Secuestradores del albazo

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Rostros desencajados y acusaciones histéricas sustituyeron, de la mañana del 8 al mediodía del 11, los discursos sobre el desempolvado rumbo de acceso directo de México al primer mundo, con la aprobación de las cinco iniciativas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para ensanchar los caminos a la inversión privada, extranjera y nacional, en Petróleos Mexicanos.

Sobre la naturaleza de la reforma no deja lugar a dudas la voz de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que, para fortuna de muchos, trascendió la conducta de reducir a “rounds de sombra”, los planes de Calderón Hinojosa que ahora juzga en los siguientes términos:

“De las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo al Senado de la República el pasado 8 de abril, relacionadas con la industria petrolera y con Petróleos Mexicanos, que en otra ocasión habrá que comentar en conjunto, la que de llevarse a la práctica significaría un cambio profundo en la situación y condición de la industria petrolera y, sobre todo, una grave pérdida en el presente y en el futuro para la nación, es la correspondiente a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que plantea la apertura a la inversión privada de funciones esenciales de la industria hasta ahora reservadas en exclusiva a la acción del Estado mexicano.”

Naturalmente que esta opinión del hijo del expropiador del petróleo, hace siete décadas, a diferencia de otras cuenta con el vacío del aparato comunicacional: la aplastante mayoría de los medios que cierran filas y actúan al unísono con el grupo gobernante y los 39 dueños de México.

El linchamiento mediático hizo a un lado, como es habitual, la información y el comentario periodísticos, se refugió, como en julio-diciembre de 1968 y en los mismos meses pero de 1988, en el vómito de adjetivos calificativos: secuestradores, minoría, el capricho de un líder, violentos, minoría de la minoría, órdenes del caudillo, golpe de Estado, cacique, izquierda primitiva, radicales, fanaticada… Lo relativamente novedoso fue que se apoyaron en las opiniones de Ruth Zavaleta Salgado, Fernando Belaunzarán y Víctor Hugo Círigo Vázquez.

El duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico denuncian a los secuestradores de la sede deliberativa del Senado, mientras secuestran la información a la sociedad –en nombre de la cual habla sin rubor Joaquín López Dóriga-- y el derecho de replica, consagrado en el sexto constitucional. Olvidan, como siempre, que disponen de concesiones del Estado y que tienen obligaciones sociales.

Es natural la conducta facciosa de la mediocracia. Con la toma de los salones de sesiones de Xicoténcatl y de San Lázaro se hicieron añicos los objetivos del grupo gobernante y la plutocracia para que en dos semanas, como fue reconocido por Calderón en El canal de las estrellas, se aprobaran las reformas.

El fast track como práctica parlamentaria estadunidense implica 90 días de deliberaciones y negociaciones. Los torpes aduladores aztecas hasta eso pretendían secuestrar y reducirlo a la política del albazo, que fue desarticulada por el Frente Amplio Progresista, respaldado en las calles del Distrito Federal y del país por cada vez más ciudadanos, excepto una parte de Nueva Izquierda.

La estrategia del mayoriteo con la aplanadora del Prianal, es decir: PRI, PAN y Panal –la rentable franquicia de Elba Esther Gordillo Morales-- y reducir al FAP al ejercicio del derecho al pataleo, ya se quebró y el Revolucionario Institucional se vio precisado a aprobar “un análisis exhaustivo” y reconocer que los “17 días que restan del periodo ordinario son Isuficientes”.

Oportunamente Utopía advirtió que sólo un debate nacional sin exclusiones podría coadyuvar a que el primer paquete de iniciativas legislativas en materia petrolera, no polarice aún más el encrespado clima político.

Y si usted me lo permite, insisto: “Dejar las decisiones nacionales en manos de las elites políticas y legislativas aliadas o cooptadas por el grupo gobernante, pareciera suicida.”

Acuse de recibo

Denuncia Amnistía Internacional la detención y torturas que sufrió Miguel Ángel Tornez Hernández por la Policía Judicial de Guerrero, en el municipio de Ayutla de los Libres.

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