POR LA LIBERTAD DE EXPRESION ...

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A NO UTILIZAR SUS FACULTADES EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL PARA PREMIAR O CASTIGAR A LAS EMPRESAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POR SU OPINIÓN EDITORIAL, EN VIRTUD DE QUE RESULTA ANTICONSTITUCIONAL,. E INTERFIERE CON LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION.

HONORABLE ASAMBLEA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

DISTINGUIDAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS

El suscrito diputado Humberto Morgan Colón integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6,7, 8 y 122, Apartado C, Base Primera inciso o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 42 fracciones XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 10 fracción I, II y XXXV y 17 fracciones VI, VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y; 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

sometemos a la consideración de esta Honorable Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A NO UTILIZAR SUS FACULTADES EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL PARA PREMIAR O CASTIGAR A LAS EMPRESAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POR SU OPINIÓN EDITORIAL, EN VIRTUD DE QUE RESULTA ANTICONSTITUCIONAL,. E INTERFIERE CON LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- En el discurso oficial, jamás como ahora ha estado garantizada la libertad de prensa y de expresión. Pero en la vida real se busca que el periodismo mexicano sólo sea una liturgia cortesana practicada por periodistas domesticados.

El periodismo agudo, irreverente, respondón y honesto no forma parte de las prioridades del Gobierno Federal. El periodismo que se busca es uno diseñado para disimular, no para revelar.

Todo aquel medio de comunicación que se sale del esquema paga un precio y resiente las prácticas punitivas del Gobierno: Primero fue el Semanario Proceso; después José Gutiérrez Vivó y su Diario Monitor con 30 años de antigüedad; después el Diario la Jornada y la revista Contralínea de Miguel Badillo. Siguió Cármen Aristegui con su noticiero matutino en la “W”, y ahora la revista Forum.

2.- La democracia misma depende de la calidad del debate público. Debe ser lo más robusto posible para hacer posible que se multipliquen las perspectivas, visiones y razones de los ciudadanos para tomar decisiones sobre su vida pública o privada.

Los medios de información escritos y electrónicos han jugado uno de los más importantes papeles en la vida democrática del País. No son un lujo, sino una necesidad.

Su importancia es socialmente estratégica, por el impacto que tienen en todas las actividades de la vida diaria. La información y el análisis que proveen, permiten conocer la realidad, formar opinión y vincular a los gobernantes con los gobernados.

Pero en México y en otras muchas partes del mundo, los medios de comunicación dependen de recursos públicos para subsistir. Necesitan que la Nación les otorgue concesiones para funcionar como televisoras o radiodifusoras; y se necesita del gasto público para garantizar el desarrollo de periódicos, revistas y espacios noticiosos en general.

3.- La Nación y los contribuyentes han comprendido esta necesidad, y por ello han dotado al gobierno federal de fondos suficientes. El objetivo de gastarlos, es enterar a la población las actividades que realiza el gobierno para que ésta las juzgue y las evalúe. Sin embargo, el gobierno federal asigna caprichosamente el gasto destinado al pago por difusión de sus actividades dependiendo del grado de servilismo que el medio revela hacia una determinada administración o sus titulares en lo personal, de tal suerte que aquellos medios que resultan críticos dejan de ser llamados, mientras que los serviles resultan beneficiados con dispendios innecesarios.
No existe transparencia en las decisiones que unos cuantos toman en relación con el pago de la publicidad institucional y no hay reglas para controlar las decisiones que los políticos toman en este sentido. Se condiciona la entrega de publicidad al abandono de toda crítica. Se prefiere a los aduladores profesionales del gobierno, a los dispuestos a ocultar engaños y corruptelas, a los comparsas Y salen beneficiados muchos medios informativos sin contenido y sin ética, a costa de medios valientes y con verdadero sentido profesional.

La publicidad gubernamental constituye una herramienta de presión para manipular a la prensa. No está para servir con objetividad a los intereses generales ni promueve la integración ni la cohesión de la sociedad; no promueve ni defiende los valores de la democracia, la libertad, la convivencia y la solidaridad; no es equitativa u objetiva. Es desproporcionada y discrimina a quienes toman posiciones críticas.

4.- Por increíble que parezca, el “No pago para que me peguen” de José López Portillo, no ha sido desterrado todavía de la vida política del país. Continúan los ataques físicos y asesinatos de periodistas, pero se han refinado algunos de los métodos más frontales y directos de presión gubernamental como el cierre de medios sustituyéndolos por mecanismos más sofisticados, más complejos y menos visibles para silenciar a las voces críticas.

El gobierno federal utiliza presiones indirectas para interferir con la libertad e independencia de los medios; ejerce la censura indirecta, y lo hace con dineros que no le pertenecen.

Dentro de las formas sutiles de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de la publicidad oficial. Estas prácticas consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función de objetivos personales o políticos; esto es, en usar recursos que el Estado posee para comunicar temas de interés público con el fin de beneficiar a medios de comunicación “cuates” o para castigar a los críticos.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que la libertad de expresión es un derecho individual de toda persona, pero también es, --como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos--, un derecho social de todos aquellos que necesitan conocer el contenido de esa expresión para ejercer otros derechos. Nos referimos al derecho a votar, evaluar la actuación de los gobernantes, tolerar la continuidad de un partido en el poder, o simplemente decidir sobre sus propios planes de vida.

SEGUNDO.- Que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción del derecho de expresión “por vías o medios indirectos”

TERCERO.- Que la Declaración Interamericana de Principios de Libertad de Expresión, establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Tal como lo ha sostenido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: “la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”

CUARTO.- Que los ciudadanos tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, al tiempo que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno es una responsabilidad. La publicidad oficial es un mecanismo que sirve para dar visibilidad y transparencia a las acciones del gobierno y a las instituciones. La publicidad institucional no es un favor que hace el gobierno a los medios de comunicación, es un canal obligatorio permanente de comunicación entre el Estado y la población cuyo propósito es difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; facilitar el ejercicio de los derechos y promover el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública.

QUINTO.-Que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en las democracias modernas y diseñar marcos institucionales que promuevan la independencia editorial y la pluralidad informativa es una tarea impostergable.

SEXTO.- Que el Estado debe asumir un rol activo para propiciar la diversidad y pluralidad en los medios de comunicación y no desconocer a las voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio gobierno. Está obligado a garantizar un debate amplio, robusto, rico y auténticamente democrático, que incluya, en lugar de excluir, a la mayor cantidad de sectores sociales.
Es responsabilidad del gobierno federal compensar a aquellos medios ignorados por los grandes anunciantes y financiar con recursos públicos su permanencia. No hablamos de subsidios, que también son válidos. Hablamos de la utilización igualitaria de todos los medios existentes para informar sobre los actos de gobierno y cuestiones de interés público, pagando por ella a sus propietarios.

La idea central de este punto de acuerdo, es que el ciudadano común conozca desde diversas perspectivas, opiniones o puntos de vista de las acciones y programas del Ejecutivo Federal, desde un punto de vista objetivo y asimismo evite practicas del sistema arcaico de inhibir y descalificar la voz editorial de los medios de comunicación que su línea editorial les es adversa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno de esta Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A NO UTILIZAR SUS FACULTADES EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL PARA PREMIAR O CASTIGAR A LAS EMPRESAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POR SU OPINIÓN EDITORIAL, EN VIRTUD DE QUE RESULTA ANTICONSTITUCIONAL,. E INTERFIERE CON LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION.

SEGUNDO.- DICTE UNA LEGISLACIÓN CLARA Y ESPECÍFICA A NIVEL NACIONAL QUE ESTABLEZCA UN MARCO SÓLIDO PARA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA PUBLICIDAD DEL SECTOR PÚBLICO CON SANCIONES APROPIADAS PARA LA VIOLACIÓN DE SUS DISPOSICIONES, ASÍ COMO RECURSOS ADECUADOS QUE PERMITAN A LOS ACTORES INVOLUCRADOS IMPUGNAR ASIGNACIONES ILEGALES DE PUBLICIDAD OFICIAL.; Y PARA LA CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL QUE REDUZCA LA DISCRECIONALIDAD, EVITANDO LA SOSPECHA DE FAVORITISMOS POLÍTICOS E IMPIDA ACTOS DE CORRUPCIÓN.

A T E N T A M E N T E
Dip. Humberto Morgan Colón