Forum 181. Septiembre de 2008.
Nelly Olivos
* El informe Libertad de prensa en México: La sombra de la impunidad y la violencia, elaborado por representantes de 13 organizaciones internacionales, es claro al señalar que es necesario “detener toda práctica por parte de los gobiernos federal y locales que restrinjan las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan afectar la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios." Manuel Buendía solía decir que el periodismo es la segunda profesión más antigua del mundo, lo que le faltó agregar al columnista, asesinado en 1984, es que inmediatamente surgió la tercera profesión más antigua del mundo: el censor.
Actualmente, resulta difícil imaginar a un oscuro personaje que con tijeras en mano se deshaga de palabras, frases o párrafos completos de un texto. Las cosas han cambiado, ahora el control sobre la información es más sutil, por decirlo de alguna manera. No resulta inverosímil señalar que el control de los medios de información y sus mensajes están sumamente arraigados en la sociedad moderna, al igual que la necesidad de estar informado. Son muchos y de variada naturaleza los mecanismos que buscan intervenir en el proceso informativo.Pero, esa sutilidad llamada censura, puede llevarse a cabo desde llamadas “insinuantes” para solicitar un cambio en la línea editorial, hasta la cancelación de órdenes de inserción de publicidad que pueden desembocar en el cierre del medio que no acepta “sugerencias” gubernamentales.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que en materia de asignación de publicidad oficial existen dos categorías que limitan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. En primer término se encuentra la asignación “negativa” y se refiere a los recursos otorgados a un medio para inducirlo a no informar de manera desfavorable de las autoridades, lo que genera autocensura. La siguiente forma es la que se determina asignación “positiva”, donde se exige al medio que se exprese favorablemente de las autoridades y en consecuencia se origina una distorsión de los acontecimientos.
Los límites del “control” gubernamental La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (2006), interpretación de los artículos en materia de libertad de expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos (1996), establece en su artículo 13 que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; (...) entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley (...)¨ Lamentablemente no existe legislación en el tema de la distribución de la publicidad oficial en nuestro país, un importante límite jurídico que significa una defensa contra la imposición gubernamental.
Sin embargo, es un tema que ha comenzado a discutirse. El informe Libertad de prensa en México: La sombra de la impunidad y la violencia, elaborado por una misión internacional conformada por 13 organizaciones internacionales de libertad de prensa y de expresión, es clara en sus observaciones y recomendaciones al señalar que es necesario “detener toda práctica por parte de los gobiernos federal y locales que restrinjan las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan afectar la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios.” La misión internacional llegó a esta deducción luego de comprobar que en México persiste la vieja práctica del control de la pauta publicitaria por parte de las autoridades.
Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú y representante de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), dijo en entrevista para que este asunto no es exclusivo de México ya que los gobiernos latinoamericanos “utilizan la publicidad para premiar o castigar a medios de comunicación, principalmente, por la ausencia de legislación en la distribución de la pauta publicitaria”, y agrega que en Perú muchas veces retirar la publicidad oficial “es condenar a la muerte a un medio de comunicación”, pues ésta significa entre 70 y 80 por ciento de los ingresos para los medios. “Si bien es cierto que en México el problema más fuerte es el tema de los asesinatos o desapariciones de periodistas, –señala Zuliana Lainez–, pensamos que hay que empezar a mirar temas como el de la autocensura o de la censura indirecta a través de la distribución de publicidad oficial y es que se intenta premiar o castigar las líneas informativas de los medios en función del dinero que no le pertenece a un gobierno, le pertenece a todos los mexicanos, es plata que llega del pago de impuestos como en todos los países.” Desde su punto de vista es necesario fortalecer el tema de la legislación de la distribución de la publicidad oficial y ésta puede distribuirse en función de la audiencia, por ejemplo, “pero no puede quedar a la voluntad política de quien sabe que tiene un instrumento de manipulación”, concluye la representante de la FIP.
La legislación pendiente La diputada perredista Valentina Valia Batres Guadarrama y el senador Carlos Sotelo García presentaron una iniciativa para crear la Ley que Regula la Publicidad del Estado. La principal motivación para tratar este tema en los ámbitos legislativos fueron las grandes sumas que el gobierno de Vicente Fox gastó en materia de publicidad. La diputada señala: “Nosotros partimos de un hecho: El dinero que el gobierno, que las instituciones públicas tienen para comunicación social, es un dinero del erario, es un dinero público. No es dinero que le pertenece al funcionario, por lo tanto no puede haber un gasto discrecional en la contratación de publicidad en los medios de comunicación.”
Entre algunas irregularidades que se encontraron en la asignación de publicidad oficial se encuentra el hecho de que “el gobierno y las instituciones, explica la legisladora Batres, han encontrado una maña de cómo amarrar a los medios: contratan verbalmente la publicidad, no les pagan hasta la mitad del año. Y si hay una visión crítica en el contenido de la publicación, se dan el lujo de mantenerlos hasta fin de año sin pagarles la retribución por la publicidad ya transmitida. Es otra manera de matar la libertad de expresión de los medios.” Temas como una tarifa única de publicidad, un padrón de medios, la publicación de informes en cuanto al gasto que en la materia tiene el gobierno, pero a nuestro juicio habría que resaltar dos puntos específicos: la creación del Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial y el tema de las sanciones.
En cuanto al Consejo Observador, la diputada Batres dice que se trata de “un cuerpo honorario de ciudadanos que vigilen el cumplimiento de las normas para no crear mayor administración y podrían proponer estímulos especiales a los medios de comunicación” de carácter especializado, como ciencia o tecnología, entre otros. El comité vendría a ser una especie de “contraloría ciudadana del cumplimiento de la ley”, agrega la representante perredista, y entre otras acciones estaría capacitado para señalar sanciones. Una de las sanciones es la separación del cargo del funcionario que no cumpla con las obligaciones que marca esta ley. Por ejemplo, el artículo 38 de esta iniciativa, señala: “El servidor público responsable de la demora en el pago a alguno de los medios de comunicación será acreedor a la destitución e inhabilitación durante un año.”
La propuesta perredista también pretende reglamentar el contenido de la publicidad oficial, pues de acuerdo con la diputada Batres no debe de haber propaganda para “anunciar logros” o “confundir” a los ciudadanos. “Tan sólo hay que ver la campaña millonaria de publicidad para presionar en cuanto a la iniciativa para reformar Pemex, que no comunica nada y que además confunde, pues habla de no privatizar cuando la iniciativa es netamente privatizadora. Habla de la construcción de refinerías, pero no le dice al ciudadano que está proponiendo refinerías con capital privado. No comunica nada.” ¿Cuál es la respuesta de los medios de comunicación al conocer esta iniciativa? —La iniciativa ha sido bien vista, tanto por los medios de comunicación electrónicos como impresos. Sobre todo por quien ha sido sometido en su línea editorial para conseguir propaganda para poder sobrevivir.
El senador Sotelo se reunió, recientemente, con representantes de publicaciones alternativas, que no son exactamente las beneficiarias de la publicidad oficial y algunas otras que han tenido publicidad oficial, para preparar el camino y que en este período se pueda avanzar para que sea dictaminada. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propondrá su discusión en la agenda legislativa, será una de sus prioridades.
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