Women’s Link apeló, podría ir a Tribunal Constitucional
Caso Atenco: rechazan querella por tortura contra española Cristina Valls
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 16 julio 08 (CIMAC).- Cinco meses después de que la organización Women’s Link Worldwide interpuso ante la Audiencia Nacional Española una querella por tortura cometida contra la ciudadana española Cristina Valls, durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco en 2006, el magistrado español Fernando Grande-Marlaska la rechazó, ante lo cual se presentó un recurso de apelación.
Paloma Soria, una de las representantes legales de Women’s Link y de Cristina Valls, informó a Cimacnoticias vía telefónica que la Audiencia Española les notificó el pasado 7 de julio que rechazaba la querella interpuesta el 25 de enero de este año contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y violación como método de tortura contra las mujeres.
Soria señaló que uno de los argumentos principales del magistrado es que rechazó la querella porque los hechos se investigarían en dos jurisdicciones: la mexicana y la española, y no es posible aplicar el principio de concurrencia de jurisdicciones (que se refiere a la posibilidad de que intervenga más de una jurisdicción nacional en un caso) solicitado por las querellantes.
En marzo pasado, el magistrado Grande-Marlaska pidió información al Gobierno mexicano sobre las pesquisas de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y cuatro extranjeras deportadas.
La respuesta por parte del Gobierno mexicano se dio en junio pasado y fue calificada por Women’s Link como “omisa e imprecisa”.
Omisa, porque no menciona a Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República y quien entonces fungía como secretario de Seguridad Pública, así como del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quienes se acusa de haber ordenado el operativo.
Imprecisa, porque el Gobierno de México “detalla” que las investigaciones abiertas por los hechos y concretamente contra la violación sexual a mujeres se encuentra en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), misma que a la fecha no ha consignado pese a contar con pruebas suficientes para ello, señala Women’s Link.
Asimismo, se informó a Grande- Marlaska que la prohibición para que Cristina Valls regrese a México, que era de cinco años, fue “levantada”, por lo que puede volver al país cuando ella quiera. No obstante, señaló Women’s Link, a la fecha ni Valls ni sus abogadas han sido notificadas de esta medida.
La respuesta fue considerada por el magistrado Grande-Marlaska y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, que estudió la procedencia de la querella interpuesta y que determinó su inaceptabilidad (trámite que se hace en todos los casos de jurisdicción universal).
En un documento signado el 29 de febrero de este año señala textual: “En definitiva, a nivel legislativo como jurisdiccional, las autoridades mexicanas han demostrado su voluntad de investigar los posibles excesos y abusos de todo tipo que pudieron realizar sus fuerzas de seguridad, debiendo descartarse en el caso la inactividad de la jurisdicción mexicana.
“Esta investigación, llevada a cabo por las autoridades judiciales mexicanas, impide que se abra otro procedimiento judicial en España con el objeto de investigar los mismos hechos y las mismas personas”.
Con lo anterior declaró la incompetencia de la jurisdicción nacional para conocer de los hechos objetos de la querella.
APELACIÓN
Ante esta situación y atendiendo el plazo para apelar dicha decisión, el pasado lunes 14 de julio, Women’s Link presentó un recurso de apelación en el que sostiene que este principio es aplicable tal y como lo fue para los casos de Guatemala y Perú.
Paloma Soria explicó que tendrán que esperar de tres a cuatro meses para que la sala en la que se presentó este recurso decida si lo acepta o no.
En caso de que lo acepte, continuó la abogada, la querella será enviada nuevamente al magistrado Grande-Marlaska, quien tendrá la obligación de investigar los hechos, tomar declaración de Cristina Valls y sus testigos, así como a los presuntos culpables.
De no aceptarlo, entonces recurrirían al Tribunal Constitucional Español, el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, quien puede tomarse hasta un año para admitir un caso, informó Soria.
Paloma Soria dijo no sentirse sorprendida por la respuesta del magistrado y confió en que el recurso de apelación será aceptado porque tiene todos los argumentos jurídicos para que así sea, en caso contrario, insistió, “no nos daremos por vencidas y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
08/LGL/GG/CV
Caso Atenco: rechazan querella por tortura contra española Cristina Valls
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 16 julio 08 (CIMAC).- Cinco meses después de que la organización Women’s Link Worldwide interpuso ante la Audiencia Nacional Española una querella por tortura cometida contra la ciudadana española Cristina Valls, durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco en 2006, el magistrado español Fernando Grande-Marlaska la rechazó, ante lo cual se presentó un recurso de apelación.
Paloma Soria, una de las representantes legales de Women’s Link y de Cristina Valls, informó a Cimacnoticias vía telefónica que la Audiencia Española les notificó el pasado 7 de julio que rechazaba la querella interpuesta el 25 de enero de este año contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y violación como método de tortura contra las mujeres.
Soria señaló que uno de los argumentos principales del magistrado es que rechazó la querella porque los hechos se investigarían en dos jurisdicciones: la mexicana y la española, y no es posible aplicar el principio de concurrencia de jurisdicciones (que se refiere a la posibilidad de que intervenga más de una jurisdicción nacional en un caso) solicitado por las querellantes.
En marzo pasado, el magistrado Grande-Marlaska pidió información al Gobierno mexicano sobre las pesquisas de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y cuatro extranjeras deportadas.
La respuesta por parte del Gobierno mexicano se dio en junio pasado y fue calificada por Women’s Link como “omisa e imprecisa”.
Omisa, porque no menciona a Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República y quien entonces fungía como secretario de Seguridad Pública, así como del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quienes se acusa de haber ordenado el operativo.
Imprecisa, porque el Gobierno de México “detalla” que las investigaciones abiertas por los hechos y concretamente contra la violación sexual a mujeres se encuentra en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), misma que a la fecha no ha consignado pese a contar con pruebas suficientes para ello, señala Women’s Link.
Asimismo, se informó a Grande- Marlaska que la prohibición para que Cristina Valls regrese a México, que era de cinco años, fue “levantada”, por lo que puede volver al país cuando ella quiera. No obstante, señaló Women’s Link, a la fecha ni Valls ni sus abogadas han sido notificadas de esta medida.
La respuesta fue considerada por el magistrado Grande-Marlaska y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, que estudió la procedencia de la querella interpuesta y que determinó su inaceptabilidad (trámite que se hace en todos los casos de jurisdicción universal).
En un documento signado el 29 de febrero de este año señala textual: “En definitiva, a nivel legislativo como jurisdiccional, las autoridades mexicanas han demostrado su voluntad de investigar los posibles excesos y abusos de todo tipo que pudieron realizar sus fuerzas de seguridad, debiendo descartarse en el caso la inactividad de la jurisdicción mexicana.
“Esta investigación, llevada a cabo por las autoridades judiciales mexicanas, impide que se abra otro procedimiento judicial en España con el objeto de investigar los mismos hechos y las mismas personas”.
Con lo anterior declaró la incompetencia de la jurisdicción nacional para conocer de los hechos objetos de la querella.
APELACIÓN
Ante esta situación y atendiendo el plazo para apelar dicha decisión, el pasado lunes 14 de julio, Women’s Link presentó un recurso de apelación en el que sostiene que este principio es aplicable tal y como lo fue para los casos de Guatemala y Perú.
Paloma Soria explicó que tendrán que esperar de tres a cuatro meses para que la sala en la que se presentó este recurso decida si lo acepta o no.
En caso de que lo acepte, continuó la abogada, la querella será enviada nuevamente al magistrado Grande-Marlaska, quien tendrá la obligación de investigar los hechos, tomar declaración de Cristina Valls y sus testigos, así como a los presuntos culpables.
De no aceptarlo, entonces recurrirían al Tribunal Constitucional Español, el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, quien puede tomarse hasta un año para admitir un caso, informó Soria.
Paloma Soria dijo no sentirse sorprendida por la respuesta del magistrado y confió en que el recurso de apelación será aceptado porque tiene todos los argumentos jurídicos para que así sea, en caso contrario, insistió, “no nos daremos por vencidas y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
08/LGL/GG/CV
Afirma el Munícipe de San Juan Copala
PGR no exhumó cadáveres de locutoras triquis asesinadas
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 16 julio 08 (CIMAC).- Los cadáveres de las locutoras asesinadas en la zona Triqui el 7 de abril pasado no fueron exhumados por peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), como se dio a conocer en la prensa, afirmó José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala.
El munícipe reveló a Cimacnoticias que desconoce de dónde surgió la versión de la supuesta exhumación de los cadáveres de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes fueran locutoras de Radio Copala, “La voz que rompe el silencio”, asesinadas el pasado 7 de abril, “porque aquí no ha venido nadie de la PGR en las últimas dos semanas”.
En entrevista telefónica, Ramírez Flores, ungido como autoridad del municipio autónomo de San Juan Copala en enero de 2007, durante una ceremonia, señaló que hasta ahora los cadáveres de las dos locutoras, de 21 y 24 años de edad no han sido desenterrados para la realización de una necropsia como se informó en días pasados.
Nosotros hemos ido al municipio de Huajuapan de León a dar nuestras declaraciones, al igual que los testigos presenciales que salvaron su vida durante una emboscada en el paraje Llano Juárez, en la carretera que conduce del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, dijo en referencia al oficial del Registro Civil, Faustino Vásquez Martínez, quien conducía el automóvil y Cristina Flores, su esposa.
Tras el asesinato, el munícipe de Copala dijo a Cimacnoticias (11 abril 2008) que hay autores intelectuales y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
Hoy, Ramírez Flores confió en que se hará justicia en el caso de las dos jóvenes locutoras de Radio Copala, mismas que recientemente recibieron un homenaje póstumo de la asociación civil Consejo Democrático y la Regiduría de Equidad y Género del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezados por Jorge Luis Cirigo y Bárbara García Chávez, respectivamente, así como el Premio Nacional de Periodismo 2007.
Felícitas Martínez y Teresa Bautista eran locutoras de Radio Copala, “La voz que rompe el silencio”, radio comunitaria afiliada a la Red de Radio y Televisión Indígena del Sureste Mexicano, donde realizaban una importante labor comunitaria en la difusión de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, lo que fue calificado entonces como una de las razones por las que habría cometido el homicidio en su contra, como señaló el coordinador de ese organismo, Omar Esparza Zárate.
Tras los hechos, la PGR atrajo el caso por el tipo de armas utilizadas para terminar con la vida de las dos jóvenes.
08/SJE/GG/CV
PGR no exhumó cadáveres de locutoras triquis asesinadas
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 16 julio 08 (CIMAC).- Los cadáveres de las locutoras asesinadas en la zona Triqui el 7 de abril pasado no fueron exhumados por peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), como se dio a conocer en la prensa, afirmó José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala.
El munícipe reveló a Cimacnoticias que desconoce de dónde surgió la versión de la supuesta exhumación de los cadáveres de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes fueran locutoras de Radio Copala, “La voz que rompe el silencio”, asesinadas el pasado 7 de abril, “porque aquí no ha venido nadie de la PGR en las últimas dos semanas”.
En entrevista telefónica, Ramírez Flores, ungido como autoridad del municipio autónomo de San Juan Copala en enero de 2007, durante una ceremonia, señaló que hasta ahora los cadáveres de las dos locutoras, de 21 y 24 años de edad no han sido desenterrados para la realización de una necropsia como se informó en días pasados.
Nosotros hemos ido al municipio de Huajuapan de León a dar nuestras declaraciones, al igual que los testigos presenciales que salvaron su vida durante una emboscada en el paraje Llano Juárez, en la carretera que conduce del paraje Joya del Mamey a Putla de Guerrero, dijo en referencia al oficial del Registro Civil, Faustino Vásquez Martínez, quien conducía el automóvil y Cristina Flores, su esposa.
Tras el asesinato, el munícipe de Copala dijo a Cimacnoticias (11 abril 2008) que hay autores intelectuales y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
Hoy, Ramírez Flores confió en que se hará justicia en el caso de las dos jóvenes locutoras de Radio Copala, mismas que recientemente recibieron un homenaje póstumo de la asociación civil Consejo Democrático y la Regiduría de Equidad y Género del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezados por Jorge Luis Cirigo y Bárbara García Chávez, respectivamente, así como el Premio Nacional de Periodismo 2007.
Felícitas Martínez y Teresa Bautista eran locutoras de Radio Copala, “La voz que rompe el silencio”, radio comunitaria afiliada a la Red de Radio y Televisión Indígena del Sureste Mexicano, donde realizaban una importante labor comunitaria en la difusión de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, lo que fue calificado entonces como una de las razones por las que habría cometido el homicidio en su contra, como señaló el coordinador de ese organismo, Omar Esparza Zárate.
Tras los hechos, la PGR atrajo el caso por el tipo de armas utilizadas para terminar con la vida de las dos jóvenes.
08/SJE/GG/CV
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