Licenciado Eduardo Medina Mora Icaza
Procurador General de la República
Distinguido Procurador Medina Mora Icaza,
Por medio de la presente, expresamos nuestra inquietud con respecto a las diligencias ministeriales encaminadas a las posibles excavaciones en el ex Cuartel Militar ahora Ciudad de los Servicios en Atoyac de Álvarez, Guerrero, mismas que dieron inicio los días 2 y 3 de febrero del presente año con el objetivo de buscar irregularidades en el suelo que pudieran indicar la presencia de fosas clandestinas. Estas diligencias están motivadas por las averiguaciones previas radicadas actualmente en la Coordinación General de Investigación, que versan sobre desapariciones forzadas y otros delitos graves cometidos en la década de los sesenta y setenta.
Tenemos conocimiento de que la primera fase, de escaneo, realizada con un georadar, arrojó como resultado zonas con claras anomalías. No obstante, a tres meses de realizada esta primera fase no se ha procedido a la siguiente etapa, que sería de exploración, o bien, directamente a la excavación.
Esta dilación e indecisión en los trabajos periciales que aún restan ha mantenido a los familiares y demás víctimas en completa incertidumbre, lo que se ha traducido en angustia y malestar y, en algunos casos, manifestaciones psicosomáticas. Las exhumaciones tienen un potencial reparador para los familiares de desaparecidos, así como a nivel comunitario. Sin embargo existe el riesgo de retraumatización y de daño cuando se realizan acciones de mala praxis.
Hasta el momento existen serias dudas sobre la calidad del procedimiento a realizar, pues todavía se ignora si se seguirán las metodologías y protocolos de exhumación establecidos por distintos organismos internacionales como norma para garantizar la conservación y no alteración de la evidencia. A este respecto es necesario inquirir si la Procuraduría General de la República (PGR) piensa seguir cabalmente el "Protocolo Modelo de Exhumación y Análisis de Restos Óseos" contenido en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas, o bien el protocolo de exhumación preparado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (formado en 1984 para investigar las desapariciones de la dictadura militar argentina) a petición de la propia PGR.
La incertidumbre sobre los métodos a emplear en esta diligencia, además de la secrecía y falta de transparencia con la que se han manejado las autoridades en este asunto mueven a todo tipo de suspicacias, en particular por la demora para desahogar las fases subsecuentes sin que se motive y fundamente tal dilación por parte de la autoridad competente.
Ante esta situación, cabe comparar experiencias en otros países de Latinoamérica que han vivido situaciones semejantes, en donde se asume de vital importancia el pleno goce del derecho a la verdad para los familiares y la sociedad en su conjunto, al grado de aparecer en los diarios nacionales, los pormenores de la exhumación de restos humanos pertenecientes a desaparecidos de la dictadura militar. En ella se da fe de la meticulosidad del procedimiento y se solicita la presencia de testigos de calidad y de familiares de los desaparecidos.
Resulta inconcebible que un procedimiento tan relevante para la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas pretenda no concluirse o bien desarrollarse en secreto total y sin la información y participación de testigos de la sociedad civil con la autoridad moral suficiente para legitimarlo. Con ello se viola, además, el derecho de coadyuvancia de las víctimas y sus representantes.
Por todo lo anterior, exigimos:
1) Se dé paso a la etapa subsecuente en la diligencia hasta la exhumación de los lugares en donde, tras el primer análisis con la técnica del escaneo con georadar, se encontraron anomalías que indican la posibilidad de hallar restos humanos.
2) Notificar oportunamente a las víctimas y sus representantes legales sobre la metodología y las condiciones técnicas y de legitimidad necesarias para su desarrollo.
4) Abrir el procedimiento al escrutinio público, permitiendo el acceso de los familiares de las víctimas, sus representantes legales y testigos de calidad para certificar que éste se apega a las normas internacionales, respetando también el derecho de coadyuvancia.
5) Permitir la videograbación del procedimiento para contribuir al análisis de la evidencia y la preservación de la memoria histórica.
6) Asegurar las zonas delimitadas en la "Ciudad de los Servicios" (antes Cuartel Militar de Atoyac) en donde se llevó a cabo el escaneo a principios de febrero, para protegerlas de posibles actos vandálicos o intentos por alterar la evidencia.
7) De detectarse presencia de restos humanos, dar todas las facilidades para la inmediata recuperación de éstos apegándose a las más altas normas procedimentales del caso y ser sumamente precavidos para asegurar el estricto respeto a la cadena de custodia y los procedimientos de embalaje y conservación de la evidencia.
Distinguido Procurador Medina Mora Icaza,
Por medio de la presente, expresamos nuestra inquietud con respecto a las diligencias ministeriales encaminadas a las posibles excavaciones en el ex Cuartel Militar ahora Ciudad de los Servicios en Atoyac de Álvarez, Guerrero, mismas que dieron inicio los días 2 y 3 de febrero del presente año con el objetivo de buscar irregularidades en el suelo que pudieran indicar la presencia de fosas clandestinas. Estas diligencias están motivadas por las averiguaciones previas radicadas actualmente en la Coordinación General de Investigación, que versan sobre desapariciones forzadas y otros delitos graves cometidos en la década de los sesenta y setenta.
Tenemos conocimiento de que la primera fase, de escaneo, realizada con un georadar, arrojó como resultado zonas con claras anomalías. No obstante, a tres meses de realizada esta primera fase no se ha procedido a la siguiente etapa, que sería de exploración, o bien, directamente a la excavación.
Esta dilación e indecisión en los trabajos periciales que aún restan ha mantenido a los familiares y demás víctimas en completa incertidumbre, lo que se ha traducido en angustia y malestar y, en algunos casos, manifestaciones psicosomáticas. Las exhumaciones tienen un potencial reparador para los familiares de desaparecidos, así como a nivel comunitario. Sin embargo existe el riesgo de retraumatización y de daño cuando se realizan acciones de mala praxis.
Hasta el momento existen serias dudas sobre la calidad del procedimiento a realizar, pues todavía se ignora si se seguirán las metodologías y protocolos de exhumación establecidos por distintos organismos internacionales como norma para garantizar la conservación y no alteración de la evidencia. A este respecto es necesario inquirir si la Procuraduría General de la República (PGR) piensa seguir cabalmente el "Protocolo Modelo de Exhumación y Análisis de Restos Óseos" contenido en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas, o bien el protocolo de exhumación preparado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (formado en 1984 para investigar las desapariciones de la dictadura militar argentina) a petición de la propia PGR.
La incertidumbre sobre los métodos a emplear en esta diligencia, además de la secrecía y falta de transparencia con la que se han manejado las autoridades en este asunto mueven a todo tipo de suspicacias, en particular por la demora para desahogar las fases subsecuentes sin que se motive y fundamente tal dilación por parte de la autoridad competente.
Ante esta situación, cabe comparar experiencias en otros países de Latinoamérica que han vivido situaciones semejantes, en donde se asume de vital importancia el pleno goce del derecho a la verdad para los familiares y la sociedad en su conjunto, al grado de aparecer en los diarios nacionales, los pormenores de la exhumación de restos humanos pertenecientes a desaparecidos de la dictadura militar. En ella se da fe de la meticulosidad del procedimiento y se solicita la presencia de testigos de calidad y de familiares de los desaparecidos.
Resulta inconcebible que un procedimiento tan relevante para la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas pretenda no concluirse o bien desarrollarse en secreto total y sin la información y participación de testigos de la sociedad civil con la autoridad moral suficiente para legitimarlo. Con ello se viola, además, el derecho de coadyuvancia de las víctimas y sus representantes.
Por todo lo anterior, exigimos:
1) Se dé paso a la etapa subsecuente en la diligencia hasta la exhumación de los lugares en donde, tras el primer análisis con la técnica del escaneo con georadar, se encontraron anomalías que indican la posibilidad de hallar restos humanos.
2) Notificar oportunamente a las víctimas y sus representantes legales sobre la metodología y las condiciones técnicas y de legitimidad necesarias para su desarrollo.
4) Abrir el procedimiento al escrutinio público, permitiendo el acceso de los familiares de las víctimas, sus representantes legales y testigos de calidad para certificar que éste se apega a las normas internacionales, respetando también el derecho de coadyuvancia.
5) Permitir la videograbación del procedimiento para contribuir al análisis de la evidencia y la preservación de la memoria histórica.
6) Asegurar las zonas delimitadas en la "Ciudad de los Servicios" (antes Cuartel Militar de Atoyac) en donde se llevó a cabo el escaneo a principios de febrero, para protegerlas de posibles actos vandálicos o intentos por alterar la evidencia.
7) De detectarse presencia de restos humanos, dar todas las facilidades para la inmediata recuperación de éstos apegándose a las más altas normas procedimentales del caso y ser sumamente precavidos para asegurar el estricto respeto a la cadena de custodia y los procedimientos de embalaje y conservación de la evidencia.
Sin otro particular, agradezco la atención que sirva prestar a la presente.
Israel Sampedro Morales
Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla.
H. Puebla de Zaragoza a 23 de mayo de 2008
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Estimados
Por medio de la presente les solicitamos su apoyo para firmar y enviar la acción urgente adjunta dirigida al Procurador General de la República, la cual tiene por objeto lograr destrabar el proceso de exhumaciones que se inició hace tres meses en el Ex-Cuartel Militar de Atoyac de Alvarez, Guerrero, Mexico, con motivo de las posibles fosas clandestinas que se encuentran en dicho lugar con restos oseos de personas detenidas desaparecidas en el contexto de la guerra sucia en nuestro país.
Del peritaje de la primera fase de exploración se desprenden que existen zonas con claras irregularidades en el subsuelo, por esto resulta urgente continuar los trabajos iniciados y proceder a la excavación a la brevedad y no dejar truncado el proceso, el cual resulta indispensable en la búsqueda de verdad y justicia en nuestro país.
Los datos para enviar la carta son:
C. Procurador de la República
Av. Paseo de la Reforma #211-213 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F.
Fax (52)(55) 53460908
Correo e- ofproc@pgr.gob.mx
A todas las organizaciones que envien la carta le solicitamos lo informen al correo electrónico : comunicacion@cmdpdh.org o al fax. (52) (55) 55 84 27 31 para llevar un registro de las organizaciones que envien la carta.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
"Porque ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla
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