Las razones....

Todo el mundo se rasga las vestiduras por la ocupación de las tribunas de los palacios de San Lázaro y Xicoténcatl. Unos la llaman “secuestro”, otros “golpe de Estado virtual” y otros “un acto de politiquería callejera”.
Sin dejar de reconocer que ese tipo de medidas de fuerza no son propios de una democracia moderna, es necesario analizar las razones del Frente Amplio Progresista (FAP).
La verdad es que el tema de Petróleos Mexicanos (PEMEX) resulta muy delicado en estos momentos. Pretender discutir reformas de esta naturaleza, con ribetes privatizadores es en estos momentos tan delicados, en los cuales el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha terminado por fraguar su legitimidad, es cuando menos irresponsable.

Pero el exceso de confianza mató al gato. El gobierno federal, sabedor que contaba con un aliado casi incondicional, el PRI, al que podría “centavear” con alguna que otra prerrogativa, decidió “echar toda la carne al asador”.

Lo mismo le ocurrió al ex presidente Vicente Fox cuando quiso iniciar su serie de reformas estructurales sin antes acordarlas con el Congreso, basado en su triunfo holgado ante Francisco Labastida y le salió el chirrión por el palito.

Es verdad que se requiere dotar de mayor autonomía de gestión a PEMEX. Nadie lo discute. Como también es incuestionable que debe de dejar de usarse a esa empresa para exprimirle hasta la última gota de sus recursos para financiar el gasto corriente.
A Fox se le echa en cara que haya gastado 45 mil millones de dólares de excedentes petroleros durante su gestión, la mayor parte en financiar un oneroso aparato burocrático que incluye eso sí grandes organismos autónomos con un aparato administrativo elefantiásico, donde los altos funcionarios se sirven con la cuchara grande.

Ahora, se busca supuestamente realizar una reforma petrolera de altos vuelos bajo el argumento de que es necesario buscar “el tesoro escondido” al fondo del mar, allá en las aguas profundas del Golfo de México, donde se presume que yacen gigantescos mantos de hidrocarburos, tan ricos como el manto prolífico de Cantarell, en la Sonda de Campeche.

Sin embargo, el “horno no está para bollos”. Se sabe que hay un amplio sector nacionalista –conformado sobre todo por ciertos sectores del PRI y el PRD- que se opone frontalmente a esta reforma.

¿Para qué llevar adelante algo que de todos modos es una “minireforma” o una “reforma Light” a toda costa, como lo comentamos en la columna pasada? ¿O es que se quiere llevar a cabo este proyecto a costa de lo que sea?
Se cita al gobierno federal diciendo que no es una reforma privatizadora, pero no con argumentos propios, sino tomados a título de préstamo del propio discurso gubernamental.

¿Cómo se le llama a concesionar a empresarios extranjeros o nacionales las refinerías para que maquilen la transformación de crudo en carburantes?
¿Cómo se le pude tachar a los llamados “performance contracts” o “contratos de eficiencia” que incluye la nueva reforma? ¿No son esos una suerte de contratos de riesgo, que implican un cierto grado de privatización del petróleo mexicano?

El propio senador panista Juan Bueno Torio, ex director de PEMEX Refinación, se vio obligado a admitir que la iniciativa enviada por Calderón sí contempla “por excepción” contratos de riesgo para explotar los yacimientos transfronterizos de manera conjunta con Estados Unidos y Cuba.

El mismo ex canciller Jorge G. Castañeda, en un artículo publicado por varios diarios la semana pasada, habló de esos “performance contracts”, que califica como “una novedad legislativa” que permite alentar la participación privada en la cadena productiva de PEMEX pero sin firmar contratos de riesgo.

“En otras palabras en lugar de que una empresa privada comparta el riesgo o beneficio con PEMEX, se le paga como si fuera una empresa de servicios y si su desempeño es mejor que el contratado (mayor celeridad, o más pozos perforados en el mismo tiempo, o hallazgo de pozos más productivos) se le paga más, pero no como porcentaje de la renta petrolera, sino por haberse desempeñado mejor”, explica Castañeda.

El problema radica, como lo dice el propio Castañeda, en que esos contratos ya son legales. Fueron aprobados en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica suscrito en 1993 y que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

En el anexo 602.3 del capítulo energético, la cláusula 4, dice, como lo cita Castañeda: “Cada parte permitirá a sus empresas estatales negociar cláusulas de desempeño en sus contratos de servicios.

“En la medida en que el Senado mexicano aprobó el TLCAN en 93, en la medida en que al menos en teoría los Tratados tienen jerarquía superior a la legislación secundaria, y en la medida en que desde 1993 nadie ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas de desempeño, éstas son la Ley. Si es el caso, no es que nos estén vendiendo gato por liebre, pero el animal se parece mucho a una liebre”, afirma el mismo ex canciller.

¿Esto no se puede llamar privatización? ¿Entonces quizá pudiera decirse que es estatización? El español, por fortuna, es un lenguaje muy claro y se presta para una absoluta concisión.

Entonces cualquier analista de medio pelo tiene derecho a preguntarse por qué la inoportunidad del gobierno calderonista de poner a discusión una reforma que es reprobada hasta por el propio Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha sido el más moderado de los defensores de una reforma energética.

El gobierno proclama que PEMEX es un “montón de chatarra” a punto de quebrar. Calma. Se trata de la segunda empresa petrolera con mayores ingresos en el mundo, después de la estadounidense Shell.

¿Si el gobierno cree que PEMEX está quebrada y como para irse a la basura, para qué privatizarla? ¿Para que vender los “bonos ciudadanos”? ¿Acaso pretende vendernos a los mexicanos sólo un papel sin valor que representa la deuda de un mastodonte a punto de irse al cementerio?

Se argumenta que sólo quedan reservas probadas para 9 años y probables para otros 10.

Sin embargo, hay expertos independientes que aseguran que efectivamente ese es un diagnóstico catastrofista, porque hay crudo para al menos unos 30 años, sin contar las reservas potenciales, que pueden durar para otros 40 o 50 años.

¿Por qué la urgencia de compartir las ganancias de PEMEX con hombres de negocios nacionales pero sobre todo extranjeros?

¿Alguien está presionando desde Estados Unidos para que el gobierno de Calderón de una vez por todas entregue la empresa petrolera de la que se financia gran parte del incipiente pero indispensable Estado de Bienestar del gobierno mexicano?

Y en medio de tantas interrogantes vale preguntarse por qué extraña a tantos la actitud radical y hasta supuestamente “golpista” de un sector de la izquierda y el centro frente a esta tentativa de entregar parte de la riqueza petrolera mexicana a manos extranjeras.
Es verdad que nadie en su sano juicio puede avalar la toma de tribunas por la fuerza. Pero no se olvide que también los panistas hicieron lo mismo en San Lázaro antes de la toma de posesión de Felipe Calderón.

Francamente después de atizar el ambiente político y tornarlo irrespirable, el grupo de jóvenes que parecen exhibir su novatez no puede esperar que las cosas se resuelvan fácilmente.

Los perredistas y algunos priístas contrarios a la privatización de PEMEX –como Francisco Rojas y Manuel Bartlett- han dicho que se opondrán a que pase este intento de la derecha por despojar a los mexicanos de su recurso más preciado.

¿Cómo arreglará el gobierno de Calderón esta “papa caliente”?

Francamente ni siquiera aceptando el debate nacional que propone el FAP quizá sea posible desalentar la turbulencia provocada por este proyecto, no por los propios legisladores de la oposición centroizquierdista, que con todo están en su legítimo derecho de impedir que mediante un “arreglo en lo oscurito” sea aprobado mediante un madruguete o un albazo como el que nos tienen acostumbrados priIstas y panistas.

gentesur@hotmail.com

carbot@mexico.com