Forum 176. Abril
José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com
* El ahora presidente de Movistar tendió una cortina de humo con la complicidad de los gobiernos panistas que le han dado impunidad. El desorden en aduanas persiste y se llegó a prácticas propias del crimen organizado para ocultar la estructura de la empresa ISOSA cuando su director de Operaciones, Francisco Villarreal Antelo, fue victimado el 29 de agosto de 2006.
Francisco Gil Díaz, acusado de violar la Ley de Responsabilidades por haber aceptado en enero de 2007 ser miembro del Consejo de Administración de Hong Kong Shangai Bank Corporation (HSBC); sin renunciar al cargo, en marzo de 2007 pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Administración de la empresa española Telefónica Móviles (Movistar).
José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com
* El ahora presidente de Movistar tendió una cortina de humo con la complicidad de los gobiernos panistas que le han dado impunidad. El desorden en aduanas persiste y se llegó a prácticas propias del crimen organizado para ocultar la estructura de la empresa ISOSA cuando su director de Operaciones, Francisco Villarreal Antelo, fue victimado el 29 de agosto de 2006.
Francisco Gil Díaz, acusado de violar la Ley de Responsabilidades por haber aceptado en enero de 2007 ser miembro del Consejo de Administración de Hong Kong Shangai Bank Corporation (HSBC); sin renunciar al cargo, en marzo de 2007 pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Administración de la empresa española Telefónica Móviles (Movistar).
Desde esa posición ahora reclama a Carlos Slim que “cumpla la ley” y que autorice a la telefónica la conexión de sus sistemas para competir en la prestación del servicio. A la fecha es investigado por el Congreso por sus cuentas pendientes, acumuladas en un grueso expediente de fideicomisos públicos que en el sexenio pasado se caracterizaron por la opacidad en su funcionamiento.
Para Miguel Badillo Cruz, periodista que reunió sus investigaciones de varios años en el libro ISOSA, fraude transexenal a la nación, Gil Díaz propició una compleja red de corrupción gubernamental “responsable de uno de los peores saqueos a las finanzas públicas”.
Carolina Rocha escribió en El Universal (16-I-07) sobre la discrecionalidad con la que se ejerce el control de la entrada y salida de mercancías en los 200 puntos de revisión de las 49 aduanas del país a través de un sistema “inteligente” operado hasta 2006 por la Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA), una empresa privada que hasta entonces no había rendido cuentas.
“El personal de las aduanas ignora qué mercancías están por convertirse en un riesgo a la nación, qué agente aduanal está sujeto a procedimiento administrativo o qué importador está bajo sospecha. Los parámetros que determinan cuáles de los 24 mil camiones que cruzan a diario las fronteras deben ser revisados varían por tiempo real y siempre por designio de un comité técnico que sesiona diariamente en el Distrito Federal”.
Pedro Ángel Contreras López, administrador de la aduana de Nuevo Laredo, explicó que “lo hace a nivel central el comité y nosotros prácticamente absorbemos esa decisión”. La única certeza que tienen quienes trabajan en el negocio aduanal y no lo estipula la ley, es que 10 por ciento de las mercancías que ingresan al país debe ser revisado.
Por esta razón, entre los fideicomisos sobresale ISOSA, que ha significado para el país un quebranto superior a los 10 mil millones de pesos en las finanzas públicas, porque estos recursos no ingresaron a las arcas públicas, según análisis que hizo Mario Di Constanzo a La Jornada, en noviembre de 2006, información que Badillo Cruz documentó con precisión en su libro.
“En su informe la Auditoría Superior de la Federación también descubre irregularidades relacionadas con los bancos recaudadores del Derecho de Trámite Aduanero por un monto de once mil 279 millones cien mil pesos. El análisis se deriva de los reportes diarios bancarios de la concentración y distribución de la recaudación de las contribuciones al comercio exterior y los formatos SIAC-Banxico de diciembre de 2003, proporcionados por el SAT (Sistema de Administración Tributaria)”.
Esta cantidad es la mitad del presupuesto de la Secretaría de Salud, dijo Di Constanzo, quien repitió los datos de la investigación de Badillo:
“Evidentemente ha habido irregularidades que han querido soslayarse. El propio Gil Díaz ha señalado que la Suprema Corte de Justicia resolvió que estos recursos eran privados, no públicos. Pero en su argumento lleva la falsedad, porque efectivamente la Corte determinó que esos recursos son privados”.
Sin embargo, agregó, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación han indicado que de más de diez mil millones de pesos, dos mil 457 millones ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. Entonces, si son públicos tendrían que regresar todo y si son privados, por qué tuvieron que reintegrar esa cantidad.
Los pendientes de Gil Díaz
“En el gobierno de Fox se utilizó la figura del fideicomiso para evadir y eludir la rendición de cuentas, con el argumento del llamado secreto fiduciario. El caso de la llamada deuda contingente (Fobaproa, Farac, entre otros) y de los Pidiregas escandaliza y nos induce a pensar que hay deuda que de manera ilegal se está cargando a los contribuyentes”, dijo el secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“Nada más falso decir que queremos desconocer la deuda. Queremos revisarla para ver cuál es legal y cuál no, porque el costo financiero de la deuda que se estima para el 2007 anda como por los 273 mil millones de pesos de puros intereses, es una cifra históricamente alta.
Sólo por intereses de Pidiregas, agregó, en 2007 se tuvo que pagar una cantidad muy cercana a los 20 mil millones de pesos, que sumados a los 35 mil millones del rescate bancario, más la deuda del Farac (autopistas de cuota), por lo menos hay 55 mil millones de pesos en pagos de intereses de deudas no legítimas y no legales.
Desde entonces Di Constanzo comentó sobre el diagnóstico de la economía nacional antes de iniciar la presente administración: “Ellos han visto que el modelo está bien, que solamente hay que hacerle dos pequeños ajustes, y me atrevo a decir que los ajustes en los que están pensando son: abrir el sector energético y uniformar la tasa del IVA. Piensan que estas medidas son el ‘tornillito’ que hará que la máquina funcione”.
En abril del año pasado, Erika Ramírez publicó en la revista Fortuna que sin el escrutinio del Congreso, y gracias a los recursos excedentes generados por los sobreprecios del petróleo, Gil Díaz se dedicó en los últimos meses de su administración en generar un nuevo esquema de retiro para los trabajadores de la banca de desarrollo en el que después de cubrir las obligaciones con el personal jubilado, se individualizaran las cuentas.
Los recursos de estas cuentas, bajo el mismo modelo que las gestionadas por las administradoras de fondos para el retiro (Afores), los cuales serían depositados y manejados por fideicomisos privados. Hasta entonces no se había constituido ninguna entidad privada, pero los trabajadores pensionados en la banca de desarrollo saben de la existencia del riesgo.
Esta fue la propuesta que trató de imponer Gil Díaz en el último consejo directivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, en agosto de 2006, en el que participó el extitular de la SHCP y el tema central fue modificar el sistema de pensiones de la institución para poder disponer con libertad de todos los recursos.
Antes de autorizar las partidas presupuestales que permitirían a la banca de desarrollo solventar el déficit actuarial que pondría en riesgo la entrega de recursos para sus pensionados, Gil Díaz buscó condicionar la entrega de dichas partidas presupuestales a la constitución de fideicomisos privados para administrar por fuera los nuevos fondos con cuentas individualizadas para el retiro.
Un cadáver en el clóset
En la misma línea de los fideicomisos, Gil Díaz tendió una cortina de humo con la complicidad de los gobiernos panistas que le han dado impunidad, pues el desorden en las aduanas persiste y se llegó incluso a prácticas propias del crimen organizado para ocultar la estructura de la empresa ISOSA cuando su director de Operaciones, Francisco Villarreal Antelo, fue victimado el 29 de agosto de 2006.
El asesinato de Villarreal Antelo se produjo cuando Gil Díaz se propuso cerrar el expediente Aduanas-ISOSA a más tardar el 30 de noviembre de ese año, bajo el más estricto sigilo, lo cual se malogró cuando trascendieron las maniobras a los medios electrónicos y las primeras planas de los periódicos.
Para el 29 de agosto de 2006 estaba en juego el manejo extrapresupuestal de al menos 19 mil millones de pesos, relata Badillo. La línea de investigación tras la muerte del ejecutivo de la empresa ISOSA en la vía pública fue calificada como un ajuste de cuentas por la actividad que realizaba Villarreal Antelo como operador de Gil Díaz.
A la fecha se desconoce el móvil que llevó al crimen de Villarreal Antelo en la vía pública, cuando había dejado en el colegio a sus hijos, después de que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación, pero el día de los hechos Joel Ortega Cuevas, titular de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, calificó el atentado como un ajuste de cuentas por el trabajo de la víctima en la empresa ISOSA, que se hizo cargo del manejo de las aduanas sin reportar a la Tesorería los pagos de importadores y exportadores.
Su sucesor, Agustín Carstens, puso en evidencia la labor de Gil Díaz al declarar que las drogas entran y salen por nuestro país, utilizando la infraestructura para el comercio exterior por lo que es necesario modernizar el sistema aduanero.
Según una fuente no identificada, Manlio Fabio Beltrones, líder priísta en el Senado que ha llevado lejos su relación con el gobierno del presidente Felipe Calderón, se atrevió a sugerirle al primer mandatario: “No le entregaremos otra vez las aduanas al pícaro de Francisco Gil Díaz”, cuando se conoció la propuesta del Ejecutivo para que un incondicional del extitular de la SHCP ocupara la Administración General de Aduanas. En su lugar quedó Luis Roberto Patrón Arregui, de quien se sabe que tiene antecedentes de corrupción de primer nivel en el ámbito aduanero.
Información que obra en el sector judicial federal ha documentado que cuando Patrón Arregui fungía como administrador de la aduana de Manzanillo, Colima, entraron de manera indiscriminada cuantiosos cargamentos de pseudoefedrina que fueron a parar a manos de las mafias de las drogas, y toneladas de productos chinos a Los Pinos y bodegas de Vamos México, la fundación dizque altruista de Marta Sahagún de Fox.
Es un secreto a voces que en las revisiones fiscales (segundo reconocimiento, en poder de manos privadas) a transportistas en las 49 aduanas del país, está la sombra de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún en la concesión otorgada para ello, a través de prestanombres, con la empresa Societé General de Sourveillance.
Aunado a lo anterior, a los hermanos Manuel y Jorge Alberto se les vincula presuntamente con grupos de narcotraficantes, como el asiático nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon –bajo proceso en Estados Unidos– quien se dedicaba a traficar con pseudoefedrina desde su país de origen. Trascendió que a través de las aduanas introdujo a México varias toneladas del componente de drogas de diseño.
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