JOSé ANTONIO CRESPO
Optar por el voto de protesta (sea nulo, o a través de un candidato independiente) es la solución a un dilema personal; si por un lado no se quiere respaldar a ningún partido –por no identificarse con ninguno de ellos, por considerar que no han cumplido su compromiso con la democracia, porque no han combatido la corrupción y la impunidad– pero por otro lado tampoco se quiere caer en la apatía e inacción que supone la abstención, la vía de conciliación es acudir a las urnas, cumplir con la obligación legal de sufragar y aprovechar la boleta para expresar la inconformidad por medio de una de las opciones que ofrece el Cofipe.
Hoy por hoy, la ley contempla nueve opciones legales; ocho por cada uno de los partidos con registro, y la novena, que permite sufragar por la invalidación (con un candidato no registrado o el voto nulo), es pues una opción legal y, por ende, legítima. Invalidar el voto –con cualquier modalidad– constituye también una estrategia política: enviar, por vía institucional, democrática, legal y civilizada, un claro mensaje de inconformidad, para que los partidos incorporen algunas de las reformas planteadas hace años con miras a airear, mejorar y democratizar el estrecho oligopolio partidario.
A) Una de las preguntas recurrentes en esta polémica es si un significativo voto nulo podría ser eficaz para orillar a los partidos a realizar las reformas que refresquen –no que destruyan– el sistema de partidos, y abran –no que cancelen– la representación política. José Woldenberg dijo hace poco: “Cuando ha habido reformas no es porque la abstención haya crecido, sino cuando se genera un diagnóstico de algún problema y se hacen avanzar algunas propuestas, es decir, se crea un contexto de exigencia real con diagnóstico, con medidas y con horizonte” (Proceso, 31 de mayo de 2009). Justamente eso es lo que los “anulistas” queremos generar, adaptando la protesta cívico-electoral a las condiciones actuales.
No se logra ya votando por la oposición ni, es cierto, con el abstencionismo. Pero el voto de protesta (nulo y de protesta) puede generar ese contexto de exigencia. De hecho, el propio movimiento anulista ya lo generó. ¿De qué depende el éxito de la estrategia? Me parece que, fundamentalmente, de la disposición de los partidos a reconocer que ya hay una crisis de representación política. Es decir, como señala el propio Woldenberg, “de la forma en que los propios partidos lean esta señal”. Se busca con este debate que los partidos lean en el anulismo (más allá de los votos nulos) una fuerte inconformidad hacia el sistema partidario. El voto de protesta y la abstención no constituyen la enfermedad, sino un síntoma de ella, como muchos (anulista y no) ya lo han señalado. La elección sólo será un termómetro.
¿Cuánto voto de protesta sería necesario para considerar que la estrategia ha sido exitosa? No hay cifras clave; el número suficiente para que los partidos lo reconozcan como una expresión legítima (cosa que hoy no hacen) y actúen en consecuencia, realizando las reformas básicas que beneficien la participación ciudadana y limiten sus privilegios. Muchos aseguran que eso no ocurrirá, sea cual sea la magnitud del voto de protesta. Otros pensamos que, siendo los partidos pragmáticos, y por ende necesitados de legitimidad, ante una fuerte expresión de protesta electoral terminarían aceptando su existencia, abriéndose a las demandas ciudadanas. Si los partidos en efecto fueran inconmovibles a la protesta disidente, el PRI seguiría gobernando como si nada, incluso con mayorías calificadas.
B) Otros piensan que, incluso de ser considerable el voto nulo o el abstencionismo, la protesta se esfumará y será estéril, pues no hay una organización estructurada ni líderes que la conduzcan. En efecto, el movimiento es resultado de la confluencia de varios ciudadanos, grupos y organismos desarticulados que pensaron, cada uno por su lado, en el voto nulo como forma de inconformidad y protesta. Los partidos tendrán que recibir y tomar nota del reclamo anulista, y agruparlo en un paquete viable. Lo harían vigilados por la opinión pública. Muchas de esas propuestas ya están en el Congreso desde hace años, pero duermen el sueño de los justos (precisamente porque afectan los privilegios de los partidos). Por lo pronto, creo haber detectado en las organizaciones y promotores más visibles del movimiento anulista, coincidencias al menos en los siguientes puntos:
1) Facultad para sancionar o premiar de forma personalizada a nuestros representantes;
2) candidaturas independientes para el Congreso y las alcaldías;
3) incorporación del voto de protesta en la boleta (por ejemplo, con el recuadro “ninguno”) y que cuenten como parte del voto válido para fines de financiamiento público (lo que ya ocurre en Argentina, Colombia, Chile y España);
4) reducción del financiamiento de los partidos, así como del salario de los legisladores (los diputados alemanes ganan aproximadamente 120 mil pesos, al tipo de cambio actual, frente a más de 150 mil, por lo menos, de sus homólogos mexicanos), y la eliminación de sus privilegios fiscales;
5) incorporación de figuras de participación directa a nivel federal (que ya existen en varios estados). Se manejan otras propuestas, desde luego, en las que difícilmente hay consenso en un movimiento tan heterogéneo. Pero con los cinco puntos planteados se ganaría mucho en términos de representación política y de participación ciudadana. Y absolutamente nadie, tras los comicios, podrá reclamar legítimamente la representatividad del movimiento, pues quienes anulen el voto no estarán sufragando por nadie como su representante, sino por una apertura visible del sistema partidista.
C) Quienes niegan la racionalidad del voto de protesta como opción legítima –particularmente los propios partidos políticos– han montado una campaña de desprestigio contra este movimiento. Lo han calificado de antidemocrático, anticonstitucional, irresponsable, retrógrado, antiinstitucional, cuasi subversivo y hasta antipatriótico. Hasta ahora, pensaba que eso ocurría cuando se violaba o ignoraba la ley, no cuando ésta se cumplía con estricta puntualidad (decía don Pablo González Casanova que en México lo más revolucionario es aplicar la ley).
También se ha articulado una campaña de miedo –tan recurridas en nuestros comicios– sobre las nefastas consecuencias de esta expresión ciudadana. Dice, por ejemplo, Germán Martínez Cázares: “¿Ya pensaron a qué dictador autoritario quieren los abstencionistas?... Mañana pueden organizar no pagar impuestos… y más tarde el ‘que se vayan todos los partidos’” (El Universal, 2 de junio de 2009). Y Jesús Ortega se lamenta: “El voto nulo es una acción demagógica, peligrosa y perversa. El abstencionismo sólo produce autoritarismo” (Reforma, 5 de junio de 2009). En todo caso, eso dependería de cómo reaccionaran los partidos. La responsabilidad es hoy del electorado frente a las urnas.
El balón está en nuestra cancha y muchos queremos devolverlo a los partidos con un claro mensaje de protesta e inconformidad. Después de los comicios, la responsabilidad será prioritariamente de los partidos. Si ante un robusto reclamo cívico hacen como que les habla la Virgen, entonces las cosas en efecto se pueden descomponer aún más. Pero lo que siga será su responsabilidad, no de los electores que quieren votar, pero no por alguno de los partidos. Los tiempos son también importantes. Si los partidos aceptaran la legitimidad del movimiento y la justeza de sus reclamos, distenderían el ambiente. Al cerrarse, lo tensan más, y producen efectos contraproducentes a los que desean (muchos que querían votar por un partido, al ver la reacción de todos ellos, se han inclinado por la anulación). Mientras más pronto reconozcan la crisis de representatividad y reconozcan el reclamo como legítimo, más probabilidades habrá de abrir una importante válvula de escape al descontento ciudadano, y el anquilosado sistema de partidos será más representativo, legítimo y funcional.
Por lo pronto, me parece sano y refrescante el debate que sobre este tema se ha suscitado. Ojalá los partidos entiendan y atiendan esta expresión de inconformidad en lugar de eludirla, descalificarla y censurarla. Y si eso ocurriera antes de los comicios, mucho mejor para todos.
Hoy por hoy, la ley contempla nueve opciones legales; ocho por cada uno de los partidos con registro, y la novena, que permite sufragar por la invalidación (con un candidato no registrado o el voto nulo), es pues una opción legal y, por ende, legítima. Invalidar el voto –con cualquier modalidad– constituye también una estrategia política: enviar, por vía institucional, democrática, legal y civilizada, un claro mensaje de inconformidad, para que los partidos incorporen algunas de las reformas planteadas hace años con miras a airear, mejorar y democratizar el estrecho oligopolio partidario.
A) Una de las preguntas recurrentes en esta polémica es si un significativo voto nulo podría ser eficaz para orillar a los partidos a realizar las reformas que refresquen –no que destruyan– el sistema de partidos, y abran –no que cancelen– la representación política. José Woldenberg dijo hace poco: “Cuando ha habido reformas no es porque la abstención haya crecido, sino cuando se genera un diagnóstico de algún problema y se hacen avanzar algunas propuestas, es decir, se crea un contexto de exigencia real con diagnóstico, con medidas y con horizonte” (Proceso, 31 de mayo de 2009). Justamente eso es lo que los “anulistas” queremos generar, adaptando la protesta cívico-electoral a las condiciones actuales.
No se logra ya votando por la oposición ni, es cierto, con el abstencionismo. Pero el voto de protesta (nulo y de protesta) puede generar ese contexto de exigencia. De hecho, el propio movimiento anulista ya lo generó. ¿De qué depende el éxito de la estrategia? Me parece que, fundamentalmente, de la disposición de los partidos a reconocer que ya hay una crisis de representación política. Es decir, como señala el propio Woldenberg, “de la forma en que los propios partidos lean esta señal”. Se busca con este debate que los partidos lean en el anulismo (más allá de los votos nulos) una fuerte inconformidad hacia el sistema partidario. El voto de protesta y la abstención no constituyen la enfermedad, sino un síntoma de ella, como muchos (anulista y no) ya lo han señalado. La elección sólo será un termómetro.
¿Cuánto voto de protesta sería necesario para considerar que la estrategia ha sido exitosa? No hay cifras clave; el número suficiente para que los partidos lo reconozcan como una expresión legítima (cosa que hoy no hacen) y actúen en consecuencia, realizando las reformas básicas que beneficien la participación ciudadana y limiten sus privilegios. Muchos aseguran que eso no ocurrirá, sea cual sea la magnitud del voto de protesta. Otros pensamos que, siendo los partidos pragmáticos, y por ende necesitados de legitimidad, ante una fuerte expresión de protesta electoral terminarían aceptando su existencia, abriéndose a las demandas ciudadanas. Si los partidos en efecto fueran inconmovibles a la protesta disidente, el PRI seguiría gobernando como si nada, incluso con mayorías calificadas.
B) Otros piensan que, incluso de ser considerable el voto nulo o el abstencionismo, la protesta se esfumará y será estéril, pues no hay una organización estructurada ni líderes que la conduzcan. En efecto, el movimiento es resultado de la confluencia de varios ciudadanos, grupos y organismos desarticulados que pensaron, cada uno por su lado, en el voto nulo como forma de inconformidad y protesta. Los partidos tendrán que recibir y tomar nota del reclamo anulista, y agruparlo en un paquete viable. Lo harían vigilados por la opinión pública. Muchas de esas propuestas ya están en el Congreso desde hace años, pero duermen el sueño de los justos (precisamente porque afectan los privilegios de los partidos). Por lo pronto, creo haber detectado en las organizaciones y promotores más visibles del movimiento anulista, coincidencias al menos en los siguientes puntos:
1) Facultad para sancionar o premiar de forma personalizada a nuestros representantes;
2) candidaturas independientes para el Congreso y las alcaldías;
3) incorporación del voto de protesta en la boleta (por ejemplo, con el recuadro “ninguno”) y que cuenten como parte del voto válido para fines de financiamiento público (lo que ya ocurre en Argentina, Colombia, Chile y España);
4) reducción del financiamiento de los partidos, así como del salario de los legisladores (los diputados alemanes ganan aproximadamente 120 mil pesos, al tipo de cambio actual, frente a más de 150 mil, por lo menos, de sus homólogos mexicanos), y la eliminación de sus privilegios fiscales;
5) incorporación de figuras de participación directa a nivel federal (que ya existen en varios estados). Se manejan otras propuestas, desde luego, en las que difícilmente hay consenso en un movimiento tan heterogéneo. Pero con los cinco puntos planteados se ganaría mucho en términos de representación política y de participación ciudadana. Y absolutamente nadie, tras los comicios, podrá reclamar legítimamente la representatividad del movimiento, pues quienes anulen el voto no estarán sufragando por nadie como su representante, sino por una apertura visible del sistema partidista.
C) Quienes niegan la racionalidad del voto de protesta como opción legítima –particularmente los propios partidos políticos– han montado una campaña de desprestigio contra este movimiento. Lo han calificado de antidemocrático, anticonstitucional, irresponsable, retrógrado, antiinstitucional, cuasi subversivo y hasta antipatriótico. Hasta ahora, pensaba que eso ocurría cuando se violaba o ignoraba la ley, no cuando ésta se cumplía con estricta puntualidad (decía don Pablo González Casanova que en México lo más revolucionario es aplicar la ley).
También se ha articulado una campaña de miedo –tan recurridas en nuestros comicios– sobre las nefastas consecuencias de esta expresión ciudadana. Dice, por ejemplo, Germán Martínez Cázares: “¿Ya pensaron a qué dictador autoritario quieren los abstencionistas?... Mañana pueden organizar no pagar impuestos… y más tarde el ‘que se vayan todos los partidos’” (El Universal, 2 de junio de 2009). Y Jesús Ortega se lamenta: “El voto nulo es una acción demagógica, peligrosa y perversa. El abstencionismo sólo produce autoritarismo” (Reforma, 5 de junio de 2009). En todo caso, eso dependería de cómo reaccionaran los partidos. La responsabilidad es hoy del electorado frente a las urnas.
El balón está en nuestra cancha y muchos queremos devolverlo a los partidos con un claro mensaje de protesta e inconformidad. Después de los comicios, la responsabilidad será prioritariamente de los partidos. Si ante un robusto reclamo cívico hacen como que les habla la Virgen, entonces las cosas en efecto se pueden descomponer aún más. Pero lo que siga será su responsabilidad, no de los electores que quieren votar, pero no por alguno de los partidos. Los tiempos son también importantes. Si los partidos aceptaran la legitimidad del movimiento y la justeza de sus reclamos, distenderían el ambiente. Al cerrarse, lo tensan más, y producen efectos contraproducentes a los que desean (muchos que querían votar por un partido, al ver la reacción de todos ellos, se han inclinado por la anulación). Mientras más pronto reconozcan la crisis de representatividad y reconozcan el reclamo como legítimo, más probabilidades habrá de abrir una importante válvula de escape al descontento ciudadano, y el anquilosado sistema de partidos será más representativo, legítimo y funcional.
Por lo pronto, me parece sano y refrescante el debate que sobre este tema se ha suscitado. Ojalá los partidos entiendan y atiendan esta expresión de inconformidad en lugar de eludirla, descalificarla y censurarla. Y si eso ocurriera antes de los comicios, mucho mejor para todos.
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