Demandan OSC
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 15 sep 08 (CIMAC).- En México la tortura continúa siendo una práctica sistemática, denuncian las OSC, y casos como los de Atenco, Ciudad Juárez, Oaxaca y recientemente el caso New´s Divine son claro ejemplo de ello.
En este contexto, del 28 de agosto al 12 de septiembre pasados, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó en nuestro país una visita, como parte de las visitas periódicas que se llevan a cabo en diferentes países para hacer recomendaciones a fin de proteger de tortura y malos tratos a las personas que se encuentran en cualquier lugar de detención.
Este organismo, creado por la ONU a finales del 2006, está integrado por un comité de 10 personas expertas que tienen acceso a todos los lugares de detención de los 29 Estados partes al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002. Las y los expertos pueden entrevistar en privado a cualquier persona detenida de estos Estados.
México, como parte de los Estados que firmaron el protocolo, está obligado a cumplirlo. El protocolo, firmado el 23 de septiembre de 2003, entró en vigor el 22 de junio de 2006.
El Subcomité visitó la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León, recibiendo información tanto de autoridades como de organizaciones civiles.
Una de estas organizaciones civiles, El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), a través de su coordinador Javier Enriquez Sam, destacó tres casos importantes para que el Subcomité considere en su visita, entre los que se encuentra el caso de María Patricia Romero Hernández, de Atenco, quien se encontraba recluida en el penal de Molino de Flores ubicado en Texcoco, Estado de México.
EL CASO DE MARÍA PATRICIA ROMERO HERNÁNDEZ
Detenida el 3 de mayo de 2006, María Patricia sufrió actos de tortura y violencia sexual en la detención, indicó el coordinador de CCTI en documento enviado al Subcomité de la ONU. Antes de su salida fue objeto de amenazas y hostigamiento por parte de custodios, mandos superiores y autoridades del penal, así como personal de la Fiscalía Especial para los Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Muchas organizaciones sociales ejercieron presión para que fuera liberada y finalizara su proceso legal con sentencia a su favor, y para que procediera su petición personal de ser atendida por personal psicológico independiente de esta organización civil CCTI, al igual que a su padre e hijo que también se encontraban detenidos en el mismo penal.
Aunque se les dictó sentencia condenatoria a los tres, que va entre 4 años y 3 años y medio, ésta fue sustituida por el pago total de aproximadamente 41 mil 500 pesos por los tres y su consiguiente liberación, y no presentaron apelación porque hubiera significado quedarse en el penal.
COMUNICADO POR LOS DERECHOS HUMANOS
El CCTI pidió al Subcomité que en su visita abordara esta problemática con las autoridades responsables, además de solicitarle entrevistarse con las personas afectadas, ante las violaciones que sufrieron en su seguridad e integridad física y psicológica.
Por otra parte, en un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y Sin Fronteras, dieron a conocer los temas tratados en los distintos encuentros con el Subcomité y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Entre los temas considerados estuvieron la tortura sexual ejercida en contra de mujeres, la separación familiar de los migrantes afectando principalmente a niñas y niños y el hecho que en 14 años de la vigencia de la Ley contra la tortura en Jalisco y a 10 de que esté vigente en Monterrey, en el primero caso no se ha consignado a ningún funcionario y en el segundo en sólo dos casos ha sido consignado algún funcionario político.
Otro tema de los comunicados fue asentar que los 14 centros estatales de reinserción social de los sentenciados que existen en Chiapas son espacios en donde se violan de manera sistemática los derechos humanos de las internas y los internos, tanto por autoridades como por los grupos de “autogobierno”.
Indica el boletín que el Subcomité de la ONU deberá elaborar un informe que será presentado al Estado Mexicano y en el que se formularán recomendaciones a fin de prevenir de manera efectiva el uso de la tortura y mejorar la prevención en todos los centros de reclusión. Esto incluye estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, cárceles, centros de detención de menores, instalaciones de policía, separos y casas de arraigo, entre otros.
Aunque el informe tiene el carácter de confidencial, el Estado visitado tiene la opción de hacer público el informe y sus recomendaciones.
Las organizaciones de Derechos Humanos consideran que en México, donde la tortura sigue siendo una práctica sistemática, el Gobierno mexicano debe de hacer público el informe del Subcomité, como una muestra de que existe voluntad por parte del Estado mexicano para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Consideraron también importante que para el adecuado cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes, se debe fortalecer el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, actualmente a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ello, consideran que la CNDH debe de establecer mecanismos eficientes de trabajo en conjunto con organizaciones e investigadores especialistas en el tema, explicando la función, el plan de trabajo y la dimensión de sus recomendaciones en el papel de Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura.
Con toda esa información, el Subcomité de la ONU deberá hacer una evaluación de las diferentes problemáticas que propician la tortura en los centros de detención, identificar las causas estructurales que impiden su efectivo combate y formular recomendaciones para lograr la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en nuestro país.
08 STP/VR/GG
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 15 sep 08 (CIMAC).- En México la tortura continúa siendo una práctica sistemática, denuncian las OSC, y casos como los de Atenco, Ciudad Juárez, Oaxaca y recientemente el caso New´s Divine son claro ejemplo de ello.
En este contexto, del 28 de agosto al 12 de septiembre pasados, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó en nuestro país una visita, como parte de las visitas periódicas que se llevan a cabo en diferentes países para hacer recomendaciones a fin de proteger de tortura y malos tratos a las personas que se encuentran en cualquier lugar de detención.
Este organismo, creado por la ONU a finales del 2006, está integrado por un comité de 10 personas expertas que tienen acceso a todos los lugares de detención de los 29 Estados partes al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002. Las y los expertos pueden entrevistar en privado a cualquier persona detenida de estos Estados.
México, como parte de los Estados que firmaron el protocolo, está obligado a cumplirlo. El protocolo, firmado el 23 de septiembre de 2003, entró en vigor el 22 de junio de 2006.
El Subcomité visitó la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León, recibiendo información tanto de autoridades como de organizaciones civiles.
Una de estas organizaciones civiles, El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), a través de su coordinador Javier Enriquez Sam, destacó tres casos importantes para que el Subcomité considere en su visita, entre los que se encuentra el caso de María Patricia Romero Hernández, de Atenco, quien se encontraba recluida en el penal de Molino de Flores ubicado en Texcoco, Estado de México.
EL CASO DE MARÍA PATRICIA ROMERO HERNÁNDEZ
Detenida el 3 de mayo de 2006, María Patricia sufrió actos de tortura y violencia sexual en la detención, indicó el coordinador de CCTI en documento enviado al Subcomité de la ONU. Antes de su salida fue objeto de amenazas y hostigamiento por parte de custodios, mandos superiores y autoridades del penal, así como personal de la Fiscalía Especial para los Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Muchas organizaciones sociales ejercieron presión para que fuera liberada y finalizara su proceso legal con sentencia a su favor, y para que procediera su petición personal de ser atendida por personal psicológico independiente de esta organización civil CCTI, al igual que a su padre e hijo que también se encontraban detenidos en el mismo penal.
Aunque se les dictó sentencia condenatoria a los tres, que va entre 4 años y 3 años y medio, ésta fue sustituida por el pago total de aproximadamente 41 mil 500 pesos por los tres y su consiguiente liberación, y no presentaron apelación porque hubiera significado quedarse en el penal.
COMUNICADO POR LOS DERECHOS HUMANOS
El CCTI pidió al Subcomité que en su visita abordara esta problemática con las autoridades responsables, además de solicitarle entrevistarse con las personas afectadas, ante las violaciones que sufrieron en su seguridad e integridad física y psicológica.
Por otra parte, en un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y Sin Fronteras, dieron a conocer los temas tratados en los distintos encuentros con el Subcomité y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Entre los temas considerados estuvieron la tortura sexual ejercida en contra de mujeres, la separación familiar de los migrantes afectando principalmente a niñas y niños y el hecho que en 14 años de la vigencia de la Ley contra la tortura en Jalisco y a 10 de que esté vigente en Monterrey, en el primero caso no se ha consignado a ningún funcionario y en el segundo en sólo dos casos ha sido consignado algún funcionario político.
Otro tema de los comunicados fue asentar que los 14 centros estatales de reinserción social de los sentenciados que existen en Chiapas son espacios en donde se violan de manera sistemática los derechos humanos de las internas y los internos, tanto por autoridades como por los grupos de “autogobierno”.
Indica el boletín que el Subcomité de la ONU deberá elaborar un informe que será presentado al Estado Mexicano y en el que se formularán recomendaciones a fin de prevenir de manera efectiva el uso de la tortura y mejorar la prevención en todos los centros de reclusión. Esto incluye estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, cárceles, centros de detención de menores, instalaciones de policía, separos y casas de arraigo, entre otros.
Aunque el informe tiene el carácter de confidencial, el Estado visitado tiene la opción de hacer público el informe y sus recomendaciones.
Las organizaciones de Derechos Humanos consideran que en México, donde la tortura sigue siendo una práctica sistemática, el Gobierno mexicano debe de hacer público el informe del Subcomité, como una muestra de que existe voluntad por parte del Estado mexicano para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Consideraron también importante que para el adecuado cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes, se debe fortalecer el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, actualmente a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ello, consideran que la CNDH debe de establecer mecanismos eficientes de trabajo en conjunto con organizaciones e investigadores especialistas en el tema, explicando la función, el plan de trabajo y la dimensión de sus recomendaciones en el papel de Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura.
Con toda esa información, el Subcomité de la ONU deberá hacer una evaluación de las diferentes problemáticas que propician la tortura en los centros de detención, identificar las causas estructurales que impiden su efectivo combate y formular recomendaciones para lograr la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en nuestro país.
08 STP/VR/GG
No hay comentarios.:
Publicar un comentario