Julio Hernández López: Astillero
El proceso de subordinación política y militar a Estados Unidos avanzó ayer cuando las arcas del vecino fueron finalmente autorizadas por el Congreso (falta la confirmación del presidente Obama) a entregar centenares de millones de dólares a nombre del llamado Plan Mérida. A partir de ahora se incrementará la presencia de agentes, asesores, enviados y técnicos gringos que irán tomando el control de las operaciones policiales y militares relacionadas con el narcotráfico, las fronteras y la migración, pero de manera adjunta, de la manera como ejerce el poder el grupo íntimo que desde Los Pinos ha propiciado que México sea clasificado por la Casa Blanca, el Pentágono y el Capitolio como Estado fallido, al grado que la mano mendicante del calderonismo contratista ni siquiera ha mostrado alguna forma de insatisfacción porque los fondos invasores hayan sido aprobados en el paquete de la Ley de Gastos de Defensa Suplementarios para Irak y Afganistán, en una aceptación implícita de que Los Vinos acepta que México está en el mismo rango de peligrosidad y descomposición que Estados Unidos asigna a aquellos dos países.
Nadie da dinero porque sí, y menos una potencia como la vecina, de tal manera que las presiones, órdenes y evaluaciones serán constantes. Ayer mismo, Hillary Clinton fue instruida para que en 45 días presente un informe de la manera en que el gobierno calderonista atiende las quejas por violaciones a derechos humanos que hubieran realizado policías y militares. Con Oaxaca y Atenco tendrían, pero el expediente día con día se engruesa (o engrosa, ambas formas son correctas), e incluso los nuevos patrones agregaron un apartado especial para el caso de Brad Will, el periodista independiente asesinado en Oaxaca por policías de la administración de Ulises Ruiz, el gobernador de manos rojas que impulsó una farsa judicial para acusar a sus opositores de matar a un informador que trabajaba del lado de las barricadas y no detrás de o junto a las policías militarizadas. En el colmo de la injusticia, entre aberraciones procesales, un militante de la APPO, Juan Manuel Martínez Moreno, ha sido habilitado como presunto culpable de la muerte de Will. La jugada está clara: por un lado se entrega el botín de cientos de millones de dólares (el sabido Caballo Meridense de Troya) y por otro se abre el expediente hipócrita (una forma de chantaje, en realidad) de las preocupaciones estadunidenses por las violaciones a los derechos humanos que sus marionetas locales envalentonadas cometan.
La aprobación de los gastos estadunidenses de intervención servirán al calderonismo para añadir presuntas medallas de honor al uniforme de superhéroe planetario que en su propia tierra enfrenta con gallardía, según los anuncios pagados en radio y televisión, al narcotráfico (que habían solapado los mismos funcionarios que el Titán de Morelia rescató del foxismo, como García Luna y Medina Mora, y que el propio Grandote de San Cristóbal había tolerado haciéndose de la vista redituablemente corta). La campaña panista de leva de votos podrá presumir que Estados Unidos finalmente se doblegó ante las continuas exigencias felipistas de que los gringos le entraran con un moche al jale local contra (determinados) narcotraficantes.
Cárcel para los culpables, aunque estén emparentados con los Gómez del Campo y los Bours. El reclamo sonará fuerte y claro cuando otra manifestación –la tercera– recorra mañana las principales calles de Hermosillo y se detenga frente al edificio del Seguro Social y el palacio de gobierno. Funcionarios del gobernador Eduardo Bours, del IMSS y de la PGR están presionando a las familias de los bebés y niños quemados en la guardería ABC para que acepten una generosa indemnización de 150 mil pesos –cantidad menor a la del salario de un mes del Presidente–, se queden con su dolor y sus lágrimas y dejen de hacer ruido. Esa miserable dádiva incluye los gastos de sepultura. Hay personas de condición económica muy precaria, casi han convencido a dos familias. Pero la mayoría no se ha doblegado. No es un asunto de dinero, quieren ver a los picudos tras las rejas. Y en el Distrito Federal, la Alianza de Trabajadores de la Salud llevará a cabo una manifestación hoy a las 4 de la tarde frente a las oficinas del Seguro Social en Paseo de la Reforma, según anuncia el secretario general, Antonio Vital Galicia. Pedirán que se cancele el esquema de subrogación de guarderías en toda la República, el millonario, truculento negocio que puso en marcha Santiago Levy en el sexenio de Vicente Fox.
El artículo The meaning of poverty (British Journal of Sociology, N° 8, septiembre 1962), del joven Townsend (véase foto), inicial y crucial sobre lo anunciado en el título de esta entrega, empieza y termina diciendo:
La creencia de que la pobreza ha sido virtualmente eliminada en la Gran Bretaña... ha sido reiterada en el parlamento y en la prensa, y ha derivado autoridad de una corriente de libros y artículos publicados por economistas, sociólogos y otros... (inicio: p.210). “Desde luego somos más prósperos que lo que fueron nuestros abuelos... Ésta es una afirmación que puede hacer cada generación... pero es algo diferente que la eliminación de la pobreza. Así como no podemos proclamar la abolición de la enfermedad, tampoco podemos proclamar la abolición de las carencias. La pobreza no es un estado absoluto. Es privación relativa. La sociedad misma cambia constantemente e impone nuevas obligaciones a sus miembros, los que, a su vez, desarrollan nuevas necesidades... Nuestra teoría general, entonces, debe ser que viven en pobreza los individuos y las familias cuyos recursos, a lo largo del tiempo, se sitúan seriamente por debajo de los recursos comandados por el individuo o la familia promedio en la comunidad en la que viven...” (final: p.225).
La definición de pobreza contenida en la última frase fue ratificada, en 1979, en la obra magna de Townsend (Poverty in the United Kingdom, Penguin, GB) y su éxito fue tal que prevalece como la base de la medición de la pobreza en la OCDE y en la Unión Europea. Veamos los argumentos de Townsend en este fundacional artículo. Empieza examinando el tercer libro de Seebohm Rowntree, el fundador de los estudios modernos de medición de la pobreza. En la tercera encuesta calculó que sólo 1.5 por ciento de la población total de York vivía en pobreza en 1950, lo que significaba un descenso abrupto respecto al 18 por ciento que había encontrado en su segunda encuesta de 1936.1 Townsend cuestiona si esto refleja lo acontecido a nivel nacional. Para ello procesó una encuesta nacional de gasto de 1953 y encontró que, usando los criterios de Rowntree, 4.1 por ciento de la población vivía en pobreza (más del triple del nivel de York).
La creencia de que la pobreza ha sido virtualmente eliminada en la Gran Bretaña... ha sido reiterada en el parlamento y en la prensa, y ha derivado autoridad de una corriente de libros y artículos publicados por economistas, sociólogos y otros... (inicio: p.210). “Desde luego somos más prósperos que lo que fueron nuestros abuelos... Ésta es una afirmación que puede hacer cada generación... pero es algo diferente que la eliminación de la pobreza. Así como no podemos proclamar la abolición de la enfermedad, tampoco podemos proclamar la abolición de las carencias. La pobreza no es un estado absoluto. Es privación relativa. La sociedad misma cambia constantemente e impone nuevas obligaciones a sus miembros, los que, a su vez, desarrollan nuevas necesidades... Nuestra teoría general, entonces, debe ser que viven en pobreza los individuos y las familias cuyos recursos, a lo largo del tiempo, se sitúan seriamente por debajo de los recursos comandados por el individuo o la familia promedio en la comunidad en la que viven...” (final: p.225).
La definición de pobreza contenida en la última frase fue ratificada, en 1979, en la obra magna de Townsend (Poverty in the United Kingdom, Penguin, GB) y su éxito fue tal que prevalece como la base de la medición de la pobreza en la OCDE y en la Unión Europea. Veamos los argumentos de Townsend en este fundacional artículo. Empieza examinando el tercer libro de Seebohm Rowntree, el fundador de los estudios modernos de medición de la pobreza. En la tercera encuesta calculó que sólo 1.5 por ciento de la población total de York vivía en pobreza en 1950, lo que significaba un descenso abrupto respecto al 18 por ciento que había encontrado en su segunda encuesta de 1936.1 Townsend cuestiona si esto refleja lo acontecido a nivel nacional. Para ello procesó una encuesta nacional de gasto de 1953 y encontró que, usando los criterios de Rowntree, 4.1 por ciento de la población vivía en pobreza (más del triple del nivel de York).
Carlos Fernández-Vega: México SA
Con una urgencia digna de toda sospecha, los partidos políticos representados en el Legislativo exigieron, con apenas dos semanas de retraso, que se documente seriamente la subrogación de guarderías del IMSS (el ISSSTE también lo hace, pero como no ha habido tragedia digna de primeras planas pueden esperar a que se produzca alguna y proceder en consecuencia) y el tráfico de influencias asociado a tal práctica; que aparezcan los responsables de la tragedia en la ABC de Hermosillo; que se investigue a quien sea necesario (parientes y amigos de los poderes federal, estatal y municipal) y que el director general del Seguro Social, Daniel Karam, se apersone en San Lázaro para que explique qué pasa con las estancias infantiles cedidas a la iniciativa privada y cómo se llaman los beneficiarios.
La reacción de los legisladores resulta doblemente tardía: primero, porque la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo cumple hoy dos semanas, durante las cuales nadie ha pisado la cárcel, nadie aparece como responsable, nadie ha dado explicaciones claras, nadie a dado nombres de la red de beneficiarios de la subrogación de estancias infantiles, nadie ha citado a declarar a Juan Molinar Horcasitas, pero todos se han aventado la pelota: de la familia del inquilino de Los Pinos a la familia Bours, pasando por la enorme red de intereses y complicidades de y entre funcionarios federales, estatales y municipales; segundo, porque si es tal la preocupación y urgencia que tienen sobre las guarderías subrogadas del IMSS, bien podían haber atendido en su momento las denuncias, observaciones y reclamos que sobre el particular año tras año formula la Auditoría Superior de la Federación, por medio de sus informes sobre la revisión de la Cuenta Pública.
Durante la sesión de ayer, un emotivo legislador subió a tribuna para pronunciar la frase célebre del día: no se puede medrar con este tema (el de la tragedia en Hermosillo y las guarderías subrogadas), cuando es obvio que muchos de los integrantes de la clase político-empresarial, por no decir todos, lo único que han hecho a lo largo de los años es, precisamente, medrar con éste y otros muchos temas. ¿Que no se puede? Que revise el estado que guarda la nación y constatará que sí, que desde luego se puede, y en proporciones verdaderamente insultantes.
En fin, las urgencias del Legislativo nunca llevan prisa (salvo si implican algún costo electoral), y de ello dan cuenta algunas de las denuncias documentadas por la ASF (2000-2006), cuya atención, todo indica, nunca fue urgente para los legisladores: en la mayoría de los casos la subrogación de guarderías por parte del IMSS se otorga por adjudicación directa; de 1998 a 2002, las guarderías propiedad del Instituto tuvieron un decremento de 7.3 por ciento; las subrogadas un incremento de 175.4 por ciento, aun cuando este esquema carece de sustento legal. Además, el IMSS no cuenta con un sistema de información en el que se registre de manera consolidada a nivel nacional, regional y delegacional las valoraciones que de los estados nutricional, de salud y de desarrollo psicomotor realizan las guarderías de los cuatro esquemas de atención a los infantes beneficiados.
En el muestreo de guarderías subrogadas se documentó que en 39 por ciento de esos centros se obtuvieron resultados inferiores al parámetro establecido por el IMSS, el cual indica que 100 por ciento de los niños atendidos en las estancias infantiles deben contar con las vacunas del esquema básico. En cuanto a la atención de menores con discapacidad, se detectó que 43 por ciento de las guarderías visitadas no se ajusta a lo establecido en la ley, ya que eluden la incorporación de menores con capacidades no dependientes y no asociadas: en 2002 el costo promedio mensual por niño en las guarderías propias del IMSS fue de 3 mil 781.5 pesos, 43 por ciento más que en las subrogadas. El IMSS aplica con discrecionalidad las cuotas de subrogación, en contravención a lo dispuesto legalmente. Se detectaron servicios subrogados sin licitación ni contrato; pagos injustificados y falta de evidencia de recepción de servicios.
Con la revisión de la modalidad adjudicación directa, se eligieron a examen las guarderías Instituto Shakespeare; Dasheen; Cendi Particular Serafín y Yoltzin. Se observó que a la fecha de contratación las tres primeras no contaban con el uso de suelo vigente; que a la fecha de la contratación Yoltzin carecía de los dictámenes Técnico de Seguridad y Estructural, y sin embargo le fue adjudicado el contrato; en cuanto al personal requerido para la atención de los menores, se determinó que las cuatro guarderías sólo cubrieron 82 por ciento de las plazas, lo que es causa de rescisión de contrato; Dasheen y Yoltzin no tramitaron oportunamente el Seguro de Responsabilidad Civil estipulado en los contratos, y a la fecha de la inspección (10 de septiembre de 2004), Instituto Shakespeare carecía de él, en contravención de lo legalmente estipulado; se detectó que Dasheen no está registrada en la Secretaría de Hacienda como retenedora de ISPT, ni documentó pagos provisionales de ISR (febrero y mayo de 2003); en ellas, cinco trabajadores fueron dados de alta en el IMSS un mes después de su ingreso y otros tres no fueron dados de alta, aun cuando laboran en la guardería desde marzo de 2001.
Se adjudicaron servicios a prestadores que no cumplen con los requisitos para la instalación de guarderías, o bien que no presentan la documentación solicitada en las bases de licitación, lo cual se traduce en deficiencias en la prestación del servicio y prestadores fuera de los perfiles requeridos por el Instituto; asimismo existe controversia en la normatividad vigente para la prestación de dicho servicio por lo que los servicios no se están realizando en las mejores condiciones de calidad y precio.
La urgencia, pues, data de muchos años atrás. Pero nadie se dio cuenta.
Las rebanadas del pastel
Mientras Calderón sigue subrogando las responsabilidades de su gobierno (las farmacias privadas surtirán medicamentos si el ISSSTE no los tiene, y nunca los tiene), el Club de Periodistas de México celebra su Foro 50 con un tema caliente: Entretelones del voto nulo; ¿a quién beneficia? Participan Jaime Cárdenas Gracia, Alberto Montoya Martín del Campo y este tecleador. Moderan Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. La cita es hoy a las 18 horas en Filomeno Mata número 8, Centro Histórico. En este acto se firmará un documento para exigir el derecho de los mexicanos a tener una radio y televisión ciudadana, por lo que se invita al respetable a participar.
Tráfico de armas en EU, tarea pendiente
La Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que depende del Legislativo de ese país, criticó ayer en duros términos la inacción del gobierno de Washington en materia del tráfico de armas hacia México, Centro y Sudamérica.
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El Correo Ilustrado
Arriesga Ejército la vida de jóvenes estudiantes
¿Cómo es posible que los padres y madres de los cadetes no hayan levantado sus voces de protesta e indignación ante el plan monstruoso, fraguado por las máximas autoridades del país, de llevar a los muchachos y muchachas que están en las escuelas del Ejército para seguir diversas carreras (medicina, odontología, electrónica, etcétera) a las zonas donde se libra esa desigual y peligrosa batalla contra el crimen organizado? ¿Esperan recibir los primeros cadáveres para salir a llorarlos y reclamar una justicia que de antemano se sabe será desoída?
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Tras dos meses de intensa movilización, los pueblos de la Amazonia peruana lograron enfrentar exitosamente la represión de uno de los gobiernos más derechistas de América Latina, cosecharon amplia simpatía nacional e internacional y están haciendo retroceder los proyectos de privatización del pulmón del planeta. Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. Y habrá un antes y un después del 5 de junio, cuando la firmeza de miles afrontó la militarización y la masacre en la población de Bagua, cerca de la frontera con Ecuador.
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Existe irritación contra la clase política mexicana en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Fundados motivos se tienen para desconfiar de quienes nos gobiernan.
La concentración del poder en las burocracias de los partidos grandes y chicos, la banalización del debate nacional y los magros resultados en todas las materias de la vida pública, han abonado para la creación del mayor descrédito que se tenga memoria de la llamada clase política mexicana, en especial de los legisladores y dirigentes partidarios, pero también es imposible soslayar la agresiva campaña por descalificar al Poder Legislativo, sobre todo en los tiempos en que se han sometido a la consideración del Congreso de la Unión iniciativas de ley con afanes privatizadores o relacionadas con el control de los medios electrónicos.
No obstante, esta campaña de linchamiento mediático tendría un impacto menor, si el Legislativo tuviera una organización diferente y un sistema de trabajo que permitiera a la ciudadanía ver expresados sus anhelos y demandas en la actuación del Poder legislativo. Sin embargo, las críticas de Televisa al trabajo legislativo no son por las deficiencias parlamentarias, sino por el tipo de decisiones que se toman. Por ejemplo, las decisiones legislativas que debieran ser cuestionadas por su incorrecto procesamiento, a los ojos de Televisa aparecen como un acto de responsabilidad, como cuando el primero de diciembre de 2005, en una extraña unanimidad de 321 diputados de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, aprobaron en menos de siete minutos reformas a las leyes de radio y televisión que permitirán a Televisa una apropiación del espectro radioeléctrico por 30 años, sin necesidad de licitar y menos de pagar contraprestación alguna al Estado mexicano. Ante esta votación, los mariachis callaron.
La concentración del poder en las burocracias de los partidos grandes y chicos, la banalización del debate nacional y los magros resultados en todas las materias de la vida pública, han abonado para la creación del mayor descrédito que se tenga memoria de la llamada clase política mexicana, en especial de los legisladores y dirigentes partidarios, pero también es imposible soslayar la agresiva campaña por descalificar al Poder Legislativo, sobre todo en los tiempos en que se han sometido a la consideración del Congreso de la Unión iniciativas de ley con afanes privatizadores o relacionadas con el control de los medios electrónicos.
No obstante, esta campaña de linchamiento mediático tendría un impacto menor, si el Legislativo tuviera una organización diferente y un sistema de trabajo que permitiera a la ciudadanía ver expresados sus anhelos y demandas en la actuación del Poder legislativo. Sin embargo, las críticas de Televisa al trabajo legislativo no son por las deficiencias parlamentarias, sino por el tipo de decisiones que se toman. Por ejemplo, las decisiones legislativas que debieran ser cuestionadas por su incorrecto procesamiento, a los ojos de Televisa aparecen como un acto de responsabilidad, como cuando el primero de diciembre de 2005, en una extraña unanimidad de 321 diputados de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, aprobaron en menos de siete minutos reformas a las leyes de radio y televisión que permitirán a Televisa una apropiación del espectro radioeléctrico por 30 años, sin necesidad de licitar y menos de pagar contraprestación alguna al Estado mexicano. Ante esta votación, los mariachis callaron.
Los actos de corte abiertamente fascista con los que el gobierno de facto de Felipe Calderón está manipulando el proceso electoral de 2009, con la intención de hacer prevalecer al PAN por sobre los demás partidos, y tratar de apoderarse del poder político a nivel local, siguen degradando la vida política de México, dañando a la economía y exacerbando la ira popular.
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Más negro que un cuchillo de obsidiana que, sin brillo, penetra en mis entrañas, inenarrable me parece el crimen colectivo que ocurrió en la guardería de Hermosillo. Como una burla al nombre que lleva la ciudad donde perecieron las pequeñas víctimas del incendio, esto es lo más horrible a lo que ha llegado la desmedida ambición de las elites políticas de este país. Esos actores son cada vez más prepotentes, corruptos e irresponsables, basta leer el testimonio de Martha Lemas, quien después de depositar las cenizas de su hijo Santiago, de dos años de edad, afirmó: No me voy a poner a rezar un Padre Nuestro, sino a exigir que se haga Justicia (La Jornada, 17/6/09).
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México respira crueldad y los mexicanos apreciamos ya lo que representa. Poco a poco se levanta un clamor que va adquiriendo proporciones inimaginadas.
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Mario Campos
Con las leyes mexicanas pasa un fenómeno extraño, algunas, tienen un exceso de padres y madres como ocurriera con la reforma energética que lo mismo la presumió el PRI, que el PAN o el PRD, mientras que hay otras que aunque fueron aprobadas por una amplia mayoría, una vez puestas en marcha no encuentran a quién deben su paternidad, es el caso evidente de la reforma electoral.
Por eso, desde hace unos días ha empezado a cobrar fuerza la idea de que el nuevo marco electoral, el que se ha empleado en esta elección, no verá ni siquiera la llegada del año 2010, corta vida para una ley que nació con el visto bueno de los tres principales partidos políticos y que incluso mereció una serie de los llamadados cebollazos, en los que senadores priístas, panistas y perredistas intercambiaron elogios durante una sesión -luego de reunirse con los integrantes y representantes de la CIRT – en la que se encontraban incluso eufóricos.
Es de sabios cambiar de opinión y resulta hasta plausible que ya aplicada en la vida real los legisladores estén pensando en hacer los cambios que resulten necesarios. Hasta aquí poco se puede discutir. Sin embargo, como suele ocurrir, en los detalles está el diablo y por eso habrá que ver en qué están pensando los que que dicen que hay que revisar el marco electoral y que naturalmente ya están pensando en que será con las nuevas leyes que se llegue a la (¿cercana?, ¿lejana?) elección presidencial del 2012.
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Con las leyes mexicanas pasa un fenómeno extraño, algunas, tienen un exceso de padres y madres como ocurriera con la reforma energética que lo mismo la presumió el PRI, que el PAN o el PRD, mientras que hay otras que aunque fueron aprobadas por una amplia mayoría, una vez puestas en marcha no encuentran a quién deben su paternidad, es el caso evidente de la reforma electoral.
Por eso, desde hace unos días ha empezado a cobrar fuerza la idea de que el nuevo marco electoral, el que se ha empleado en esta elección, no verá ni siquiera la llegada del año 2010, corta vida para una ley que nació con el visto bueno de los tres principales partidos políticos y que incluso mereció una serie de los llamadados cebollazos, en los que senadores priístas, panistas y perredistas intercambiaron elogios durante una sesión -luego de reunirse con los integrantes y representantes de la CIRT – en la que se encontraban incluso eufóricos.
Es de sabios cambiar de opinión y resulta hasta plausible que ya aplicada en la vida real los legisladores estén pensando en hacer los cambios que resulten necesarios. Hasta aquí poco se puede discutir. Sin embargo, como suele ocurrir, en los detalles está el diablo y por eso habrá que ver en qué están pensando los que que dicen que hay que revisar el marco electoral y que naturalmente ya están pensando en que será con las nuevas leyes que se llegue a la (¿cercana?, ¿lejana?) elección presidencial del 2012.
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Porfirio Muñoz Ledo
Anular o revocar
El hartazgo difuso respecto al empleo irresponsable del poder ha desencadenado el debate sobre la anulación del voto. En el río revuelto de la indignación surgen las redes de quienes quisieran adelgazar aún más al Estado y los promotores de la amnesia sobre la ilegitimidad, los excesos y las torpezas del morador de Los Pinos.
Hace seis años Fox orquestó el descrédito contra un Congreso limitante de sus reformas “estructurales” y pidió “quitarle el freno al cambio”. Estrategia para apuntalar al partido del gobierno en las urnas, fracasada, que lo arrojó al contubernio con Madrazo a fin de urdir y ejecutar el desafuero de López Obrador.
En los sistemas presidenciales, las elecciones intermedias son instrumento de control democrático sobre el Ejecutivo. Ratifican una mayoría, la ajustan o la revierten y obligan a un cambio de política. Trance en el que, por ejemplo, Obama se verá el año próximo.
El carácter hegemónico del régimen mexicano las volvía casi inútiles y de ahí el abstencionismo. En 1997 nos propusimos arrancar la mayoría al Presidente y lo logramos. El mecanismo se pervirtió después, por la turbia alianza PAN-PRI, que no permite discernir si éste es socio del gobierno, oposición o todo lo contrario.
Cuando el drama nacional debiera otorgar a los comicios un sentido plebiscitario, a efecto de construir un nuevo bloque mayoritario, surge la iniciativa de descalificarlos. Es vasto el desprestigio del sistema de partidos, pero más aún el fracaso de la transición, la podredumbre del régimen, la catástrofe económica y el aberrante predominio de los poderes fácticos.
Tachar a los candidatos entraña un desahogo moral del que no se sigue proyecto político alguno. Es una reprobación genérica que elude la rendición de cuentas: las denuncias contra ex presidentes, las complicidades con el narcotráfico, la defraudación electoral, la incuria infanticida, el estado de sitio, la demagogia sanitaria y el lamentable desempeño de la cámara saliente.
Anular significa “dejar sin fuerza”, “suspender” o “desautorizar”. ¿A quiénes? ¿A los que todavía no son electos? Una suerte de aborto representativo alentado —en muchos casos— por los defensores del “derecho a la vida”. ¿No sería más consecuente revocar el mandato de quienes han fallado y comenzar así la demolición del castillo de la impunidad?
Conspicuos “anulistas” rescatan asignaturas de la reforma del Estado, según preferencias ideológicas, pero sin reclamo por el abandono del conjunto. ¿A quiénes exigiremos la introducción de cambios legales? ¿A legisladores fantasmas? O bien a los aparatos políticos y las cúpulas que saldrían beneficiadas con la operación.
La flecha va contra los partidos emergentes: a mayor número de votos nulos menor proporción de sufragios repartibles. Una revancha además de las televisoras, que ocuparían el espacio de las instituciones constitucionales, dictarían agendas y ahogarían la diversidad ciudadana.
Tenemos que encontrar la salida del callejón. El sistema electoral se ha corrompido y son inocultables los vicios de la partidocracia. Debilitar la legitimidad republicana sería pavimentar el camino del fascismo. Lo sensato es fortalecer el Congreso para equilibrar los poderes; lo absurdo, pretender la recomposición del Estado fallido con candidatos fallidos.
Queda un tiempo angustioso para reconstruir el Estado. Apostar a un movimiento insurgente sería suicida. Generar mejor un movimiento social capaz de modificar el rumbo sin arrollar la precaria institucionalidad. Devolver a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía por la liberación de los medios de comunicación y la implantación de la democracia directa.
Requerimos acciones de aliento para evitar el colapso del bicentenario. Llamar el 1 de diciembre a un referendo revocatorio —o anulatorio— de Felipe Calderón y convocar la Asamblea Constituyente del 2010. A grandes males, iniciativas mayores.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
Hace seis años Fox orquestó el descrédito contra un Congreso limitante de sus reformas “estructurales” y pidió “quitarle el freno al cambio”. Estrategia para apuntalar al partido del gobierno en las urnas, fracasada, que lo arrojó al contubernio con Madrazo a fin de urdir y ejecutar el desafuero de López Obrador.
En los sistemas presidenciales, las elecciones intermedias son instrumento de control democrático sobre el Ejecutivo. Ratifican una mayoría, la ajustan o la revierten y obligan a un cambio de política. Trance en el que, por ejemplo, Obama se verá el año próximo.
El carácter hegemónico del régimen mexicano las volvía casi inútiles y de ahí el abstencionismo. En 1997 nos propusimos arrancar la mayoría al Presidente y lo logramos. El mecanismo se pervirtió después, por la turbia alianza PAN-PRI, que no permite discernir si éste es socio del gobierno, oposición o todo lo contrario.
Cuando el drama nacional debiera otorgar a los comicios un sentido plebiscitario, a efecto de construir un nuevo bloque mayoritario, surge la iniciativa de descalificarlos. Es vasto el desprestigio del sistema de partidos, pero más aún el fracaso de la transición, la podredumbre del régimen, la catástrofe económica y el aberrante predominio de los poderes fácticos.
Tachar a los candidatos entraña un desahogo moral del que no se sigue proyecto político alguno. Es una reprobación genérica que elude la rendición de cuentas: las denuncias contra ex presidentes, las complicidades con el narcotráfico, la defraudación electoral, la incuria infanticida, el estado de sitio, la demagogia sanitaria y el lamentable desempeño de la cámara saliente.
Anular significa “dejar sin fuerza”, “suspender” o “desautorizar”. ¿A quiénes? ¿A los que todavía no son electos? Una suerte de aborto representativo alentado —en muchos casos— por los defensores del “derecho a la vida”. ¿No sería más consecuente revocar el mandato de quienes han fallado y comenzar así la demolición del castillo de la impunidad?
Conspicuos “anulistas” rescatan asignaturas de la reforma del Estado, según preferencias ideológicas, pero sin reclamo por el abandono del conjunto. ¿A quiénes exigiremos la introducción de cambios legales? ¿A legisladores fantasmas? O bien a los aparatos políticos y las cúpulas que saldrían beneficiadas con la operación.
La flecha va contra los partidos emergentes: a mayor número de votos nulos menor proporción de sufragios repartibles. Una revancha además de las televisoras, que ocuparían el espacio de las instituciones constitucionales, dictarían agendas y ahogarían la diversidad ciudadana.
Tenemos que encontrar la salida del callejón. El sistema electoral se ha corrompido y son inocultables los vicios de la partidocracia. Debilitar la legitimidad republicana sería pavimentar el camino del fascismo. Lo sensato es fortalecer el Congreso para equilibrar los poderes; lo absurdo, pretender la recomposición del Estado fallido con candidatos fallidos.
Queda un tiempo angustioso para reconstruir el Estado. Apostar a un movimiento insurgente sería suicida. Generar mejor un movimiento social capaz de modificar el rumbo sin arrollar la precaria institucionalidad. Devolver a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía por la liberación de los medios de comunicación y la implantación de la democracia directa.
Requerimos acciones de aliento para evitar el colapso del bicentenario. Llamar el 1 de diciembre a un referendo revocatorio —o anulatorio— de Felipe Calderón y convocar la Asamblea Constituyente del 2010. A grandes males, iniciativas mayores.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
Javier Solórzano
Vitral
La impotencia
Así me lo contaron. Por obvias razones no le decimos quién fue, pero el autor del Vitral da cuenta de ello. “Hemos ahorrado y comprado una buena flota de camiones de carga. Es un negocio familiar. Hace como un año unos tipos nos ‘visitaron’ y nos ‘pidieron’ una ‘cuota’ para que no nos pase nada. Por más que nos hemos negado no quedó de otra que darles una lana. Querían medio millón al mes, pero después de varios días de ‘negociar’ quedamos en 50 mil. Le dije a los policías de la zona. ‘No podemos hacer nada’, me respondieron.
“Cuando los camiones van al DF nunca se sabe si van a llegar. Cada viaje puede salir como en 60 mil pesos entre el diesel, casetas y contenedores. Siempre es bueno llevar el guardadito porque por cada poblado que pasas te sacan una lana de ‘recuperación’. Las ‘cuotas’ van de 300 a mil pesos. Una multa, para que te des una idea, alcanza hasta 6 mil pesos.
“Hace poco nos robaron un camión. El chofer nos habló desesperado y golpeado a media noche. Teníamos cómo rastrearlos. Después de tres horas de carretera lo encontramos. Estaba en una ranchería. Iba solo y sin acercarme alcancé a ver unas 10 camionetas de donde salieron un chingo de tipos. Estaban vaciando los contenedores. No supe qué hacer; me regresé al pueblo más cercano y le dije a un federal. ‘No sabe en la que se mete, mejor déjelos y diga que le fue bien’, me dijo. ‘¿O sea que me vino bien que me robaran el camión?’, le dije. Con una sonrisa como para golpearlo me contestó: ‘Pus sí’. Un año después recuperamos el camión como a unos 400 km de donde lo habían vaciado totalmente desvalijado.
“Decidimos cambiarnos de ciudad y nos fuimos al golfo. No teníamos ni 10 días cuando de nuevo se nos pararon en la puerta para pedirnos ‘cuota de protección’. Hace poco se nos metieron por la bodega y le dijeron al velador: ‘Ahí le dejamos esto. Ni lo vea ni lo toque y más les vale que no le cuenten a nadie’. No quiero ni ver los paquetes. Le conté a un amigo y me dijo: ‘No vayas a cometer la pendejada de ir con el Ministerio Público, todos son lo mismo. Van de la manita’. Por más que le hago no me acostumbro, a veces mejor me río con mi mujer que ya hasta aprendió a manejar los camiones. Ya es ‘normal’ que te asalten, te siembren droga, y luego te metan a la cárcel para que justifiquen sus ‘pendejadas’. A todos los transportistas nos pasa lo mismo en el país. Entre los costos, el diesel, la inseguridad y los federales acaba uno hasta la madre. Antes me daba miedo, ahora me da coraje. Es la selva sin ley. Por mí cambiaba mañana mismo de negocio pero la verdad no sé hacer otra cosa”.
Así me lo contaron. Por obvias razones no le decimos quién fue, pero el autor del Vitral da cuenta de ello. “Hemos ahorrado y comprado una buena flota de camiones de carga. Es un negocio familiar. Hace como un año unos tipos nos ‘visitaron’ y nos ‘pidieron’ una ‘cuota’ para que no nos pase nada. Por más que nos hemos negado no quedó de otra que darles una lana. Querían medio millón al mes, pero después de varios días de ‘negociar’ quedamos en 50 mil. Le dije a los policías de la zona. ‘No podemos hacer nada’, me respondieron.
“Cuando los camiones van al DF nunca se sabe si van a llegar. Cada viaje puede salir como en 60 mil pesos entre el diesel, casetas y contenedores. Siempre es bueno llevar el guardadito porque por cada poblado que pasas te sacan una lana de ‘recuperación’. Las ‘cuotas’ van de 300 a mil pesos. Una multa, para que te des una idea, alcanza hasta 6 mil pesos.
“Hace poco nos robaron un camión. El chofer nos habló desesperado y golpeado a media noche. Teníamos cómo rastrearlos. Después de tres horas de carretera lo encontramos. Estaba en una ranchería. Iba solo y sin acercarme alcancé a ver unas 10 camionetas de donde salieron un chingo de tipos. Estaban vaciando los contenedores. No supe qué hacer; me regresé al pueblo más cercano y le dije a un federal. ‘No sabe en la que se mete, mejor déjelos y diga que le fue bien’, me dijo. ‘¿O sea que me vino bien que me robaran el camión?’, le dije. Con una sonrisa como para golpearlo me contestó: ‘Pus sí’. Un año después recuperamos el camión como a unos 400 km de donde lo habían vaciado totalmente desvalijado.
“Decidimos cambiarnos de ciudad y nos fuimos al golfo. No teníamos ni 10 días cuando de nuevo se nos pararon en la puerta para pedirnos ‘cuota de protección’. Hace poco se nos metieron por la bodega y le dijeron al velador: ‘Ahí le dejamos esto. Ni lo vea ni lo toque y más les vale que no le cuenten a nadie’. No quiero ni ver los paquetes. Le conté a un amigo y me dijo: ‘No vayas a cometer la pendejada de ir con el Ministerio Público, todos son lo mismo. Van de la manita’. Por más que le hago no me acostumbro, a veces mejor me río con mi mujer que ya hasta aprendió a manejar los camiones. Ya es ‘normal’ que te asalten, te siembren droga, y luego te metan a la cárcel para que justifiquen sus ‘pendejadas’. A todos los transportistas nos pasa lo mismo en el país. Entre los costos, el diesel, la inseguridad y los federales acaba uno hasta la madre. Antes me daba miedo, ahora me da coraje. Es la selva sin ley. Por mí cambiaba mañana mismo de negocio pero la verdad no sé hacer otra cosa”.
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