PRENSA MEXICO 12 DIC VIERNES DIA GUADALUPANO

PORTADAS: RESTOS HALLADOS EN TLALPAN, DE SILVIA VARGAS “HOY SABEMOS QUE SILVIA ESTÁ CON DIOS” LOS VARGAS DESATARON EL NUDO ABUSAN DEL FERVOR GUADALUPANO POCO MARGEN EN FINANZAS PÚBLICAS ERA DE HIELO EN JALISCO
12/12/2008 a las 7:48 am
EL UNIVERSAL: ES SILVIA VARGAS; “ESTÁ CON DIOS”Los restos hallados el viernes pasado en un domicilio de Tlalpan corresponden a los de la joven Silvia Vargas Escalera, secuestrada el 10 de septiembre de 2007, confirmó ayer la Procuraduría General de la República. La dependencia informó en un comunicado que el perfil genético obtenido del cuerpo encontrado corresponde al de la hija biológica de Nelson Fernando Vargas Basáñez y Silvia Escalera Montes. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: LA FAMILIA VARGAS FUE LA QUE DESATÓ EL NUDOLa Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que el cuerpo encontrado en una casa de la delegación Tlalpan corresponde a la joven Silvia Vargas Escalera, hija del empresario deportivo Nelson Vargas, secuestrada el 10 de septiembre de 2007. “Hoy sabemos que Silvia está con Dios”, afirmó en un comunicado la familia Vargas, en el que anunció que dará a la joven “un adiós en color blanco, como recuerdo de la alegría, pureza, paz e inocencia que siempre irradió”. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: “HOY SABEMOS QUE SILVIA ESTÁ CON DIOS”Al cumplirse un año y tres meses del secuestro de Silvia Vargas Escalera, la investigación sobre su paradero llegó a su fin. La familia confirmó que los restos encontrados en Bellavista 51, colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, pertenecen a la joven. En un breve comunicado, la familia Vargas Escalera agradeció a los medios de comunicación la cobertura que recibió el caso, que fue fundamental para hallar los restos de la joven. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: LOS RESTOS HALLADOS EN TLALPAN, DE SILVIA VARGASLas autoridades tardaron 15 meses y un día en responder a la exigencia de Nelson Vargas y Silvia Escalera Montes de encontrar a su hija. Este jueves, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó pericialmente que los restos encontrados el pasado 5 de diciembre en la casa número 51 de la calle Bellavista, en el pueblo San Miguel Xicalco, delegación Tlalpan, son de Silvia Vargas Escalera. VER NOTA COMPLETA
CRÓNICA: ABUSAN DEL FERVOR GUADALUPANOEntre múltiples plegarias, súplicas y hasta la inclemencia del clima, miles de feligreses arriban a la Basílica de Guadalupe. Aunque el cálculo de las autoridades locales no excede los 200 mil asistentes, aquí, frente al atrio guadalupano parece como si la afluencia de personas rebasara el millón de creyentes. Y entre tanta necesidad, los franeleros, vendedores ambulantes y hasta policías “hacen su agosto”. VER NOTA COMPLETA
EL FINANCIERO: POCO MARGEN EN LAS FINANZAS PÚBLICASEn 2009 el margen de maniobra para que el gobierno ejecute la totalidad de las medidas contracíclicas podría verse presionado por el lado de los ingresos tributarios, con lo que las salidas más viables serían la ampliación del déficit público del 1.8 por ciento del PIB aprobado por el Congreso a 3.0 por ciento o realizar ajustes al gasto. VER NOTA COMPLETA
EL OCCIDENTAL DE JALISCO: ERA DE HIELO EN JALISCOLa entrada del frente frío número 16 provocará en Jalisco bajas temperaturas por varios días más. El Servicio Meteorológico Nacional alertó a municipios de las zonas Norte, Sur, Centro y Los Altos a extremar precauciones y a la población abrigarse bien para evitar complicaciones a la salud. VER NOTA COMPLETA

Editorial
Derechos humanos y palabras vacías
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, admitió ayer la persistencia de la impunidad y la corrupción en la administración a su cargo, así como la “franca incapacidad” de las dependencias encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia para erradicar esas lacras. Reconoció que “el principal desafío que enfrentan los derechos humanos” se origina en el accionar de la delincuencia y en “la limitación de las instituciones de seguridad y justicia del país”.
Si en el sexenio de Vicente Fox los derechos humanos dieron tema abundante para discursos oficiales y negación persistente de los hechos, durante la mayor parte del tiempo transcurrido del actual gobierno el asunto ni siquiera ha estado presente en las palabras gubernamentales.
El poco aprecio calderonista por los derechos humanos no sólo se puso de manifiesto, desde un principio, en la omisión discursiva, sino también en la conformación del gabinete: se designó titular de Gobernación a Francisco Ramírez Acuña, quien como gobernador de Jalisco se negó a esclarecer los casos de tortura cometidos por policías de esa entidad en 2004; como procurador se escogió a Eduardo Medina Mora, quien era titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) cuando efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cometieron incontables abusos –incluidas violaciones– contra activistas y no activistas en San Salvador Atenco y en Oaxaca, y para remplazar a Medina Mora al frente de la SSP se nombró a Genaro García Luna, quien hasta entonces había dirigido la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuyos agentes se caracterizaron, a lo largo de su gestión, por los atropellos de toda índole contra los ciudadanos. A renglón seguido, en el contexto de los operativos policiaco-militares en la “guerra contra la delincuencia organizada” que declaró Calderón al día siguiente de su llegada al cargo, se perpetraron numerosos abusos de poder contra la población civil, y el propio encargado del Ejecutivo federal generó enérgicas reacciones de rechazo cuando, en el contexto de una investigación en curso, adujo que la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, cuya muerte se atribuyó a una agresión de soldados, había fallecido en realidad por una “gastritis mal atendida”.
En los dos años de la actual administración, por añadidura, las autoridades federales han criminalizado la protesta social, han continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables, se han abstenido de iniciar averiguaciones previas por los actos de barbarie represiva cometidos en sexenios anteriores y se han empeñado en brindar cobertura legal, institucional y fotográfica a los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y Oaxaca, Ulises Ruiz, persistentemente señalados por la opinión pública como violadores prominentes de los derechos humanos.
En suma, no es creíble la súbita preocupación discursiva que ahora exhibe Calderón en torno a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, máxime si cuando la formula se hace acompañar por Medina Mora y García Luna, sobre quienes pesan señalamientos constantes, entre otras cosas, por su desempeño represivo como jefes policiales en el sexenio anterior. La congruencia elemental indicaría que, si se tratase de hacer plenamente vigentes las garantías individuales y los derechos básicos, combatir la impunidad y dar sustancia a palabras como las externadas ayer en la residencia oficial de Los Pinos, habría que empezar por esclarecer tales señalamientos del pasado reciente, y aun del presente, que pesan sobre ésos y muchos otros funcionarios del actual gobierno.
Así pues, como ocurrió en días pasados con el tema de la corrupción, el de los derechos humanos pareciera ser ahora una bandera de oportunidad, un fraseo meramente orientado a la utilidad mediática y, por ende, desprovisto de contenido

Su familia agradece el respaldo de la sociedad y los medios

La imagen de Silvia fue difundida en un espectacular por sus padres Nelson Vargas y Silvia Escalera para demandar su localización Foto Alfredo Domínguez
Confirma la PGR que los restos son de Silvia Vargas
Dictámenes periciales y genéticos ratifican la identidad de la víctima
En la casa donde se halló el cuerpo, evidencias sobre los responsables
La joven tenía 18 años cuando fue secuestrada en septiembre de 2007
Gustavo Castillo y Rosa Elvira Vargas
Más información en la sección de Política
Multitudes en la Basílica
Se calcula que más de seis millones de fieles desfilan desde la noche del jueves por la Basílica de Guadalupe para ofrecer las Mañanitas a la Virgen y celebrar, según el rito católico, el 447 aniversario de su aparición a Juan Diego, en el cerro del Tepeyac. Un operativo de seguridad fue instalado en el espacio, con la participación de seis mil policías, socorristas y funcionarios Foto Francisco Olvera

México recibirá créditos por 8 mil mdd de BM y BID
La magnitud de los préstamos no se registraba desde el efecto tequila
Tendrá el país uno de los programas ‘‘más fuertes’’; será el primero en 2009
Roberto González Amador
Newsweek prepara severo ajuste para paliar la crisis
La revista dejará de imprimir entre 500 mil y un millón de ejemplares
Periódicos españoles piden al gobierno ayuda para afrontar la recesión
Los medios han tenido caída de 16.12% en las entradas de publicidad
Armando G. Tejeday agencias
Toluca, con medio título en la bolsa
Los Diablos Rojos doblegaron 2-0 a un errático e inofensivo Cruz Azul en el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano, disputado en el estadio Azul. Las anotaciones fueron del paraguayo Paulo da Silva, al minuto 15, y de Sergio Ponce, al 22. El cuadro mexiquense tiene todo para dar la puntilla a la Máquina el próximo domingo, sobre el césped del Nemesio Díez Foto Víctor Camacho
Nos vemos en el IFE o en tribunales: Convergencia al PRD
Se encona disputa entre partidos por las siglas del FAP
Los cívicos se suman al frente amplio; desdeñan amenazas de Ortega
Revuelta de senadores perredistas; Monreal se pasa a la fracción del PT
No veo objeción a formar la coalición con ese nombre: Arturo Sánchez
Alma Muñoz, Alonso Urrutia, Andrea Becerrily Georgina SaldiernaEl Movimiento Cívico Nacional formalizó su adhesión al Frente Amplio Progresista (FAP) con los partidos Convergencia y del Trabajo (PT), para sumarse de lleno a la lucha que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Tras signar el acuerdo correspondiente, Mario Saucedo, coordinador de esa corriente perredista, minimizó la advertencia de la dirigencia nacional del partido del sol azteca de que se aplicará la baja automática a quienes apoyen –como militantes activos– coaliciones, campañas electorales o candidatos de otros institutos políticos.
“Es una mezquindad (…). Están nerviosos y cometiendo errores con este tipo de declaraciones”, señaló, por lo que pidió a los dirigentes de Nueva Izquierda que “se moderen”. Asimismo, defendió el derecho de su corriente a establecer este acuerdo, como parte de los resolutivos del congreso nacional de octubre del año pasado, en el sentido de promover la más amplia unidad de la izquierda desde dentro y fuera del PRD.
Se preguntó si expulsarán a López Obrador si apoya a candidatos del FAP. “¿Qué, lo van a expulsar a él también? Pareciera que unos quisieran ya echarlo. Tal vez les estorba en las negociaciones que están teniendo con algunos sectores del poder”.
Contra la confrontación
Mientras, el diputado Humberto Zazueta, también de los cívicos, descartó que su acercamiento con el FAP responda al hecho de que fueron excluidos de cargos de dirección en el PRD. “Estamos en contra de la intención de Nueva Izquierda de querer llevar al PRD a una confrontación permanente con Andrés Manuel López Obrador”.
Saucedo reiteró que “por lo pronto” no se saldrán del sol azteca. Pero “la descomposición, la corrupción, la impunidad y la pérdida de independencia del partido frente a la derecha nos conduce a promover un amplio debate, junto a otras expresiones de izquierda, al interior y fuera del partido, sobre la perspectiva de la izquierda, la crisis del PRD y el futuro de los movimientos sociales”.
Y nuestra participación en el FAP –insistió– “se propone construir, conjuntamente con sus integrantes (PT y Convergencia) y otras fuerzas, los espacios de participación de movimientos civiles, ciudadanos y sociales que hoy ven con desconfianza al PRD, así como a los militantes y grupos del partido que están inconformes con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (de otorgar el triunfo a Jesús Ortega como dirigente nacional perredista) y con la forma clientelar y mezquina en que las corrientes de los distintos bloques se disputan los espacios”.
Precisó que su corriente no está en busca de cuotas, de cara a las elecciones del año entrante, sino por impulsar a los mejores candidatos para integrar un Congreso combativo, “que se la rife, y no ande buscando componendas con las otras fuerzas”.
Alberto Anaya y Luis Maldonado, dirigentes nacionales de PT y Convergencia, respectivamente, les dieron la bienvenida durante la ceremonia de firma del convenio, en el Club de Periodistas, con la asistencia de cientos de personas, entre de dirigentes y militantes de ambos partidos, así como legisladores e integrantes de los cívicos.
Maldonado anticipó que en el próximo proceso electoral se conducirán bajo reglas “muy distintas a las que a veces nos han querido imponer otras fuerzas políticas”, porque “esta coalición no es de cuotas ni de que tenga predeterminadas y secuestradas las candidaturas”. Se congratuló porque los candidatos del FAP “serán manifestación y expresión del Movimiento Cívico Nacional, y con ellos vamos a incrementar la presencia en la Cámara de Diputados para defender legítimamente las causas que nos convocan”, señaló.
Se generalizan asesinatos de mujeres en el país: Calderón
Los atribuye a la “lucha brutal” del hampa por doblegar a la sociedad
Se replantearán en Chihuahua los operativos de seguridad, anuncia
Claudia Herrera Beltrán
Rayuela
Hoy, más que nunca:no a la pena de muerte

La revuelta en Grecia no cede; atacan centros de la policía
La desigualdad social atiza la protesta, dice la oposición socialista

Nuevas grescas se desataron en Atenas entre estudiantes y policías. Decenas de jóvenes lanzaron objetos contra la prisión de Korydallos, donde fue confinado el agente que mató a un adolescente el sábado Foto Ap
Suplementos


Columnas
Julio Hernández López : Astillero Para otorgarle a Carlos Salinas de Gortari una legitimidad de facto, el Partido Acción Nacional erigió a Diego Fernández de Cevallos como gran jefe negociador con derecho de picaporte en Los Pinos y consiguió las primeras gubernaturas blanquiazules, con Ernesto Ruffo Appel como pionero en Baja California (en otros episodios de cambalache político, el PAN abrió el camino de las forzadas senadurías plurinominales). El chuchismo dominante en las fracciones legislativas federales del PRD, en cambio, comenzó a vender su apoyo a Felipe Calderón Hinojosa negociando reformas electorales que cerraran el paso a las posibilidades de repetir coaliciones y escenarios como los del 2006 lopezobradorista. Entre otras cosas, esos perredistas, guiados por el jefe Chucho, “consiguieron” difuminar las coaliciones amplias y plenas, trasladaron las posibilidades de creación de nuevos partidos hasta después de las próximas elecciones presidenciales y establecieron múltiples obstáculos a la participación ciudadana por fuera del monopolio de los partidos.
Esas reformas “regresivas” con dedicatoria serán enfrentadas el año venidero por la alianza electoral que han firmado los partidos del Trabajo y Convergencia con el movimiento social dirigido por López Obrador como referente político y con un compromiso de postulaciones a candidaturas federales y locales. La propuesta de convenio de coalición recién presentada al IFE no tiene todas las ventajas del pasado prechuchista, e incluso corre el riesgo de no ser aprobada, en función de las objeciones que por el uso del título de FAP el PRD de Ortega presentará y los consejeros gerentes del IFE bonsái valorarán, pero será un cauce para los ciudadanos que se han cansado de las historias perredistas chuchas y desean votar y luchar por candidaturas menos viciadas y pervertidas.
Las esperanzas de cambio mediante la acción política no habrán de prosperar, sin embargo, si los militantes, activistas y simpatizantes de movimientos sociales que empujan hoy redefiniciones y replanteamientos siguen quedándose en el plano de la lamentación y la crítica, sin participar abiertamente en la definición de candidaturas apegadas a las exigencias ciudadanas y no a los rejuegos de poder de las elites. El Partido del Trabajo, dirigido por Alberto Anaya, y el de Convergencia, a cargo de Dante Delgado (aunque el presidente es Luis Maldonado), serán nuevos episodios de desilusión si se deja que las decisiones y postulaciones de este reformado Frente Amplio Progresista se tomen en los ámbitos privados de los grupúsculos dominantes, de los intereses específicos de los partidos participantes e incluso de los cálculos multifactoriales que, con pragmatismo futurista, hiciera el mismo López Obrador, que en su momento toleró, promovió y encumbró a los Chuchos, desde siempre fieles a la conducta que hoy practican y que, sin embargo, recibieron de quien entonces era el fiel de la balanza izquierdista una carretada de candidaturas y prerrogativas que constituyen hoy la fuerza con la que están dándole de patadas a quien les privilegió, en detrimento de las muchas posibilidades electorales que en el mismo 2006 presentaba ese movimiento social que ahora, en 2009, deberá luchar para que sean candidatos a diputados federales y locales (en los estados en que habrá elecciones, incluyendo el Distrito Federal en su asamblea legislativa), gobernadores y presidentes municipales los mejores hombres y mujeres surgidos del proceso de movilización, protesta, estudio y resistencia que hoy, con legítimo derecho, debe presionar para que las oportunidades de representación popular sean asignadas a la nueva corriente social de izquierda congruente y no a las nomenklaturas partidistas o a las cuotas grupales que, por ejemplo, en las actuales legislaturas llevaron a diputaciones federales, y de manera marcada a las locales del DF, a personajes francamente vergonzosos por su mala cultura política y general.
Por lo pronto, el rediseño del foro izquierdista ha llevado a Ricardo Monreal a pasarse a la bancada del PT para evitar que la salida de Josefina Cota (miembro de la familia que desde el sol azteca domina la política de Baja California Sur), para reintegrarse al PRD, dejara al PT sin su grupo parlamentario particular en el Senado (y las prerrogativas asociadas a esa figura de trabajo legislativo). El salvamento del mencionado grupo petista acaba siendo un pretexto para que el zacatecano asuma abiertamente la línea de trabajo del lopezobradorismo inmediato: sí, Convergencia y el Partido del Trabajo, pero mucho más éste que aquel, más confianza en Anaya que en Delgado, aunque obviamente el trabajo de los dirigentes será tratar de que la liga unitaria PT-Convergencia-FAP estire, sin romperse, lo más que sea posible.
Monreal es ave experta en tempestades partidarias. Fue priísta y dejó de serlo para ser candidato del PRD a la gubernatura de Zacatecas, que ganó sin problemas. Enfrentado a la hora de las candidaturas a presidencias municipales con la actual gobernadora, Amalia García, impulsó opciones por la vía del PT, en particular las relacionadas con las aspiraciones de uno de sus hermanos, que finalmente ganó con esas siglas trabajosas. Esas experimentaciones por fuera de la ortodoxia perredista le valieron a Monreal un intento de expulsión que, por razones jurídicas, no fue consumado. Luego, al igual que en el Zacatecas familiar, la mano apenas disfrazada de Monreal estuvo presente en los comicios de Guerrero, en especial en Acapulco, donde la terquedad del gobernador Zeferino Torreblanca en imponer una candidatura propia a la alcaldía del puerto provocó una división que encontró alternativas numéricamente más importantes por la vía de Convergencia y el PT. Ahora, Monreal se pasa a la bancada del PT y aun cuando seguramente alegará que es un lance solidario con un partido miembro del FAP, las iras del chuchismo le alcanzarán para colocarle fuera del Perreducho del que, en la práctica, bastante lejos desde hace tiempo está. ¡Chin: se acabó el espacio! ¡Feliz fin de semana guadalupano!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Julio Boltvinik : Economía Moral
Carlos Fernández-Vega : México SA Concluye el primer año de la apertura total del agro mexicano en el marco del TLCAN, y ya se escucha la triunfal voz oficial: “cuando se auguraba que 2008 sería el periodo en el que se le daría la puntilla al campo nacional, los productores agropecuarios y pesqueros no sólo produjeron más alimentos, sino que exportaron más que el año pasado” (Alberto Cárdenas dixit).
Pues bien, casi 16 mil millones de dólares en importación de alimentos (hasta el pasado septiembre, o si se prefiere 30 por ciento más que un año antes) no sustentan precisamente la declaración del titular de la Sagarpa, como tampoco la caída en la exportación de algunos productos agropecuarios, pero el problema más grave, independientemente de la cada día más peligrosa dependencia alimentaria del exterior, es la situación real del campo mexicano, “reestructurado” y “modernizado” desde hace 16 años, por medio de una reforma constitucional que lejos, muy lejos, de alcanzar sus objetivos, sólo empeoró la situación.
El balance proviene de cifras oficiales (el Inegi concretamente) y el responsable de hacerlo es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (Saldos de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional), organismo que comparó los resultados del VII y el IX Censo Ejidal, tras lo cual concluye que la “restructuración” y “modernización” del campo mexicano ha sido un rotundo fracaso.
Entre sus observaciones destaca: terminó el reparto de tierras bajo la responsabilidad del Estado; sin embargo, se dio un reparto social de tierras, lo que provocó que en tres lustros accedieran a las tierras ejidales y comunales 2.1 millones de nuevos titulares, tanto de manera regular como irregular, lo que trajo como consecuencia que una vez más no sepamos con exactitud quiénes tienen la titularidad de la tierra.
La propiedad de ejidos y comunidades, con sus 105 millones de hectáreas, es la forma de tenencia de la tierra más importante en nuestro país. Cualquier alternativa para desarrollar al campo tiene que considerar prioritaria esta forma de propiedad. Contrario a lo que se proponían las reformas de 1992, el tamaño de la parcela disminuyó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto, por lo que en este momento el minifundio es la unidad de producción más difundida en el campo mexicano.
En el periodo analizado disminuyó el grado de tecnificación de los núcleos agrarios. Ahora se tienen menos: bordos para abrevadero, bodegas para almacenamiento, naves para aves y cerdos, baños garrapaticida, y salas de manejo y ordeña. Si bien aumentó en 1.7 millones de hectáreas la superficie irrigada, la de labor y sembrada disminuyó. Ahora que la población demanda más alimentos y se incrementaron los precios de los granos básicos, se siembra menos.
Después de las reformas al marco legal agrario, se incrementó el número de organizaciones de primer grado y disminuyeron las de segundo grado, con lo que se limitan las posibilidades de generar economías de mayor escala. La compraventa de tierras se ha generalizado; en dos de cada tres núcleos agrarios se presenta dicho fenómeno. Si bien predominan las transacciones entre miembros de los ejidos y comunidades, una proporción importante (33 por ciento) se realizan con personas ajenas, lo que contraviene lo señalado en el artículo 80 de la Ley Agraria. Se está haciendo sin cumplir los procedimientos normativos.
Se extendieron dos nuevos fenómenos en el campo mexicano; la feminización con un millón 165 nuevas titulares de tierra, y la migración, donde en cerca de 13 mil núcleos agrarios no hay permanencia de la mayoría de los jóvenes. Si compara el ejido-tipo que resulta de cada censo se tendrían dos comportamientos. Por un lado, en 2007 disminuyó el tamaño de los núcleos agrarios, las superficies de uso común, de tierras laborables, el predio por sujeto agrario, y el número de tractores, trilladoras, bodegas e infraestructura ganadera. Por el otro lado, aumentó la superficie parcelada, los sujetos agrarios, las tierras irrigadas y el número de mujeres con derecho a la tierra. En síntesis, una mayor concentración de sujetos agrarios en menos tierra y con menor nivel tecnológico.
Al construir el índice de infraestructura y equipamiento por núcleo agrario se obtuvieron los siguientes resultados: en 2007 en la mayoría de los renglones el índice es menor; sólo mejoró el número de ejidos y comunidades que registran algún tipo de organización. Actualmente, de acuerdo con la información censal, los ejidos y comunidades se encuentran menos tecnificados y, por lo tanto, enfrentan mayores dificultades para insertarse en la economía global.
Con la suma de los datos que arroja el IX Censo Ejidal y su comparativo con el VII censo, se puede inferir que los propósitos de revertir el minifundio, capitalizar el campo, promover nuevos esquemas de organización y generar certidumbre en la tenencia de la tierra no se alcanzaron.
Al revisar la información de ambos censos se encontró que las tierras que componen los ejidos y comunidades se incrementó muy poco, apenas 1.02 por ciento, al pasar de 103 a 105 millones de hectáreas. Este aumento es producto de las resoluciones de los expedientes en trámite por parte del Tribunal Superior Agrario, conforme al artículo cuarto transitorio. Se cumplió con la disposición de no entregar más tierras por parte del Estado, dando fin al reparto de tierras.
Los datos permiten otras dos conclusiones. la primera, que se reafirma la propiedad de ejidos y comunidades como la forma de tenencia predominante en el país al ocupar poco más de la mitad del territorio, con lo que no se cumple la predicción de que esta forma de propiedad tendería a disminuir su importancia. Por lo tanto, cualquier política de gobierno deberá plantearse la atención de este sector de manera prioritaria, pues en él descansa una parte muy importante de la producción agropecuaria y en sus tierras se localizan importantes recursos naturales necesarios para la viabilidad presente y futura de la nación.
La segunda, que si bien el reparto de tierras oficial se canceló, no sucedió lo mismo con el reparto social de tierras. Ejidatarios y comuneros permitieron el acceso a la tierra a 2.1 millones más de sujetos agrarios. En 16 años accedieron a la tierra 60 por ciento más personas de lo que generaron 70 años de reforma agraria. La mayoría de los nuevos sujetos que accedieron a la tierra lo hicieron bajo la forma de posesionarios. Da para más, y mañana seguimos.
Las rebanadas del pastel
Entre los evasores fiscales anoten a nuestros gloriosos diputados: aprueban los impuestos y para 2008 nos recetaron gasolinazo, IETU y gravamen a depósitos en efectivo, pero cuando a ellos les toca pasar por el SAT simple y sencillamente le pintan un violín… Un abrazo a los lectores; es un premio compartido con todos ustedes.
Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida Durante los primeros dos años de gobierno, Marcelo Ebrard se ha visto sometido a una serie interminable de presiones que tienen como principal objetivo lograr una ruptura entre él y Andrés Manuel López Obrador, enemigo del poder omnímodo emanado de la derecha y el fraude.
En todos estos meses no hubo un solo día en el que Ebrard no recibiera algún tipo de reclamo por su cercanía a la presidencia legítima que encabeza López Obrador, y en este affaire, los más constantes, desde luego, fueron los medios de mercado, que vez con vez minimizaban o criticaban el trabajo del jefe de Gobierno, la mayor parte del tiempo más como estrategia de presión que con razones de fondo.
Y no sólo, desde dentro, las voces que culpaban a la lealtad de todos los males que mediáticamente padecía el gobierno se multiplicaron, pocos quedaron de los que entendían que si algo agradeció la gente al jefe de Gobierno fue precisamente su lealtad, la valentía de un gobernante que no se doblaba ante los micrófonos, y reconocían de todas formas su trabajo. “Ya no hay de esos”, se comentaba en casi todos los ámbitos.
De cualquier forma, nadie en sano juicio puede decir que Ebrard quiere el poder para, como el panismo, hacer más ricos a los ricos. Su trabajo en estos meses desmentiría algo así, pero de que las presiones le han mellado el escudo ideológico con el que defendió sus ideas al principio del sexenio, no hay duda.
Tal vez para un político sea insoportable permanecer fuera del haz de luz que alumbra los egos y crea supuestas popularidades. Es muy probable que se sientan desesperados cuando sus esfuerzos por crear mejores condiciones de vida entre sus gobernados no logran permear las conciencias inermes de quienes viven pegados a la televisión, y las críticas que de allí provienen les hagan, por tanto, temblar las ideologías.
Es seguro que los políticos, convertidos en mercancía, sean susceptibles, muy susceptibles al valor que les da el supuesto mercado de la popularidad medido en las encuestas, instrumento que, por tanto, pertenece, se quiera o no, al que paga, pero que parece contener las verdades que ellos, los políticos, quieren saber sin entender que se convierten en adictos a una realidad siempre en venta.
Todo ello, desde luego, cuestiona las ideas y las formas del gobernante, y más si siempre van en un solo sentido. Ningún político está vacunado contra el virus del mercado, sobre todo si también se le hace dudar de la pertinencia y la certeza del camino escogido. Marcelo Ebrard no es insensible a todo eso.
Los signos que ha esparcido el jefe de Gobierno durante las semanas recientes podrían hacer dudar a muchos sobre el cambio de sendero que en apariencia ha tomado Marcelo Ebrard, y en verdad preocupa, pero aún ahora los que se niegan a creer que se ha torcido el camino, aseguran que lo de los últimos tiempos es, nada más, estrategia electoral.
De cualquier manera es necesario que alguien alerte al jefe de Gobierno, porque hasta donde la experiencia dice, quien se mete al chuchinero casi siempre sale salpicado, y Marcelo Ebrard no merece ese destino.
De pasadita
Dicen que mal empieza la semana al que ahorcan en lunes, y eso en política tiene fondo. Viene a cuento porque, según testigos, la salida de Yessica Miranda, y el arribo a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del DF de Óscar Argüelles, se mantendría en total secreto hasta hoy viernes, pero la especie se coló, nos refieren, porque Argüelles no aguantó las ganas de filtrar su nuevo encargo.
También de pasadita les comentamos que el chucho mayor no pudo haber hallado mejor escenario para deslindarse de Andrés Manuel López Obrador que la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho, la misma que le dio el título a Calderón y que domina Ignacio Morales Lechuga. Allí sí se sintió cómodo el chucho. Allí sí fue a pedir perdón
: Penultimátum
Patricia Peñaloza : Ruta Sonora
Opinión
Luis Javier Garrido : El naufragio
Víctor M. Quintana : Muertos de pena Todos los días se aplica la pena de muerte en este país. Se la aplican unos cárteles de la droga a otros, o incluso entre ellos mismos. No es descartable que las fuerzas del Estado realicen también ejecuciones sumarias para evitarse las complicaciones jurídicas de aprehender sicarios, arriesgarse a que los dejen libres o les apliquen penas menores.
Se da en el país una especie de ejecucionismo informal, así como se da la economía informal. Ésta surge por la incapacidad de la economía formal para incorporar a todo mundo, para evadir al fisco y lucrar más. Aquél se da para evadir la acción de la justicia y también porque ésta es incapaz para procesar todos los delitos, por su ineficacia, por corrupción o por todo esto junto.
Por otro lado, los 5 mil ejecutados en lo que va del sexenio calderonista nos dicen que la probabilidad de ser ultimado entra en los cálculos normales de quienes le entran a la sicariada, lo cual echa por la borda el argumento de los defensores de la pena de muerte en el sentido de que sería un poderoso disuasor de las conductas delictivas.
Ante esto, resulta muy endeble la postura del Congreso del estado y del propio gobernador de Coahuila, secundados luego por los mandatarios de Tamaulipas y Chihuahua, así como por el oportunismo del PRI y del PVEM en el sentido de restablecer la pena de muerte en este país. Es también una postura demagógica y una cortina de humo para velar realidades muy incómodas para quienes tienen la obligación de procurar y administrar justicia.
Porque la ineficacia y los palos de ciego en el combate a la delincuencia organizada y común abundan en todos los órdenes de gobierno. Vayan tan sólo tres ejemplos chihuahuenses, significativos por provenir de la entidad que en tan sólo un año acapara ya cerca de la tercera parte de las ejecuciones a escala nacional.
Hace dos semanas, la víspera de la reunión para evaluar el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Paz, el procurador general de la República, el gobernador de Chihuahua y la procuradora de Justicia del estado sostuvieron una reunión y signaron un acuerdo de coordinación para compartir información y tecnología en el combate a la delincuencia organizada. La opinión pública se quedó de a cinco: ¿qué no estaban coordinados desde el 26 de marzo pasado cuando se lanzó el Operativo Conjunto Chihuahua?, ¿qué no era la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales uno de los supuestos básicos del multicitado acuerdo de los 100 días?
Luego, en una muy difundida entrevista con Joaquín López Dóriga, el gobernador Reyes Baeza reconoce que fallaron el diagnóstico y la estrategia empleados contra el crimen organizado, por lo que tienen que reformularse. El conductor comenta: “el crimen organizado estará de plácemes con esta devastadora información del señor gobernador”.
No extraña que después el gobernador de Chihuahua se sume con peculiar entusiasmo a la cargada a favor de la pena de muerte que recorre el país luego de la ocurrencia del priísmo coahuilense. Porque la demanda para reinstalar la pena máxima en México es, en primer lugar, una cortina de humo para esconder el sonoro fracaso de diagnósticos, estrategias y tácticas en contra de la delincuencia organizada y la expansión de la delincuencia común propiciada por el combate a aquélla. Porque la insistencia por restablecer la pena capital es directamente proporcional a la impunidad de los delincuentes propiciada por un sistema de justicia que hace agua por todos lados.
Es triste reconocer que entre los damnificados de ese fracaso está el “nuevo sistema de justicia penal”, que Chihuahua ha vendido muy bien y está a punto de adaptarse para todo el país. Porque, como si la impunidad fuera muy poca, ahora el nuevo sistema propicia que no se encarcele a numerosos criminales o que se les someta a juicios abreviados y se les asignen penas irrisorias, a contrapunto de la indignación de las víctimas.
Antes que reconocer las fallas federales, estatales y municipales al procurar y administrar la justicia, antes de reconocer la falta de voluntad política para atacar al crimen organizado en sus bases de aprovisionamiento de armas y en las empresas lavadoras de sus fondos, antes de implementar células mixtas con elementos de todos los cuerpos militares y policiacos que de verdad sellen las ciudades y cerquen a los sicarios, prefieren seguirle el juego a la desesperación ciudadana y demandar la pena de muerte antes de que los demanden a ellos por su ineficacia.
No en vano alguien señalaba: “¿Pena de muerte? Muertos de pena deberían estar por su incapacidad para brindarnos seguridad a todos los mexicanos”.
Gilberto López y Rivas : Obrerismo y pueblos indígenas Del análisis de las luchas antisistémicas en América Latina en las últimas décadas destaca el papel de las resistencias y la construcción de autonomías de los pueblos indígenas. En México, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, entre los países signados por esta presencia, los movimientos indígenas han sido protagonistas persistentes en la caída de gobiernos, defensa de territorios, recursos naturales y estratégicos, enfrentándose sistemáticamente a las políticas represivas de los Estados y a la rapacidad de las corporaciones trasnacionales. De sus procesos autonómicos se han vislumbrado nuevas formas de gobierno participativo, renovadas convivencias políticas y propuestas para darle un nuevo contenido a la desgastada democracia institucionalizada. Las organizaciones políticas de los pueblos indígenas han mostrado su continuidad, perseverancia, flexibilidad e imaginación frente a la burocratización y deterioro de esfuerzos organizativos en los ámbitos partidistas, sociales y gremiales.
Por ello, es significativo que en el décimo Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, que tuvo lugar el mes pasado en Sao Paulo, Brasil, durante el cual se adoptó una Resolución en Solidaridad con los Pueblos de América Latina y del Caribe –que circuló profusamente por Internet–, en todo el texto sólo una vez se mencione a los indígenas, no como pueblos, categoría reservada al conjunto de la población de los países latinoamericanos, sino subsumidos como parte de los “diversos sectores de trabajadores”, entre los que se encuentran jóvenes, mujeres y campesinos que protagonizan “la oposición y la resistencia frente al saqueo de las riquezas, la privatización, la corrupción, la depredación ambiental, entre otros graves problemas de la actualidad”.
La omisión del papel relevante y específico de la lucha indígena se hace más notoria cuando en el documento se destaca que es la primera vez que esta reunión se lleva a cabo en nuestro subcontinente; se saluda y felicita al conjunto de las fuerzas democráticas, progresistas, populares y antimperialistas de la región, por las importantes luchas y los avances obtenidos a lo largo de la última década, “que hacen de esta parte del mundo uno de los más destacados polos de resistencia antimperialista y escenario de búsqueda de alternativas a la hegemonía imperialista, de lucha por la soberanía nacional y el progreso social”.
Esta declaración tiene similitudes con otra adoptada por el décimo Seminario Internacional sobre los Problemas de la Revolución en América Latina, que tuvo lugar hace dos años en Quito, Ecuador, en la que se afirma: “En todas estas acciones la clase obrera recupera su espacio de fuerza fundamental del proceso revolucionario, el campesinado, los pueblos indígenas y negros y la juventud se destacan por su combatividad y participación masiva en la lucha, negando en los hechos el discurso que pretendió prosternar la acción de la clase obrera al surgimiento de ‘nuevos actores sociales’. El proletariado, histórica y estratégicamente, nunca perdió su papel de fuerza fundamental del proceso revolucionario.”
Ambas declaraciones nos remiten en sus omisiones y comisiones al obrerismo, posición que tanto daño ha hecho a los procesos revolucionarios en el mundo entero y que parece ser un lastre difícil de abandonar por los partidos que se reclaman comunistas y obreros y promueven –en los hechos– una perspectiva jerarquizada de la lucha social. Ya en 1986, el notable teórico marxista Leopoldo Marmora definía este fenómeno que en el terreno de la política se expresó en atribuirle al proletariado misiones históricas que sobrepasan sus posibilidades reales. “Ni las ‘masas obreras’ ni el ‘partido del proletariado’ están en condiciones de ser –como tales– portadores de los intereses globales de la sociedad. El proletariado tiene y conservará siempre intereses de clase particulares y propios”. Una lucha contrahegemónica –afirmaba este autor– es una tarea nacional popular que desborda a la clase obrera y no puede ser depositada en un destino histórico exclusivo de esa clase. Esta lucha, necesariamente, tendrá que ser el resultado de un movimiento democrático y socialmente heterogéneo de masas. Marmora señaló la carga de esta herencia en los movimientos socialistas que consideraron a la burguesía liberal y al proletariado moderno como los únicos sujetos sociales posibles y necesarios de todo cambio real (El concepto socialista de nación, México, Cuadernos de Pasado y Presente, 1986.)
José Carlos Mariátegui fue uno de los pocos pensadores marxistas que comprendieron la importancia de los pueblos indios en una articulación socialista y revolucionaria con otros sectores sociales y culturales de nuestros ámbitos nacionales. Lamentablemente, esta tradición fue opacada por las corrientes neocolonialistas y eurocéntricas que prevalecieron en la mayoría de las organizaciones y partidos políticos de la izquierda, que no se interesan en los movimientos indígenas hasta que no irrumpen con la fuerza de las armas, o de sus incursiones masivas en la política, y –por lo que se observa– son renuentes a reconocer las visibles aportaciones de los pueblos indígenas en la construcción del socialismo del siglo XXI. En esta tarea participarán, no sólo como aliados tácticos sino a largo plazo, otros sectores sociales y socio-étnicos, y no sólo los enmarcados tradicionalmente en la izquierda o en el movimiento obrero. Asimismo, la articulación interna de este movimiento al socialismo no se ubica exclusivamente en el ámbito económico, en los intereses materiales objetivos de un grupo o clase social, o de la combinación y compromiso entre varios de ellos, sino también a nivel subjetivo, ideológico y cultural.
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Porfirio Muñoz Ledo

Bitácora Republicana

12 de diciembre de 2008
La santa alianza
Una hegemonía oligárquica convierte al sistema en “consejo de administración de los intereses dominantes”
El correo electrónico de esta columna sirve como pararrayos de cóleras reaccionarias. Las andanadas de injurias que recibo cuando pongo en duda la legitimidad del Ejecutivo o planteo vías constitucionales para su reemplazo merecerían análisis siquiátrico. Algunas hasta pesquisa judicial, ya que las vísceras sectarias pueden conducir a otras formas de agresión.
A veces, sin embargo, los mensajes condensan un estado de la conciencia pública y estimulan el oficio del comunicador. Así, las reacciones a mi reciente artículo sobre la tragedia de 1988 (alguno lo llama “miniensayo”). Los lectores se preguntan si a los dirigentes de entonces los habitaba una genuina voluntad democrática o sólo querían romper la piñata para compartir los manjares.
Indigna la actitud equívoca y timorata del liderazgo del frente, que terminó enrumbando al país en la dirección contraria al reclamo social que arrolló en los comicios. Algunos la perciben como traición y otros simplemente como inconsistencia. Todos coinciden en que ha frustrado durante una generación la posibilidad de transformar al Estado desde la izquierda y por la vía electoral.
Nadie entiende las motivaciones de quienes optaron por diferir una victoria que ya habían alcanzado en vez de ofrecer a la ciudadanía la certidumbre de que estaban dispuestos a defenderla. Menos aún que lo hayan hecho a cambio de la remoción de un gobernador, de vagas promesas de reforma electoral y de la esperanza de constituir un partido, cuando ya contábamos con cuatro.
Resultó antihistórico que el movimiento popular naufragara en las maniobras del régimen para ampliar la canasta de beneficios a la oposición instaurada por Reyes Heroles. La legitimación de un sistema —democráticamente derrotado— en trueque por ventajas marginales: gubernaturas, alcaldías, presupuestos partidarios y candilejas racionadas en la radio y la televisión. En cambio, la derecha procedió de manera habilidosa, coordinada y sustantiva. Cuando a pocos días tuvo constancia de que Cárdenas había ganado, en vez de reconocerlo eludió el compromiso de cotejar sus actas con las nuestras y trocó el discurso de la nulidad por el de la “legitimidad por ejercicio”. Esto es, lo ilegal puede dejar de serlo si se acomoda a mis intereses.
La declaración del PAN ante la CFE es definitoria: “México ha acreditado que es plural. Se cayó el destartalado carro completo y ojalá no vuelva a circular por las avenidas de la democracia”. Léase: el reparto condescendiente de los peces y los panes sin mirar la violación del sufragio. Pronunciada por el mismo personaje que más tarde avalaría la quema de la paquetería electoral.
A partir de ahí, la negociación de fondo. Solemne y puntual, como en una rendición. El entierro de los vestigios de la Revolución Mexicana por la suma de coincidencias entre una tecnocracia entreguista y una derecha rencorosa. La instauración de la santa alianza que el país ha padecido.
Se pactaron nada menos que las pautas del modelo neoliberal: avances democráticos formales, pero reforzamiento de los controles monopólicos y mediáticos. “Apertura económica y libertad para el campo”, mediante la ruinosa adopción del TLCAN y la reforma del artículo 27. Privatización de la banca y relaciones entre la Iglesia y el Estado, con sesgo riesgoso contra la laicidad.
La deriva de una transición abortada en la instauración de una “cleptocracia” bipartidista. El ejercicio errático de un autoritarismo feudal, el maridaje entre el dinero y la política y el tráfico plural de las influencias. La abdicación de la autoridad pública ante la rectoría de los poderes fácticos y la patética dilución del estado de derecho, objetivo último de aquellos afanes.
Según los clásicos, el establecimiento de una hegemonía oligárquica convierte al sistema político en el “consejo de administración de los intereses de las clases dominantes”. Esta globalización conduce por desgracia al alquiler de la soberanía, la bancarrota económica, la diáspora social y la desintegración paulatina del Estado-nación.
¿Qué significa la corriente progresista en este panorama espectral? No la extrema complicidad de los “modernos”, que prestan justificación “consensual” a los abusos del poder bifronte y comprueban que éste puede capturar todos los espacios del Estado. Que utiliza, a través de su sistema de concesiones y en favor de sus patrones ideológicos, a una izquierda corrupta y palera.
Las respuestas posibles son de gran entidad. Elucidemos si la contumacia en las opciones electorales nos confina hoy al tragicómico baile de las comparsas. O bien, si inventamos un camino pacífico, valiente, imaginativo y eficaz que nos permita revertir la ignominia.

Viernes, 12 de Diciembre de 2008

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Entrevista con Albert Recio Andreu (I), economista crítico“Esta crisis está intrísecamente asociada a las enormes fosas tectónicas que ha creado el neoliberalismo y a la insensatez de sus políticas bendecidas durante años por reconocidos expertos”
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