Por considerarlo de interés general y para su conocimiento envíamos el siguiente artículo publicado en el diario La Jornada (22-nov-2008)
cilas prensa
Arturo Alcalde Justiniani
Extorsión y violencia laboralUna creciente ola de violencia agobia a la justicia laboral en nuestra ciudad. Trabajadores, abogados, pequeños y medianos empresarios son víctimas de una red de delincuencia organizada que actúa impunemente en los centros de trabajo y en los espacios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal. Las historias son indignantes.
En un acto realizado hace pocos días por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, uno de los asistentes denunció que al iniciar una audiencia en el procedimiento laboral ante la JLCA, representando a una empresa, ya en la sala respectiva, fue amagado por dos individuos armados, uno de cada lado, que con amenazas de muerte lo obligaron a salir del edificio, siendo secuestrado el tiempo necesario para impedirle defender a su cliente.
Las historias comenzaron a fluir; una abogada representante de trabajadores narró cómo en plena audiencia, también ante la JLCA, el abogado contrario representante del patrón la amenazó diciéndole: “por su bien, mejor arréglese en este momento”, mientras se abría el saco y le mostraba un revólver fajado en su cintura. Hoy en día se relatan muchos casos semejantes.
Resulta ya cotidiana la experiencia de pequeños y medianos empresarios que son víctimas de extorsión por parte de delincuentes que se ostentan como representantes sindicales y sin contar con el apoyo de trabajador alguno, amenazan de huelga y se posesionan del centro de trabajo con gente extraña al mismo, reclamando una jugosa gratificación para desistir de su acoso. Esta práctica delictiva se ha ido ampliando al entorno del tribunal local del trabajo, tomando ventaja del temor a denunciar los hechos por parte de las víctimas, porque suelen escuchar la amenaza: “recuerda que aquí nos vemos todos los días”.
En los pasillos de la junta, en distintos despachos de abogados de trabajadores y de patrones y en la voz de personal jurídico y administrativo y de quienes se ven obligados a asistir al tribunal, se escuchan sus quejas: heridos que han tenido que ser desalojados en la cajuela de un automóvil para evitar seguir siendo golpeados; grupos que en la entrada del departamento de huelgas impiden a abogados comparecer en la audiencia, golpeados en escaleras y baños; amenazas directas y telefónicas para que se desistan de asuntos; testigos advertidos para que no se presenten, y si lo hacen, golpizas abiertas o encubiertas en plena audiencia. Su actuar a la luz del día genera un sentimiento de impotencia que desprestigia el inmenso valor de la justicia laboral y de la defensa obrera legítima.Demandar el cambio de sindicato es una aventura de riesgoso alcance.
Los cada vez más numerosos grupos de golpeadores han sentado sus reales ofreciendo sus servicios para presionar a los trabajadores a fin de que desistan de su intento democrático. Su última acción sucedió el 13 de noviembre pasado, en la gasolinera Servicio Churubusco, SA de CV, ubicada en calzada de Tlalpan número 1857, esquina con Héroes del 47, en Coyoacán, propiedad de Lilia Izquierdo Carballeda. Los trabajadores denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en su agencia en Coyoacán, que fueron obligados a renunciar en la caseta de dicha gasolinera ese día. Jorge Enrique Romero describe cómo le pusieron una pistola en el cuello cortando cartucho, mientras el golpeador le indicaba “ya conocemos tu dirección y a tu familia, vamos a ir contra ellos”. Esta agresión fue la respuesta a su necesidad de recibir salario y un mínimo de seguridad social que se les niega. El día de pago se les obliga a firmar la nómina, a pesar de no recibir un solo centavo, sólo reciben propinas.Existe un reclamo generalizado para detener esta violencia.
En distintos foros laborales se han sugerido diversas medidas para resolver la situación. A nivel elemental, garantizar que quienes ingresen al tribunal no acudan armados; el control de acceso vigente es técnicamente incapaz para otorgar esta garantía. Se explican restricciones presupuestales, por lo que es necesario que la Asamblea Legislativa otorgue mayores recursos económicos a la JLCA. Se ha sugerido colocar cámaras de vigilancia y video en las diferentes áreas, incluyendo las de acceso y su entorno, que inhiban los actos de violencia, lo que permitiría fincar responsabilidades a quienes la ejerzan. También se ha propuesto instalar una agencia del Ministerio Público –al menos temporalmente– que reciba y sustancie denuncias sin incurrir en el pretexto de que no es posible actuar porque se trata de un “conflicto laboral”. Resulta obvio que se trata de delincuencia organizada, que requiere de una estrategia de inteligencia para identificar a quienes ejercen la violencia, y quienes los contratan. Estas acciones vuelven inexistente el estado de derecho y exigen, sin duda, la intervención de las organizaciones de la sociedad civil y comisiones de derechos humanos, que no podrían declararse incompetentes porque no se trata solamente de un “tema laboral”.
Despido masivo del comité sindical del personal de confianza de Pemex. El viernes 14 de noviembre, lista en mano, fueron despedidos, uno a uno, los dirigentes del sindicato de profesionistas y técnicos que esperan su registro sindical de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Algunos de ellos fueron sacados violentamente, con intervención de personal armado, de las instalaciones petroleras en Reynosa, Coatzacoalcos, Tula, Guadalajara y oficinas centrales, como consta en actas. El motivo: la osadía de organizar un sindicato que represente a sus miembros y coadyuve en el desarrollo de la industria petrolera. Es imperdonable que la principal empresa del Estado ejerza esta acción represiva que vulnera los más elementales derechos laborales y humanos. Urge concitar la solidaridad nacional e internacional en apoyo de estos valientes trabajadores.
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