PORTADAS EL UNIVERSAL: SE RECOMPONEN LOS CÁRTELES:FCH EXCÉLSIOR: EL IETU AHORA A LAS PYMES MILENIO: SINALOA: DESPLAZA EJÉRCITO A LA POLICÍA LA JORNADA: EN MÉXICO SE ABUSA DEL MIGRANTE IGUAL QUE EN EU: ONU LA CRÓNICA: AYER, 14 EJECUCIONES; NO CLAUDICARÉ: CALDERÓN
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: SE RECOMPONEN LOS CÁRTELES:FCHLos golpes del gobierno federal a los cárteles del narcotráfico han ocasionado la recomposición de éstos, confirmó el presidente Felipe Calderón. El mandatario aseguró que se han afectado las estructuras financiera y operativa de esos grupos lo que ha forzado al reacomodo de los mismos. VER NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: EL IETU AHORA A LAS PYMESEl Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Para Herber Bettinger, socio director jurídico de Ernst & Young, si bien no es un asunto exclusivo de las Pymes, a diferencia de las grandes, las inversiones que hacen no son recuperables. VER NOTA COMPLETA.
MILENIO: SINALOA: DESPLAZA EJÉRCITO A LA POLICÍALos jefes de las tres principales corporaciones policiales de Sinaloa fueron relevados ayer por mandos del Ejército mexicano. La medida de los gobiernos federal y estatal forma parte de una estrategia conjunta para combatir la violencia que se desató, a causa de las vendettas al interior del cártel de Sinaloa, donde las bandas de Joaquín El Chapo Guzmán y de Arturo Beltrán Leyva sostienen una disputa, explicaron autoridades de la novena zona militar. VER NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: EN MÉXICO SE ABUSA DEL MIGRANTE IGUAL QUE EN EU: ONULas violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante.“Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada”, expresó. VER NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: AYER, 14 EJECUCIONES; NO CLAUDICARÉ: CALDERÓN Los informes sobre una alianza de Los Zetas con los Beltrán Leyva para enfrentar al grupo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo tomaron ayer fuerza con el recrudecimiento de la violencia en seis estados de la república, donde ejecutaron a 14 personas.De este total, cinco fueron ejecutados en Playas de Rosarito, Baja California; dos en Sinaloa, dos más Ecatepec, Estado de México, dos en Durango, uno en Monterrey, uno en Hidalgo y uno más en Ciudad Juárez. <B>VER NOTA COMPLETA.
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EL UNIVERSAL: SE RECOMPONEN LOS CÁRTELES:FCHLos golpes del gobierno federal a los cárteles del narcotráfico han ocasionado la recomposición de éstos, confirmó el presidente Felipe Calderón. El mandatario aseguró que se han afectado las estructuras financiera y operativa de esos grupos lo que ha forzado al reacomodo de los mismos. VER NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: EL IETU AHORA A LAS PYMESEl Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Para Herber Bettinger, socio director jurídico de Ernst & Young, si bien no es un asunto exclusivo de las Pymes, a diferencia de las grandes, las inversiones que hacen no son recuperables. VER NOTA COMPLETA.
MILENIO: SINALOA: DESPLAZA EJÉRCITO A LA POLICÍALos jefes de las tres principales corporaciones policiales de Sinaloa fueron relevados ayer por mandos del Ejército mexicano. La medida de los gobiernos federal y estatal forma parte de una estrategia conjunta para combatir la violencia que se desató, a causa de las vendettas al interior del cártel de Sinaloa, donde las bandas de Joaquín El Chapo Guzmán y de Arturo Beltrán Leyva sostienen una disputa, explicaron autoridades de la novena zona militar. VER NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: EN MÉXICO SE ABUSA DEL MIGRANTE IGUAL QUE EN EU: ONULas violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante.“Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada”, expresó. VER NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: AYER, 14 EJECUCIONES; NO CLAUDICARÉ: CALDERÓN Los informes sobre una alianza de Los Zetas con los Beltrán Leyva para enfrentar al grupo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo tomaron ayer fuerza con el recrudecimiento de la violencia en seis estados de la república, donde ejecutaron a 14 personas.De este total, cinco fueron ejecutados en Playas de Rosarito, Baja California; dos en Sinaloa, dos más Ecatepec, Estado de México, dos en Durango, uno en Monterrey, uno en Hidalgo y uno más en Ciudad Juárez. <B>VER NOTA COMPLETA.
Editorial La Jornada.
Mexicanos en EU: comparación atinada
El relator especial de Derechos Humanos para los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante, señaló ayer que las redadas que se realizan en territorio estadunidense en contra de indocumentados mexicanos son similares en brutalidad a las que se llevaban a cabo en la Alemania nazi contra el pueblo judío.
La comparación levantará ámpula. Ciertamente, el propio Bustamante señaló la pertinencia de guardar las proporciones entre una circunstancia y otra y de considerar la diferencia fundamental entre las fuerzas formales e informales del Tercer Reich, que tenían como propósito final el exterminio, y las corporaciones policiales de Washington, que no buscan conducir a los extranjeros a las cámaras de gas, sino a la cárcel o a los puestos de deportación, y cuyo propósito último no es el cumplimiento de la ley, sino la modulación de la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades de la economía. Pero no pueden negarse los puntos en común de ambas situaciones: la brutalidad policial, que no para mientes en garantías individuales ni en derechos humanos y el hecho de que se consagra a perseguir a inocentes.
Desde esa perspectiva, el símil que plantea Bustamante resulta acertado para caracterizar el abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino. Así, la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense –autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad– puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global impulsada desde Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, promotora de la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.
Otro aspecto destacable de los señalamientos del funcionario internacional es la “indiferencia increíble de la sociedad mexicana sobre lo que les pasa a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos” y la acusación al gobierno federal por incumplir su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.
Las declaraciones del relator especial de la ONU apuntan a una actitud reprobable y vergonzosa de las autoridades mexicanas, en cuya agenda bilateral con Estados Unidos dominan temas como el acuerdo de asistencia militar denominado Iniciativa Mérida, que es una amenaza para la soberanía nacional y, en cambio, no aparecen o lo hacen “de forma minúscula”, las discusiones en torno a la política criminal que enfrentan los mexicanos indocumentados en el vecino país del norte.
Esta circunstancia no es de extrañar cuando el propio Felipe Calderón ha dado signos de su falta de interés por la situación de ese sector de la población, a pesar de que constituye uno de los sostenes de la economía nacional: como botón de muestra, baste mencionar que, durante la gira que realizó en febrero pasado por territorio estadunidense, el jefe del Ejecutivo federal dedicó la mayor parte de su tiempo a entrevistarse con funcionarios –algunos, realmente menores– y empresarios del país vecino, pero minutos escasos y contados a las organizaciones de migrantes, con lo que desperdició la oportunidad de dar algún sentido a una visita marcada por tropiezos y deficiencias organizativas de la delegación presidencial y por la indiferencia de la clase política estadunidense y los medios locales de comunicación, inmersos en el proceso electoral que vive aquel país.
Por lo demás, como apuntó el propio Bustamante, resultan también inaceptables los atropellos que padecen a manos de policías nacionales los migrantes centroamericanos que llegan sin permiso a territorio nacional.
Sin duda, las recientes modificaciones a la Ley General de Población, que despenalizan la inmigración indocumentada a nuestro país y la reducen a falta administrativa, constituyen un buen paso inicial en el ámbito de lo formal con respecto al trato humanitario y en el reconocimiento de la realidad global contemporánea. Pero este avance legal no servirá de nada si no se traduce en hechos. Para ello, la sociedad debe demandar a las autoridades mexicanas un compromiso efectivo para hacer valer los derechos de los migrantes sin papeles que ingresan a territorio nacional, por elementales razones humanitarias, y porque en tanto eso no suceda, el gobierno mexicano carecerá de la autoridad moral para demandar al estadunidense un trato más justo y humano para los mexicanos que viven y trabajan en la nación vecina del norte.
Mexicanos en EU: comparación atinada
El relator especial de Derechos Humanos para los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante, señaló ayer que las redadas que se realizan en territorio estadunidense en contra de indocumentados mexicanos son similares en brutalidad a las que se llevaban a cabo en la Alemania nazi contra el pueblo judío.
La comparación levantará ámpula. Ciertamente, el propio Bustamante señaló la pertinencia de guardar las proporciones entre una circunstancia y otra y de considerar la diferencia fundamental entre las fuerzas formales e informales del Tercer Reich, que tenían como propósito final el exterminio, y las corporaciones policiales de Washington, que no buscan conducir a los extranjeros a las cámaras de gas, sino a la cárcel o a los puestos de deportación, y cuyo propósito último no es el cumplimiento de la ley, sino la modulación de la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades de la economía. Pero no pueden negarse los puntos en común de ambas situaciones: la brutalidad policial, que no para mientes en garantías individuales ni en derechos humanos y el hecho de que se consagra a perseguir a inocentes.
Desde esa perspectiva, el símil que plantea Bustamante resulta acertado para caracterizar el abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino. Así, la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense –autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad– puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global impulsada desde Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, promotora de la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.
Otro aspecto destacable de los señalamientos del funcionario internacional es la “indiferencia increíble de la sociedad mexicana sobre lo que les pasa a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos” y la acusación al gobierno federal por incumplir su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.
Las declaraciones del relator especial de la ONU apuntan a una actitud reprobable y vergonzosa de las autoridades mexicanas, en cuya agenda bilateral con Estados Unidos dominan temas como el acuerdo de asistencia militar denominado Iniciativa Mérida, que es una amenaza para la soberanía nacional y, en cambio, no aparecen o lo hacen “de forma minúscula”, las discusiones en torno a la política criminal que enfrentan los mexicanos indocumentados en el vecino país del norte.
Esta circunstancia no es de extrañar cuando el propio Felipe Calderón ha dado signos de su falta de interés por la situación de ese sector de la población, a pesar de que constituye uno de los sostenes de la economía nacional: como botón de muestra, baste mencionar que, durante la gira que realizó en febrero pasado por territorio estadunidense, el jefe del Ejecutivo federal dedicó la mayor parte de su tiempo a entrevistarse con funcionarios –algunos, realmente menores– y empresarios del país vecino, pero minutos escasos y contados a las organizaciones de migrantes, con lo que desperdició la oportunidad de dar algún sentido a una visita marcada por tropiezos y deficiencias organizativas de la delegación presidencial y por la indiferencia de la clase política estadunidense y los medios locales de comunicación, inmersos en el proceso electoral que vive aquel país.
Por lo demás, como apuntó el propio Bustamante, resultan también inaceptables los atropellos que padecen a manos de policías nacionales los migrantes centroamericanos que llegan sin permiso a territorio nacional.
Sin duda, las recientes modificaciones a la Ley General de Población, que despenalizan la inmigración indocumentada a nuestro país y la reducen a falta administrativa, constituyen un buen paso inicial en el ámbito de lo formal con respecto al trato humanitario y en el reconocimiento de la realidad global contemporánea. Pero este avance legal no servirá de nada si no se traduce en hechos. Para ello, la sociedad debe demandar a las autoridades mexicanas un compromiso efectivo para hacer valer los derechos de los migrantes sin papeles que ingresan a territorio nacional, por elementales razones humanitarias, y porque en tanto eso no suceda, el gobierno mexicano carecerá de la autoridad moral para demandar al estadunidense un trato más justo y humano para los mexicanos que viven y trabajan en la nación vecina del norte.
Tres días de duelo en China
En Dujiangyan, provincia de Sichuán, rescatistas guardan tres minutos de silencio en memoria de los más de 34 mil muertos por el terremoto que devastó el suroeste del país asiático, la semana pasada. Actos similares se realizaron por toda China, encabezados por el jefe de Estado y del Partido Comunista, Hu Jintao. Las cifras oficiales señalan que hay unos 245 mil heridos y casi 30 mil desaparecidos; el gobierno calculó que las pérdidas económicas, sólo en Sichuán, suman 9 mil millones de dólares, y anunció ayudas para damnificados Foto Ap
Indiferencia de la sociedad, recrimina el relator Bustamante
En México se abusa del migrante igual que en EU: ONU
Se trata a centroamericanos con racismo, subraya
Nada se hace contra las redadas en Estados Unidos
En 2007 fueron expulsados 250 mil connacionales Las violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, durante la conferencia magistral denominada Las migraciones de las grandes urbes: retos y obstáculos para la defensa y promoción de los derechos humanos, realizada ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En su ponencia, Bustamante consideró que hay gran indiferencia de la sociedad civil mexicana hacia las graves violaciones a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como también sobre las que sufren los centroamericanos que entran a México por la frontera sur, con la intención de llegar al vecino país.
“Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada”, expresó.
Asimismo, lamentó que ni la sociedad ni el gobierno mexicano hayan hecho algo para neutralizar o evitar las redadas policiales en contra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, iniciadas de manera sistemática y continua en mayo de 1996.
El especialista de la Organización de Naciones Unidas aseguró que estas redadas, donde se dan la separación de las familias y el allanamiento de domicilios, constituyen gravísimas violaciones a derechos humanos básicos. Advirtió que la política de inmigración de Estados Unidos caracteriza a México como “enemigo” y a los migrantes indocumentados como “criminales”.
Jorge Bustamante detalló que la impunidad con la que se llevó a la práctica la criminalización de los judíos en tiempos de la Alemania nazi “es de la misma naturaleza sociológica que la criminalización a priori de todo aquel que por el color de su piel parezca mexicano en Estados Unidos”.
Explicó asimismo que la propuesta Sensenbrenner –hecha por el congresista James Sensenbrenner– para endurecer el cierre de las fronteras y centros de trabajo, entre otras medidas restrictivas aplicadas en contra de los inmigrantes, significa una criminalización a priori de todo un grupo étnico.
“Toda proporción guardada –dijo– es algo semejante al proceso de criminalización del que fueron víctimas los judíos en la Alemania nazi, después de ser aprobadas las leyes de Nurenberg en 1935.”
Detalló que no sugiere una comparación entre las experiencias históricas vividas por el pueblo judío con las de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, sino que intenta “una comparación jurídica entre las leyes de Nurenberg y la propuesta Sensenbrenner”.
Cabe recordar, añadió, que las leyes de Nuremberg fueron de carácter completamente antisemita y se adoptaron incluso por unanimidad el 15 de septiembre de 1935.
“La resistencia de Estados Unidos a reconocer la demanda de la fuerza laboral de los migrantes mexicanos está conectada con el crecimiento de la xenofobia en esa nación y también de las propuestas antinmigrantes, incluidas las redadas policiales”, apuntó.
Bustamante remarcó que aunque las marchas de hace dos años, donde participaron más de 2 millones de personas en unas cien ciudades de Estados Unidos, fueron el fenómeno más importante en favor de los derechos de los inmigrantes, no provocaron ninguna reacción pública en México.
Estos migrantes, dijo, son los mismos que han mantenido y mantienen la economía del país, ya que tan sólo el año pasado enviaron remesas por 23 mil millones de dólares.
Comentó que los migrantes mexicanos subsidian también la economía más fuerte del mundo y esto no es reconocido por la mayoría de la población estadunidense. “En esta resistencia está el origen de la xenofobia, los sentimientos antinmigrantes, las prácticas de las redadas policiales, que han sido propuestas como solución de largo plazo como base de la política migratoria” de Washington.
El relator de la ONU indicó finalmente que en 2007 se expulsó de Estados Unidos a cerca de 250 mil mexicanos, en el contexto de una “estrategia que ha tenido amplia aceptación y apoyo por la población de ese país”.
Terror en Postville, Iowa, tras la invasión de la migra Nueva York, 19 de mayo. El pasado 12 de mayo varios helicópteros negros sobrevolaron el pueblito de Postville, Iowa; en tierra, unos 200 agentes federales, con uniformes también negros, salieron armados de camionetas que llegaron repentinamente. Cientos de personas huyeron en medio del pánico mientras se tendía un cerco para que nadie escapara; familiares angustiados salían de sus casas en una búsqueda desesperada de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos; cientos se refugiaron en una iglesia y varios niños quedaron esperando a sus padres, quienes fueron detenidos y acusados de “criminales”, esposados y llevados a una especie de campo de concentración, donde fueron “procesados” y encarcelados.
En esa acción se detuvo a 389 personas –290 guatemaltecos, 93 mexicanos, dos israelíes y cuatro ucranianos–, en lo que autoridades estadunidenses consideran la redada más grande de migración en un solo sitio. Todo ocurrió hace una semana, en Postville, con la toma por asalto de la planta de procesamiento de carnes Agriprocessors, la fuente de empleo más grande de la región. En la operación participaron agentes de migración y alguaciles federales.
¿El delito? Trabajar
Desde esa fecha, cientos de familias de ahí y de toda la región han vivido sumidas en la angustia y el temor. “Fue una invasión de este pueblo”, señala el sacerdote Paul Ouderkirk, párroco del sacramento hispano de la iglesia católica St. Bridget’s (Santa Brígida), en Postville. “Esto ha dejado una herida profunda y aún sangra”, agrega.
Es en esa misma iglesia donde a lo largo de la semana se refugiaron cientos de familiares de los migrantes, sobre todo madres con sus hijos; muchos temían que regresara la migra por ellos.
Martha Pérez, profesora de español del Kirkwood Community College, en Iowa City, quien es voluntaria en el apoyo a familiares afectados en lo que definió como “emergencia humanitaria”, contó a La Jornada que las madres refugiadas no tenían con qué dar de comer a sus hijos; otras tenían niños enfermos, y otras más están embarazadas. Permanecieron casi toda la semana en el templo, mientras sacerdotes, religiosas y varias organizaciones trabajaban para ofrecer alimentos, asistencia médica y asesoría legal.
En tanto, padres, madres, hijos e hijas capturados en el operativo fueron trasladados ese mismo día a la ciudad de Waterloo, a dos horas de distancia, donde las autoridades federales utilizaron el terreno y las instalaciones de una ¡feria de ganado! (National Cattle Congress Fairgrounds), sin considerar lo que significa emplear tal lugar para detener seres humanos, donde fueron “procesados” y posteriormente enviados a diversos centros de detención.
El sacerdote Ouderkirk dice que hoy ya no hay refugiados en la iglesia, pero en su momento pico sumaron más de 250. Ahora, toda una gama de organizaciones comunitarias, sindicatos y voluntarios se dedican a apoyar los procesos legales para facilitar el regreso de algunos a sus países de origen, así como asesorar a los detenidos y ofrecer solidaridad a una comunidad devastada.
“Por esta invasión aquí todo está en pedazos: las vidas de la gente, las de los comerciantes, y los funcionarios locales no saben ni qué decir”, dijo el religioso.
El temor se manifiesta por todas partes. El día posterior a las redadas, entre un tercio y la mitad de los 600 estudiantes del sistema escolar local no se presentaron a clases.
El miedo entre los migrantes no se limita a Postville. En Waterloo “llovieron llamadas durante toda la semana para preguntarnos si era seguro salir de casa”, dice Lisa Muñoz, integrante de la junta directiva del Centro Latinoamericano, organización de apoyo comunitario en esa ciudad. “La gente no sale, oncluso algunos no van a trabajar ni por comida; nosotros no les podemos decir si es seguro hacerlo…”
La magnitud de lo que ocurrió es visible por todo el este de Iowa, hasta en Des Moines y otras ciudades grandes, agregó la entrevistada. Muchos inmigrantes piden a quienes tienen documentos ir al supermercado por alimentos para sus hijos. Otros hacen los preparativos necesarios para otorgar derechos de tutela, en caso de que los deporten.
En Postville, casi todos los mexicanos provienen de El Barril, San Luis Potosí. El sacerdote Paul Ouderkirk dice que hay amplia relación entre las iglesias y comunidades de ambos pueblos, y que El Barril es casi del mismo tamaño poblacional que Postville (poco más de 2 mil 200 personas), “en parte por eso les gustaba vivir aquí”.
Narra que una inmigrante rusa le dijo: “Llegamos aquí sin nada; si ahora nos deportan regresaremos a menos que nada”, y señaló que eso expresa el sentir de la mayoría. A la vez, advirtió el párroco, esto tendrá un grave impacto en El Barril.
En la empresa Agriprocessors –la empacadora de carnes kósher más grande del país– hay casi mil trabajadores, gran parte de ellos inmigrantes guatemaltecos que sólo hablan maya y un poco de español; hay también mexicanos y europeos orientales, quienes laboraban en condiciones que estaban siendo investigadas por presuntas violaciones, incluso de trabajo para menores de edad, maltratos, insalubridad y más, pero hasta el momento ninguno de los dueños ha sido detenido, sólo cientos de sus empleados.
El pasado sábado, durante una misa celebrada por el arzobispo Jerome Hanus, en Postville, una niña de cuatro años, Johana, avanzó por el pasillo durante la oración inicial, subió al altar y ofreció un papelito al oficiante. El ministro laico Paul Rael tomó la nota y le dio lectura: “Me ha entregado una petición muy especial esta pequeña niña que acaba de acercarse”. Indicó que la nota decía que deseaba que todos oraran “para que mi papá pueda regresar a casa”. Rael regresó a su asiento con lágrimas en los ojos, reportó el Des Moines Register, el periódico más importante de Iowa.
El padre de la niña es uno de los 389 detenidos. Ella es parte de una comunidad que ha vivido una semana de terror en el corazón de Estados Unidos.
David Brooks, corresponsal/ I
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J. A. Zúñiga y A. Enciso
Hoy cumple 35 años el Frente Polisario
El Sahara Occidental espera desde hace décadas el reconocimiento a su autodeterminación. Ha construido su identidad y organización política, social y económica "en la intemperie del mundo". La República Árabe Democrática Saharahui primero se libró de España y ahora esperar saldar el diferendo que mantiene con el reino de Marruecos. Con ese motivo, el presidente argelino Abdelaziz Buteflika, en un mensaje a los responsables saharahuis, reafirmó la adhesión de su país a las resoluciones de Naciones Unidas sobre ese territorio, con motivo del aniversario del Frente Polisario. La imagen corresponde a un campo de refugiados en Argelia Textos de Blanche Petrich y Foto de Jesús Villaseca
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Desertora
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Columnas
Julio Hernández López : Astillero Setenta y un días de debate: el paso del tiempo daña el proyecto mouriñista-calderonista de apropiación del petróleo, pues las tales confrontaciones senatoriales han sido ganadas con amplitud por las razones presentadas por los adversarios de la privatización. Por lo anterior es que la empresa MuCal pretendía hacer que se aprobaran los planes reformistas al contado, en abril, y no en entregas. Al desmoronamiento de las posiciones oficialistas en los mencionados debates se suma la aparición de más evidencias ventajosas de la familia Mouriño como las que el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, presentó en días pasados, en relación con negocios en materia de energía eólica desarrollados por el padre del actual secretario de Gobernación en condiciones que muestran el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias. Tan dañino es el transcurrir del tiempo para las ambiciones felicamilescas que la denuncia de corruptelas alcanzó ayer una sesión con legisladores alemanes y provocó la reacción de conocida histeria del videopanista Federico Döring.
Veintiún días durará el plantón que los maestros de la sección 22 del SNTE instalaron ayer en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los profesores exigen que Elba Esther Gordillo deje de jugar a sus conveniencias al no emitir en tiempo adecuado la convocatoria para elegir al nuevo mando seccional (con lo que la reina del Panal podría maniobrar para desconocer a la actual directiva e imponer sin comicios a directivos que le sean afines) y demandan liberar a los presos políticos que están sujetos a procesos federales y estatales. Si el 3 de junio próximo no se ha cumplido esta exigencia de libertad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha anunciado que reanudará movilizaciones masivas. Aun cuando no se han podido restablecer las condiciones de unidad y confianza entre los principales integrantes de la mencionada APPO, y en el ambiente oaxaqueño flota el fantasma especulativo de los movimientos partidistas rumbo a las elecciones gubernamentales del año próximo, la reinstalación pública de profesores en la principal plaza de Oaxaca abre el camino a un nuevo episodio de confrontación entre un movimiento social golpeado y dividido, pero aún vigente y con posibilidades de restablecimiento, y un gobierno, el de Ulises Ruiz, cada vez más sumido en los pantanos de la represión y la corrupción.
(Así fuera en términos visuales, Oaxaca vivió ayer nuevamente escenas de confrontación de los pobladores con las autoridades: bloqueos de carreteras, reto de la sección 22 a que el “tirano” Ulises los desaloje del zócalo e incluso que miembros de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños hubiesen obligado al procurador de justicia del estado a bajarse de su vehículo y caminar entre manifestantes para llegar a una “mesa de negociación” con ellos. Por cierto, AMLO estará hoy en la capital oaxaqueña para reunirse con brigadas defensoras del petróleo.)
¿Cuántos días habrá de esperar el EPR a que le sea informado dónde están sus dos dirigentes desaparecidos? Tal es el punto planteado ayer en un comunicado por los guerrilleros que comenzarán a dialogar con el gobierno a través de mediadores pero no desean que tales contactos indirectos se conviertan en un proceso sin fechas ni términos, sobre todo si se toma en cuenta que el planteamiento de los insurrectos se refiere específicamente a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes este domingo venidero cumplirán un año de haber sido secuestrados.
Hoy vence el término (aunque puede ampliarse para allegar más elementos de juicio a las autoridades) para que el tribunal electoral federal defina si “toma nota” de que Guadalupe Acosta Naranjo es el presidente sustituto del PRD o considera que hubo irregularidades en el proceso de su designación. En el sol azteca se vive, mientras tanto, una situación epistolar. Jesús Ortega se ha sorprendido por la respuesta que con lenguaje “soez” e “insolente” dio Alejandro Encinas a la carta enviada por el jefe de los chuchos para plantear posibilidades de negociación. Ortega se niega a responder en el mismo tono porque, explica, “con eso contribuiría, precisamente, a lo que combato”. El dirigente de Nueva Izquierda incluso aportó al debate una cita de Amos Oz, en su texto Contra el fanatismo: “Traidor es quien cambia a los ojos de aquellos que no pueden cambiar, de aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio (…)
“En otras palabras, traidor es a ojos del fanático cualquiera que cambia. Muy a menudo el fanático sólo puede contar hasta uno; dos es un número demasiado grande para él.” Encinas ha revirado con la mención del daño que a su partido han causado el encono y la falta de cultura del debate, y aseguró que las broncas electorales recientes han descubierto “no sólo las debilidades y limitaciones de nuestra vida orgánica, sino además las diferentes visiones que sobre el partido y su línea política tenemos”.
Jorge Alcocer se presentó a unas horas de que cerrara el plazo para que se inscribieran en la Cámara de Diputados los ciudadanos que aspiran a ocupar el cargo de consejeros electorales del IFE. Alcocer es uno de los autores de las reformas electorales que ahora le permitirán “ganar” en un concurso demostradamente amañado con el que los líderes de los grupos legislativos hacen como que analizan expedientes ciudadanos para acabar designando a quienes les conviene y, como en el caso del ex presidente del Partido Fuerza Ciudadana, constituyen ya una especie de capricho de poder. Alcocer es el hombre de Manlio Fabio Beltrones que buscará, en cuanto le sea posible, desplazar a L.V. Zurita.
Y, mientras el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ha aprehendido cerca de Jalapa a José Jacobo Femat y Rafael Jacobo García, dirigentes de la Cen-tral de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) que iban con sus seguidores a una reunión concertada con el mandatario estatal, ¡hasta mañana, en esta columna sin aplazamientos!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Marco Buenrostro y Cristina Barros : Itacate
Carlos Bonfil : El Foro
Opinión
Marco Rascón : La siniestra mexicana
Abraham Nuncio : Pemex y Fundidora
Luis Hernández Navarro : Evo y el futbol
Magdalena Gómez : El indigenismo en tiempos de Calderón Después de la distorsión a los Acuerdos de San Andrés expresada en la contrarreforma indígena de 2001, de las estridencias del foxismo en esta materia y del contexto en que el actual gobierno se hace del poder, la tentación de hacer el vacío a las políticas oficiales es muy grande. Sin embargo, crecientemente se observan los signos del abierto retroceso en la definición y práctica del indigenismo. El calderonismo transita en sentido contrario a los instrumentos internacionales vigentes. Muestras de ello encontramos en el documento que el gobierno de México presentó al séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, realizado del 21 de abril al 2 de mayo pasado.
El texto contiene las respuestas a recomendaciones del Foro Permanente en su sexto periodo de sesiones, en 2007, además informa sobre las actividades, programas y políticas relacionadas con los pueblos indígenas (E/C.19/2008/5/Add.2).
Una de las recomendaciones centrales se refiere a la necesidad de establecer en la Constitución el consentimiento libre, previo e informado, derecho contenido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al respecto, el gobierno se refiere al derecho a la consulta que se contiene en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual tampoco se ha respetado, pues éste se debería realizar ante las instancias propias de los pueblos indígenas y no en “foros” o en un “consejo consultivo”, como se reivindica en el documento. En ningún momento aparecen evidencias de que se asuma la diferencia entre ser “consultado” y otorgar “consentimiento”. Temas tan complejos como los relativos a propiedad intelectual se justifican con la asistencia de funcionarios a reuniones internacionales.
Por otra parte, el espíritu “crítico” del gobierno aflora: “En cuanto al número de recomendaciones, sería conveniente reducirlas a un menor número (sic), y enfocarlas a resultados concretos que faciliten su seguimiento” (parágrafo 30). Dejan ver los obstáculos que enfrentan y recurren al conocido argumento de que no es lo mismo un país con “pocos” indígenas que otro con “muchos”: “En cuanto al porcentaje de población indígena en cada país, la disparidad en este factor dificulta el cumplimiento para aquellos países con alto porcentaje de población indígena, pues tienen que destinar presupuestos mayores (parágrafo 31). Y ya en plan “sincero” señalan: “Otro obstáculo es la negativa de algunas comunidades indígenas a participar” (parágrafo 32).
No obstante que se distorsiona el contenido de la contrarreforma de 2001 (por ejemplo, se dice que incluye el derecho a la tierra y al territorio), se reconoce lo obvio: “Más lento aún ha sido el desarrollo legislativo a nivel federal; los cambios han sido de menor impacto y de manera poco profunda”. Y se quejan: “Tal parece que entender y comprender la interculturalidad no es tarea fácil y requiere un ejercicio de reflexión interna y compromiso personal” (parágrafo 37).
La supuesta autonomía y libre determinación que dijeron reconocer en el artículo 2º de la Constitución no aparece; en cambio la reiteración del concepto de “servicios”, es decir, el asistencialismo, permea sus programas, muchos de ellos marcados por la ya añeja continuidad, como es el caso de los albergues escolares y los fondos regionales que ya no tienen el apellido de “solidaridad”. La innovación del panismo se centra en el programa de infraestructura, que por cierto requiere una auditoría urgente.
La llamada transversalidad aparece con precariedad manifiesta. “Sólo los rubros de educación, salud, acceso a la justicia y protección de los derechos humanos tienen alguna estructura para la atención a pueblos indígenas; el resto de la administración pública adolece de mecanismos específicos de atención” (parágrafo 43).
La perla de cierre en el documento que comentamos es la postura referida a la promoción de la declaración de la ONU, donde, para nuestra sorpresa, después de décadas de discusiones sobre el concepto de pueblos indígenas, se abre paso la denominación de “los derechohabientes”, cual clínica del maltrecho ISSSTE y, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se propone la difusión de la declaración citada en los idiomas oficiales de la ONU. “La (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) CDI recomienda que el Foro Permanente organice un seminario con sus expertos, dirigido tanto a informar a los derechohabientes (sic mayúsculo) como a las autoridades encargadas de hacer efectivos los derechos contenidos en la declaración. Asimismo, la CDI propone que dicho seminario sea grabado y reproducido en medios digitales con traducción a los idiomas oficiales de la ONU, material que permitirá a los estados difundir su contenido entre un mayor número de personas” (parágrafo 57).
La ausencia de mecanismos de exigibilidad permite que los espacios de la ONU reciban informes de los gobiernos sin dar cuenta de sus inconsistencias. Así andamos.
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Profesores de Oaxaca suspenden laboresOaxaca, Oax., 19 de mayo. El magisterio oaxaqueño de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendió hoy actividades escolares en todo el estado y se instaló en plantón “rotativo” en el zócalo y calles aledañas.
En esta ciudad, con el apoyo de contingentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las regiones Valles Centrales y Sierra marcharon desde las 9 horas, sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, hacia la plaza central.
Mientras tanto, los de las regiones Mixteca y cuenca del Papaloapan bloquearon las casetas de cobro de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y del puente Caracol de la autopista a Tuxtepec, para dar paso libre a los automovilistas. A su vez, los de las zonas Istmo de Tehuantepec y Costa cerraron las carreteras Transísmica y Costera, en las inmediaciones de Matías Romero y Puerto Escondido, lo que provocó largas filas de vehículos.
Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz afirmó que su administración ha respondido al pliego petitorio presentado por la sección 22 del SNTE, y subrayó que está en la mejor disposición de seguir negociando para evitar afectaciones a estudiantes y habitantes de la capital oaxaqueña con la suspensión de clases y las movilizaciones. “No veo ningún problema para alcanzar acuerdos”, aseveró.
En un mitin, el secretario de actas y acuerdos de la sección 22 del SNTE, Domingo Cabrera Vásquez, dijo que el plantón “rotativo”, acordado durante el noveno congreso estatal ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ratificado por la asamblea estatal, se instaló como medida de presión para lograr respuesta satisfactoria del gobierno estatal a su pliego petitorio, el cual incluye demandas educativas, económicas, sociales y políticas, así como otros reclamos, entre éstos la expedición de la convocatoria para la elección interna, la liberación de “presos políticos y de conciencia” y la cancelación de los procesos penales y órdenes de aprehensión contra seguidores del movimiento magisterial y popular. Asimismo, la entrega de escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE.
El gobernador declaró que no hay conflicto entre su gobierno y la sección 22 del SNTE, sino únicamente “negociación, como ha habido otros años”. Además destacó que en el pliego petitorio existe un punto que no corresponde a los gobiernos federal y estatal, por estar relacionado con la expedición de la convocatoria para la elección interna.
“Tengo entendido que hay avances en las pláticas entre el SNTE y la sección 22, y espero que se expida la convocatoria”, indicó. Ruiz Ortiz manifestó que su gobierno respetará y garantizará toda movilización que se efectúe dentro de los cauces legales y respetando el estado de derecho.
A su vez, unos mil integrantes de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños se manifestaron en las principales calles y después bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa, donde están todas las dependencias gubernamentales, para exigir el esclarecimiento del asesinato de su dirigente, Moisés Cruz, ocurrido el 18 de mayo de 2006 en el municipio de San Juan Mixtepec, en la región Mixteca, cometido presuntamente por priístas de la localidad.
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Indiferencia de la sociedad, recrimina el relator Bustamante
En México se abusa del migrante igual que en EU: ONU
Se trata a centroamericanos con racismo, subraya
Nada se hace contra las redadas en Estados Unidos
En 2007 fueron expulsados 250 mil connacionales Las violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, durante la conferencia magistral denominada Las migraciones de las grandes urbes: retos y obstáculos para la defensa y promoción de los derechos humanos, realizada ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En su ponencia, Bustamante consideró que hay gran indiferencia de la sociedad civil mexicana hacia las graves violaciones a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como también sobre las que sufren los centroamericanos que entran a México por la frontera sur, con la intención de llegar al vecino país.
“Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada”, expresó.
Asimismo, lamentó que ni la sociedad ni el gobierno mexicano hayan hecho algo para neutralizar o evitar las redadas policiales en contra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, iniciadas de manera sistemática y continua en mayo de 1996.
El especialista de la Organización de Naciones Unidas aseguró que estas redadas, donde se dan la separación de las familias y el allanamiento de domicilios, constituyen gravísimas violaciones a derechos humanos básicos. Advirtió que la política de inmigración de Estados Unidos caracteriza a México como “enemigo” y a los migrantes indocumentados como “criminales”.
Jorge Bustamante detalló que la impunidad con la que se llevó a la práctica la criminalización de los judíos en tiempos de la Alemania nazi “es de la misma naturaleza sociológica que la criminalización a priori de todo aquel que por el color de su piel parezca mexicano en Estados Unidos”.
Explicó asimismo que la propuesta Sensenbrenner –hecha por el congresista James Sensenbrenner– para endurecer el cierre de las fronteras y centros de trabajo, entre otras medidas restrictivas aplicadas en contra de los inmigrantes, significa una criminalización a priori de todo un grupo étnico.
“Toda proporción guardada –dijo– es algo semejante al proceso de criminalización del que fueron víctimas los judíos en la Alemania nazi, después de ser aprobadas las leyes de Nurenberg en 1935.”
Detalló que no sugiere una comparación entre las experiencias históricas vividas por el pueblo judío con las de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, sino que intenta “una comparación jurídica entre las leyes de Nurenberg y la propuesta Sensenbrenner”.
Cabe recordar, añadió, que las leyes de Nuremberg fueron de carácter completamente antisemita y se adoptaron incluso por unanimidad el 15 de septiembre de 1935.
“La resistencia de Estados Unidos a reconocer la demanda de la fuerza laboral de los migrantes mexicanos está conectada con el crecimiento de la xenofobia en esa nación y también de las propuestas antinmigrantes, incluidas las redadas policiales”, apuntó.
Bustamante remarcó que aunque las marchas de hace dos años, donde participaron más de 2 millones de personas en unas cien ciudades de Estados Unidos, fueron el fenómeno más importante en favor de los derechos de los inmigrantes, no provocaron ninguna reacción pública en México.
Estos migrantes, dijo, son los mismos que han mantenido y mantienen la economía del país, ya que tan sólo el año pasado enviaron remesas por 23 mil millones de dólares.
Comentó que los migrantes mexicanos subsidian también la economía más fuerte del mundo y esto no es reconocido por la mayoría de la población estadunidense. “En esta resistencia está el origen de la xenofobia, los sentimientos antinmigrantes, las prácticas de las redadas policiales, que han sido propuestas como solución de largo plazo como base de la política migratoria” de Washington.
El relator de la ONU indicó finalmente que en 2007 se expulsó de Estados Unidos a cerca de 250 mil mexicanos, en el contexto de una “estrategia que ha tenido amplia aceptación y apoyo por la población de ese país”.
Terror en Postville, Iowa, tras la invasión de la migra Nueva York, 19 de mayo. El pasado 12 de mayo varios helicópteros negros sobrevolaron el pueblito de Postville, Iowa; en tierra, unos 200 agentes federales, con uniformes también negros, salieron armados de camionetas que llegaron repentinamente. Cientos de personas huyeron en medio del pánico mientras se tendía un cerco para que nadie escapara; familiares angustiados salían de sus casas en una búsqueda desesperada de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos; cientos se refugiaron en una iglesia y varios niños quedaron esperando a sus padres, quienes fueron detenidos y acusados de “criminales”, esposados y llevados a una especie de campo de concentración, donde fueron “procesados” y encarcelados.
En esa acción se detuvo a 389 personas –290 guatemaltecos, 93 mexicanos, dos israelíes y cuatro ucranianos–, en lo que autoridades estadunidenses consideran la redada más grande de migración en un solo sitio. Todo ocurrió hace una semana, en Postville, con la toma por asalto de la planta de procesamiento de carnes Agriprocessors, la fuente de empleo más grande de la región. En la operación participaron agentes de migración y alguaciles federales.
¿El delito? Trabajar
Desde esa fecha, cientos de familias de ahí y de toda la región han vivido sumidas en la angustia y el temor. “Fue una invasión de este pueblo”, señala el sacerdote Paul Ouderkirk, párroco del sacramento hispano de la iglesia católica St. Bridget’s (Santa Brígida), en Postville. “Esto ha dejado una herida profunda y aún sangra”, agrega.
Es en esa misma iglesia donde a lo largo de la semana se refugiaron cientos de familiares de los migrantes, sobre todo madres con sus hijos; muchos temían que regresara la migra por ellos.
Martha Pérez, profesora de español del Kirkwood Community College, en Iowa City, quien es voluntaria en el apoyo a familiares afectados en lo que definió como “emergencia humanitaria”, contó a La Jornada que las madres refugiadas no tenían con qué dar de comer a sus hijos; otras tenían niños enfermos, y otras más están embarazadas. Permanecieron casi toda la semana en el templo, mientras sacerdotes, religiosas y varias organizaciones trabajaban para ofrecer alimentos, asistencia médica y asesoría legal.
En tanto, padres, madres, hijos e hijas capturados en el operativo fueron trasladados ese mismo día a la ciudad de Waterloo, a dos horas de distancia, donde las autoridades federales utilizaron el terreno y las instalaciones de una ¡feria de ganado! (National Cattle Congress Fairgrounds), sin considerar lo que significa emplear tal lugar para detener seres humanos, donde fueron “procesados” y posteriormente enviados a diversos centros de detención.
El sacerdote Ouderkirk dice que hoy ya no hay refugiados en la iglesia, pero en su momento pico sumaron más de 250. Ahora, toda una gama de organizaciones comunitarias, sindicatos y voluntarios se dedican a apoyar los procesos legales para facilitar el regreso de algunos a sus países de origen, así como asesorar a los detenidos y ofrecer solidaridad a una comunidad devastada.
“Por esta invasión aquí todo está en pedazos: las vidas de la gente, las de los comerciantes, y los funcionarios locales no saben ni qué decir”, dijo el religioso.
El temor se manifiesta por todas partes. El día posterior a las redadas, entre un tercio y la mitad de los 600 estudiantes del sistema escolar local no se presentaron a clases.
El miedo entre los migrantes no se limita a Postville. En Waterloo “llovieron llamadas durante toda la semana para preguntarnos si era seguro salir de casa”, dice Lisa Muñoz, integrante de la junta directiva del Centro Latinoamericano, organización de apoyo comunitario en esa ciudad. “La gente no sale, oncluso algunos no van a trabajar ni por comida; nosotros no les podemos decir si es seguro hacerlo…”
La magnitud de lo que ocurrió es visible por todo el este de Iowa, hasta en Des Moines y otras ciudades grandes, agregó la entrevistada. Muchos inmigrantes piden a quienes tienen documentos ir al supermercado por alimentos para sus hijos. Otros hacen los preparativos necesarios para otorgar derechos de tutela, en caso de que los deporten.
En Postville, casi todos los mexicanos provienen de El Barril, San Luis Potosí. El sacerdote Paul Ouderkirk dice que hay amplia relación entre las iglesias y comunidades de ambos pueblos, y que El Barril es casi del mismo tamaño poblacional que Postville (poco más de 2 mil 200 personas), “en parte por eso les gustaba vivir aquí”.
Narra que una inmigrante rusa le dijo: “Llegamos aquí sin nada; si ahora nos deportan regresaremos a menos que nada”, y señaló que eso expresa el sentir de la mayoría. A la vez, advirtió el párroco, esto tendrá un grave impacto en El Barril.
En la empresa Agriprocessors –la empacadora de carnes kósher más grande del país– hay casi mil trabajadores, gran parte de ellos inmigrantes guatemaltecos que sólo hablan maya y un poco de español; hay también mexicanos y europeos orientales, quienes laboraban en condiciones que estaban siendo investigadas por presuntas violaciones, incluso de trabajo para menores de edad, maltratos, insalubridad y más, pero hasta el momento ninguno de los dueños ha sido detenido, sólo cientos de sus empleados.
El pasado sábado, durante una misa celebrada por el arzobispo Jerome Hanus, en Postville, una niña de cuatro años, Johana, avanzó por el pasillo durante la oración inicial, subió al altar y ofreció un papelito al oficiante. El ministro laico Paul Rael tomó la nota y le dio lectura: “Me ha entregado una petición muy especial esta pequeña niña que acaba de acercarse”. Indicó que la nota decía que deseaba que todos oraran “para que mi papá pueda regresar a casa”. Rael regresó a su asiento con lágrimas en los ojos, reportó el Des Moines Register, el periódico más importante de Iowa.
El padre de la niña es uno de los 389 detenidos. Ella es parte de una comunidad que ha vivido una semana de terror en el corazón de Estados Unidos.
David Brooks, corresponsal/ I
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El Sahara Occidental espera desde hace décadas el reconocimiento a su autodeterminación. Ha construido su identidad y organización política, social y económica "en la intemperie del mundo". La República Árabe Democrática Saharahui primero se libró de España y ahora esperar saldar el diferendo que mantiene con el reino de Marruecos. Con ese motivo, el presidente argelino Abdelaziz Buteflika, en un mensaje a los responsables saharahuis, reafirmó la adhesión de su país a las resoluciones de Naciones Unidas sobre ese territorio, con motivo del aniversario del Frente Polisario. La imagen corresponde a un campo de refugiados en Argelia Textos de Blanche Petrich y Foto de Jesús Villaseca
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Desertora
Karina, ex combatiente de las FARC, cuyo verdadero nombre es Nelly Ávila Moreno, afirmó que la guerrilla está "diezmada y resquebrajada". La combatiente se entregó el domingo a la policía Foto Ap
Columnas
Julio Hernández López : Astillero Setenta y un días de debate: el paso del tiempo daña el proyecto mouriñista-calderonista de apropiación del petróleo, pues las tales confrontaciones senatoriales han sido ganadas con amplitud por las razones presentadas por los adversarios de la privatización. Por lo anterior es que la empresa MuCal pretendía hacer que se aprobaran los planes reformistas al contado, en abril, y no en entregas. Al desmoronamiento de las posiciones oficialistas en los mencionados debates se suma la aparición de más evidencias ventajosas de la familia Mouriño como las que el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, presentó en días pasados, en relación con negocios en materia de energía eólica desarrollados por el padre del actual secretario de Gobernación en condiciones que muestran el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias. Tan dañino es el transcurrir del tiempo para las ambiciones felicamilescas que la denuncia de corruptelas alcanzó ayer una sesión con legisladores alemanes y provocó la reacción de conocida histeria del videopanista Federico Döring.
Veintiún días durará el plantón que los maestros de la sección 22 del SNTE instalaron ayer en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los profesores exigen que Elba Esther Gordillo deje de jugar a sus conveniencias al no emitir en tiempo adecuado la convocatoria para elegir al nuevo mando seccional (con lo que la reina del Panal podría maniobrar para desconocer a la actual directiva e imponer sin comicios a directivos que le sean afines) y demandan liberar a los presos políticos que están sujetos a procesos federales y estatales. Si el 3 de junio próximo no se ha cumplido esta exigencia de libertad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha anunciado que reanudará movilizaciones masivas. Aun cuando no se han podido restablecer las condiciones de unidad y confianza entre los principales integrantes de la mencionada APPO, y en el ambiente oaxaqueño flota el fantasma especulativo de los movimientos partidistas rumbo a las elecciones gubernamentales del año próximo, la reinstalación pública de profesores en la principal plaza de Oaxaca abre el camino a un nuevo episodio de confrontación entre un movimiento social golpeado y dividido, pero aún vigente y con posibilidades de restablecimiento, y un gobierno, el de Ulises Ruiz, cada vez más sumido en los pantanos de la represión y la corrupción.
(Así fuera en términos visuales, Oaxaca vivió ayer nuevamente escenas de confrontación de los pobladores con las autoridades: bloqueos de carreteras, reto de la sección 22 a que el “tirano” Ulises los desaloje del zócalo e incluso que miembros de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños hubiesen obligado al procurador de justicia del estado a bajarse de su vehículo y caminar entre manifestantes para llegar a una “mesa de negociación” con ellos. Por cierto, AMLO estará hoy en la capital oaxaqueña para reunirse con brigadas defensoras del petróleo.)
¿Cuántos días habrá de esperar el EPR a que le sea informado dónde están sus dos dirigentes desaparecidos? Tal es el punto planteado ayer en un comunicado por los guerrilleros que comenzarán a dialogar con el gobierno a través de mediadores pero no desean que tales contactos indirectos se conviertan en un proceso sin fechas ni términos, sobre todo si se toma en cuenta que el planteamiento de los insurrectos se refiere específicamente a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes este domingo venidero cumplirán un año de haber sido secuestrados.
Hoy vence el término (aunque puede ampliarse para allegar más elementos de juicio a las autoridades) para que el tribunal electoral federal defina si “toma nota” de que Guadalupe Acosta Naranjo es el presidente sustituto del PRD o considera que hubo irregularidades en el proceso de su designación. En el sol azteca se vive, mientras tanto, una situación epistolar. Jesús Ortega se ha sorprendido por la respuesta que con lenguaje “soez” e “insolente” dio Alejandro Encinas a la carta enviada por el jefe de los chuchos para plantear posibilidades de negociación. Ortega se niega a responder en el mismo tono porque, explica, “con eso contribuiría, precisamente, a lo que combato”. El dirigente de Nueva Izquierda incluso aportó al debate una cita de Amos Oz, en su texto Contra el fanatismo: “Traidor es quien cambia a los ojos de aquellos que no pueden cambiar, de aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio (…)
“En otras palabras, traidor es a ojos del fanático cualquiera que cambia. Muy a menudo el fanático sólo puede contar hasta uno; dos es un número demasiado grande para él.” Encinas ha revirado con la mención del daño que a su partido han causado el encono y la falta de cultura del debate, y aseguró que las broncas electorales recientes han descubierto “no sólo las debilidades y limitaciones de nuestra vida orgánica, sino además las diferentes visiones que sobre el partido y su línea política tenemos”.
Jorge Alcocer se presentó a unas horas de que cerrara el plazo para que se inscribieran en la Cámara de Diputados los ciudadanos que aspiran a ocupar el cargo de consejeros electorales del IFE. Alcocer es uno de los autores de las reformas electorales que ahora le permitirán “ganar” en un concurso demostradamente amañado con el que los líderes de los grupos legislativos hacen como que analizan expedientes ciudadanos para acabar designando a quienes les conviene y, como en el caso del ex presidente del Partido Fuerza Ciudadana, constituyen ya una especie de capricho de poder. Alcocer es el hombre de Manlio Fabio Beltrones que buscará, en cuanto le sea posible, desplazar a L.V. Zurita.
Y, mientras el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ha aprehendido cerca de Jalapa a José Jacobo Femat y Rafael Jacobo García, dirigentes de la Cen-tral de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) que iban con sus seguidores a una reunión concertada con el mandatario estatal, ¡hasta mañana, en esta columna sin aplazamientos!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Marco Buenrostro y Cristina Barros : Itacate
Carlos Bonfil : El Foro
Opinión
Marco Rascón : La siniestra mexicana
Abraham Nuncio : Pemex y Fundidora
Luis Hernández Navarro : Evo y el futbol
Magdalena Gómez : El indigenismo en tiempos de Calderón Después de la distorsión a los Acuerdos de San Andrés expresada en la contrarreforma indígena de 2001, de las estridencias del foxismo en esta materia y del contexto en que el actual gobierno se hace del poder, la tentación de hacer el vacío a las políticas oficiales es muy grande. Sin embargo, crecientemente se observan los signos del abierto retroceso en la definición y práctica del indigenismo. El calderonismo transita en sentido contrario a los instrumentos internacionales vigentes. Muestras de ello encontramos en el documento que el gobierno de México presentó al séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, realizado del 21 de abril al 2 de mayo pasado.
El texto contiene las respuestas a recomendaciones del Foro Permanente en su sexto periodo de sesiones, en 2007, además informa sobre las actividades, programas y políticas relacionadas con los pueblos indígenas (E/C.19/2008/5/Add.2).
Una de las recomendaciones centrales se refiere a la necesidad de establecer en la Constitución el consentimiento libre, previo e informado, derecho contenido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al respecto, el gobierno se refiere al derecho a la consulta que se contiene en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual tampoco se ha respetado, pues éste se debería realizar ante las instancias propias de los pueblos indígenas y no en “foros” o en un “consejo consultivo”, como se reivindica en el documento. En ningún momento aparecen evidencias de que se asuma la diferencia entre ser “consultado” y otorgar “consentimiento”. Temas tan complejos como los relativos a propiedad intelectual se justifican con la asistencia de funcionarios a reuniones internacionales.
Por otra parte, el espíritu “crítico” del gobierno aflora: “En cuanto al número de recomendaciones, sería conveniente reducirlas a un menor número (sic), y enfocarlas a resultados concretos que faciliten su seguimiento” (parágrafo 30). Dejan ver los obstáculos que enfrentan y recurren al conocido argumento de que no es lo mismo un país con “pocos” indígenas que otro con “muchos”: “En cuanto al porcentaje de población indígena en cada país, la disparidad en este factor dificulta el cumplimiento para aquellos países con alto porcentaje de población indígena, pues tienen que destinar presupuestos mayores (parágrafo 31). Y ya en plan “sincero” señalan: “Otro obstáculo es la negativa de algunas comunidades indígenas a participar” (parágrafo 32).
No obstante que se distorsiona el contenido de la contrarreforma de 2001 (por ejemplo, se dice que incluye el derecho a la tierra y al territorio), se reconoce lo obvio: “Más lento aún ha sido el desarrollo legislativo a nivel federal; los cambios han sido de menor impacto y de manera poco profunda”. Y se quejan: “Tal parece que entender y comprender la interculturalidad no es tarea fácil y requiere un ejercicio de reflexión interna y compromiso personal” (parágrafo 37).
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“Debate abierto”, la aplicación de pruebas escolares estandarizadas
Profesores de Oaxaca suspenden laboresOaxaca, Oax., 19 de mayo. El magisterio oaxaqueño de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendió hoy actividades escolares en todo el estado y se instaló en plantón “rotativo” en el zócalo y calles aledañas.
En esta ciudad, con el apoyo de contingentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las regiones Valles Centrales y Sierra marcharon desde las 9 horas, sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, hacia la plaza central.
Mientras tanto, los de las regiones Mixteca y cuenca del Papaloapan bloquearon las casetas de cobro de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y del puente Caracol de la autopista a Tuxtepec, para dar paso libre a los automovilistas. A su vez, los de las zonas Istmo de Tehuantepec y Costa cerraron las carreteras Transísmica y Costera, en las inmediaciones de Matías Romero y Puerto Escondido, lo que provocó largas filas de vehículos.
Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz afirmó que su administración ha respondido al pliego petitorio presentado por la sección 22 del SNTE, y subrayó que está en la mejor disposición de seguir negociando para evitar afectaciones a estudiantes y habitantes de la capital oaxaqueña con la suspensión de clases y las movilizaciones. “No veo ningún problema para alcanzar acuerdos”, aseveró.
En un mitin, el secretario de actas y acuerdos de la sección 22 del SNTE, Domingo Cabrera Vásquez, dijo que el plantón “rotativo”, acordado durante el noveno congreso estatal ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ratificado por la asamblea estatal, se instaló como medida de presión para lograr respuesta satisfactoria del gobierno estatal a su pliego petitorio, el cual incluye demandas educativas, económicas, sociales y políticas, así como otros reclamos, entre éstos la expedición de la convocatoria para la elección interna, la liberación de “presos políticos y de conciencia” y la cancelación de los procesos penales y órdenes de aprehensión contra seguidores del movimiento magisterial y popular. Asimismo, la entrega de escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE.
El gobernador declaró que no hay conflicto entre su gobierno y la sección 22 del SNTE, sino únicamente “negociación, como ha habido otros años”. Además destacó que en el pliego petitorio existe un punto que no corresponde a los gobiernos federal y estatal, por estar relacionado con la expedición de la convocatoria para la elección interna.
“Tengo entendido que hay avances en las pláticas entre el SNTE y la sección 22, y espero que se expida la convocatoria”, indicó. Ruiz Ortiz manifestó que su gobierno respetará y garantizará toda movilización que se efectúe dentro de los cauces legales y respetando el estado de derecho.
A su vez, unos mil integrantes de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños se manifestaron en las principales calles y después bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa, donde están todas las dependencias gubernamentales, para exigir el esclarecimiento del asesinato de su dirigente, Moisés Cruz, ocurrido el 18 de mayo de 2006 en el municipio de San Juan Mixtepec, en la región Mixteca, cometido presuntamente por priístas de la localidad.
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La crisis de los partidosLorenzo Córdova Vianello20 de mayo de 2008
Decir que los partidos en México atraviesan desde hace algunos años una situación de crisis no aporta ningún elemento novedoso al debate público. Sin embargo, nadie en su sano juicio podría afirmar a contracorriente que los partidos políticos gozan de cabal salud y que poco o nada debería cambiarse al respecto.
Más allá de ser un tema trillado, afrontarlo cabalmente resulta cada vez más importante para poder revisar la viabilidad de esas instituciones que son consustanciales a la democracia y vitales para el sistema representativo. Reflexionar sobre la crisis de los partidos y buscar soluciones a la misma termina por ser un tema obligado para pensar en el futuro de la democracia.
Que los partidos atraviesan una situación complicada lo evidencian datos concretos que están a la vista de cualquiera. No se trata de un fenómeno exclusivo de alguno de ellos, sino que atraviesa transversalmente todo el espectro político. Por un lado tenemos al vistoso y estridente proceso de elección de la presidencia nacional del PRD, que raya cotidianamente en la fractura y cuya resolución es de pronóstico reservado; se trata, por lo demás, de un partido que aún no ha logrado hacer las cuentas con el protagonismo y agenda propia del lopezobradorismo.
Por otra parte tenemos al PRI, secuestrado día a día por los nuevos grupos de poder que encarnan los gobernadores y que lo convierten cada vez más en una confederación informe de intereses diversos que dificultan un posicionamiento ideológico claro y una identidad propia.
En el otro extremo tenemos al PAN que, aunque de manera menos evidente, atraviesa una grave crisis provocada por la absoluta orfandad de principios políticos (en otros tiempos motivo de orgullo e identidad panista), por un pragmatismo sin rumbo y por un ejercicio autoritario a su interior evidenciado por el hecho de que, desde hace tiempo, es el partido que enfrenta el mayor número de juicios promovidos en su contra ante el Tribunal Electoral por violación de derechos políticos de sus militantes.
Tampoco lo partidos “pequeños” están ajenos a las tribulaciones; el lamentable caso de cómo el otrora partido Alternativa Socialdemócrata ha venido resolviendo la renovación de su dirigencia nacional nos habla de que el fenómeno de descomposición los afecta a todos.
Por si esos datos de hecho no fueran suficientes, las encuestas de cultura política y de confianza en las instituciones nos evidencian que reiteradamente los partidos políticos están en el sótano de las calificaciones emitidas. Así, el ranking nacional publicado por Consulta Mitofsky en febrero pasado señala que “se mantiene muy baja la confianza que (los partidos) generan y este comportamiento se da en todos los grupos poblacionales, lo que los ubica nuevamente en el último lugar”, con 5.5 de calificación (sobre 10).
Frente a ese contexto abundan los oportunistas que lucran con un discurso “antipolítica” y “antipartidos” abanderando y abusando de presuntas causas nobles y justas, como es el caso de la mala idea encarnada por las “candidaturas independientes”.
¿Qué hacer frente a ese escenario? Olvidarse de los partidos y repudiarlos como la forma primigenia de organización política de los ciudadanos y como el conducto natural para integrar la representación nacional sería, simplemente, el suicidio de la democracia. Ya Kelsen ha advertido con una claridad perentoria que los partidos son canales indispensables para procesar la pluralidad política en los sistemas democráticos. Para decirlo en breve: sin partidos no hay democracia y no hay democracia sin partidos.
La solución, por elemental que parezca, está en fortalecer a los propios partidos creando condiciones para el procesamiento democrático de sus decisiones internas y de la designación de sus dirigentes y candidatos. Sólo así, estableciendo mecanismos democráticos y de control de legalidad en sus actos, podrá superarse la crisis que atraviesan. El papel del IFE y del tribunal en garantizar que esas condiciones se cumplan es crucial. Más allá de que algunos lo consideren intervencionismo, ese control externo es indispensable para evitar que los partidos sean cotos vedados, espacios refractarios a los principios de la democracia y del estado de derecho. Se trata de un control del que, sin llegar a asfixiar la legítima autonomía de los partidos, dependen la garantía de los derechos de los militantes y, al fin y al cabo, la existencia misma de una democracia digna de llamarse tal.
Investigador y profesor de la UNAM
Rebelion.org.
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