociales de reivindicación implica no solamente la actuación de los distintos cuerpos policiales, locales y federales, sino que de él forma parte el Ejército Mexicano.
De nada sirve comparar lo que sucede en nuestro país con lo acontecido en alguna nación africana. El Estado mexicano está reprobado en materia de respeto a los derechos humanos. La inminente aprobación de la reforma judicial agravará la situación aún más. El hecho tiene consecuencias enormes para la paz pública y la solución a las demandas sociales. Que nadie se llame a engaño.



Nora Patricia Jara
Mujeres en el DF
El Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal ha puesto un enlace en su página de Internet con un decálogo que promueve el ejercicio de la democracia como una práctica ciudadana y personal que comienza en casa y en familia. Los diez conceptos, de manera sencilla y breve, abogan por acciones y valores, con base en el respeto a los derechos de cada miembro de una familia, asumiendo cada quien su responsabilidad y obligaciones, que recuerdan deben ser compartidas de manera igualitaria, sin exclusión, discriminación y con la premisa de tratar de buscar el diálogo y el consenso, para la resolución no violenta de las controversias que surgen en los hogares.
La campaña emprendida por la institución que encabeza Martha Lucía Mícher, se suma discreta, pero de forma atractiva, a la reflexion sobre la familia que ha impulsado el Consejo de la Comunicación Asociación Civil, que se denomina Voz de las Empresas, desde inicios del gobierno de Vicente Fox, el día 4 de marzo de cada año; sin embargo en “Esta Familia”, como titulan los diez puntos del IMDF se trata de crear hábitos y promover acciones para la convivencia en armonía, sin discursos de falsa moral o que no corresponden a la realidad de las familias mexicanas, las que igual son cosmopolitas, o preservan su tradición y cultura, junto con ello también antiguos atavismos.
La armonía familiar se sugiere, por ejemplo, como el hecho de aceptar a cada persona como es y en su diferencia, al tiempo que no soslaya el fin de la felicidad como resultado de amarse y de aprender a vivir en compañía en un contexto diverso y complejo.
El decálogo es resultado del diagnóstico que se hace en el marco teórico conceptual de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal: describe la transformación de la estructura familiar que ha generado el cambio de posición de la mujer en la sociedad y al interior del conjunto de los miembros que la componen, ya sean pareja, cónyuges, hijos, hijas, padres, abuelos, tíos o cualquier otra persona que la integre, con o sin lazos consanguíneos, producto de “un conjunto disímil y muy variado de arreglos familiares” existentes actualmente, para lo cual el texto define a la familia nuclear como: una estructura jerárquica de poder con base en la división de tareas de género, en contraposición de la concepción que da al término de la familia actual: “realidades muy diversas”.
Y es que al menos en la capital del país, la ley reconoce a una serie diversa de arreglos de convivencia entre personas que habitan un mismo techo, mismos que van en aumento, lo que orilla a enfrentar legal y socialmente la nueva realidad de las familias de hoy, que se componen de adultos de distinto o del mismo sexo, unidas o en matrimonio, con hijos propios o provenientes de otras parejas o matrimonios anteriores, de uno o ambos miembros de la pareja, hogares monoparentales, familias extensas, etc.
A la diversidad de arreglos de que se compone una familia, se suma la transformación de roles que han adoptado los miembros en su interior, como: hogares con una jefa de hogar y no jefe de familia, niños que trabajan y son proveedores, ancianos que cuidan a los hijos de los padres que trabajan, son parte de lo cotidiano, y son cambios que cuestionan el ejercicio convencional del poder dentro de una estructura de organización que se adecua a un nuevo presente y futuro, no sin manifestar sus desequilibrios como los conflictos y problemas no resueltos, y que por su complejidad resultan difíciles de atender adecuadamente, lo que propicia acciones y actitudes violentas al interior de los hogares. Sin duda, la distinta conformación de la composición, rol y función de los miembros de la familia origina tambien una nueva identidad femenina y masculina, que es necesario reconocer desde una perspectiva de género, ya que la diversidad también se construye desde la base de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, diferencia que lleva al abuso y a la violencia. Es un hecho según las estadísticas, que la violencia que padecen las mujeres se manifiesta mayoritariamente en los hogares.
El INEGI registra desde el año 2003 que 21.8 por ciento de las muertes de mujeres ocurren en casa y que de cada 30 muertes diarias de mujeres, 26 son por diversos accidentes, 6 por homicidio o suicidio. Por esto es importante, en estos días en que escuchamos insistentemente que la familia es el sentido de la vida y que la familia sólo es entre quienes tienen amor o lazos consanguíneos, y necesario pensar en el cambio que vivimos en una organización social que privilegia aún el modelo de poder vertical, autoritario y desigual dentro y fuera de la familia. Cualquier contribución para impular una reducación con base en la equidad y la auténtica democracia en cualquiera de sus ámbitos es de llamar la atención


Realizan sesión del Foro sobre la Despenalización del Aborto correspondiente a febrero
No es individuo biológico un embrión de 12 semanas; menos, persona: Tapia
No es posible que el Estado quiera imponer una visión moral o religiosa a la sociedad: Carpizo
Cerrazón de los jerarcas eclesiásticos para entender los cambios demográficos ocurridos en el siglo XVIII: De Barbieri
También participaronn Olga Islas, Pedro Morales y Alberto Sladogna
Para Jorge Carpizo, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el laicismo representa el máximo respeto a todas las orientaciones políticas e ideológicas. “No es posible que el Estado quiera imponer una visión moral o religiosa a la sociedad; al contrario, debe ser el garante de que toda concepción sea respetada. El laicismo es tolerancia y, desde este punto de vista, es sinónimo de democracia.”
El ex rector de la UNAM y ex procurador general de la República señaló que en el análisis que realiza la Suprema Corte los elementos médicos y bioéticos son esenciales y por ningún motivo se pueden desconocer. “En el mundo de hoy contamos con avances científicos que son indispensables en la interpretación constitucional, porque si no, todavía pensaríamos que el Sol gira alrededor de la Tierra o que ésta es plana.”
La interpretación constitucional tiene una gran finalidad: la defensa de los derechos humanos. Para el ex rector de la UNAM, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para legislar sobre el aborto y no existe un conflicto de derechos en la Constitución entre la mujer gestante y el embrión, pues si bien a éste se le considera un bien jurídicamente tutelado, carece de derechos fundamentales.
Sociología de la prohibición
En su intervención, Teresita de Barbieri, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que las más altas autoridades de la jerarquía católica no se cansan de repetir el grave pecado que produce el aborto. Una y otra vez expresan violentos juicios ante cualquier argumento que pueda llevar a medidas estatales para su despenalización. La prohibición es presentada como proveniente de tiempos inmemoriales. Sin embargo, se sabe que su antigüedad es muy reciente, el siglo XIX, en la larga historia de la Iglesia.
Feminista distinguida y mujer excepcional, De Barbieri coincidió con los autores que sostienen que la postura de la Iglesia está relacionada con una cerrazón de los jerarcas eclesiásticos para entender los procesos de la transición demográfica ocurridos en Europa occidental a partir de las primeras décadas del siglo XVIII.
Ineficacia de la penalización
Olga Islas, doctora en derecho e investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que la penalización del aborto ha sido totalmente ineficaz para resolver el grave problema social que éste entraña. Los índices del aborto clandestino ligados a la cifra negra de los mismos lo demuestran. Considerar que con sancionar el aborto en el Código Penal el asunto está resuelto, y nuestras conciencias a salvo, es dar la espalda al problema real no sólo de las mujeres, sino de las familias y de la sociedad en general.
La ex presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales señaló que en el ámbito jurídico la polémica siempre ha tomado dos caminos muy distantes e irreconciliables: por un lado, el estrictamente social y jurídico, que aspira a la despenalización de la interrupción consciente y voluntaria del embarazo o al menos la reducción del ámbito delictivo; por otro, el rigurosamente moral y religioso, que, con rigidez, pretende conservar su penalización, con las menores excepciones. En otros términos, un amplio grupo social clama por que el aborto no se vea como problema penal, sino como un serio problema social de salud pública, que debe ser atendido de manera urgente por el Estado.
Aborto y derechos fundamentales
Pedro Morales Aché, abogado y secretario ejecutivo del Colegio de Bioética, señaló que si bien son respetables las diversas consideraciones de índole moral, religiosa o ideológica que se pueden tener en relación con el aborto, el análisis jurídico sobre la constitucionalidad de determinada regulación legal del aborto necesariamente presupone un debate racional y laico, a partir de las disposiciones contenidas en la Ley Fundamental, así como de las reglas de interpretación constitucional.
El especialista en salud y derechos humanos afirmó que en este caso se trata de derechos fundamentales cuya titularidad corresponde a las mujeres y que, eventualmente, pueden ser lesionados con una determinada regulación legal del aborto, entre otros, destacan: a) el derecho a la vida, que sin duda alguna está reconocido y protegido por la Constitución Mexicana y que no sólo debe ser interpretado en su faceta negativa o prohibitiva, sino también en su faceta positiva (obligación de generar condiciones de vida digna y de prestar aquellos servicios que sean necesarios para su salvaguarda); b) el derecho a la protección de la salud, que de acuerdo con jurisprudencia definida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprende tanto la salud fisiológica como la sicológica, y c) el derecho a la libertad reproductiva, cuyo solo reconocimiento en el texto de la ley fundamental determina que para el constituyente mexicano la procreación no sólo debe ser vista y tratada normativamente como un proceso biológico, sino regulada básica y preponderantemente como un acto de conciencia y voluntad, lo que normativamente descarta la posibilidad de que las mujeres sean caracterizadas y tratadas como un mero instrumento reproductivo.
Mirada desde la neurobiología
Ricardo Tapia, profesor emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, dio las claves sobre la formación de la persona durante el desarrollo embrionario. El avance en el conocimiento sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo del embrión y la fisiología del embarazo ha aportado información muy relevante para determinar, desde el punto de vista científico, la etapa del desarrollo embrionario en que se puede considerar que el feto ha adquirido las características de ser humano. En especial, las investigaciones en el campo de la neurobiología han aportado datos fundamentales, pues es claro que el funcionamiento del sistema nervioso central es lo que da al ser humano las características que lo distinguen y diferencian de otras especies de primates.
Tan es así, añadió Tapia, que la diferencia entre el genoma humano y el del chimpancé sólo es de alrededor de uno por ciento, y datos recientes señalan que la información genética contenida en este uno por ciento es precisamente la que determina las propiedades que distinguen al cerebro humano del de otros primates. Por eso el conocimiento neurobiológico sobre el desarrollo anatómico y funcional del sistema nervioso humano permite afirmar que no se puede hablar de persona hasta el tercer trimestre del embarazo, y por eso no hay duda de que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona.
El enfoque sicoanalítico
El sicoanalista Alberto Sladogna examinó el aborto desde la perspectiva del deseo. Un analista, dijo, no está en contra ni en favor de una ley que permita el aborto. Tampoco puede estar en favor de la actual ley que persigue de manera penal, moral o de otra forma, a cada mujer que decide practicarlo. El analista analiza, y cuando lo hace no opera como ciudadano, político o ideólogo. Sólo toma nota de un hecho cotidiano que se escucha en el diván: las prohibiciones penales en el país, como ocurre en este caso, sólo conducen a lo peor.
Existen muchos argumentos para defender el derecho a efectuar un aborto; a la vez, estos argumentos son rechazados a nombres de otras razones. Entre ellas llama la atención que la Iglesia católica y el grupo Provida argumenten razones científicas –de orden biológico– dejando de lado sus razones teológicas; quizás las velan porque tienen algún inconveniente para hacerlas valer. De todas maneras llama la atención que en este mundo de razones no se tome en cuenta un tema obvio: cuando una mujer decide efectuar un aborto o decide no hacerlo o continuar un embarazo, ¿se trata de una decisión basada en razones, o sólo está sustentada en su deseo?
Los textos completos pueden leerse en http://ciencias.jornada.com.mx


Los embarazos de menores, problema de salud pública; falta de educación, la causa
Adolescentes, madres de uno de cada cuatro neonatos, afirman académicos
De la redacción
Uno de cada cuatro niños que nacen en el país es hijo de una adolescente, señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras indicar que los embarazos de menores constituyen un problema de salud pública y tienen gran impacto social.
“Las jóvenes en esa condición enfrentan, en muchas ocasiones, un entorno adverso: rechazo familiar, expulsión de la escuela o pérdida de la red de amistades, con la consecuente depresión, aislamiento y baja autoestima”, indicaron.
Tomás Zepeda, jefe de las clínicas multidisciplinarias de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ), destacó que los embarazos deben ser un asunto de responsabilidad e información que involucre a los varones, no únicamente a las mujeres, pues los primeros “no sólo aportan la mitad de los cromosomas y determinan el sexo del nuevo ser, sino también pueden transmitir enfermedades y ‘echarle a perder la vida’ a una chica”.
Entre las infecciones que con más frecuencia se adquieren entre los 15 y 19 años de edad, y de las que poco se habla, están la del virus del papiloma humano, que puede producir cáncer; la hepatitis B, y el VIH-sida, destacó Zepeda.
A su vez, Mirna García Méndez, jefa de la carrera de sicología de la FESZ, señaló que los embarazos en la adolescencia son originados por la falta de educación, pues si aparentemente existe “se queda en el papel, sin llevarse a la práctica. Además los padres no saben cómo hablar de sexualidad con sus hijos”.
En tanto, Carlos Welti, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales, refirió que entre los eventos que marcan la vida humana se encuentran “la primera unión sexual y el nacimiento del primer hijo”.
De acuerdo con un comunicado de la UNAM, a los 19 años más de la mitad de las mujeres ya han tenido su primer coito.
“Es notorio que al cumplir 18 años se produce un importante incremento en los porcentajes de chicas que se inician sexualmente, precisamente cuando adquieren la ciudadanía”, detalló Welti.
La Organización Mundial de la Salud considera embarazo temprano el que ocurre entre los 15 y 19 años de edad.




Serpientes y EscalerasSalvador García Soto26 de febrero de 2008
Un pequeño error, ¿un enorme retroceso?
La polémica iniciativa de reforma judicial hoy será votada y, todo indica, aprobada. No habrá oídos que escuchen las preocupaciones de quienes la cuestionan. A partir de que entre en vigor, todos estaremos más vulnerables
Sordos antes las voces que les gritan y les piden esperar antes de aprobar una reforma judicial que afectará garantías fundamentales de los mexicanos y legalizará abusos policiacos, los diputados se aprestan hoy a aprobar cambios a varios artículos de la Constitución.
Con las modificaciones que hoy votará a favor una mayoría de legisladores de PRI, PAN, PVEM y Panal, se ampliarán las facultades de los cuerpos de seguridad del Estado para combatir al crimen organizado; pero también, en ese afán, se dejará a criterio de las ineficaces y cuestionadas policías del país una serie de decisiones y facultades discrecionales que podrían generar un estado de excepción y volver constitucionales las violaciones graves a las garantías de los ciudadanos.
Juristas, constitucionalistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado el contenido de las llamadas “reformas judiciales”. Los críticos más duros la han llamado Ley Gestapo, porque dicen que, junto con el clamor social de dar más instrumentos al Estado para frenar a la delincuencia organizada, se está abriendo la puerta para que luchadores sociales, grupos subversivos, críticos y disidentes del sistema puedan ser catalogados como “delincuentes organizados” y se les apliquen los criterios policiacos que permiten detenciones sin orden de aprehensión, allanamientos domiciliarios sin orden de un juez, intervenciones telefónicas o arraigos por hasta 80 días sin comunicación.
El argumento de los diputados en defensa de su ley es que los supuestos para darles a los cuerpos policiacos facultades sin órdenes de un juez sólo se aplican a situaciones de flagrancia o de riesgo de la vida para el allanamiento de moradas; en descargo, dicen, las reformas introducen los juicios orales, tema largamente reclamado por especialistas para simplificar y eficientar el funcionamiento del sistema judicial y abatir el enorme rezago acumulado en los juzgados, colegiados y tribunales.
Lo cierto es que hoy, si no sucede otra cosa, una mayoría parlamentaria aprobará la cuestionada reforma judicial. Lo hará tres semanas después de lo que habían previsto los diputados, que originalmente habían pensado llevar al pleno esta iniciativa desde finales del pasado mes de enero.
El retraso de casi un mes en la votación de las reformas se debió a un “pequeño error” cometido por los diputados en la redacción de los cambios a la Carta Magna. Resulta que cuando ya la iniciativa había sido aprobada por los diputados y por los senadores, que le hicieron modificaciones menores, en San Lázaro se dieron cuenta de que en el segundo artículo transitorio que contienen las reformas, donde se establece que varios de los cambios al sistema penal procesal entrarán en vigor hasta dentro de ocho años, se incluyó el artículo 21 en su párrafo cuarto, que a la letra dice:
“Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley”.
El problema es que ese párrafo del 21 constitucional no fue objeto de reforma alguna, y en él se establece el derecho de los acusadores a impugnar o apelar una decisión del Ministerio Público que deseche sus acusaciones por supuesta falta de elementos. Ese derecho fundamental del sistema procesal y de justicia se posponía hasta dentro de ocho años, según la redacción que contiene el segundo transitorio, cuando en realidad ese párrafo nunca se modificó.
Al darse cuenta de su error y ante el temor de una impugnación que tirara la reforma, los diputados decidieron posponer la votación que ya se había previsto para la primera semana de febrero. Preocupados, entraron en un análisis para ver cómo remendaban la iniciativa. Hubo una serie de jaloneos entre los partidos y diversas consultas entre diputados y senadores.
Primero pensaron corregirlo con una “fe de erratas”, pero los expertos les dijeron que eso no era posible en la técnica legislativa; luego los diputados propusieron que ellos corregían el segundo transitorio y reenviaban la iniciativa al Senado para que allá aprobaran la corrección; pero otra vez los expertos les advirtieron que eso no era posible porque violaría el procedimiento parlamentario del artículo 72 constitucional y haría que la reforma judicial se tuviera que ir hasta otro periodo de sesiones al agotarse el proceso.
El riesgo de devolverla al Senado, les dijeron sus asesores, era que se abría la puerta para que alguien impugnara la reforma y pudiera buscar tirarla ante la Corte, no por su contenido, sino por violaciones en el proceso legislativo. En un amparo no se puede reclamar el contendido de una reforma constitucional, según criterios de la Corte, pero lo que sí se puede es reclamar ante los ministros la anulación de una reforma a la Carta Magna si no se siguió el procedimiento que la propia Constitución marca para hacerle cambios.
Al final, tras un mes de sesudos análisis, los diputados decidieron publicar en la introducción (exposición de motivos) de la iniciativa que hoy se publica en la Gaceta Parlamentaria y que será votada en el pleno, una aclaración en la que explican que la redacción de sus artículos transitorios (incluido el del error) no afecta principios del sistema procesal penal que ya están en vigencia, es decir, que no hagan caso de su error y que el párrafo cuarto del 21 constitucional está vigente.
Al final, con todo y errores, la polémica iniciativa hoy será votada y, todo indica, aprobada. No habrá oídos que escuchen las preocupaciones de quienes la cuestionan. Y a partir de que entre en vigor, todos estaremos mucho más vulnerables, expuestos a que un buen día un jefe policiaco o un simple oficial de esos qué no se sabe bien a bien de qué lado están decida que somos sospechosos y nos detenga sin más ni más, o entre en nuestro domicilio pretextando las nuevas facultades supraconstitucionales que los diputados y senadores les otorgaron.
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