TIEMPO DE MUJERES

Más de 40 organizaciones civiles

Piden al senado no ratificar a Chávez Chávez

Por Lourdes Godínez Leal

México, 14 sep. 09 (CIMAC).- Después de dos horas de reunión con senadores del PRD, PAN, PRI y PT que recibieron a una comisión integrada, entre otras, por las organizaciones civiles Justicia para Nuestras Hijas y Nuestras Hijas de regreso a casa para pedirles que no ratifiquen el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República (PGR), éstos se “comprometieron a llevar sus inquietudes” a sus grupos parlamentarios, pero aclararon que “no está en sus manos” la ratificación.

Así lo informó en entrevista con los medios al término de la reunión Malú Andrade, de la organización Nuestras Hijas de regreso a Casa, de Ciudad Juárez, quien consideró que esta respuesta “no las da por bien servidas”, ya que si bien reconoció como un avance que las hayan recibido y escuchado, el objetivo, que es lograr que no se ratifique a quien fuera Procurador de Justicia de Chihuahua como titular de la PGR “no se ha cumplido”.

Las organizaciones civiles, entre las que se encuentra el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 43 organizaciones de 17 entidades federativas, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, se manifestaron esta mañana afuera del Senado de la República para exhortar a los legisladores a revisar los antecedentes de quien ha sido señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras instancias, como “funcionario negligente y responsable de la impunidad” en torno al feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua durante su gestión como Procurador estatal.

En el evento, donde las organizaciones hicieron una especie de “tendedero” con los acuses de recibo de las cartas enviadas al Senado el pasado 9 de septiembre y en las que le argumentan por qué Chávez Chávez no puede ocupar el cargo, así como las recomendaciones de la CNDH, desplegados en la prensa y las observaciones de organismos internacionales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el feminicidio, se les informó que representantes de algunos partidos políticos recibirían a una comisión de seis integrantes.

A la reunión entraron Norma Ledezma, de Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua, y madre de Paloma Angélica Escobar Ledezma, asesinada en 2002, cuyo caso, con dos más, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Malú Andrade, de Nuestras Hijas de regreso a casa, hermana de Lilia Alejandra Andrade, asesinada en 2002, cuyo caso está en espera de ser admitido por la CIDH.

También entraron las integrantes del OCNF María de la Luz Estrada y Yuridia Rodríguez, la académica del Programa Universitario de Estudios de Género, Lucía Melgar y la abogada de la organización Nuestras Hijas de regreso a casa, Karla Michel Salas.

Durante las dos horas que duró la reunión, la comisión de ONG expuso ante los senadores del PT Rosario Ibarra, del PRI Renán Cleominio Zoreda Novelo, del PAN Ulises Ramírez Núñez y del PRD José Luis Máximo García Zalvidea y Salomón Jara Cruz sus argumentos y les pidieron revisar los antecedentes de Chávez Chávez como Procurador de Chihuahua, así como el segundo informe presentado por la entonces fiscal especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina.

En éste, recuerdan las ONG, se reconoció la existencia de responsabilidades administrativas y/o penales de 100 servidores públicos estatales, entre los que figura el nombre del candidato de Felipe Calderón para ocupar la PGR Arturo Chávez Chávez.

Las ONG aclararon a los senadores que el que Chávez no haya sido investigado y sancionado por su responsabilidad por omisión y negligencia en los asesinatos de mujeres en esta entidad fronteriza con Estados Unidos no significa que sea inocente sino más bien, precisó Malú Andrade, “tuvo la suerte de que los delitos prescribieron” y por lo tanto no se le sancionó.

Sin embargo, insisten en su responsabilidad de la impunidad prevaleciente en la entidad, donde de 1993 a la fecha han sido asesinadas más de 400 mujeres, según el recuento de las mismas organizaciones civiles mientras que el número de desaparecidas oscila en más de 4 mil en el mismo periodo, según reportes de la CNDH; tan sólo en lo que va de este año se han registrado 58 desapariciones de mujeres.

Las activistas pidieron a esta comisión de senadores una reunión con cada una de las comisiones del senado o de los grupos parlamentarios para hacerles llegar su exhorto de no ratificación.

Sin embargo, informó Malú Andrade, ellos únicamente se comprometieron “a llevar sus inquietudes” a los senadores, pero enfatizaron que “no está en sus manos la ratificación”.

La activista, que actualmente goza de medidas cautelares otorgadas por petición de la CIDH por las amenazas que ha sufrido, advirtió que de no ser escuchadas y recibidas por los senadores antes de la ratificación, se mantendrán en plantón indefinido afuera del senado;“nosotras tenemos la fe y la esperanza de que nos van a escuchar antes de que lleven al pleno la ratificación, si no se nos escucha nosotras estaremos aquí presentes” concluyó.

Organizaciones civiles de Chihuahua

Dan a conocer oscuro historial de Chávez Chávez

Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal

Chihuahua, Chih., 14 sep. 09 (CIMAC).- Arturo Chávez Chávez no debe llegar a la Procuraduría General de la República (PGR), porque cuando fue procurador de Justicia del Estado de Chihuahua no puso el más mínimo interés en resolver los feminicidios que desde entonces se registraban en esta entidad.

Mujeres de varias organizaciones civiles advirtieron lo anterior durante la manifestación que realizaron el pasado sábado en el centro de la ciudad capital, junto a la Cruz del Feminicidio, para puntualizar su sentir sobre la propuesta de Felipe Calderón para que Chávez Chávez presida la PGR.

Integrantes de Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres de Negro, Mujeres por México y muchas otras organizaciones dieron a conocer el negro historial que dejó Chávez Chávez cuando presidió la Procuraduría de Justicia del Estado, durante el sexenio del gobernador panista Francisco Barrio Terrazas.

En ese periodo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 44/98 al gobierno del estado por las irregularidades que encontró en el trabajo llevado a cabo por la Procuraduría local, y en la que instaba al Ejecutivo de la entidad a realizar “los convenios de colaboración que se estimen necesarios con las diversas Procuradurías del país y otros cuerpos policiales, para que se integre un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se aboque a la investigación exhaustiva de los casos de homicidios y violaciones ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con objeto de resolver a la brevedad posible tales delitos”.

Además, la Recomendación pedía a Barrio Terrazas girar sus instrucciones para que, con base en lo dispuesto en la Constitución particular del estado de Chihuahua, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma entidad, se realicen los trámites correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo Estado, por las omisiones detectadas en el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez.

Esta Recomendación se dio a raíz de la queja que el 1 de diciembre de 1997 presentara la entonces diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele, quien narró 36 crímenes cometidos de manera brutal en Ciudad Juárez en contra de diferentes mujeres, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 1996 y durante 1997, abriéndose el expediente de queja CNDH/122/97/CHIH/8063.

El amplio documento de la CNDH, emitido el 15 de mayo de 1998, señala que, en las investigaciones llevadas a cabo por visitadores adjuntos en Ciudad Juárez y en información proporcionada por los servidores públicos del propio estado, se acreditaron actos violatorios a los derechos humanos de las mujeres victimadas y de sus familiares. Además, encontraron que infringieron las normas legales e instrumentos internacionales en perjuicio de las agraviadas.

IMPUNIDAD

La institución observó una deficiencia en materia de seguridad pública y procuración de justicia. En cuanto a la primera, indica, es preciso señalar que los hechos, en sí mismos, denotan una falta de seguridad pública, en tanto “los índices de mujeres víctimas de homicidio, en su mayoría con violencia, son extremosos; aunado a que un alto porcentaje de los mismos contiene agresiones sexuales”, señala.

Resulta de fundamental importancia destacar que en la mayoría de las indagatorias analizadas existe una deficiente integración, y las circunstancias imperantes indudablemente generan impunidad, observando que en algunas investigaciones falta el resultado de los dictámenes periciales, puntualiza el documento.

Y detalla: “hay ausencia de diligencias necesarias para la integración adecuada de las indagatorias y de oficios dirigidos al Registro Civil; falta de informes rendidos por elementos de la Policía Judicial y de certificados médicos forenses, así como respuestas de dictámenes sin que obre en la documentación una solicitud; errores en las fechas, fojas sin firmas y sin haber sido cotejadas, series fotográficas que se repiten en los expedientes; ausencia de actuaciones tendentes a la identificación, localización y búsqueda de mujeres desaparecidas y de diligencias de levantamientos de cadáver y citatorios sin fundamentación.”

Lo anterior indica que “se está en presencia de una omisión culposa por parte de los servidores públicos encargados de procurar justicia, en razón de las indagatorias y consignaciones aludidas, aunque también existe dolo, por lo menos en cuanto a la actitud asumida para con esta Comisión, al proporcionar de manera errónea e incompleta las copias certificadas de las averiguaciones previas solicitadas”, señala la CNDH.

Con base en lo anterior, la CNDH consideró pertinente que se abriera una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieron haber incurrido Arturo Chávez Chávez --entonces procurador General de Justicia del estado--, y los servidores públicos de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, que habiendo tenido conocimiento de los hechos, en sus diversos ámbitos de responsabilidad, por omisión o negligencia dejaron de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Servidores Públicos.

En cuanto a Arturo Chávez Chávez puntualiza la Recomendación: “es menester precisar que es responsable directo y personal, ya que de conformidad con las disposiciones legales anteriormente aludidas, entre sus múltiples atribuciones se encuentra la de vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia; independientemente de que es el servidor público que se encuentra al frente de la dependencia de referencia, y, por ello, tiene a su cargo la actuación del Ministerio Público.”